25 septiembre 2013

¿Decreto de adjudicación o escritura de hipoteca?.

Dejo colgado el epígrafe dedicado en el libro sobre la ejecución hipotecaria al título por el que se continúa la ejecución hipotecaria en una ordinaria. 

Más información sobre el libro pinchando AQUI

21 septiembre 2013

El futuro de la justicia siempre se escribe en pasado.


Absolutamente sorprendente la última encuesta digital del Consejo General de la Abogacía Española: el deficiente servicio que prestamos – me refiero a los Juzgados- está motivado, según los opinantes anónimos, en la falta de medios materiales y de personal; en el incumplimiento de horarios y falta de productividad y, en tercer lugar, en el desinterés en agilizar los procedimientos. Se me escapa está última: ¿cómo agilizo un procedimiento?. Lo adelgazo, lo empujo o, peor aún, lo adelanto a otros. No se referirá a eso, supongo, pero tampoco veo por ningún lado en esa consulta, el alarmante descenso en la calidad de la preparación de los Abogados que obligan a subsanar el proceso una y otra vez; no es discrepancia de criterios, es desconocimiento. Tampoco aparece en la repetida encuesta, ese asalto diario en la oficina judicial de habilitados, preguntando por lo suyo y de llamadas de teléfono para confirmar que lo suyo – preguntado ya en el mostrador- sigue sin venir en el reparto del correo. 

No tenía idea de escribir sobre tal cosa, pero la sucesión de noticias sobre reformas legales del último día y la petición de nuevos Jueces que se hace siempre con la apertura del año judicial, me lleva a colegir que tenemos Jueces de sobra, Secretarios Judiciales de sobra, funcionarios no les cuento (más que en Rusia y no es broma) y Abogados que pueden hacer cadenas humanas larguísimas, de esas puestas de moda por iletrados que juegan con el fuego de la cocina ajena (muy español, aunque se afirme muy catalán y se niegue lo primero). Todo eso lo descubrieron los Ingleses en el año 1998, cuando vieron que muchas empresas pactaban arbitrajes en Nueva York; que los Abogados jugaban con los pleitos para hacerlos eternos y que no había forma de salir con bien de una Corte de Justicia. Comenzaron una reforma que hoy sigue y en la que por cierto suprimen juzgados o los recolocan cuando toca. 

En España el problema siempre es de dinero o de medios; nunca de gestión, de inspección, ni de formación: conocida es la infalibilidad de quienes han ocupado mando en plaza en toda clase de puestos directivos dedicados a esto. Y, ¿qué pasa cuando no hay dinero que derrochar en nuevas “unidades judiciales” (denominación chorra donde las haya)? o, ¿en nuevos edificios de carísimo mantenimiento?. Nada, no pasa nada. Se sigue hablando y escribiendo en futuro sobre la reforma de la reforma de la oficina judicial y sobre la falta de medios. 

Leía esta semana que las Asociaciones de Secretarios Judiciales del lado izquierdo del rio clamaban contra no sé qué clase de retroceso histórico habido o por llegar, del Ministerio de Justicia. Y salvo por la caída de mi pelo, que califico de retroceso y, no hace falta decirlo, pero lo escribo, que es también histórica (la caída), sigo sin saber cómo puede retroceder algo que nunca se movió. 

Perdón, se movió y para peor, porque olvidan los Abogados – deberían saberlo para próximas encuestas sobre la pérdida de tiempo- que las reformas de los dos últimos años del último Gobierno han llenado las mesas de los Secretarios Judiciales de toda clase de actividades perfectamente prescindibles e, inexistentes en cualquier otra Administración. Pero claro, donde estén a mano unos buenos sindicatos con los que hacerse la fotografía, que se quiten la racionalidad, la eficacia y la lógica. 

No hacen falta más Jueces, ni más dinero, ni más funcionarios, porque cuando el dinero se acaba, la Justicia se privatiza atribuyéndoles competencias a los Procuradores. Y es que no puede presumirse “iuris et de iure” que quienes aprueban una oposición sepan gestionar, porque ni saben, ni se rodean de equipos eficaces: “un aburrimiento que contradigan tus geniales ideas para la reforma de la justicia y no puedas seguir jugando al juego de la oca en este o en aquel órgano”.

19 septiembre 2013

El nombramiento de procurador y abogado del turno de oficio y la necesidad de apoderamiento.


No es la primera vez que se trata el asunto de los efectos del nombramiento de procurador por el turno de oficio, respecto a la necesidad de realizar posteriormente un apoderamiento “apud acta” en el Juzgado correspondiente. Suele concluirse que no se trata de cuestiones contrapuestas y que la designación administrativa del Colegio no impide la aplicación del artículo 24 LEC, por su carácter preceptivo. 

Posteriormente se afirmó que el alcance de la representación procesal del procurador que actuaba designado por el turno de oficio, era el mismo que el que actuaba con poder de designación directo de la parte que lo solicitaba mediante otorgamiento notarial de poder. Y no habiendo distinción, no sería preciso el apoderamiento “apud acta” en los casos de procurador de turno de oficio. 

Esta segunda teoría entiende que el poder notarial y la designación mediante comparecencia ante el secretario judicial no son los únicos medios que habilitan la válida postulación del representante procesal, pues el propio artículo 33 LEC, señala que fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. De dicho precepto, se desprende que el procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio. 

La razón de la distinción es la de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de justicia gratuita, por lo que en ningún caso podría acudirse ante el notario o el secretario judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional ya que no sería elegido, sino designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho. En tal sentido, cuando se actúa con procurador de oficio es una obviedad e innecesario acudir al apoderamiento “apud acta” por ser éste reiterativo y superfluo. Esa suele ser la opinión mayoritaria.

A mí entender el problema no queda resuelto con una designación administrativa. Cierto es que habremos identificado a dos profesionales (el letrado y el procurador), pero nada más y de ahí la entrada en juego del artículo 27 LEC, cuando a falta de disposición expresa -que en este caso existe en el artículo 26 LEC- somete las relaciones entre el poderdante y el procurador a las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil. 

Esa remisión, tan sencilla como la designación administrativa, poco soluciona en dos casos que se dan con cierta frecuencia: las designaciones provisionales innecesarias (oposiciones a las ejecuciones fundadas en la imposibilidad del pago) y las consecuencias de la intervención profesional (por inaplicación del artículo 26 LEC el solicitante de justicia gratuita desconoce las consecuencias de los actos de los profesionales que le representan y defienden). 

En consecuencia, la designación administrativa ni está prevista en la ley, ni puede equipararse a los otorgamientos de poder notarial o “apud acta” ante el Secretario Judicial.

14 septiembre 2013

La fijación de cuantía en la admisión de la demanda.


Ahora que parece que nos quitan la dirección, que nunca tuvimos, de una oficina judicial inexistente y que aunque la hubiéramos tenido, tampoco la queríamos, porque ocasiones las ha habido y muchas, para dirigir bien los Servicios Comunes (o, al menos, para hacer ruido), publicaré este comentario antes que caduque. Una pena, lo de la caducidad, no lo de la pérdida de la nada. 

Pues bien, compete al Secretario judicial la fijación de la cuantía del pleito y aunque no podrá inadmitirse la demanda porque se entienda inadecuado el procedimiento por razón de la misma, si la demanda se limitare a indicar sin más la clase de juicio que corresponda, o sí, tras apreciarse de oficio que la cuantía fijada es incorrecta, no existieren en aquélla elementos suficientes para calcularla correctamente, no se dará curso a los autos hasta que no se subsane el defecto. 

Se antoja difícil un ejemplo de inadmisión a trámite de la demanda por razón de la cuantía, y salvado el defecto se le dará al juicio la tramitación que haya indicado el actor (artículo 254.1 LEC). Los defectos por cuantía solo aparecen en los juicios monitorios y alguna demanda de desahucio con reclamación de rentas y pese a que podrían tratarse de oficio en muchas ocasiones (artículo 254.3 LEC), me inclino por el dictado de una diligencia de ordenación que advierta a la parte de la existencia de errores. 

Cuestión distinta son los supuestos en los que la ley no suscita ningún interrogante interpretativo, pero la lectura que se hace por el demandante obliga a la subsanación. 

Me refiero a los siguientes: 

a) Demanda en reclamación de daños y perjuicios en la que se remite su cuantificación al proceso de ejecución. En tales supuestos se ha de obligar a cuantificar el importe (artículo 219 LEC) o a una reserva de acciones para un proceso posterior. 

b) Demanda de resolución de contrato con devolución de cantidades. En estos casos la cuantía del proceso la determina el contrato y no la cantidad que reclama la actora. 

c) Demanda en la que se acumulan la reclamación de cantidad contra un propietario y una declaración de preferencia al cobro respecto a un tercero (vg. un BANCO con carga hipotecaria a su favor), que se tramita por el juicio ordinario aunque la cantidad reclamada sea la propia del juicio verbal. 

Si el Secretario judicial advierte que el juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda, acordará por diligencia de ordenación que se dé al asunto la tramitación que corresponda. 

Pero, ¿qué ocurre si la demanda se limitare a indicar sin más la clase de juicio que corresponda o si, tras apreciarse de oficio por el Secretario que la cuantía fijada es incorrecta, no existieren en aquélla elementos suficientes para calcularla correctamente?. Dice el artículo 254.4 LEC que no se dará curso a los autos hasta que el actor no subsane el defecto de que se trate, concediendo el plazo para la subsanación, pasados los cuales el Tribunal resolverá lo que proceda. 

Entiendo que si el defecto se subsana, el Secretario Judicial podrá admitir la demanda y dar curso a los autos, sin necesidad de remitir los autos al Tribunal. Lo que no cabe es la inadmisión de la demanda, pues la idoneidad del proceso es una cuestión de orden público y de "ius cogens", que obliga al tribunal a dar de oficio al proceso la tramitación que corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 254 LEC. En ningún caso podrá inadmitirse una demanda porque se entienda inadecuado el procedimiento por razón de la cuantía (así lo dispone el artículo 254.4 LEC), ni tampoco desestimarla en sentencia por el mismo motivo, sin entrar en el fondo del asunto.

02 septiembre 2013

La declaración de insolvencia del ejecutado en el proceso civil.


La Ley de Enjuiciamiento Civil desconoce los conceptos de insolvencia y de crédito incobrable. 

Entiende MORENO CATENA que el art. 570 LEC invita —mejor dicho, exige— al acreedor que inste la ejecución aún a sabiendas que el deudor no puede cumplir —o no tiene que cumplir— en ese momento, pero será necesario iniciar y mantener abierto sine die el procedimiento sino quiere ver perjudicado definitivamente el derecho en una resolución judicial o arbitral firme. 

Inexplicablemente, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula una vía de apremio que sólo puede acabar con la satisfacción íntegra del ejecutante de tal modo que ni la insolvencia del ejecutado, ni la imposibilidad del cobro permite solventar el proceso de ejecución. En ambos supuestos la ejecución ha fracasado y esta situación debería llevarnos sin más al archivo del proceso porque la prohibición (o la omisión) no facilita un posterior cobro del ejecutante, llevándonos todo lo más a interminables diligencias sin objeto alguno. 

Salvando todas las distancias, el reconocimiento del fracaso ejecutivo y de sus consecuencias procesales con relación al derecho a la ejecución fue estudiado con cierto detalle por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 18/1997 de 10 de febrero, afirmando que:


En el iter procesal de la ejecución de una Sentencia dictada en el ámbito laboral bien puede suceder que, tras la práctica de las distintas diligencias averiguatorias señaladas, el proceso se archive por insolvencia total o parcial del ejecutado, cuando no se encontraren bienes o bienes suficientes en los que hacer traba o embargo. La declaración por parte del Juez de la insolvencia del deudor y el consiguiente archivo de las actuaciones son facultades que la Ley concede al órgano judicial en determinadas circunstancias; por lo que, de concurrir éstas, aquel Acuerdo no vulnera por sí mismo derecho fundamental alguno.

Esto es


la declaración de insolvencia del ejecutado se decide, en cualquier caso, de forma provisional, no definitiva (art. 204 LPL de 1980; 273.2 LPL de 1990 y 274 LPL de 1995), lo que, por una parte, asegura, incluso en caso de archivo por esa causa, que no se interrumpa la prescripción de la acción ejecutiva mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecuta (arts. 240.3 LPL 1990 y 241.3 LPL de 1995); y por otra, permite proseguir o reabrir la ejecución si se conocen bienes del deudor por haber venido a mejor fortuna. Cuestión distinta es la de que tal posibilidad pueda ser más teórica que real si persiste la insolvencia del deudor. Mas ello, como se ha dicho, no afecta a la integridad de la tutela judicial efectiva, pues el art. 24.1 CE no garantiza la solvencia de los deudores.

Y, bien, ¿puede declararse la insolvencia del ejecutado? Para responder a esta cuestión debemos precisar cuál es el objeto del proceso de ejecución: la satisfacción del crédito del ejecutante, aunque sea en su equivalente pecuniario. Si la ejecución busca principalmente la satisfacción del título ejecutivo mediante el ataque al patrimonio del ejecutado y éste carece del mismo, no hay obstáculo para una declaración de insolvencia que suponga el archivo provisional de la ejecución. Y, a mi entender la inexistencia de previsión legal específica que denuncia MORENO CATENA no supone obstáculo alguno, porque como se dijo antes y vuelve ahora a repetirse, el Legislador diseña un proceso que obliga siempre a la presentación de la demanda ejecutiva. 

El problema, que identifica ARROYO GARCÍA, es que el acreedor ejecutante sólo está vinculado por el plazo de caducidad del art. 518 LEC, así que una vez despachada la ejecución rige exclusivamente el mandato del art. 570 con los efectos indeseables que, en ocasiones, pueden producirse. No es por tanto extraño que nos encontremos con ejecuciones abiertas hace varios años plenas de los habituales «embargos de papel» que careciendo de eficacia, llenan de anotaciones sin sentido los Registros públicos, haciendo imposible el rastreo de una posible mejora de fortuna del ejecutado insolvente. 

Esta situación podría resolverse mediante la introducción de medidas administrativas que permitieran una ordenada tramitación de las ejecuciones forzosas y mecanismos de depuración temporales en el art. 239 LEC (MORENO CATENA), si bien insisto en la idea que tanto el impulso procesal (arts. 179.1 y 239 LEC) como la tutela ejecutiva permiten, sin otra modificación legal, la declaración de insolvencia.