Una explicación a la anarquía competencial que padecemos


(o de porque es imposible ponerle puertas al campo). 

Reconocida la competencia de las Comunidades para crear Derecho sigue siendo objeto de discusión su extensión. Una primera postura del Tribunal Constitucional sostenía que cualquier intento de la Asamblea Legislativa de una Comunidad debía basarse en el Derecho consuetudinario que subsistiera en el territorio desde la abolición de los Fueros. Esta interpretación del art. 149.1.8ª CE que se califica de «foralista» limitaría la capacidad legislativa de cualquier Comunidad a la costumbre foral (que se formalizara mediante ley, lo que no significa que no pudiera probarse su vigencia) y a las materias que se encontraran con ella en íntima conexión. 

Una segunda postura – no reconocida por el Tribunal Constitucional de los años noventa– que puede calificarse de «autonomista» va más allá de los estrictos límites de la costumbre bajo la premisa que las regiones que tuvieron entidad política dispusieron de unos cuerpos jurídicos completos que luego no pudieron ni conservarse, ni desarrollarse, pero que subsistieron en el sistema de las compilaciones y, que por dicha razón permanecieron principios diferenciados de los recogidos en el Código Civil. Desde ésta perspectiva la Comunidad Autónoma tendría plena competencia en la materia en todo aquello que no sea de exclusiva competencia del Estado. 

En el voto particular del Magistrado De La Vega Benayas a la Sentencia TC 121/92, puede leerse, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma Valenciana no posee Derecho civil propio, según se reconoce y admite por todos y salvo en materia de riegos (huerta de Valencia) y su jurisdicción especial (Tribunal de Aguas), carece de legislación civil desde los Decretos de nueva planta de 1707. Tampoco es legislación civil valenciana, la legislación civil que hoy se aplica en el territorio de la Comunidad y ni se conserva Derecho propio escrito, ni legislativo antiguo y preconstitucional, ni siquiera consuetudinario recopilado. Sobre tal afirmación parece que sólo cabe admitir únicamente el Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, subsistiera en el territorio hasta nuestros días. No puede ser de otra manera. Lo que ocurre, continúa el razonamiento, es que la corrección y claridad es sólo aparente. Veamos:


«Sin negar a la Comunidad Valenciana la posibilidad y la potestad legislativa, sí, en cambio, me pregunto si esa potencialidad alcanza o puede llegar a recrear o resucitar una figura contractual, dándola previamente por probada, o bien -como se hace en la Ley- dejando su prueba a la autoridad gubernativa. ¿No supondría ello la posibilidad de establecer por vía indirecta (circumventio) un Derecho civil inexistente e incluso la de legalizar costumbres contra legem?».

Pues ya hemos llegado a eso. Hay Derechos Civiles renacidos y otros de los que ignorábamos su existencia, hay novedosas instituciones civiles y administrativas de todas clases, colores y sabores y para qué contarles nada sobre la historia

Visto así el asunto, nada impide que se promulgue en el Boletín Oficial de Tú Pueblo (BOTP) un Decreto sobre la competencia para cazar gamusinos y que se defienda en la costumbre del lugar y en el sentimiento de antiguos lugareños y eso pese a que el primer gamusino llegara de Suecia en los años cincuenta y, en el mismo avión que las primeras rubias y sus bikinis. Para cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica (si es que se formula) habrá tesis doctorales sobre el gamusino, estudios biológicos sobre el cruce con alguna raza autóctona y, por supuesto, yacimientos arqueológicos debidamente subvencionados. No faltara tampoco un ramo de flores el día de la Comunidad y algún snif, snif, snif. 

En julio del año 2011, se publicó la noticia que el Tribunal Supremo, en un proceso de divorcio, reconocía el derecho a la remuneración del trabajo doméstico y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado, afirmando que se contribuía al matrimonio con lo que se dejaba de desembolsar o se ahorraba por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico, ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Cosa importante, naturalmente. Pero la Sentencia TS, Sala 1ª, de 14 de julio de 2011 (ROJ STS 4874/2011) contiene otro párrafo que a continuación transcribo y que demuestra cuánto hemos andado – y tan contentos– hacía el precipicio.


«El régimen de separación de bienes aparece regulado en cinco de los ordenamientos jurídicos españoles y no todos admiten la compensación ni los que la admiten, le atribuyen la misma naturaleza. Así, en Navarra, Aragón y en Baleares no existe ningún tipo de compensación para el cónyuge que haya aportado su trabajo para contribuir a las cargas del matrimonio (ley 103, b) de la Compilación del Derecho Civil de Navarra; arts. 187 y 189 del Código del Derecho Foral de Aragón y art. 3 de la Compilación del Derecho civil de Baleares). En cambio, el Código civil catalán, en su art. 232-5.1, establece que "En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre que en el momento de la extinción del régimen [...] el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo que se establece en esta sección". Y una regla parecida es la contenida en el art. 13.2 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que admite la compensación por el trabajo para la casa, que se considera también forma de contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio (art. 12) y cuyos criterios de valoración son los siguientes:"1. Se tendrán en cuenta con carácter orientativo y como mínimo los criterios siguientes de valoración del trabajo para la casa, sin perjuicio de la ponderación que realice la autoridad judicial correspondiente o del acuerdo al que lleguen los cónyuges: el costo de tales servicios en el mercado laboral, los ingresos que el cónyuge que preste tales servicios haya podido dejar de obtener en el ejercicio de su profesión u oficio como consecuencia de la dedicación al trabajo doméstico en cualquiera de sus manifestaciones enumeradas en el artículo precedente, o los ingresos obtenidos por el cónyuge beneficiario de tales servicios en la medida en que su prestación por el otro cónyuge le ha permitido obtenerlos". 
Finalmente, el art. 1438 CC, que establece que "el trabajo para la casa [...] dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación»

¿Cinco ordenamientos españoles dedicados a regular el régimen matrimonial y cada uno diciendo una cosa?. Quizá, tengamos que agradecer a los «especuladores» y al vecino del tercero que nos estén dejando en la ruina.

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