¿Qué ha pasado con la peligrosa cuestión prejudicial sobre el Arancel de Procuradores?.


Publiqué el día 17 de abril de 2012 un comentario sobre el Auto AP BARCELONA, Sección 15ª, 1 de marzo de 2012 (Nº de Recurso: 455/2010 Roj: AAP B 971/2012) en el que se leía:


Tenemos serias dudas de que la forma en la que se regulan los honorarios de los procuradores de los tribunales, un colectivo profesional distinto al de los abogados y que, como éstos, tienen funciones de postulación procesal, sean compatibles con el art. 101 TFUE (antes arts. 81-82 del Tratado fundacional de la CE), así como con el art. 56 del propio TJUE (antiguo art. 49 TCE) y con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 28 de diciembre de 2009). 
A ello creemos que debe añadirse la gran trascendencia práctica que la cuestión puede tener en el ámbito interno, pues la representación a través de procurador es un presupuesto, junto con la asistencia de abogado, para poder actuar en la mayor parte de procedimientos judiciales en España. De forma que el pronunciamiento que dictemos en esta cuestión no va a limitar sus efectos exclusivamente a este proceso, sino que va a dejar abierta una sombra de duda que se proyectará sobre nuestro ordenamiento jurídico sembrando una gran inseguridad jurídica.



«Archivo» 
En el asunto C‑364/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante auto de 1 de marzo de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 2012, en el procedimiento entre Miguel Fradera Torredemer y otros y Corporación Uniland, S.A., con intervención de: Ilustre Consejo General de Procuradores de España, 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, oído el Abogado General, Sr. N. Wahl, dicta el siguiente
Auto 
1 Mediante auto de 21 de enero de 2013, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de enero de 2013, la Audiencia Provincial de Barcelona informó al Tribunal de Justicia de que retiraba su petición de decisión prejudicial. 
2 En estas circunstancias, procede archivar el presente asunto, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia. 
3 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve: Archivar el asunto C‑364/12, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia. 
Dictado en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2013.

No debía ser el asunto tan esencial como nos parecía o, sí y por eso no se ha seguido adelante. Como se dice ultimamente por ahí, España no es un país, es un milagro.

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