28 octubre 2013

La inadmisión a trámite de la oposición a la ejecución.


Una de las omisiones más relevantes en el trámite de oposición a la ejecución lo encontramos en la admisión de cualquier escrito en el que la parte ejecutada afirme “formalmente” que la formula y, en el que con o sin la cita de alguno de los óbices de los artículos 556 y 557 LEC, obligue al Juzgado de la Instancia a sustanciarla. Nada dice la ley en sentido contrario y cabe preguntarse si el silencio legal exige, en todo caso, el traslado al ejecutante sin más o, si por el contrario puede (y debe) realizarse un previo examen de la petición de la ejecutada e inadmitirla si no cumple los requisitos de los citados artículos 556 y 557 LEC

El problema de la respuesta es que nos vemos obligados al examen de cada caso porque, en principio, no podemos dar reglas generales. Comencemos con el AAP MADRID, Sección 8ª, 30 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP M 18271/2011) en el que se analiza la cuestión que nos ocupa -si ad límine se puede inadmitir la oposición a la ejecución despachada-, cuando no concurren los supuestos tasados y numerus clausus del artículo 557 LEC, invocándose la existencia de un pacto verbal de novación que se pretende acreditar una vez admitida. 

En esa resolución se cita, en primer lugar,
Cita:

el AAP CASTELLÓN, Sección 3ª, de 19 mayo 2010, nº 95/2010 (Recurso 553/2009): “...No compartimos las alegaciones del recurso, pues lo que ocurre en el presente caso es que no se han alegado como causas de oposición vicios o defectos procesales previstos en el artículo 559.1 LEC ni motivos de fondo de los previstos en el artículo 557.1 LEC, siendo esta una omisión que determina que se aprecie incumplimiento de un presupuesto esencial del escrito por el que se promueve el incidente de oposición a la ejecución y que no puede subsanarse con posterioridad, como pretende la parte, porque no se ha incurrido en falta de claridad o precisión, deficiencia que sí podría haber sido subsanada por el cauce del artículo 231 LEC, sino en falta de contenido del escrito de oposición que determina que carezca de objeto consistente en alegación de motivo de oposición fundado en alguna de las causas legalmente previstas” .

Y, en segundo lugar, señala el auto de la Audiencia de Madrid que es clara la improcedencia de esta forma de oposición, pues por razón de la naturaleza de los títulos ejecutivos, no puede pretenderse articular de hecho un procedimiento declarativo y contradictorio al efecto, ya que esa no es la previsión y finalidad del artículo 560 en relación con el 557 LEC, sino que, concurriendo las causas tasadas de oposición a los mismos, acreditar su efectiva existencia mediante la sustanciación de la oposición planteada. En consecuencia, la concurrencia e invocación de dichos supuestos tasados constituye un presupuesto esencial del escrito por el que se promueve el incidente de oposición a la ejecución y no puede subsanarse con posterioridad, lo que permite por ende su inadmisión de plano.

Idéntica doctrina la encontramos respecto a los títulos judiciales. Leemos en el AAP MADRID, Sección 20ª, 9 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP M 14170/2011) que la especial protección que la LEC otorga a quien pretende la ejecución de una resolución judicial firme, tiene su reflejo en que la oposición a la misma únicamente es posible si se basa en las causas que con carácter limitado y tasadas establece la propia ley y, ni la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, ni la falta de requerimiento extrajudicial, son de las que los artículos 556 y 559 LEC señalan. Las actuaciones tuvieron su origen en una demanda de proceso monitorio. Presentada demanda de ejecución de títulos judiciales se dictó auto despachando ejecución. Los demandados presentaron escrito de oposición y el Juzgado de primera instancia dictó auto acordando no admitirla a trámite. Sustentó esa decisión de inadmisión y de no dar trámite a la oposición, en que lo alegado no podía incluirse en ninguno de los motivos de oposición establecidos en los artículos 556 y 559 LEC

Justificada la posibilidad de la inadmisión a trámite ¿cabría una previa subsanación antes del rechazo de la oposición?. Entiendo que no, porque será extraño el supuesto en el que la subsanación responda a su verdadera finalidad y no encubra la reformulación de la oposición a que se refiere el AAP MADRID, Sección 28ª, 20 de febrero de 2012 (ROJ: AAP M 2782/2012), pero la solución al interrogante dependerá del criterio de cada Juzgado. 

Ahora bien, - sigo aquí al AAP MADRID, Sección 28ª, 20 de febrero de 2012- si se requiere a la parte para que subsane la exposición de los motivos de oposición, deberá tenerse en cuenta que este nuevo escrito no será de oposición, sino de subsanación de la única oposición, de manera que no cabrá reformular los hechos en el que se sustenta la oposición y se amplié a otros motivos diferentes a los expresamente mencionados en el primer escrito y, mucho menos podrá ampararse en el principio iura novit curia la integración de la oposición por el Juzgado. 

Esto es, incumbe a quien formaliza la oposición expresar cuales son los motivos que plantea, extremo éste que no puede ser integrado por el Juzgado, al que no corresponde suplir las omisiones de las partes, ni expresar los motivos legales de los que desea valerse quien formaliza la oposición.

23 octubre 2013

Un análisis apresurado e intranquilizador del Caso Frago.


La lectura de la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional que estima el recurso interpuesto por D. Juan Antonio Frago Amada contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia, por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de separación del servicio, declarándola nula de pleno derecho por vulnerar el art. 25 CE, mete más medio por lo que calla, que por lo que dice y, por cierto, dice bastante. 

Recordarán que entre la marejada reformista de la justicia de tómate un café y apañamos unas transaccionales en el Congreso de los Diputados a cambio de esto y de aquello, aparece como estrella invitada en forma de yate de millonario la necesidad, nunca explicada, de atribuirle al Ministerio Fiscal la instrucción penal y siempre que he leído esto me hago la misma pregunta ¿a qué Ministerio Fiscal?. 

De momento hemos sobrevivido a esa idea, peregrina de donde las haya, de intentar parecernos a una película norteamericana, pero sin actores, sin bandera y sin nacionalidad y, mientras tanto algunos miembros de la institución fiscal siguen dedicándose a pedir, en el siglo XXI, transcripciones escritas de las grabaciones de las declaraciones; en el famoso caso Mari Luz a no se sabe bien qué o, a eternizar el traslado para informe entre piso y piso y tiro porque me toca. Y como siempre generalizo y hablo en primera persona, porque no conozco a todos los Fiscales de España, ni cómo se trabaja en todas las Fiscalías. 

Dice la Sentencia de la Audiencia Nacional:


Por lo tanto, don Juan Antonio Frago hizo uso de la facultad conferida por el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo en conocimiento de la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía de La Coruña las razones por las cuales consideraba improcedentes las órdenes recibidas respecto de la forma en que debía calificar en las diligencias previas 929/2005 del Juzgado de instrucción número uno de Ordenes. Así lo puso de manifiesto el recurrente en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución presentada el 28 de diciembre de 2012 (alegación de nulidad cuarta, obrante a los folios 1763 y siguientes del expediente administrativo remitido este tribunal), sin haber obtenido respuesta a esta cuestión, esencial, en la resolución recurrida.

Así que resolviendo sobre la falta disciplinaria, prosigue la sentencia:


En consecuencia, debe concluirse que en el presente caso ha sido vulnerada la prohibición de aplicar la ley sancionadora de manera extensiva en desventaja del acusado. El recurrente sabía, a partir de la redacción de la disposición pertinente, en este caso el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, qué actos u omisiones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria. Y precisamente por ello comunicó a su superior jerárquico las razones por las cuales consideraba improcedente la orden de que calificase de una determinada manera, confiando legítimamente en que la cuestión que planteaba debía ser resuelta oyendo previamente a la Junta de Fiscales. Por ello, al actuar de este modo, el recurrente no pudo incurrir en la falta de desobediencia [en la resolución se dice desobediencia "continuada", sin que tampoco este adjetivo figure en el tipo] por la que fue en definitiva sancionado: la prevista en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Fácil sería que concluyera ahora unas líneas sobre las desobediencias que se producen diariamente en todos los Juzgados con apoyo de las Comunidades Autónomas, que han dejado hacer hasta límites que no creería nadie y, aplicando el baremo al que se sometió al Fiscal Frago no quedaría en nómina, en algunos órganos o servicios, ni la mitad de las plantillas, pero lejos de ello no solo se aprecia una palmaria desproporción entre el aparente pecado cometido y la penitencia, sino algo mucho peor (si todavía puede haberlo) y, es que la institución fiscal sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad es la primera en saltárselos cuando viene al caso

Vuelvo a la Sentencia y destaco los siguientes párrafos:


Y si bien es cierto que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, también es verdad que está sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad.[...] 
Al contrario de lo que manifiesta en el escrito de contestación a la demanda el Ministerio Fiscal, parte en este proceso, en que, refiriéndose al expediente disciplinario del recurrente, llega a afirmar que "no estamos, por tanto, ante un procedimiento administrativo y una resolución de autoridades de este orden", lo cierto es que el procedimiento disciplinario no deja de ser un procedimiento sancionador de carácter claramente administrativo (es lo que se denomina materia de personal), aunque las autoridades intervinientes sean miembros del Ministerio Fiscal, pues en este caso no estamos ante la más característica de sus funciones, cuál es la de ser parte en un proceso penal. Aquí estamos ante un procedimiento administrativo sancionador protagonizado, hasta su resolución, por autoridades administrativas miembros del Ministerio Fiscal como representantes de la Administración actuante claramente jerarquizada, y en el que no ha intervenido, tal y como le ley prevé, un miembro del Ministerio Fiscal funcionalmente no dependiente y respecto del cual sus superiores jerárquicos carezcan de facultades para ordenarle plantear sus alegaciones en el procedimiento disciplinario de una manera u otra[...] 
Como hemos visto, en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal. Así las cosas, queda en evidencia, por lo tanto, que la falta de intervención de un miembro del Ministerio Fiscal, funcionalmente independiente respecto de la administración que incoó, tramitó y resolvió el procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente (también miembro de dicha Institución), no ha contribuido en absoluto a la defensa de la legalidad ni tampoco a la regularidad del procedimiento administrativo sancionador tramitado, y teniendo en cuenta que los principios inspiradores del derecho penal son de aplicación, con matices, al derecho administrativo sancionador, en definitiva, tampoco tal omisión ha contribuido a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera el derecho a un juicio justo. Véase al respecto caso Barberá, Messegué y Jabardó contra España, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de seis de diciembre de 1988.

Cada uno sacará sus conclusiones pero yo dejaría la instrucción penal como está y que nos dure muchos años en manos de los Jueces; dormiremos mejor y más seguros.

17 octubre 2013

La eficacia de la entrega de las llaves en la ejecución del desahucio.


El abandono de una finca por quien la viniera ocupando como arrendatario no supone la entrega de la posesión de la misma a la parte arrendadora (AAP MADRID, Sección 21ª, 21 de marzo de 2012, ROJ AAP M 4652/2012), siendo esencial que la voluntad de la arrendataria llegue a conocimiento de la otra parte. La entrega de las llaves en el Juzgado, constituye una puesta a disposición de la propiedad del inmueble arrendado y desde la misma queda patente la voluntad de la parte arrendataria de devolver a la propiedad la posesión del inmueble (AAP CUENCA, Sección 1ª, 20 de marzo de 2012, ROJ AAP CU 97/2012). 

La importancia de la entrega de la posesión, mediante la de las llaves se explica porque en relación con el término final de la obligación del pago de las rentas, es doctrina reiterada, que el pago de la renta es una contraprestación a la tenencia de la cosa, de modo que atendida la bilateralidad consustancial al contrato de arrendamiento, hasta el momento de la extinción de la prestación del arrendador, consistente en la cesión del uso de la finca, no queda extinguida también la prestación periódica a cargo del arrendatario, consistente en el pago de las rentas, con independencia de la fecha de la declaración judicial resolviendo el contrato, por ser el pago la simple consecuencia de la posesión. Por otro lado, imponiendo el artículo 1561 CC al arrendatario la obligación de "devolver" la finca al concluir el arriendo, significa que las obligaciones propias del contrato subsisten en tanto el arrendatario no desista de la ocupación, mediante un acto devolutivo de la posesión al arrendador, sin que baste con el mero desalojo, devolución que únicamente se entiende producida cuando la finca es puesta de nuevo en poder y posesión del arrendador, normalmente mediante la devolución de las llaves u otro acto de tradición ficticia, en aplicación de la doctrina de los artículos 1462 y 1463 CC, entrega que lo mismo puede hacerse al arrendador o a persona por él autorizada, en aplicación de las normas sobre el cumplimiento de las obligaciones de los artículos 1162 y 1163 CC (Vide AAP BARCELONA, Sección 13ª, 13 de abril de 2012, ROJ AAP B 2141/2012). 

Este planteamiento – unánime en la jurisprudencia y en la práctica de los Juzgados- merece algunas matizaciones, pues resulta chocante que la entrega de unas llaves en el mostrador de un Juzgado o al funcionario de un Servicio Común implique sin más la de la posesión de un inmueble y ello, respecto a dos cuestiones que no pueden contradecir esa entrega: la existencia de otros medios que acrediten la ya citada devolución de la posesión y la práctica del lanzamiento. 

Respecto a la existencia de otros medios acreditativos de la entrega de la posesión cierto es que aunque no se exija un acto formal de entrega de llaves para poner fin al arriendo, sí es necesario acreditar la puesta a disposición del arrendador de la cosa a fin de perfeccionar la extinción del contrato (SAP CADIZ, Sección 8ª, 29 septiembre 2011, LA LEY 235780/2011), pero esa prueba acerca de la pretendida posesión recuperada deberá producirse en la fase declarativa del desahucio y no en la ejecución, de modo que sea posible alcanzar la conclusión, siquiera presuntiva, del pretendido desalojo y devolución de la posesión de la vivienda arrendada al demandante y bien sea documental o testifical, acerca de la mudanza o el desalojo de la vivienda arrendada, o acerca de cualquier acto del propietario de posesión, disposición, o nuevo arriendo a terceros , de la vivienda arrendada (SAP BARCELONA, Sección 13ª, 27 septiembre 2011, LA LEY 226030/2011)

Y tampoco la entrega de la posesión podrá impedir del lanzamiento en dos supuestos: a) cuando responda a lo establecido en el artículo 703.4 LEC y b) cuando en la sentencia no conste la efectiva devolución de la posesión (téngase en cuenta, en cualquier caso, que desde la reforma de los artículos 22 y 440 LEC por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal ya son singulares los juicios de desahucio en los que se dicta sentencia). 

En la actualidad la tradicional entrega de llaves ha adquirido máxima relevancia ya que si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio (artículo 440.3 sexto párrafo LEC) y esa constancia, cuya imposibilidad práctica es evidente, tiene como única alternativa la citada entrega de llaves.

03 octubre 2013

¿Limita realmente la tasa judicial el acceso a la justicia? (i).


Si dejamos al margen del debate el concepto de Justicia y el de jurisdicción y lo centramos en la puerta de un Juzgado veremos, sin solución de continuidad, que la tasa judicial responde a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del péndulo llegó a un extremo (cualquier cosa termina en un Juzgado) y que terminó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, termina en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero). 

En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (les llaman “ciudades de la justicia”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector ya estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Y aquí entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP y ahora preferentes), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución ha sido echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Y eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea se antoja imposible esta devolución. Red o tela de araña en la que por cierto están los Colegios profesionales, que nada decían cuando el péndulo estaba en el otro extremo y ya se oían las primeras señales de alarma. 

Justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no ha hecho otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo educamos a quien no quiere ser educado?. Con multas o, en justicia, con tasas desproporcionadas y así, verbigracia, el Sindicato Chufla-Chufla que presentaba quinientas tres demandas en lo contencioso para reclamar el euro y medio de la paga del solsticio de primavera se lo pensara dos veces antes de hacerlo. No olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el artículo 24 CE, no una alternativa. 

El problema no se limita a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llega o no la apelación; salvo, claro está, que uno sea el apelante. Pero eso lo dejaremos para otro día.