30 agosto 2013

La ejecución hipotecaria inmobiliaria: ¿puede evitarse la ruina del ejecutado? (ii).


Siguiendo el aviso colgado el día 22 de julio de 2013 sobre la publicación de un manual de ejecución hipotecaria, publico el PROLOGO de la obra, que sale a la venta el día 2 de septiembre de 2013. 

Más datos pinchando en los enlaces y en la pestaña de EJECUCIÓN HIPOTECARIA (más arriba) 

PRÓLOGO

Hace mucho tiempo un Banco despidió al director de una sucursal en una ciudad mediana. La causa del despido fue que había superado el límite de riesgo en la concesión de préstamos hipotecarios y respetando el máximo del 80%, luego completaba el 20% restante con un préstamo personal y, en ocasiones, el 20% llegaba al 30%, o al 35%. Refiero la anécdota porque tramité la demanda y redacté el acta del juicio y puse la misma cara de sorpresa que la Magistrado, cuando escuchamos que el verdadero causante del despido había sido el programa informático de la entidad financiera. Les he ocultado que entre la documental de la actora estaban varias felicitaciones de la dirección y que dos semanas antes del despido le habían premiado por los excelentes rendimientos de las dos sucursales (era titular en una y llevaba otra por sustitución). Pero días después el programa informático emitió una señal de alarma, que fue atendida por dos inspectores del Banco y solventada con una larguísima carta de despido (hablamos del año 2001). 

También ha llovido mucho desde entonces, pero la existencia de signos de la tormenta que se aproximaba, que no quisimos ver, es algo que no ha suscitado ninguna reflexión y antes al contrario, se pide la reforma de la Ley Hipotecaria y, por arrastre, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como si tuvieran alguna relación con la avalancha de ejecuciones hipotecarias que se registran en los Juzgados. 

Les cuento una segunda anécdota. En los mejores tiempos de la llamada “burbuja”, con una sola promoción inmobiliaria se facturaba más de lo que ingresaba el 80% de las pequeñas y medianas empresas en un año. No es de extrañar que cualquiera se dedicara a negocio tan rentable. 

No se arregla el despropósito con otro mayor o mirando a los Estados Unidos y a sus “hipotecas basura”, que no existen en España, porque el problema no es procesal, ni hipotecario, sino financiero, y las soluciones, las prohibiciones, los permisos o las sanciones, deben producirse en ese orden. 

Otra cosa es que haya aprovechado -y se siga haciendo- la ejecución hipotecaria para desplazamientos patrimoniales o adquisiciones a bajo precio, y contra esas prácticas bastan reformas de escaso calado o, incluso una aplicación distinta de la ley. Digo esto, porque otro efecto de la crisis económica es el desconocimiento del funcionamiento de la banca y de sus productos y ello se antoja esencial. Discrepo de pronunciamientos como los ahora famosos de la Audiencia Provincial de Navarra, pero tampoco es admisible que se favorezca la ruina del deudor y, desde luego el péndulo no puede continuar oscilando de esa forma. De hecho la última reforma por Ley 1/2013, que llega tarde para muchos ejecutados, no modifica sustancialmente la ejecución hipotecaria. 

Esa es la perspectiva con la que se aborda este trabajo. La ejecución hipotecaria inmobiliaria desde el mostrador de un juzgado y con miradas por el retrovisor a los notarios y a los Registros de la Propiedad, porque tienen bastante que ver en la dificultad de vender los inmuebles fuera de la subasta judicial. Pero no solo se exponen los problemas que tenemos en la práctica, sino que se dan soluciones o, mejor dicho, nuevas interpretaciones, porque con la legislación actual –incluyendo la reforma por Ley 1/2013– es posible evitar que el malbaratamiento de la garantía real conlleve una deuda perpetua para el deudor. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

28 agosto 2013

Apuntes sobre la división de la cosa común.


1. Para empezar atengámonos a lo que dice la sentencia que se ejecuta sin darle más vueltas; no cabe una interpretación del fallo si las partes no han tenido claro lo que pedían y cómo lo pedían. Nos sirve de ejemplo la STS, Sala 1ª, 19 de julio de 2013 (ROJ: STS 3874/2013).
En este caso la sentencia decreta en su parte dispositiva, según lo pedido en la demanda, la extinción de la situación de pro indiviso y la venta en pública subasta, a falta de convenio o acuerdo entre las partes, debiendo salir a subasta con el tipo en que se tase pericialmente, con intervención de las partes que podrán hacer posturas en calidad de ceder el remate a tercero, y con admisión de licitadores extraños, de manera tal que con el producto de la venta se procederá a realizar el reparto entre las partes en proporción a sus respectivas participaciones en la finca.

Sigamos aclarando que el artículo 401 del Código Civil impide la división material de la cosa en determinados casos, pero no la económica mediante la cual el bien se mantiene íntegro -por lo que no cambia su sustancia ni su posible aprovechamiento- repartiéndose el precio obtenido entre los partícipes tras su venta en pública subasta, por lo que los artículos 401 y 404 del Código Civil no se contraponen sino que se complementan. 

Como afirma la sentencia de la Sala de 22 enero de 2013


la división material se practica cuando la cosa común es divisible y se puede adjudicar una porción a cada comunero; y la división económica, mediante la venta y el reparto del precio en proporción a la cuota de cada uno, cuando la cosa es indivisible físicamente o jurídicamente o por resultar inservible para el uso a que se destina o por desmerecer su valor

2. La realización de la liquidación de cargas no es imperativa en las ejecuciones de sentencias de división de la cosa común. Señala el Auto AP Barcelona, Sección 14.ª, de 9 de febrero de 2007 (ID. CENDOJ: 08019370142007200001):


El ordenamiento civil se rige por el principio de justicia rogada de manera que, no solicitada en su momento la valoración de la finca no puede ahora exigir el cumplimiento de dichas normas toda vez que no son de aplicación ex oficio. Antes bien, en el supuesto de autos es correcta la puesta en pública subasta por el precio fijado por la propia instante en la demanda rectora de la litis, siendo así estimado en la sentencia firme que se ha ejecutado. El art. 637 LEC dispone que el avalúo es preciso si las partes no se ponen de acuerdo sobre su valor. Es claro, pues, que fijado el valor por la propia apelante sin oposición del demandado ha de estarse al mismo. Por último no puede desconocer, además, la parte apelante que nos encontramos ante un procedimiento voluntario de división de cosa común y no frente a un procedimiento de apremio

3. No dispone la ley especialidad alguna que modifiquen los requisitos que exige el art. 647 LEC para la subasta. Dicho esto cuando se trata de la ejecución de sentencias que ordenen la división del bien común en subasta pública y con intervención de licitadores extraños, la remisión a la normativa específica prevista en la LEC, deberá atenerse a la peculiaridad que el mismo presenta. 

Así pues, con independencia de quién haya promovido el procedimiento de ejecución, cualquiera de las partes, podrán ocupar, indistintamente, la posición de ejecutante/ejecutado o de acreedor/deudor y ambos comuneros, como consecuencia de esa doble cualidad de ejecutantes y ejecutados, acreedores y deudores, podrán pujar o mejorar posturas y ejercer todas y cada una de las facultades que les otorga los arts. 670 y 671 LEC (Auto AP SANTA CRUZ DE TENERIFE, Sección 4.ª, de 15 de abril de 2009 ROJ: AAP TF 1448/2009). 

Evidentemente, tampoco deberán consignar ninguna cantidad para poder tomar parte en la subasta. 

En otro sentido, avisa el Auto AP CACERES, Sección 1.ª, de 14 de mayo del 2009 (ROJ: AAP CC 257/2009) que el art. 671 LEC debe ser objeto de una adecuada interpretación para adaptarlo a la propia naturaleza de la subasta judicial derivada de la extinción del condominio, de modo que ni puede equiparse la condición de acreedor (a la que se refiere el precepto) con la de ejecutante, ni puede pedir el ejecutante la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos (porque nada se le debe), ni es de aplicación, el párrafo segundo del indicado precepto dado que, en el caso de que el acreedor, en el plazo de veinte días no hubiera hecho uso de la facultad que contempla el párrafo anterior, el ejecutado no puede instar el alzamiento del embargo porque no existe ningún bien embargado. 

Por último, sigue diciendo esta resolución, que si las dos partes hacen uso de tal facultad, no siendo de aplicación el segundo párrafo del art. 671 LEC y no existiendo precepto alguno en la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevea esta eventualidad, la interpretación más razonable es que habrá de procederse a la celebración de una nueva subasta, en la misma forma señalada para la primera, si alguna de las partes lo solicita, exégesis hermenéutica que es la más conforme con el sentido de la norma, preserva la igualdad de las partes, y descansa en parámetros de equidad y de estricta Justicia. 

4. Y en cuanto a las costas deberá tenerse presente que las actuaciones tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común no constituyen propiamente un procedimiento de ejecución, aunque se pueda llegar a acordar la subasta con intervención de licitadores extraños. 

No se está en presencia de un proceso de ejecución que pretenda la realización de unos bienes para la satisfacción de un crédito dinerario en el que una parte tiene el carácter de ejecutada, y la otra la cualidad de ejecutante, sino ante un procedimiento especial en el que no hay (en teoría) intereses contrapuestos entre demandante y demandado y en el que ambos están dirigidos a un mismo fin de hacer líquido el bien para repartir su importe. La conclusión es evidente: cada parte debe hacer frente, respecto de las actuaciones de la ejecución tendentes a conseguir la efectiva división de la cosa común, a las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, ya que respecto de las mismas no hay pronunciamiento o imposición de costas (con independencia del pronunciamiento que se haya hecho respecto de las causadas en la fase declarativa) y no resulta aplicable el art. 539.2, párrafo segundo de la LEC. 

Ésta es la postura mayoritaria en la doctrina de las Audiencias Provinciales. Así, indica el Auto AP BARCELONA, Sección 18.ª, de 21 de junio de 2007 (ROJ: AAP B 5505/2007) que en la ejecución de la división de un bien común, no existen propiamente ejecutante y ejecutado, en tanto ambas partes vienen vinculadas por el fallo de la sentencia que se ejecuta y la ejecución aprovecha a ambos. En el mismo sentido se han pronunciado otras Audiencias Provinciales como la de Baleares mediante Auto de 3 de marzo de 2006 y la de Las Palmas mediante Auto de 1 de julio de 2004. Y, en la misma línea, la SAP GUIPUZCOA, Sección 3.ª, de 5 de febrero de 2008 (ROJ: SAP SS 355/2008), resuelve que no es ejecutada únicamente la demandada del proceso declarativo sino también el propio actor del proceso de ejecución (y en ese solo sentido ejecutante) que igualmente resulta vinculado por el fallo a ejecutar, de tal forma que los gastos y costas que se vayan produciendo deberán ser a cargo de todos ellos y no exclusivamente de la demandada ejecutada por lo que no es de aplicación la aplicación del criterio general, sino que se requiere una concreta condena en costas al respecto ya que como hemos señalado anteriormente, en el auto que despacha ejecución tan sólo se efectúa una alusión genérica al art. 539 LEC, sin efectuarse posteriormente ninguna otra declaración al respecto y sin que tampoco exista norma específica que regule las costas de este particular supuesto de ejecución.

21 agosto 2013

Los fondos de titulización.


Los fondos de titulización hipotecaria son patrimonios separados y cerrados carentes de personalidad jurídica que están integrados, en cuanto a su activo, por participaciones hipotecarias agrupadas y, en cuanto a su pasivo, por valores conocidos como bonos de titulización hipotecaria emitidos en cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del fondo sea nulo. 

La titulización es un proceso financiero que consiste en transformar cualquier activo susceptible de generar una corriente de ingresos en títulos o en valores negociables. De este modo, se convierte un activo habitualmente ilíquido en otro que puede ser transmitido, cedido o vendido entre inversores financieros. El proceso de titulización de créditos hipotecarios consiste en que préstamos o créditos hipotecarios de la cartera de una entidad de crédito (cedente) son cedidos en todo o en parte (porcentaje de participación) al fondo mediante la emisión de participaciones por el plazo restante al vencimiento de los mismos suscritas por el fondo -las participaciones hipotecarias- que, a su vez, efectuará, con cargo a este activo, una emisión de bonos que pueden negociarse entre inversores (normalmente inversores institucionales). 

El fondo de titulización hipotecaria se define legalmente como “agrupaciones de participaciones hipotecarias” (art. 5.1. Ley 19/1992 sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria), regulándose aquellas en el art. 15 de la Ley del Mercado Hipotecario 2/1981, que las configura como unos títulos-valores por los que las entidades financieras podrán hacer participar a terceros en todo o en parte, en uno o varios créditos hipotecarios de su cartera, aunque no sean susceptibles de participación los créditos hipotecarios que sirven de garantía a una emisión de bonos hipotecarios. Las participaciones pueden realizarse al comienzo o lo largo de la vida del préstamo concedido, pero siempre con sujeción a una doble limitación de plazo y de tipo de interés. Así, el plazo de la participación no podrá ser superior al que reste por transcurrir para el vencimiento del crédito hipotecario, ni el interés superior al establecido para éste. El emisor conserva la custodia y administración del crédito hipotecario, así como la titularidad parcial del mismo. Sus obligaciones son las de realizar cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del crédito y abonar a los partícipes el porcentaje que les corresponda en lo percibido del deudor por capital e intereses en los términos pactados en la emisión, incluso en caso de pago anticipado por parte del deudor, actuando, pues, a modo de banco agente en los casos de créditos mancomunados o sindicados. 

La singular configuración legal de las participaciones ha dado lugar a numerosas discusiones sobre su naturaleza jurídica encontrándose, entre otras, con las tres siguientes tesis: 

1) La participación constituye un negocio fiduciario, lo que da lugar a la distinción entre el “dominio fiduciario” de la entidad emisora, y el “dominio sustancial” del partíci partícipe y explica que ambos tengan intervención en la ejecución hipotecaria. 

2) La participación es una cesión del crédito hipotecario a la que se vincula una representación atribuida “ex lege” al emisor-cedente para la gestión y administración del crédito cedido. 

3) La participación crea un nuevo derecho de crédito que la entidad emisora constituye en su contra y frente al partícipe, diferente, aunque coligado en mayor o menor medida, con el crédito hipotecario del que la primera sigue siendo titular. 

La finalidad fundamental que pretenden estos fondos es la conversión de diferentes créditos hipotecarios, cedidos mediante participaciones hipotecarias, en “productos” financieros ajustados a la pluralidad de demandas de los inversores. 

Y, en teoría, todo son ventajas. La entidad emisora obtiene directamente refinanciación del crédito hipotecario en los mercados, sin necesidad de la intermediación bancaria, abaratando costes. Los inversores obtienen la titularidad en créditos de calidad que cuentan con garantía hipotecaria. Son créditos de larga duración que resultan especialmente atractivos para inversores institucionales como compañías aseguradoras o fondos de pensiones. La segregación de principal e intereses así como la emisión de series con distintos plazos de amortización y tipos de interés permiten una mejor adaptación a las previsiones de obligaciones de pasivo de dicha clase de entidades. Y a la garantía hipotecaria se suma la confianza en el correcto quehacer profesional de las entidades emisoras, así como la aportación de medidas de mejora crediticia que van desde la contratación de seguros a la aportación de contratos de productos derivados. 

Pues bien, definido el producto -eso y no otra cosa es un fondo de titulización-sucede en la práctica que las entidades de crédito, como acreedores en los préstamos hipotecarios suscritos, ejecutan las hipotecas que gravan los inmuebles constituidas en garantía de su crédito, rematan el inmueble en la subasta y lo ceden al Fondo de Titulización. Esta “obligación fiduciaria” de ceder el remate al Fondo de Titulización deriva de la cesión del crédito que se efectuó por mor del proceso de titulización, de tal suerte que es éste último quien ostenta el derecho de ser resarcido del crédito. 

Ahora bien, y dejo una última cuestión para terminar, si el Fondo tiene ese derecho, ¿quién tiene la legitimación activa en la ejecución hipotecaria, la “entidad emisora” o el “partícipe”?

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13 agosto 2013

¿Cuándo un embargo es indeterminado?.


El art. 588.1 LEC castiga con la nulidad el embargo de bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Para CACHÓN CADENAS la finalidad fundamental del precepto radica en vedar una práctica que se hallaba muy extendida bajo la vigencia de la anterior LEC, y que consistía en declarar embargados genéricamente, «a voleo», bienes o derechos que pudiera tener el ejecutado, sin efectuar la reseña o descripción individualizada de los mismos, y sin que constara siquiera su existencia efectiva; se refiere el autor a las diligencias de embargo en las que se declaraban embargados, por ejemplo, «los bienes muebles que se encontraran en el local L», o «los sueldos o pensiones que pueda percibir el deudor». En reiteradas ocasiones, la doctrina y la jurisprudencia habían entendido que el embargo realizado de esa forma era nulo. 

Esos embargos, que se siguen realizando, han terminado llevando el debate a las «expectativas de derecho» y justificado, por empresas, administraciones y no pocos Juzgados, una respuesta negativa a las órdenes de embargo de determinados bienes. Se confunden conceptos y términos y, la sanción de nulidad del art. 588.1 LEC llega muy tarde al proceso de ejecución. Las devoluciones por el IRPF o el IVA, los créditos pendientes de pago, e incluso, los sueldos o pensiones que pueda percibir el ejecutado y hasta el sobrante de otra ejecución son bienes embargables, y si bien pueden requerir identificación en algún caso no, desde luego, la justificación de su existencia. 

Como acertadamente señala el Auto AP Alicante, Sección 5.ª, de 15 de febrero de 2006 (ROJ: AAP A 14/2006, respecto al embargo de las aportaciones que los propietarios miembros de una Comunidad de Propietarios ejecutada efectuaran a partir de una fecha y de manera proporcional a sus respectivas cuotas) no se trata tanto de exigir al ejecutante prueba cumplida de que los bienes que designe para la traba sean de titularidad del ejecutado (para ello se prevé el mecanismo del art. 593.2 LEC y en su caso la tercería), cuanto de fijar ya en ese momento preliminar los rasgos identificativos del bien o derecho cuyo embargo se propone a fin de que no ofrezca duda alguna su determinación (lo cual no acarrea en absoluto la prohibición del embargo de cosas futuras o de expectativas jurídicas, siempre que se identifiquen de un modo indudable).

09 agosto 2013

El embargo de las cuentas bancarias en las que se ingresa el sueldo o pensión.


Uno de los supuestos más frecuentes en la práctica es el embargo de cuentas corrientes en las que se ingresa únicamente al ejecutado el sueldo o la pensión de la Seguridad Social, planteándose el problema de si estamos embargando el sueldo o por el contrario de si se trata de un saldo cualquiera más del ejecutado, «y dado que no existe una previsión legal de resolución del problema —en este sentido el Auto de la AP de Zaragoza de fecha 6 de octubre de 2003— “la solución al mismo será la de atender a la finalidad teleológica que inspiran aquellos supuestos de excepción al embargo, es decir, la protección de la subsistencia del ejecutado o su familia”, y en este examen, adquiere relevancia el tiempo al que corresponda la mensualidad ingresada en relación a la orden de retención de los saldos, y en relación a las cuantías mínimas a las que se refiere el art. 607 LEC» (Auto AP Lérida, Sección 2.ª, de 2 de septiembre de 2004, ROJ: AAP L 407/2004). 

 Y añade:

En consecuencia debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y porque en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del art. 592 LEC.

La doctrina de las Audiencias Provinciales en este punto bien puede calificarse de unánime. El criterio rector para resolver el problema aparece, entre otros, en el Auto AP Burgos, Sección 3.ª, de 10 de junio de 2009( ROJ: AAP BU 115/2009) . Conviene precisar —indica la resolución— que los bienes imprescindibles para atender con dignidad la subsistencia ya son inembargables por disposición del art. 606.1.º LEC, de manera que la inembargabilidad de una pensión, del art. 607-1 LEC, tiene otro fundamento y finalidad, que supera lo meramente imprescindible para la subsistencia, de modo que puede destinarse a otras finalidades que el perceptor considere, sin que, por ello, el importe de la pensión pierda la condición jurídica legalmente reconocida por el hecho de que no se destine a satisfacer necesidades propias para la subsistencia personal o familiar, que, de ordinario, es así. Sentado lo anterior vuelve a ser preciso el examen de cada supuesto. 

Acudo nuevamente al Auto AP Lérida, Sección 2.ª, de 2 de septiembre de 2004:

Establecidas las anteriores premisas a tenor del examen de la cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el art. 607 LEC, para aquel año la cantidad de 451,20 euros. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia.

Más breve pero más contundente es el Auto AP Madrid, Sección 9.ª, de 1 de diciembre de 2008( ROJ: AAP M 15979/2008):

Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los arts. 606 y 607 LEC en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada.

¿Y como se traduce esto a la realidad?. En el caso del embargo que nos ocupa bastará acudir al Juzgado acreditando que el único ingreso en cuenta bancaria es el correspondiente a un sueldo o pensión inembargable. Con una salvedad: esta norma puede tener excepciones en el caso que el embargo se haya declarado por los Juzgados de familia.

06 agosto 2013

¿Los Procuradores como Agentes de la Autoridad?. (ii)


No puede salir nada bueno del totum revolutum que se adivina en el penúltimo ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL y en el DE LA LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES, por la sencilla razón que no es posible conceptualmente que la misma sociedad (o Procurador) represente intereses privados (o mercantiles) y al mismo tiempo intervenga en el proceso como Agente de la Autoridad. Esa doble actividad es incompatible y de imposible soporte legal. 

Parece reconocerlo así la Disposición adicional segunda. Regulación la representación procesal, la defensa técnica y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia que aparece en ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.


La incompatibilidad entre el ejercicio de la representación procesal y la defensa técnica quedará supeditada a la futura normativa que, con carácter general, regule los servicios profesionales, quedando afectada por lo que se disponga en esta última. Dicha normativa establecerá la imposibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de representación procesal o defensa técnica con las funciones relativas a la práctica de actos procesales de comunicación con capacidad de certificación, así como con la ejecución de embargos para los que se requiera la condición de agente de la autoridad.

Y el asunto es peligroso. El ejecutivo evita, una vez más, la gestión de personal en la Administración de Justicia y la deja en manos, no de las Comunidades Autónomas y de los Sindicatos, que han demostrado su inutilidad a lo largo de los años, sino en la de los Procuradores, que tampoco han demostrado excesivo interés en ejercer las competencias que ya les reconocía la Ley de Enjuiciamiento Civil. La diferencia es que ahora ESOS PROFESIONALES COBRARÁN, con lo que los funcionarios de los SCAC- tercera pata de la mesa- reciben un estupendo mensaje para el futuro y les pagan los servicios prestados en forma del “café para todos”, que siempre defienden las organizaciones sindicales (y sus liberados, que así cobran lo que los demás). Si hubiera una promoción profesional rigurosa y el cobro de productividad individual y, en ambos casos, con arreglo a CRITERIOS OBJETIVOS, no habría necesidad de extraer de la Administración de Justicia funciones que le son propias (ni de mesas de negociación)

Los ciudadanos – que somos la cuarta pata de la mesa- y a quienes todos dicen defender, se encontrarán con un proceso muy parecido al anterior a la reformas de los años ochenta. Pagando se llegará a Roma. 

Todo esto explica que en el ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES aparezca la siguiente norma:


Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Dos.
Se modifica el artículo 242 apartado 4 en los siguientes términos:
“4. Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, y a los procuradores y profesionales en el ejercicio de sus funciones como agente de la autoridad, que a ellos estén sujetos. La remuneración del resto de funciones de los procuradores será pactada libremente por las partes.

Y esto, ¿que se supone que es o, será?, ¿una tasación de costas mixta? o, ¿una tasación de costas y una factura?. No dejo los interrogantes para iniciar ningún debate, porque a mi entender ni es posible esa doble personalidad en la misma sociedad (se olvida también que por los impuestos que padecemos, muchos procuradores tienen sociedades), ni lo que salga de ahí será una tasación de costas.

03 agosto 2013

Los futuros honorarios orientativos a efectos de las costas y la justicia gratuita (i)


En el último párrafo del último comentario – este es el primero- pediré disculpas por lo que leerán en todos los anteriores, pero si me permiten vayamos ahora al bolsillo, porque ayer el Gobierno aprobó el ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES y dejando al margen que los Procuradores parece que desaparecen, pero en ese mismo instante se convierten en Agentes de la Autoridad (lo siguiente será un programa de televisión de ENERGY haciendo embargos) y tampoco me queda claro si se colegian y para qué, leo el siguiente precepto:


Artículo 45. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios. 
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.
No obstante lo anterior, los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados y procuradores. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

Ignoro si quien ha redactado los dos párrafos trabaja en la Administración de Justicia o, quizá lo más probable sea que los Colegios hayan logrado otro tanto por la escuadra o, en tercer lugar, que los redactores no han leído las líneas que le dedico en mi libro sobre las costas a las orientaciones sobre honorarios, pero si alguien cree que serán distintos los honorarios que le cobren “libremente” al cliente con los “orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas”, tiene también el mismo derecho a creer que los niños vienen de París en una cigüeña.  
El segundo párrafo se comerá al primero al día siguiente de la entrada en vigor de la reforma por dos razones: a) no tiene nada que ver con la realidad y b) hacer de la “orientación” una “obligación” como sucede hoy, evita problemas y conflictos. 

¿Tanto cuesta fijar un tope máximo según la cuantía del proceso y dejar plena libertad fuera de la tasación de costas?.