La declaración de insolvencia del ejecutado en el proceso civil.


La Ley de Enjuiciamiento Civil desconoce los conceptos de insolvencia y de crédito incobrable. 

Entiende MORENO CATENA que el art. 570 LEC invita —mejor dicho, exige— al acreedor que inste la ejecución aún a sabiendas que el deudor no puede cumplir —o no tiene que cumplir— en ese momento, pero será necesario iniciar y mantener abierto sine die el procedimiento sino quiere ver perjudicado definitivamente el derecho en una resolución judicial o arbitral firme. 

Inexplicablemente, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula una vía de apremio que sólo puede acabar con la satisfacción íntegra del ejecutante de tal modo que ni la insolvencia del ejecutado, ni la imposibilidad del cobro permite solventar el proceso de ejecución. En ambos supuestos la ejecución ha fracasado y esta situación debería llevarnos sin más al archivo del proceso porque la prohibición (o la omisión) no facilita un posterior cobro del ejecutante, llevándonos todo lo más a interminables diligencias sin objeto alguno. 

Salvando todas las distancias, el reconocimiento del fracaso ejecutivo y de sus consecuencias procesales con relación al derecho a la ejecución fue estudiado con cierto detalle por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 18/1997 de 10 de febrero, afirmando que:


En el iter procesal de la ejecución de una Sentencia dictada en el ámbito laboral bien puede suceder que, tras la práctica de las distintas diligencias averiguatorias señaladas, el proceso se archive por insolvencia total o parcial del ejecutado, cuando no se encontraren bienes o bienes suficientes en los que hacer traba o embargo. La declaración por parte del Juez de la insolvencia del deudor y el consiguiente archivo de las actuaciones son facultades que la Ley concede al órgano judicial en determinadas circunstancias; por lo que, de concurrir éstas, aquel Acuerdo no vulnera por sí mismo derecho fundamental alguno.

Esto es


la declaración de insolvencia del ejecutado se decide, en cualquier caso, de forma provisional, no definitiva (art. 204 LPL de 1980; 273.2 LPL de 1990 y 274 LPL de 1995), lo que, por una parte, asegura, incluso en caso de archivo por esa causa, que no se interrumpa la prescripción de la acción ejecutiva mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecuta (arts. 240.3 LPL 1990 y 241.3 LPL de 1995); y por otra, permite proseguir o reabrir la ejecución si se conocen bienes del deudor por haber venido a mejor fortuna. Cuestión distinta es la de que tal posibilidad pueda ser más teórica que real si persiste la insolvencia del deudor. Mas ello, como se ha dicho, no afecta a la integridad de la tutela judicial efectiva, pues el art. 24.1 CE no garantiza la solvencia de los deudores.

Y, bien, ¿puede declararse la insolvencia del ejecutado? Para responder a esta cuestión debemos precisar cuál es el objeto del proceso de ejecución: la satisfacción del crédito del ejecutante, aunque sea en su equivalente pecuniario. Si la ejecución busca principalmente la satisfacción del título ejecutivo mediante el ataque al patrimonio del ejecutado y éste carece del mismo, no hay obstáculo para una declaración de insolvencia que suponga el archivo provisional de la ejecución. Y, a mi entender la inexistencia de previsión legal específica que denuncia MORENO CATENA no supone obstáculo alguno, porque como se dijo antes y vuelve ahora a repetirse, el Legislador diseña un proceso que obliga siempre a la presentación de la demanda ejecutiva. 

El problema, que identifica ARROYO GARCÍA, es que el acreedor ejecutante sólo está vinculado por el plazo de caducidad del art. 518 LEC, así que una vez despachada la ejecución rige exclusivamente el mandato del art. 570 con los efectos indeseables que, en ocasiones, pueden producirse. No es por tanto extraño que nos encontremos con ejecuciones abiertas hace varios años plenas de los habituales «embargos de papel» que careciendo de eficacia, llenan de anotaciones sin sentido los Registros públicos, haciendo imposible el rastreo de una posible mejora de fortuna del ejecutado insolvente. 

Esta situación podría resolverse mediante la introducción de medidas administrativas que permitieran una ordenada tramitación de las ejecuciones forzosas y mecanismos de depuración temporales en el art. 239 LEC (MORENO CATENA), si bien insisto en la idea que tanto el impulso procesal (arts. 179.1 y 239 LEC) como la tutela ejecutiva permiten, sin otra modificación legal, la declaración de insolvencia.

Comentarios

  1. Hola me ha parecido muy interesante tu articulo. Verás que opinas en el caso de deudores soliarios resultando que uno ha desaparecido (empresa liquidada y disuelta) y que obviamente no va a pagar? ¿se puede desistir respecto a ella y continuar la ejecución contra los demás y que asuman su parte? o seria conveniente esperar a que la busqueda de bienes resulte infructuosa, y luego pedir la declaración de insolvencia, y asi repercutir el importe en los otros condenados?

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    1. Bien, cuando son varios los ejecutados en el mismo proceso es mejor no hacer nada. Hablando siempre del proceso civil, una empresa desaparecida no nos merece ninguna resolución sobre la insolvencia, que solo creará confusión así que si hay otras personas físicas, se pide averiguación de bienes periódica (un año) y a a ver si hay suerte.

      No hace falta repercutir nada: si se despachó solidariamente, pagan todos.

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