Con los Jueces vivía mucho mejor. No, muchísimo mejor. Una notas sobre la Instrucción 4/2013.


Para las generales de la ley dejaré sentado que a mí la NOJ me pareció una patata desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005 y desde ese año, solo ejerzo de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca. Y una tercera cosa: con los Jueces al mando no solo vivía mejor, vivía muchísimo mejor; siempre supe por dónde podía venirme el golpe y siempre supe quién podía dármelo. 

Desde que pertenezco a un Cuerpo Superior jerarquizado, he recibido toda clase de absurdas competencias, para las que bastaría la titulación académica del sexto de primaria – y algunas clases de quinto podrían desempeñarlas sin problema alguno-; me han vuelto a bajar el sueldo, tengo toda clase de jefes y de directores y últimamente me han apuntado al Ministerio de Economía y Hacienda. Movilidad horizontal – gratuita y autodidacta- creo que le llaman, aunque en ningún concurso salgan plazas en la AEAT. 

Y vienen a cuento los dos párrafos anteriores por la INSTRUCCIÓN 4/2013 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre unificación de criterios en la comunicación de datos a realizar por las Oficinas judiciales a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación a la tasa regulada en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el ámbito de la Administración de Justicia, que contiene, entre otros, estos dos apartados:
cita literal:

2. En los supuestos en que la cuantía consignada como base imponible sea inferior a la cuantía del procedimiento determinada según las normas procesales, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo de diez días presente autoliquidación complementaria bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del número dos del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. 
A fin de lograr la homogeneización de las Oficinas judiciales en materia de tasas, y siendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien tiene encomendada la gestión de la tasa regulada por la Ley 10/2012 en el ámbito de la Administración de Justicia, se recuerda la relevancia de la doctrina tributaria establecida por la Dirección General de Tributos a través de las respuestas dadas con carácter vinculante a las consultas que le son formuladas por los contribuyentes y que son accesibles a través del buscador que se encuentra en la siguiente ruta:

¿Los han leído bien?. Bueno ahora les dejo unos apuntes y que cada uno saque sus conclusiones. 

STSJ, Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª, 20 de junio de 2011, (ROJ: STSJ MAD 9248/2011) sobre la Instrucción 3/2010, de 11 de mayo, relativa a Aspectos Derivados del Nuevo Régimen de Competencias de los Secretarios Judiciales establecido por Ley 13/2009
cita literal:

El artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispone que "los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio"; en este sentido, la jurisprudencia - Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo y 27 de noviembre de 1989 y 10 de febrero de 1997-, viene afirmando que las Circulares e Instrucciones constituyen resoluciones administrativas que se engarzan en el ámbito propio de organización administrativa con base en el principio de jerarquía que gobierna su estructura, con un contenido y finalidad específicos en cuanto actos y directrices no incluibles en el ejercicio de la potestad reglamentaria; a su vez, la Sentencia de 7 de junio de 2006 (recurso número 3837/2000), precisa que "el carácter normativo o no que haya de atribuirse a una determinada decisión de un órgano administrativo no depende sólo de la clase de materia sobre la que verse. 
Lo verdaderamente decisivo es el alcance y significación que su autor otorgue a dicha decisión. Esto último comporta que, cuando la decisión tenga como únicos destinatarios a los subordinados del órgano administrativo, y exteriorice por ello pautas para la futura actuación administrativa que dichos subordinados hayan de realizar, habrá de admitirse que lo que se está dictando no es un acto normativo con eficacia externa para los ciudadanos, sino una de esas instrucciones u órdenes de servicio que autoriza y regula el citado artículo 21 de la LRJ/PAC.
En este segundo caso se tratará, como apunta el recurso de casación, de simples directrices de actuación, dictadas en el ejercicio del poder jerárquico, con el fin de establecer los criterios de aplicación e interpretación jurídica que habrán de ser seguidos en futuros actos administrativos. Y, paralelamente, la correspondiente decisión tendrá una eficacia puramente interna y carecerá de valor vinculante para las personas cuya situación jurídica resulte afectada por esos posteriores actos administrativos que puedan dictarse, las cuales podrán combatir, a través de los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales, la validez de los criterios que hayan sido aplicados en esos concretos actos administrativos que individualmente les afecten".
De lo dicho se deduce que, en principio, la Instrucción aquí examinada no parece tener carácter normativo, puesto que -al menos formalmente- va dirigida a los órganos jerárquicamente dependientes del Secretario General, sin que aparezcan, prima facie, consecuencias sobre terceros. 
Para constatar que así es y que por lo tanto no se incurrió en vulneración del repetido artículo 24 de la Ley 50/1997, debemos, sin embargo, examinar todos y cada uno de los apartados de la Instrucción impugnada para poder determinar si tienen eficacia interna, solo entre los Secretarios judiciales, o externa. 
Por supuesto, dependiendo del resultado, podrá apreciarse o no la nulidad de la Instrucción también por no haber emanado del órgano competente para dictar reglamentos.

López Benítez (El principio constitucional de jerarquía en materia organizativa forma parte del libro "Los principios jurídicos del Derecho Administrativo" , edición nº 1, Editorial LA LEY, Madrid, Noviembre 2010).
cita literal:

Según ya se ha indicado, de cara al dictado de actos administrativos, el principio de jerarquía siempre deja indemne el núcleo decisional que corresponde al órgano subordinado titular de la competencia, de tal manera que éste es el único responsable tanto de la decisión que se adopte como de las posibles consecuencias jurídicas que tal decisión pueda arrastrar, sin que en ningún caso, a mi modo de ver, este órgano pueda refugiarse en la obediencia al mandato de un superior para eximirse de aquellas responsabilidades o para permitir al órgano jerárquicamente superior que incida sobre ese núcleo íntimo de la decisión, inclinándole a adoptar otra, función que, en rigor, solo al órgano inferior compete. 
Desde este punto de vista, la posible relevancia del deber de obediencia en este ámbito queda, en realidad, circunscrita a que el titular del órgano dependiente no haya seguido las condiciones externas de ejercicio de la competencia que el órgano superior pueda eventualmente haberle dirigido. Pero ello ni afectará a la validez del acto dictado, ni tendrá la más mínima repercusión sobre el administrado, quedando sus efectos reducidos, como dice el art. 21.2 LRJAP-PAC, a la posible exigencia de responsabilidad disciplinaria sobre el titular del órgano jerárquicamente inferior, indicio claramente significativo de que con ello hemos traspasado los límites estrictos de las relaciones interorgánicas para desembocar en el campo de las relaciones puramente de servicio que se dan entre las personas que sirven en la Administración Pública. 
Tales razonamientos pueden asimismo extenderse, incluso con mayor propiedad, a los casos que tan llamativamente se citan por los autores en que los mandatos del titular del órgano superior más que referirse a la emisión y realización de actos jurídicos, aluden más bien a la realización de determinados comportamientos o a la ejecución de ciertas conductas por parte de los titulares de los órganos o unidades inferiores. A mi juicio, la imposición de tales obligaciones resulta equivocado igualmente contemplarlas desde la perspectiva del principio de jerarquía como principio organizativo, ya que en donde más propiamente se desarrollan y presentan es en el marco de los derechos y deberes que los servidores públicos tienen para con la Administración a la que sirven y que, en ocasiones, y bajo ciertas circunstancias, pueden llevar a quienes tienen que cumplirlas a irresolubles problemas de conciencia, aun en el caso de que las conductas ordenadas se ajusten a la legalidad vigente. Además, esta imposición de obligaciones y comportamientos resulta más factible que se verifique en relación con las personas que prestan sus servicios en simples unidades administrativas y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera ostentan la titularidad de las mismas, extremo que aleja todavía más el núcleo del problema del estricto análisis del principio de jerarquía organizativa.

¡Tiempos aquellos en que solo tenías que preocuparte de la dación de cuenta y de las diligencias de constancia!.

Comentarios

  1. Esta bien saber que la que las leyes procesales se pueden modificar por una "Instrucción".

    Y que Hacienda os considera un funcionario más a su servicio.

    Emociones no nos faltan, no.

    Un abrazo.

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  2. Es mucho peor.

    1) Si la parte desatiende el requerimiento, no puede haber sanción (es un proceso en trámite, no pendiente de admisión).

    2) Los requerimientos sin sanción implican perdida de autoridad (si es que queda alguna).

    3) No puedo fundamentar una diligencia de ordenación con una instrucción administrativa.

    4) O, sí y en cuyo caso, el recurso sería el de ALZADA ante no se quien.

    5) Y no continuo, para que.

    Gracias por participar.

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    Respuestas
    1. Reyes Gregorio López Jabalera17 de junio de 2013, 19:12

      Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Es lo que yo he venido diciendo en algunos foros y mensajes en Madrid. Que si nos recurren ese requerimiento que expresa la Instrucción, tendrémos que darles la razón porque no tenemos fundamento jurídico válido para poder aplicar y justificar dicho requerimiento. Ni siquiera en la Ley de Tasas se regula el mismo. Sólo podemos examinar si se ha presentado el modelo famoso o no, pero no SI SE HA PRESENTADO correctamente, si se ha aplicado bien la base imponible y se ha pagado la cuota. Esa es función de la agencia tributaria, como hasta ahora.
      Gracias por el artículo y la jurisprudencia que contiene el mismo.

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  3. Gracias Reyes y efectivamente, la cosa va con la AEAT. De hecho hasta dudo que podamos hacer ese requerimiento administrativo en un proceso y la doctrina que cito - mayoritaria, por cierto- afirma que la metedura de pata es responsabilidad del funcionario que cumple la orden.

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  4. Angel Luis Sanchez Periñán19 de junio de 2013, 12:36

    Estimado Alberto, no creo que antes viviéramos mucho mejor, lo único que ocurre es que hemos cambiado de dueños. Felicidades por tu blog.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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