28 julio 2013

Un análisis práctico (e irreverente) de la oposición por las cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria.


Publicada la Ley 1/2013 y los sucesivos remiendos, la llegada del mes de agosto – que sigue siendo inhábil para la jurisdicción civil, pese a los anuncios pasados en sentido contrario- permite tirar de los procesos hipotecarios que tenemos sobre la mesa, para afirmar que el debate sobre la cuestión solo ha conseguido llenarnos de papeles, recursos y oposiciones. Y nada más. Conclusión por lo demás lógica visto el altísimo debate intelectual habido entre algunos medios de comunicación, los opinadores profesionales, los representantes de los partidos políticos y algunas Juntas de Jueces. 

Entremos en materia y a tres problemas a los que sigue sin darse solución
a) el balance de las antiguas Cajas de Ahorro y la ocultación del déficit por inmuebles durante años; 
b) las dificultades que se ponen a los juzgados cuando se intenta aplicar el art. 693 LEC (la liberación de la vivienda) y 
c) la imposibilidad de la adaptación entre el valor del bien en hipoteca y el real de mercado en la ejecución. 

Y sentado esto, veamos lo que ha pasado. En casi todas las ejecuciones hipotecarias en trámite se debía más del 80% del préstamo; no se había pagado ninguna cuota desde el despacho de ejecución y no se encontraba a los ejecutados en el domicilio pactado en la escritura. Cuando la ola demagógica – en la que participaron no pocas Juntas de Jueces y numerosos Colegios de Abogados- regresó al mar nos encontramos con dos fases: a) la petición de suspensión del lanzamiento por el Real Decreto Ley del año 2012 y b) escritos kilométricos formulando oposición contra todas las cláusulas de la hipoteca y pidiendo del Juzgado que planteara cuestiones prejudiciales contra todo lo que moviera. 

¿Alguna de estas oposiciones tenía un sentido o finalidad jurídica?. Pues bien, si nos atenemos a la literalidad de la ley y no a interpretaciones contra la misma:

a.- Sobre la falta de inscripción del título, no estamos ante una cláusula contractual abusiva en los términos que define la reciente STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 ( ROJ: STS 1916/2013) y, como tal queda al margen de la citada Disposición Transitoria 4ª Ley 1/2013 y del art.695.1.4ª LEC 

b.- Respecto a los intereses remuneratorios se considera que forman parte del precio con que el examen judicial se limitaría al control de transparencia. La repetida STS, Pleno de la Sala 1ª, 241/2013, de 9 de mayo de 2013 (ROJ: STS 1916/2013) precisa que las cláusulas son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos. Es necesario que esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando el suelo estipulado lo haga previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio. No es preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo -máxime cuando el recorrido al alza no tiene límite. “Más aun, son lícitas incluso las cláusulas suelo que no coexisten con cláusulas techo y, de hecho, la oferta de cláusulas suelo y techo cuando se hace en un mismo apartado del contrato, constituye un factor de distorsión de la información que se facilita al consumidor, ya que el techo opera aparentemente como contraprestación o factor de equilibrio del suelo”. 

c.- La abusividad de los intereses de demora es la única oposición que tiene posibilidades éxito al haberse modificado la ley. 

d.- Diferente suerte corre la oposición relativa a la cláusula de vencimiento anticipado, porque dejando al margen una consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre su validez, el carácter abusivo en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula sino que deberá valorarse según las circunstancias del caso. Y en concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el art. 693 LEC, no podrá apreciarse el carácter abusivo de la cláusula. 

e.- Sobre la liquidación unilateral refiere la STS, Sala 1ª, 792/2009, de 16 de diciembre de 2009 (Roj: STS 8466/2009) que el denominado "pacto de liquidez" -o "de liquidación"- es válido porque es un pacto procesal para acreditar uno de los requisitos procesales del despacho de ejecución, cual es la liquidez o determinación de la deuda, y, por consiguiente, para poder formular la reclamación judicial de la misma-SS. 30 de abril y 2 de noviembre de 2.002, 7 de mayo de 2.003, 21 de julio y 4 de noviembre de 2.005; arts. 520.1, 550.1, 4º, 572.2 y 573.1, 3ºLEC-. “Esta es la finalidad del pacto -despacho de ejecución- y, por lo tanto, no obsta a la impugnación de la cantidad expresada en la certificación bancaria mediante la oposición correspondiente y sin alterar las normas en materia de carga de prueba. La previsión legal es clara y excusa de cualquier otra información contractual al respecto, y así lo vienen entendiendo los Tribunales, por lo que no se infringen los arts. 2.1,d), y 10.1,a) de la LGDC y U, ni su DA 1ª, apartado 14ª”.

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