30 noviembre 2013

La dación de cuenta


Entendía la doctrina que la dación de cuenta implicaba una misión técnica de cooperación por la que el Secretario Judicial estudiaba , valoraba y relataba al juez las peticiones de las partes contenidas en los escritos que se presentaban, pronunciándose sobre lo que debía acordarse. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 alteró la función y, por ende la definición, y ahora es responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta en los términos establecidos en las leyes procesales (artículo 455 LOPJ). 

La remisión a lo que establezcan las leyes procesales nos conduce a las previsiones del artículo 178 LEC y: 

1) Los Secretarios Judiciales darán cuenta a la Sala, al ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día o en el siguiente día hábil, cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos y 

2) También darán cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos cuando a su vencimiento deba dictarse la oportuna resolución por el Juez o Magistrado, así como de las resoluciones que hubieren dictado que no fueran de mera tramitación. 

Obsérvese que el legislador adaptó parcialmente la función a la reforma procesal (dación de cuenta solo de lo que deba resolver el Juez o Magistrado), pero no al nuevo diseño de la oficina judicial (dación de cuenta por el director del Servicio Común), con lo que en realidad poco hemos avanzado en este punto y más cuando uno de los objetivos del legislador – expuesto antes- es la separación entre el “juzgar y ejecutar lo juzgado” y otras tareas diferentes y no jurisdiccionales atribuidas a los Secretarios Judiciales. 

Pues bien esa separación, más presunta que real, quiebra a efectos de responsabilidad por la falta de la dación de cuenta, que se conserva en el artículo 178 LEC y que recae sobre el Secretario Judicial. Sorprende el mandato cuando no se define qué es la dación de cuenta en el expediente digital (LEXNET) y la obligación no tiene sentido en los Servicios Comunes (donde no hay juez) y cuando es el Secretario Judicial el que resuelve (procesos en los que por lo demás desaparece la distinción con las resoluciones que son de “mera tramitación” ). 

En cualquier caso no puede defenderse hoy seriamente que la falta de pronunciamiento del Juez o Magistrado o el incumplimiento de un plazo se deba al incumplimiento de esta función por el Secretario Judicial. Como tampoco el piloto puede culpar al copiloto de no ver la montaña que tiene frente al morro del avión; más aún, visto el comportamiento de muchos pilotos y copilotos hay que dar gracias a que estén (o estemos) todos metiditos en la Justicia y no pilotando aviones. 

Una interpretación seria de la dación de cuenta tiene que ver en la actualidad únicamente con la responsabilidad por la falta de pronunciamiento del Juez o Tribunal, no con el impulso del proceso. Vide MARTIN OSTOS que refiere un asunto en el que no se dio la tramitación prevista en la Ley Procesal Civil a un escrito pidiendo la suspensión del proceso. El Tribunal Supremo reprochó que “de principio el Secretario no dio cuenta a la Sala de la presentación del referido escrito bien en el día que tuvo lugar o al siguiente hábil, conforme obligación que le impone el art. 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del que es corresponsal del art. 7 f) del Decreto de 29 de abril de 1988 que aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y fue en el acto de la vista oral cuando llevó a cabo tal actuación..” (Sentencia de 7 de junio de 2004, Fundamento de Derecho Primero). (MARTÍN OSTOS, JOSÉ DE LOS S. “El fedatario judicial en la justicia civil” Diario La Ley, N.º 6442, 16 de marzo de 2006, Ref. D-72, LA LEY 288/2006). 

Lo dicho, no vi la montaña que llevaba ahí tres mil años, calculado así a ojo.

24 noviembre 2013

Una explicación a la anarquía competencial que padecemos


(o de porque es imposible ponerle puertas al campo). 

Reconocida la competencia de las Comunidades para crear Derecho sigue siendo objeto de discusión su extensión. Una primera postura del Tribunal Constitucional sostenía que cualquier intento de la Asamblea Legislativa de una Comunidad debía basarse en el Derecho consuetudinario que subsistiera en el territorio desde la abolición de los Fueros. Esta interpretación del art. 149.1.8ª CE que se califica de «foralista» limitaría la capacidad legislativa de cualquier Comunidad a la costumbre foral (que se formalizara mediante ley, lo que no significa que no pudiera probarse su vigencia) y a las materias que se encontraran con ella en íntima conexión. 

Una segunda postura – no reconocida por el Tribunal Constitucional de los años noventa– que puede calificarse de «autonomista» va más allá de los estrictos límites de la costumbre bajo la premisa que las regiones que tuvieron entidad política dispusieron de unos cuerpos jurídicos completos que luego no pudieron ni conservarse, ni desarrollarse, pero que subsistieron en el sistema de las compilaciones y, que por dicha razón permanecieron principios diferenciados de los recogidos en el Código Civil. Desde ésta perspectiva la Comunidad Autónoma tendría plena competencia en la materia en todo aquello que no sea de exclusiva competencia del Estado. 

En el voto particular del Magistrado De La Vega Benayas a la Sentencia TC 121/92, puede leerse, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma Valenciana no posee Derecho civil propio, según se reconoce y admite por todos y salvo en materia de riegos (huerta de Valencia) y su jurisdicción especial (Tribunal de Aguas), carece de legislación civil desde los Decretos de nueva planta de 1707. Tampoco es legislación civil valenciana, la legislación civil que hoy se aplica en el territorio de la Comunidad y ni se conserva Derecho propio escrito, ni legislativo antiguo y preconstitucional, ni siquiera consuetudinario recopilado. Sobre tal afirmación parece que sólo cabe admitir únicamente el Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, subsistiera en el territorio hasta nuestros días. No puede ser de otra manera. Lo que ocurre, continúa el razonamiento, es que la corrección y claridad es sólo aparente. Veamos:


«Sin negar a la Comunidad Valenciana la posibilidad y la potestad legislativa, sí, en cambio, me pregunto si esa potencialidad alcanza o puede llegar a recrear o resucitar una figura contractual, dándola previamente por probada, o bien -como se hace en la Ley- dejando su prueba a la autoridad gubernativa. ¿No supondría ello la posibilidad de establecer por vía indirecta (circumventio) un Derecho civil inexistente e incluso la de legalizar costumbres contra legem?».

Pues ya hemos llegado a eso. Hay Derechos Civiles renacidos y otros de los que ignorábamos su existencia, hay novedosas instituciones civiles y administrativas de todas clases, colores y sabores y para qué contarles nada sobre la historia

Visto así el asunto, nada impide que se promulgue en el Boletín Oficial de Tú Pueblo (BOTP) un Decreto sobre la competencia para cazar gamusinos y que se defienda en la costumbre del lugar y en el sentimiento de antiguos lugareños y eso pese a que el primer gamusino llegara de Suecia en los años cincuenta y, en el mismo avión que las primeras rubias y sus bikinis. Para cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica (si es que se formula) habrá tesis doctorales sobre el gamusino, estudios biológicos sobre el cruce con alguna raza autóctona y, por supuesto, yacimientos arqueológicos debidamente subvencionados. No faltara tampoco un ramo de flores el día de la Comunidad y algún snif, snif, snif. 

En julio del año 2011, se publicó la noticia que el Tribunal Supremo, en un proceso de divorcio, reconocía el derecho a la remuneración del trabajo doméstico y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado, afirmando que se contribuía al matrimonio con lo que se dejaba de desembolsar o se ahorraba por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico, ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Cosa importante, naturalmente. Pero la Sentencia TS, Sala 1ª, de 14 de julio de 2011 (ROJ STS 4874/2011) contiene otro párrafo que a continuación transcribo y que demuestra cuánto hemos andado – y tan contentos– hacía el precipicio.


«El régimen de separación de bienes aparece regulado en cinco de los ordenamientos jurídicos españoles y no todos admiten la compensación ni los que la admiten, le atribuyen la misma naturaleza. Así, en Navarra, Aragón y en Baleares no existe ningún tipo de compensación para el cónyuge que haya aportado su trabajo para contribuir a las cargas del matrimonio (ley 103, b) de la Compilación del Derecho Civil de Navarra; arts. 187 y 189 del Código del Derecho Foral de Aragón y art. 3 de la Compilación del Derecho civil de Baleares). En cambio, el Código civil catalán, en su art. 232-5.1, establece que "En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre que en el momento de la extinción del régimen [...] el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo que se establece en esta sección". Y una regla parecida es la contenida en el art. 13.2 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que admite la compensación por el trabajo para la casa, que se considera también forma de contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio (art. 12) y cuyos criterios de valoración son los siguientes:"1. Se tendrán en cuenta con carácter orientativo y como mínimo los criterios siguientes de valoración del trabajo para la casa, sin perjuicio de la ponderación que realice la autoridad judicial correspondiente o del acuerdo al que lleguen los cónyuges: el costo de tales servicios en el mercado laboral, los ingresos que el cónyuge que preste tales servicios haya podido dejar de obtener en el ejercicio de su profesión u oficio como consecuencia de la dedicación al trabajo doméstico en cualquiera de sus manifestaciones enumeradas en el artículo precedente, o los ingresos obtenidos por el cónyuge beneficiario de tales servicios en la medida en que su prestación por el otro cónyuge le ha permitido obtenerlos". 
Finalmente, el art. 1438 CC, que establece que "el trabajo para la casa [...] dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación»

¿Cinco ordenamientos españoles dedicados a regular el régimen matrimonial y cada uno diciendo una cosa?. Quizá, tengamos que agradecer a los «especuladores» y al vecino del tercero que nos estén dejando en la ruina.

18 noviembre 2013

Prueba ilícita, prueba ilegal y la doctrina de los frutos del árbol envenenado.


Señala RAMOS MENDEZ (“Enjuiciamiento Civil. Como gestionar litigios civiles”. Tomo I, Editorial ATELIER, Barcelona 2008, páginas 601 y 602) que la amplitud con la que se concibe la garantía constitucional a la prueba solo tiene un límite, que además debe ser interpretado restrictivamente: la prohibición de las pruebas ilícitas. El principio general está establecido en el artículo 11. 1 LOPJ: “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 

La norma de la LOPJ protege, frente a la investigación de fuentes de prueba realizada por las partes, sólo aquellos derechos subjetivos que la Constitución considera fundamentales, con lo que quedan fuera todos los demás derechos que no alcanzan ese rango, el principal de los cuales por su trascendencia práctica es el de propiedad. Siguiendo tal razonamiento, podríamos distinguir los derechos fundamentales por su naturaleza: 

1) Derechos fundamentales absolutos, los que no tienen limitación alguna: Cualquier vulneración de los mismos conduce a la no admisión de la prueba (vg. derecho a la vida y a la integridad física). 

2) Derechos fundamentales relativos, que son limitados: en principio las fuentes de prueba obtenidas vulnerándolos no son admisibles, pero hay que tener en cuenta que la ley ha de compatibilizar estos derechos con otros, también fundamentales, e incluso con intereses prevalentes (vg. la inviolabilidad del domicilio, que no impedirá la prueba de reconocimiento judicial; lo importante aquí será el respecto de las garantías constitucionales en la actividad probatoria). 

Desde otro punto de vista en la SAP MADRID, Sección 10ª, de 11 de marzo de 2008, se lee que el artículo 11.1 LOPJ introdujo por primera vez en nuestro sistema procesal una norma que formula, de manera expresa, la proscripción de la prueba ilícita, como consecuencia de la doctrina que, respecto de este particular había establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre. Mandato que se reforzó con el artículo 287 LEC, siguiendo también, en este caso, el criterio mantenido tanto por el Tribunal Constitucional, v. gr., STC 64/1986, de 24 de mayo (al advertir que «la tacha que puede oponerse a las pruebas según la doctrina antes dicha, es la vulneración de derechos fundamentales que se cometa al obtener tales pruebas, pero no la que se produzca en el momento de su admisión en el proceso o de su práctica en él, pues respecto de estos últimos momentos los problemas que se pueden plantear se reconducen a la regla de la interdicción de la indefensión..») como el Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 386/2007, de 29 marzo (RJ 2007760), al señalar que «..La ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos..».

Pues bien el interés de la relación entre la prueba ilícita y la violación de derechos y libertades fundamentales regulados en la Constitución, aparece en dos momentos: 

(a) cuando se trata de delimitar su alcance indirecto y por ende el de la declaración de nulidad, esto es, si la misma afecta también a todo lo logrado a partir de una prueba ilícita. Sobre este asunto importa destacar que la doctrina de los efectos reflejos de la prueba ilícita sostiene la ineficacia de todos aquellos elementos probatorios logrados de un modo lícito, pero que han sido descubiertos merced a los resultados obtenidos de pruebas ilícitas. Se refiere a ella la jurisprudencia norteamericana con la expresión fruit of the poisonous tree doctrine («doctrina de los frutos del árbol envenenado») y refiere PICO I JUNOY (“Nuevas perspectivas sobre el alcance anulatorio de las pruebas ilícitas”. Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, Ref. D-19, tomo 1, LA LEY 11968/2001) la opinión de un sector considerable de la doctrina española, que relaciona esa jurisprudencia norteamericana con el artículo 11.1 LOPJ y así el término «directa» excluiría las pruebas logradas infringiendo un derecho fundamental, mientras el vocablo «indirectamente» produciría la misma consecuencia respecto a todo elemento probatorio que derivara de aquélla y; 

(b) cuando se analiza si la prohibición del artículo 11 LOPJ afecta también a las pruebas ilegales. En este caso, nos encontramos con un tercer supuesto al que se refiere la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005, que cita de la distinción entre pruebas ilícitas o prohibidas -obtenidas con infracción de los derechos fundamentales a la que se refiere el artículo 11.1 LOPJ y el artículo 287 LEC-, y las pruebas simplemente irregulares que son aquellas que se han obtenido vulnerando normas procesales y que no tienen otro efecto que el que disponga la norma especialmente infringida, sin que se pueda predicar una consecuencia general de inadmisión o inutilidad.

Por la relación de los artículos 283 y 287 LEC dejo apuntada otra corriente doctrinal que respalda un concepto amplio de prueba ilícita. Cabría definir la prueba ilícita, como toda actividad probatoria prohibida por la ley, precisando además un supuesto específico de prueba ilícita, el más grave, que surge cuando la fuente de prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales. En principio, por prueba ilícita debe entenderse toda aquella prueba obtenida o practicada con vulneración relevante de las normas legales ya sean constitucionales o de legalidad ordinaria, que regulan la obtención de las fuentes de prueba y el procedimiento para su introducción y práctica en el proceso (MORENO CATENA, Victor. “El proceso civil III” Epígrafe: “Prueba ilícita” TOL62.379 ©www.tirantonline.com) 

Tenemos ya los elementos necesarios para arriesgarnos a definir la prueba ilícita, aunque curiosamente sea una tarea ociosa en el proceso civil, pues como hemos visto la simple vulneración de un derecho fundamental implica la prohibición de la fuente o el medio probatorio.

Y, precisamente por ello se pregunta PELLICER ORTIZ si del tenor literal del artículo 283.3 LEC, puede entenderse que se ha efectuado una extensión del concepto de prueba ilícita a “cualquier actividad prohibida por la ley”, interrogante que solventa la autora con una respuesta negativa ya que esa norma sólo expresa un criterio en materia de admisión de la prueba. Pero, entonces ¿qué es la prueba ilegal?. Aquella que se ha obtenido con vulneración de una norma que no tiene rango constitucional de ahí que la ilicitud y la ilegalidad sean dos conceptos referidos a la eficacia del derecho a la prueba, aunque distintos, encontrándose el primero regulado en los artículos 11.1 LOPJ y 287 LEC y el segundo en el artículo 283.3 LEC

Nos facilita BERTA PELLICER (“Audiencia previa. Algunos problemas sobre la admisión y práctica de la prueba. Especial referencia al interrogatorio, prueba documental y prueba ilícita”. Cuadernos Digitales de Formación, año 2009, CGPJ) un ejemplo que aclarara la exposición. El artículo 283.3 LEC impide la admisión de cualquier actividad probatoria prohibida por la Ley y el juez no deberá admitir ninguna prueba que suponga una infracción del procedimiento probatorio (por ejemplo, la aportación extemporánea de un dictamen o documento). En cambio, sería válida la aportación procesal de un documento robado, porque ni el derecho a la propiedad es un derecho fundamental (por tanto, no es prueba ilícita), ni al solicitar la admisión de esta prueba se vulneran las normas reguladoras del procedimiento probatorio. Más aún, el medio probatorio podría ser objeto de libre valoración por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza en que hubiera podido incurrirse. 

En definitiva, el artículo 283 LEC circunscribe su alcance y eficacia a enunciar el principio de legalidad procesal en materia probatoria; es decir, el deber del Juez de observar y hacer observar el procedimiento probatorio legalmente previsto y por lo mismo, el derecho a utilizar los medios probatorios pertinentes para la defensa obliga a mantener un concepto de prueba ilícita lo más restrictivo posible al objeto de permitir que el mencionado derecho despliegue su mayor eficacia y virtualidad. Ello comporta limitar el alcance de la prueba ilícita a la obtenida o practicada con infracción de derechos fundamentales.

14 noviembre 2013

La Ciudad de la Justicia de Valencia y la hormiga Magdalena.


¿Qué gastan las Comunidades Autónomas en Justicia?. Buena pregunta si tuviera respuesta. Valencia – a la que han copiado Cataluña y Andalucía- hace ciudades judiciales que cuestan una pasta y que pueden quedarse pequeñas bajo el principio del amontonamiento de juzgados vía BOE. Y el caso es que, a falta de mejor idea, nos hemos dedicado a poner ladrillos – y no discuto su necesidad-, pero con esa I+D+I del adobe, las garantías de una mejora son inexistentes. 

Creo que la Ciudad de la Justicia de Valencia fue la primera, aunque no sea una ciudad y esté en Valencia de milagro, porque unos metros más allá y los juicios los hubiéramos hecho en la Albufera y en bañador togado. La idea, o la monoidea reformista caló y con las arcas autonómicas llenas, la tentación de una fotografía gigantesca delante de cada edificio terminado fue irresistible; corolario, dicho sea, de muchas otras fotografías más pequeñas, con las obras en progresión y con cascos blancos o amarillos sobre cabezas cuyo interés por la administración de justicia siempre he ignorado. De hecho los días que tengo el despacho a 36º hasta dudo que hubiera algo bajo el casco que no fuera pelo (quien lo tuviera). Y si dudan de la temperatura muy gustosamente les dejo una invitación para el mes de junio del año 2014. 

A Valencia, siguió Castellón, Barcelona y Málaga y hasta ahí hemos llegado (creo), porque mientras algunos seguían haciéndose fotografías, otros pintaban “unidades judiciales” en el Boletín Oficial del Estado y, a tal ritmo que las ciudades de las justicias iban a necesitar, en dos telediarios de la Primera, a los empujadores del metro de Tokio para meternos a todos en los edificios. Dicho de otra forma: las ciudades podían quedarse pequeñas a corto plazo. Aclaro, que “Unidades judiciales” pese a que se traducen en lenguaje del vulgo como Juzgados y Secciones de Audiencias Provinciales, no son dos simples palabras y responden a la tontería imperante de inventarse una realidad a través del idioma (si tienen algún nacionalista en el vecindario pregúntele, son especialistas en la materia); gemelo en su nacimiento y destino, es lo de “operador jurídico”, otra cursilada incalificable cuyo último significado ignoro, porque yo no opero a nadie y menos “jurídicamente”. 

Pero a lo que iba. Hecha la Ciudad Judicial o sea el edificio, hay que procurar que el personal que allí trabaja y la clientela que lo visita, no se muera en su puesto de trabajo o, en el mostrador o Sala de vistas y, más cuando no hay servicio de guardia de la contrata de la limpieza. Si se molestan en situar el edificio de Valencia en el google (cuidado con las imágenes retocadas), observarán que el lado Este corre paralelo al mar y al sol y, el sol se encuentra a gusto cuando le invitan a calentar una fachada de cristal de cuatro plantas desde las ocho de la mañana. 

Hay un salón de actos que es una pasada de guay y en el que se está de un fresquito de la leche, tanto que obliga a ponerse la chaqueta para no agarrar un jamacuco y comenzar a expulsar mocos por la boca, la nariz y las orejas. Pero si dejamos la planta baja y vamos subiendo pisos, lado derecho del edificio, notamos un cierto calorcito que no se debe a un calentón mañanero, la veloz subida de tres pisos – poniendo los ojos en el suelo ya que hay losetas sueltas y traidoras y poco superglue tres– o una ropa interior de tres capas, sino al sol. Si, al sol, porque en el Mediterráneo sale mucho el sol y además, calienta de narices a partir de las nueve de la mañana. Creo que por eso el ser humano inventó primero, los ventiladores, luego, el aire acondicionado y por último, las enfriadoras. 

En las plantas tercera y cuarta del edificio, en el lado que está cara al sol y no va con segundas, ni contra la ley de la desmemoria histórica, el calorcito se nota en el mostrador pero no desagrada, a mitad de Juzgado hacia el ventanal cristalero vale más ir de algodón colonial sin mosquitera, si se quiere pasar una mañana sin excesivos sudores sobaqueros; pero a partir de ahí entramos en una especie botella en la que nos volvemos hormiguitas sometidos a la lupa de algún niño malévolo. Y el caso es que el jodido niño lleva ocho años con la lupa, porque la enfriadora o lo que demonios hayan instalado en el techo no funciona y, lleva sin hacerlo desde que nos mudaron del centro de Valencia (iba a poner un latinajo, pero como está prohibido lo pongo en español hasta que lo prohíban: ¡qué tiempos pasados!) a descubrir el sol del Mediterráneo. 

No se lo he contado todo. Como la cosa iba de modernos y había dinero, todo fueron cristales en las fachadas y no hace falta saber óptica para conocer el resultado de meter un rayito de sol por una lupita para cascarle a una hormiguita. Y claro, como el climatizador tiene que ponerse al máximo para enfriar algo la citada parte Este, los habitantes y clientes de la Oeste – siempre en sombra– se hielan, con lo que es curioso observar camisas con manchas de sudor, que se cruzan en los pasillos con chaquetas, pañuelos de cuello y resfriados andantes en junio y julio. 

Nueve años después estoy convencido que esto es un experimento de algún modista famoso. Los que están en el lado oscuro del rectángulo no pueden ponerse ropas de verano porque en invierno se hielan y en verano, también y, los que estamos en el lateral iluminado no podemos soltar el ropaje veraniego, porque en invierno nos asamos y en verano, no les cuento. Y no les cuento, porque en el Juzgado dos salidas de aire no funcionan (nunca lo hicieron) y las otras cuatro expulsan tan caudal de refrigerio que solo satisfacen a la hormiga Magdalena, que anda por el techo la mar de rumbosa. Es frecuente ver paraguas abiertos colgados del techo para distribuir solidariamente el fresquito. 

En la visita guiada que hicimos en el año 2003 ya se advirtió cierto calorcillo y se indicó a los gestores de la cosa, que con una cristalera haciendo funciones de fachada, deberían colocarnos cortinas (no las había) y asegurarse que el aire acondicionado – o lo que fuera que nos echaran encima– funcionara bien, porque en otro caso los cristalitos harían funciones de lupa y no de fachada, con el resultado por todos conocido. Recuerdo el enojo de uno de los gestores de la cosa –que, por cierto, hoy reclama la independencia judicial en una plataforma– cuando comenté que las salidas del aire quedaban muy lejos de la fachada y con esa mirada de señor feudal que algunos practican antes de salir de casa, no solo se reprochó el comentario, sino la duda. 

La culpa es ahora de los Bomberos, que obligaron a dejar un pasillo de emergencia en el interior de cada piso, con lo que desubicaron los sopladores de frio del climatizador, que acabaron colocados sobre las cabezas de algunos funcionarios. Pasillos de emergencia que ahora están llenos de archivadores y papeles de variada suerte y condición y, cuya utilidad también ignoro porque en ocho años no se ha hecho ningún simulacro de nada así que el día que pase algo nos vamos a echar unas risas con San Pedro. 

Por cierto. En los años 2002 y 2003, gestores de la cosa se dedicaron a enseñarnos, casco blanco en mano, lo bien que íbamos a estar en ese edificio inteligente, donde no habría papel en los juzgados, habría sitio para moverse, los profesionales no se dejarían caer sobre las mesas y tendríamos calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Los expedientes subirían y bajarían en el día de un ultramoderno archivo de gestión y todos cantaríamos alegres y divertidos. Bueno, lo de cantar con alegría y divertimento no lo dijeron. Alguno gritó cuando se quedó encerrado en algunos de los ascensores interiores, pero lo de la llamada de teléfono por Decreto arregló ese problema: el ascensor funciona cuando pagan el mantenimiento, pero por lo menos ya nadie se queda encerrado.

¿Qué el empleo del ladrillo ha mejorado la Administración de Justicia?. Sí claro y la creación de trescientas dos mil “unidades judiciales” también, pero si alguno calcula la relación entre la inversión y el resultado, verá que hábiles gestores de la cosa pública hemos tenido en el Ministerio, en el Consejo General del Poder Judicial y en las plurales Consejerías de las justicias. Eso por no tratar el asunto de la invención, porque la genialidad de arreglar la justicia con ladrillos y papeles tiene su aquel paradójico. 

Esta mañana todo el juzgado iba en manga corta y eso que teníamos las ventanas abiertas, pero por lo visto los pulmones de los enanos que soplan el aire frio no daban para más. Y habrá que dar gracias a que solo nos toman por gilipollas durante media jornada. Si tuviéramos que estar en el edificio a jornada completa más de uno la habría palmado por el calor, por la caída de algún pedazo de fachada o, por estamparse contra el suelo gracias a los cientos de baldosas que andan sueltas en las escaleras.

04 noviembre 2013

El 0,02€ existe, lo he visto y he tenido entre las manos


Una de las herramientas informáticas más chupi lerendis con las que contamos en los Juzgados es el llamado embargo masivo de cuentas bancarias a la vista, que se realiza a través de la aplicación de BANESTO (hoy SANTANDER) y que recientemente se ha premiado por el Ministerio de Justicia

No que me quejaré del servicio, porque funciona muy bien, pero ahora verán el gran avance de cangrejo maquinero investido de fe pública que hemos logrado. 

Cuando hubo experiencia piloto – que la hubo y ya fue una sorpresa- solo pedí dos cosas: 

a) que el embargo fuera de cualquier cosa financiera titularidad del embargado o, sea, por NIF, CIF, o NIE ya que la operativa bancaria tira de documento identificativo y no de números de cuentas y 
b) que se garantizara la cooperación del mayor número de los bancos que quedan en el mercado. 

Pues esto funciona así. Se saca la información patrimonial del ejecutado, que va por años vencidos (o qué se yo) y se da de alta el embargo masivo en la aplicación de BANESTO (porque aparece saldo embargable). Nos aparece un mensajito que nos dice que la orden se ha enviado correctamente y el Consejo General del Poder Judicial nos manda un correo electrónico por INTER-IUS, que no utilizamos nunca, pero que hay que abrir porque nos informa que hemos embargado 0,02€ y 0,25€, respectivamente. 

No queda ahí la sorpresa del éxito investigador. En numerosas ocasiones el correo informa que el ejecutado tiene “otras posiciones financieras” (another financial position) en el mismo banco de los 0,02€ o en otras entidades, con lo que hay que imprimir el correo, unirlo a la ejecución y,  redactar el oficio en papel de toda la vida para intentar llegar a tiempo de no sabemos qué. 

Eso sí, con el embargo de prestaciones inembargables (INEM y TGSS) lo tiramos y es lo que suele tener la cuenta a la vista. 

Dos informatizaciones más como esta y necesitaremos comprar la mitad de Finlandia del papel que vamos a necesitar. 

 Y eso que lo pedí por favor.