28 agosto 2013

Apuntes sobre la división de la cosa común.


1. Para empezar atengámonos a lo que dice la sentencia que se ejecuta sin darle más vueltas; no cabe una interpretación del fallo si las partes no han tenido claro lo que pedían y cómo lo pedían. Nos sirve de ejemplo la STS, Sala 1ª, 19 de julio de 2013 (ROJ: STS 3874/2013).
En este caso la sentencia decreta en su parte dispositiva, según lo pedido en la demanda, la extinción de la situación de pro indiviso y la venta en pública subasta, a falta de convenio o acuerdo entre las partes, debiendo salir a subasta con el tipo en que se tase pericialmente, con intervención de las partes que podrán hacer posturas en calidad de ceder el remate a tercero, y con admisión de licitadores extraños, de manera tal que con el producto de la venta se procederá a realizar el reparto entre las partes en proporción a sus respectivas participaciones en la finca.

Sigamos aclarando que el artículo 401 del Código Civil impide la división material de la cosa en determinados casos, pero no la económica mediante la cual el bien se mantiene íntegro -por lo que no cambia su sustancia ni su posible aprovechamiento- repartiéndose el precio obtenido entre los partícipes tras su venta en pública subasta, por lo que los artículos 401 y 404 del Código Civil no se contraponen sino que se complementan. 

Como afirma la sentencia de la Sala de 22 enero de 2013


la división material se practica cuando la cosa común es divisible y se puede adjudicar una porción a cada comunero; y la división económica, mediante la venta y el reparto del precio en proporción a la cuota de cada uno, cuando la cosa es indivisible físicamente o jurídicamente o por resultar inservible para el uso a que se destina o por desmerecer su valor

2. La realización de la liquidación de cargas no es imperativa en las ejecuciones de sentencias de división de la cosa común. Señala el Auto AP Barcelona, Sección 14.ª, de 9 de febrero de 2007 (ID. CENDOJ: 08019370142007200001):


El ordenamiento civil se rige por el principio de justicia rogada de manera que, no solicitada en su momento la valoración de la finca no puede ahora exigir el cumplimiento de dichas normas toda vez que no son de aplicación ex oficio. Antes bien, en el supuesto de autos es correcta la puesta en pública subasta por el precio fijado por la propia instante en la demanda rectora de la litis, siendo así estimado en la sentencia firme que se ha ejecutado. El art. 637 LEC dispone que el avalúo es preciso si las partes no se ponen de acuerdo sobre su valor. Es claro, pues, que fijado el valor por la propia apelante sin oposición del demandado ha de estarse al mismo. Por último no puede desconocer, además, la parte apelante que nos encontramos ante un procedimiento voluntario de división de cosa común y no frente a un procedimiento de apremio

3. No dispone la ley especialidad alguna que modifiquen los requisitos que exige el art. 647 LEC para la subasta. Dicho esto cuando se trata de la ejecución de sentencias que ordenen la división del bien común en subasta pública y con intervención de licitadores extraños, la remisión a la normativa específica prevista en la LEC, deberá atenerse a la peculiaridad que el mismo presenta. 

Así pues, con independencia de quién haya promovido el procedimiento de ejecución, cualquiera de las partes, podrán ocupar, indistintamente, la posición de ejecutante/ejecutado o de acreedor/deudor y ambos comuneros, como consecuencia de esa doble cualidad de ejecutantes y ejecutados, acreedores y deudores, podrán pujar o mejorar posturas y ejercer todas y cada una de las facultades que les otorga los arts. 670 y 671 LEC (Auto AP SANTA CRUZ DE TENERIFE, Sección 4.ª, de 15 de abril de 2009 ROJ: AAP TF 1448/2009). 

Evidentemente, tampoco deberán consignar ninguna cantidad para poder tomar parte en la subasta. 

En otro sentido, avisa el Auto AP CACERES, Sección 1.ª, de 14 de mayo del 2009 (ROJ: AAP CC 257/2009) que el art. 671 LEC debe ser objeto de una adecuada interpretación para adaptarlo a la propia naturaleza de la subasta judicial derivada de la extinción del condominio, de modo que ni puede equiparse la condición de acreedor (a la que se refiere el precepto) con la de ejecutante, ni puede pedir el ejecutante la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos (porque nada se le debe), ni es de aplicación, el párrafo segundo del indicado precepto dado que, en el caso de que el acreedor, en el plazo de veinte días no hubiera hecho uso de la facultad que contempla el párrafo anterior, el ejecutado no puede instar el alzamiento del embargo porque no existe ningún bien embargado. 

Por último, sigue diciendo esta resolución, que si las dos partes hacen uso de tal facultad, no siendo de aplicación el segundo párrafo del art. 671 LEC y no existiendo precepto alguno en la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevea esta eventualidad, la interpretación más razonable es que habrá de procederse a la celebración de una nueva subasta, en la misma forma señalada para la primera, si alguna de las partes lo solicita, exégesis hermenéutica que es la más conforme con el sentido de la norma, preserva la igualdad de las partes, y descansa en parámetros de equidad y de estricta Justicia. 

4. Y en cuanto a las costas deberá tenerse presente que las actuaciones tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común no constituyen propiamente un procedimiento de ejecución, aunque se pueda llegar a acordar la subasta con intervención de licitadores extraños. 

No se está en presencia de un proceso de ejecución que pretenda la realización de unos bienes para la satisfacción de un crédito dinerario en el que una parte tiene el carácter de ejecutada, y la otra la cualidad de ejecutante, sino ante un procedimiento especial en el que no hay (en teoría) intereses contrapuestos entre demandante y demandado y en el que ambos están dirigidos a un mismo fin de hacer líquido el bien para repartir su importe. La conclusión es evidente: cada parte debe hacer frente, respecto de las actuaciones de la ejecución tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común, a las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, ya que respecto de las mismas no hay pronunciamiento o imposición de costas (con independencia del pronunciamiento que se haya hecho respecto de las causadas en la fase declarativa) y no resulta aplicable el art. 539.2, párrafo segundo de la LEC. 

Ésta es la postura mayoritaria en la doctrina de las Audiencias Provinciales. Así, indica el Auto AP BARCELONA, Sección 18.ª, de 21 de junio de 2007 (ROJ: AAP B 5505/2007) que en la ejecución de la división de un bien común, no existen propiamente ejecutante y ejecutado, en tanto ambas partes vienen vinculadas por el fallo de la sentencia que se ejecuta y la ejecución aprovecha a ambos. En el mismo sentido se han pronunciado otras Audiencias Provinciales como la de Baleares mediante Auto de 3 de marzo de 2006 y la de Las Palmas mediante Auto de 1 de julio de 2004. Y, en la misma línea, la SAP GUIPUZCOA, Sección 3.ª, de 5 de febrero de 2008 (ROJ: SAP SS 355/2008), resuelve que no es ejecutada únicamente la demandada del proceso declarativo sino también el propio actor del proceso de ejecución (y en ese solo sentido ejecutante) que igualmente resulta vinculado por el fallo a ejecutar, de tal forma que los gastos y costas que se vayan produciendo deberán ser a cargo de todos ellos y no exclusivamente de la demandada ejecutada por lo que no es de aplicación la aplicación del criterio general, sino que se requiere una concreta condena en costas al respecto ya que como hemos señalado anteriormente, en el auto que despacha ejecución tan sólo se efectúa una alusión genérica al art. 539 LEC, sin efectuarse posteriormente ninguna otra declaración al respecto y sin que tampoco exista norma específica que regule las costas de este particular supuesto de ejecución.

2 comentarios:

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.