23 octubre 2013

Un análisis apresurado e intranquilizador del Caso Frago.


La lectura de la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional que estima el recurso interpuesto por D. Juan Antonio Frago Amada contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia, por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de separación del servicio, declarándola nula de pleno derecho por vulnerar el art. 25 CE, mete más medio por lo que calla, que por lo que dice y, por cierto, dice bastante. 

Recordarán que entre la marejada reformista de la justicia de tómate un café y apañamos unas transaccionales en el Congreso de los Diputados a cambio de esto y de aquello, aparece como estrella invitada en forma de yate de millonario la necesidad, nunca explicada, de atribuirle al Ministerio Fiscal la instrucción penal y siempre que he leído esto me hago la misma pregunta ¿a qué Ministerio Fiscal?. 

De momento hemos sobrevivido a esa idea, peregrina de donde las haya, de intentar parecernos a una película norteamericana, pero sin actores, sin bandera y sin nacionalidad y, mientras tanto algunos miembros de la institución fiscal siguen dedicándose a pedir, en el siglo XXI, transcripciones escritas de las grabaciones de las declaraciones; en el famoso caso Mari Luz a no se sabe bien qué o, a eternizar el traslado para informe entre piso y piso y tiro porque me toca. Y como siempre generalizo y hablo en primera persona, porque no conozco a todos los Fiscales de España, ni cómo se trabaja en todas las Fiscalías. 

Dice la Sentencia de la Audiencia Nacional:


Por lo tanto, don Juan Antonio Frago hizo uso de la facultad conferida por el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo en conocimiento de la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía de La Coruña las razones por las cuales consideraba improcedentes las órdenes recibidas respecto de la forma en que debía calificar en las diligencias previas 929/2005 del Juzgado de instrucción número uno de Ordenes. Así lo puso de manifiesto el recurrente en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución presentada el 28 de diciembre de 2012 (alegación de nulidad cuarta, obrante a los folios 1763 y siguientes del expediente administrativo remitido este tribunal), sin haber obtenido respuesta a esta cuestión, esencial, en la resolución recurrida.

Así que resolviendo sobre la falta disciplinaria, prosigue la sentencia:


En consecuencia, debe concluirse que en el presente caso ha sido vulnerada la prohibición de aplicar la ley sancionadora de manera extensiva en desventaja del acusado. El recurrente sabía, a partir de la redacción de la disposición pertinente, en este caso el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, qué actos u omisiones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria. Y precisamente por ello comunicó a su superior jerárquico las razones por las cuales consideraba improcedente la orden de que calificase de una determinada manera, confiando legítimamente en que la cuestión que planteaba debía ser resuelta oyendo previamente a la Junta de Fiscales. Por ello, al actuar de este modo, el recurrente no pudo incurrir en la falta de desobediencia [en la resolución se dice desobediencia "continuada", sin que tampoco este adjetivo figure en el tipo] por la que fue en definitiva sancionado: la prevista en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Fácil sería que concluyera ahora unas líneas sobre las desobediencias que se producen diariamente en todos los Juzgados con apoyo de las Comunidades Autónomas, que han dejado hacer hasta límites que no creería nadie y, aplicando el baremo al que se sometió al Fiscal Frago no quedaría en nómina, en algunos órganos o servicios, ni la mitad de las plantillas, pero lejos de ello no solo se aprecia una palmaria desproporción entre el aparente pecado cometido y la penitencia, sino algo mucho peor (si todavía puede haberlo) y, es que la institución fiscal sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad es la primera en saltárselos cuando viene al caso

Vuelvo a la Sentencia y destaco los siguientes párrafos:


Y si bien es cierto que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, también es verdad que está sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad.[...] 
Al contrario de lo que manifiesta en el escrito de contestación a la demanda el Ministerio Fiscal, parte en este proceso, en que, refiriéndose al expediente disciplinario del recurrente, llega a afirmar que "no estamos, por tanto, ante un procedimiento administrativo y una resolución de autoridades de este orden", lo cierto es que el procedimiento disciplinario no deja de ser un procedimiento sancionador de carácter claramente administrativo (es lo que se denomina materia de personal), aunque las autoridades intervinientes sean miembros del Ministerio Fiscal, pues en este caso no estamos ante la más característica de sus funciones, cuál es la de ser parte en un proceso penal. Aquí estamos ante un procedimiento administrativo sancionador protagonizado, hasta su resolución, por autoridades administrativas miembros del Ministerio Fiscal como representantes de la Administración actuante claramente jerarquizada, y en el que no ha intervenido, tal y como le ley prevé, un miembro del Ministerio Fiscal funcionalmente no dependiente y respecto del cual sus superiores jerárquicos carezcan de facultades para ordenarle plantear sus alegaciones en el procedimiento disciplinario de una manera u otra[...] 
Como hemos visto, en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal. Así las cosas, queda en evidencia, por lo tanto, que la falta de intervención de un miembro del Ministerio Fiscal, funcionalmente independiente respecto de la administración que incoó, tramitó y resolvió el procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente (también miembro de dicha Institución), no ha contribuido en absoluto a la defensa de la legalidad ni tampoco a la regularidad del procedimiento administrativo sancionador tramitado, y teniendo en cuenta que los principios inspiradores del derecho penal son de aplicación, con matices, al derecho administrativo sancionador, en definitiva, tampoco tal omisión ha contribuido a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera el derecho a un juicio justo. Véase al respecto caso Barberá, Messegué y Jabardó contra España, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de seis de diciembre de 1988.

Cada uno sacará sus conclusiones pero yo dejaría la instrucción penal como está y que nos dure muchos años en manos de los Jueces; dormiremos mejor y más seguros.

2 comentarios:

  1. Observo una errata : "mete más medio por lo que calla" . Intuyo que quisiste decir "miedo".
    Por lo demás, tan certero como siempre.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.