19 septiembre 2013

El nombramiento de procurador y abogado del turno de oficio y la necesidad de apoderamiento.


No es la primera vez que se trata el asunto de los efectos del nombramiento de procurador por el turno de oficio, respecto a la necesidad de realizar posteriormente un apoderamiento “apud acta” en el Juzgado correspondiente. Suele concluirse que no se trata de cuestiones contrapuestas y que la designación administrativa del Colegio no impide la aplicación del artículo 24 LEC, por su carácter preceptivo. 

Posteriormente se afirmó que el alcance de la representación procesal del procurador que actuaba designado por el turno de oficio, era el mismo que el que actuaba con poder de designación directo de la parte que lo solicitaba mediante otorgamiento notarial de poder. Y no habiendo distinción, no sería preciso el apoderamiento “apud acta” en los casos de procurador de turno de oficio. 

Esta segunda teoría entiende que el poder notarial y la designación mediante comparecencia ante el secretario judicial no son los únicos medios que habilitan la válida postulación del representante procesal, pues el propio artículo 33 LEC, señala que fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. De dicho precepto, se desprende que el procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio. 

La razón de la distinción es la de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de justicia gratuita, por lo que en ningún caso podría acudirse ante el notario o el secretario judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional ya que no sería elegido, sino designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho. En tal sentido, cuando se actúa con procurador de oficio es una obviedad e innecesario acudir al apoderamiento “apud acta” por ser éste reiterativo y superfluo. Esa suele ser la opinión mayoritaria.

A mí entender el problema no queda resuelto con una designación administrativa. Cierto es que habremos identificado a dos profesionales (el letrado y el procurador), pero nada más y de ahí la entrada en juego del artículo 27 LEC, cuando a falta de disposición expresa -que en este caso existe en el artículo 26 LEC- somete las relaciones entre el poderdante y el procurador a las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil. 

Esa remisión, tan sencilla como la designación administrativa, poco soluciona en dos casos que se dan con cierta frecuencia: las designaciones provisionales innecesarias (oposiciones a las ejecuciones fundadas en la imposibilidad del pago) y las consecuencias de la intervención profesional (por inaplicación del artículo 26 LEC el solicitante de justicia gratuita desconoce las consecuencias de los actos de los profesionales que le representan y defienden). 

En consecuencia, la designación administrativa ni está prevista en la ley, ni puede equipararse a los otorgamientos de poder notarial o “apud acta” ante el Secretario Judicial.

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