Prueba ilícita, prueba ilegal y la doctrina de los frutos del árbol envenenado.


Señala RAMOS MENDEZ (“Enjuiciamiento Civil. Como gestionar litigios civiles”. Tomo I, Editorial ATELIER, Barcelona 2008, páginas 601 y 602) que la amplitud con la que se concibe la garantía constitucional a la prueba solo tiene un límite, que además debe ser interpretado restrictivamente: la prohibición de las pruebas ilícitas. El principio general está establecido en el artículo 11. 1 LOPJ: “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 

La norma de la LOPJ protege, frente a la investigación de fuentes de prueba realizada por las partes, sólo aquellos derechos subjetivos que la Constitución considera fundamentales, con lo que quedan fuera todos los demás derechos que no alcanzan ese rango, el principal de los cuales por su trascendencia práctica es el de propiedad. Siguiendo tal razonamiento, podríamos distinguir los derechos fundamentales por su naturaleza: 

1) Derechos fundamentales absolutos, los que no tienen limitación alguna: Cualquier vulneración de los mismos conduce a la no admisión de la prueba (vg. derecho a la vida y a la integridad física). 

2) Derechos fundamentales relativos, que son limitados: en principio las fuentes de prueba obtenidas vulnerándolos no son admisibles, pero hay que tener en cuenta que la ley ha de compatibilizar estos derechos con otros, también fundamentales, e incluso con intereses prevalentes (vg. la inviolabilidad del domicilio, que no impedirá la prueba de reconocimiento judicial; lo importante aquí será el respecto de las garantías constitucionales en la actividad probatoria). 

Desde otro punto de vista en la SAP MADRID, Sección 10ª, de 11 de marzo de 2008, se lee que el artículo 11.1 LOPJ introdujo por primera vez en nuestro sistema procesal una norma que formula, de manera expresa, la proscripción de la prueba ilícita, como consecuencia de la doctrina que, respecto de este particular había establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre. Mandato que se reforzó con el artículo 287 LEC, siguiendo también, en este caso, el criterio mantenido tanto por el Tribunal Constitucional, v. gr., STC 64/1986, de 24 de mayo (al advertir que «la tacha que puede oponerse a las pruebas según la doctrina antes dicha, es la vulneración de derechos fundamentales que se cometa al obtener tales pruebas, pero no la que se produzca en el momento de su admisión en el proceso o de su práctica en él, pues respecto de estos últimos momentos los problemas que se pueden plantear se reconducen a la regla de la interdicción de la indefensión..») como el Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 386/2007, de 29 marzo (RJ 2007760), al señalar que «..La ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos..».

Pues bien el interés de la relación entre la prueba ilícita y la violación de derechos y libertades fundamentales regulados en la Constitución, aparece en dos momentos: 

(a) cuando se trata de delimitar su alcance indirecto y por ende el de la declaración de nulidad, esto es, si la misma afecta también a todo lo logrado a partir de una prueba ilícita. Sobre este asunto importa destacar que la doctrina de los efectos reflejos de la prueba ilícita sostiene la ineficacia de todos aquellos elementos probatorios logrados de un modo lícito, pero que han sido descubiertos merced a los resultados obtenidos de pruebas ilícitas. Se refiere a ella la jurisprudencia norteamericana con la expresión fruit of the poisonous tree doctrine («doctrina de los frutos del árbol envenenado») y refiere PICO I JUNOY (“Nuevas perspectivas sobre el alcance anulatorio de las pruebas ilícitas”. Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, Ref. D-19, tomo 1, LA LEY 11968/2001) la opinión de un sector considerable de la doctrina española, que relaciona esa jurisprudencia norteamericana con el artículo 11.1 LOPJ y así el término «directa» excluiría las pruebas logradas infringiendo un derecho fundamental, mientras el vocablo «indirectamente» produciría la misma consecuencia respecto a todo elemento probatorio que derivara de aquélla y; 

(b) cuando se analiza si la prohibición del artículo 11 LOPJ afecta también a las pruebas ilegales. En este caso, nos encontramos con un tercer supuesto al que se refiere la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005, que cita de la distinción entre pruebas ilícitas o prohibidas -obtenidas con infracción de los derechos fundamentales a la que se refiere el artículo 11.1 LOPJ y el artículo 287 LEC-, y las pruebas simplemente irregulares que son aquellas que se han obtenido vulnerando normas procesales y que no tienen otro efecto que el que disponga la norma especialmente infringida, sin que se pueda predicar una consecuencia general de inadmisión o inutilidad.

Por la relación de los artículos 283 y 287 LEC dejo apuntada otra corriente doctrinal que respalda un concepto amplio de prueba ilícita. Cabría definir la prueba ilícita, como toda actividad probatoria prohibida por la ley, precisando además un supuesto específico de prueba ilícita, el más grave, que surge cuando la fuente de prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales. En principio, por prueba ilícita debe entenderse toda aquella prueba obtenida o practicada con vulneración relevante de las normas legales ya sean constitucionales o de legalidad ordinaria, que regulan la obtención de las fuentes de prueba y el procedimiento para su introducción y práctica en el proceso (MORENO CATENA, Victor. “El proceso civil III” Epígrafe: “Prueba ilícita” TOL62.379 ©www.tirantonline.com) 

Tenemos ya los elementos necesarios para arriesgarnos a definir la prueba ilícita, aunque curiosamente sea una tarea ociosa en el proceso civil, pues como hemos visto la simple vulneración de un derecho fundamental implica la prohibición de la fuente o el medio probatorio.

Y, precisamente por ello se pregunta PELLICER ORTIZ si del tenor literal del artículo 283.3 LEC, puede entenderse que se ha efectuado una extensión del concepto de prueba ilícita a “cualquier actividad prohibida por la ley”, interrogante que solventa la autora con una respuesta negativa ya que esa norma sólo expresa un criterio en materia de admisión de la prueba. Pero, entonces ¿qué es la prueba ilegal?. Aquella que se ha obtenido con vulneración de una norma que no tiene rango constitucional de ahí que la ilicitud y la ilegalidad sean dos conceptos referidos a la eficacia del derecho a la prueba, aunque distintos, encontrándose el primero regulado en los artículos 11.1 LOPJ y 287 LEC y el segundo en el artículo 283.3 LEC

Nos facilita BERTA PELLICER (“Audiencia previa. Algunos problemas sobre la admisión y práctica de la prueba. Especial referencia al interrogatorio, prueba documental y prueba ilícita”. Cuadernos Digitales de Formación, año 2009, CGPJ) un ejemplo que aclarara la exposición. El artículo 283.3 LEC impide la admisión de cualquier actividad probatoria prohibida por la Ley y el juez no deberá admitir ninguna prueba que suponga una infracción del procedimiento probatorio (por ejemplo, la aportación extemporánea de un dictamen o documento). En cambio, sería válida la aportación procesal de un documento robado, porque ni el derecho a la propiedad es un derecho fundamental (por tanto, no es prueba ilícita), ni al solicitar la admisión de esta prueba se vulneran las normas reguladoras del procedimiento probatorio. Más aún, el medio probatorio podría ser objeto de libre valoración por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza en que hubiera podido incurrirse. 

En definitiva, el artículo 283 LEC circunscribe su alcance y eficacia a enunciar el principio de legalidad procesal en materia probatoria; es decir, el deber del Juez de observar y hacer observar el procedimiento probatorio legalmente previsto y por lo mismo, el derecho a utilizar los medios probatorios pertinentes para la defensa obliga a mantener un concepto de prueba ilícita lo más restrictivo posible al objeto de permitir que el mencionado derecho despliegue su mayor eficacia y virtualidad. Ello comporta limitar el alcance de la prueba ilícita a la obtenida o practicada con infracción de derechos fundamentales.

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