06 agosto 2013

¿Los Procuradores como Agentes de la Autoridad?. (ii)


No puede salir nada bueno del totum revolutum que se adivina en el penúltimo ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL y en el DE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES, por la sencilla razón que no es posible conceptualmente que la misma sociedad (o Procurador) represente intereses privados (o mercantiles) y al mismo tiempo intervenga en el proceso como Agente de la Autoridad. Esa doble actividad es incompatible y de imposible soporte legal. 

Parece reconocerlo así la Disposición adicional segunda. Regulación la representación procesal, la defensa técnica y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia que aparece en ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.


La incompatibilidad entre el ejercicio de la representación procesal y la defensa técnica quedará supeditada a la futura normativa que, con carácter general, regule los servicios profesionales, quedando afectada por lo que se disponga en esta última. Dicha normativa establecerá la imposibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de representación procesal o defensa técnica con las funciones relativas a la práctica de actos procesales de comunicación con capacidad de certificación, así como con la ejecución de embargos para los que se requiera la condición de agente de la autoridad.

Y el asunto es peligroso. El ejecutivo evita, una vez más, la gestión de personal en la Administración de Justicia y la deja en manos, no de las Comunidades Autónomas y de los Sindicatos, que han demostrado su inutilidad a lo largo de los años, sino en la de los Procuradores, que tampoco han demostrado excesivo interés en ejercer las competencias que ya les reconocía la Ley de Enjuiciamiento Civil. La diferencia es que ahora ESOS PROFESIONALES COBRARÁN, con lo que los funcionarios de los SCAC- tercera pata de la mesa- reciben un estupendo mensaje para el futuro y les pagan los servicios prestados en forma del “café para todos”, que siempre defienden las organizaciones sindicales (y sus liberados, que así cobran lo que los demás). Si hubiera una promoción profesional rigurosa y el cobro de productividad individual y, en ambos casos, con arreglo a CRITERIOS OBJETIVOS, no habría necesidad de extraer de la Administración de Justicia funciones que le son propias (ni de mesas de negociación)

Los ciudadanos – que somos la cuarta pata de la mesa- y a quienes todos dicen defender, se encontrarán con un proceso muy parecido al anterior a la reformas de los años ochenta. Pagando se llegará a Roma. 

Todo esto explica que en el ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES aparezca la siguiente norma:


Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Dos.
Se modifica el artículo 242 apartado 4 en los siguientes términos:
“4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, y a los procuradores y profesionales en el ejercicio de sus funciones como agente de la autoridad, que a ellos estén sujetos. La remuneración del resto de funciones de los procuradores será pactada libremente por las partes.

Y esto, ¿que se supone que es o, será?, ¿una tasación de costas mixta? o, ¿una tasación de costas y una factura?. No dejo los interrogantes para iniciar ningún debate, porque a mi entender ni es posible esa doble personalidad en la misma sociedad (se olvida también que por los impuestos que padecemos, muchos procuradores tienen sociedades), ni lo que salga de ahí será una tasación de costas.

1 comentario:

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.