30 junio 2013

Las “dilataciones indebidas” en el colapso judicial.


Hace más de un año escribí que la décima causa del colapso judicial era la universidad pública española, pero recientes acontecimientos me llevan a modificar esa apresurada conclusión: no hay sistema judicial inventado o por inventar que aguante a los claustros de los campus universitarios públicos de este país. 

Mientras el Ministro de Educación andaba por ahí intentando que los alumnos becados sacaran un 6,5, se realizaban las pruebas de acceso de la Universidad – no sé si le siguen llamando selectividad- y en Valencia sucedieron cosas que solo puede explicar el desastre de gestión educativa que padecemos. No solo los alumnos pasaron frio, sino que los exámenes – los folios- no entraban en las mesas, más de un chaval en la silla y, para rematar, repartieron el examen de valenciano cuando tocaba el de inglés; hubo errores en el de química y el comentario de textos consistió en un BLOG que trataba de la corrupción del PP, escrito, supongo, por uno de esos profesores que han accedido al claustro después de una durísima oposición. 

¡Claro que generalizo!, no me queda otra, pero cuando dos alumnas – una de un Colegio público y otra de un Colegio concertado con notas medias en el bachillerato por encima del 9- se la juegan con tal panda de inútiles, comprenderán que tire al bulto y no fije un objetivo. Ya sabemos que Cervantes era un facha y Calderón de la Barca, otro y en la Generación del 27 había mucho snob, pero hay que tener mucha mala leche para colocarle a un alumno un comentario de textos sobre la corrupción del PP, escrito en un BLOG por un fulano que solo conocen en su casa y sin saber quién corrige (¿el mismo fulano?). 

Y mientras el Sr. Ministro de Educación bajaba la nota media al 5,5 con el silencio de todos los Rectores de las Universidades Públicas Españolas, que deben salvaguardar el rebaño para hacer lo propio con la autonomía universitaria y los siete profesores por asignatura, hay Centros universitarios privados que sacan licenciados en Derecho en un año y medio, con la misma aptitud y capacidad de ejercer ante los Tribunales que los que se sacan el título en la pública en cinco o más años. 

Si, estimado lector, me comentaba un preparador que la primera vez que escuchó “dilataciones indebidas” (para los ajenos a la cosa es “dilaciones indebidas”) creyó haber oído mal; la segunda ocasión se sobresaltó y a la tercera le dijo a la opositora que estaba suspendida. No entendía nada la muchacha porque siempre había dicho “dilataciones indebidas” y, nadie la había corregido (y mejor que nadie corrigiera la “dilatación” sin los estudios de medicina) y aunque la “dilación” nada tenga que ver con la “jodienda”, hay veces que se aproximan notablemente.

22 junio 2013

¿Qué ha pasado con la peligrosa cuestión prejudicial sobre el Arancel de Procuradores?.


Publiqué el día 17 de abril de 2012 un comentario sobre el Auto AP BARCELONA, Sección 15ª, 1 de marzo de 2012 (Nº de Recurso: 455/2010 Roj: AAP B 971/2012) en el que se leía:


Tenemos serias dudas de que la forma en la que se regulan los honorarios de los procuradores de los tribunales, un colectivo profesional distinto al de los abogados y que, como éstos, tienen funciones de postulación procesal, sean compatibles con el art. 101 TFUE (antes arts. 81-82 del Tratado fundacional de la CE), así como con el art. 56 del propio TJUE (antiguo art. 49 TCE) y con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 28 de diciembre de 2009). 
A ello creemos que debe añadirse la gran trascendencia práctica que la cuestión puede tener en el ámbito interno, pues la representación a través de procurador es un presupuesto, junto con la asistencia de abogado, para poder actuar en la mayor parte de procedimientos judiciales en España. De forma que el pronunciamiento que dictemos en esta cuestión no va a limitar sus efectos exclusivamente a este proceso, sino que va a dejar abierta una sombra de duda que se proyectará sobre nuestro ordenamiento jurídico sembrando una gran inseguridad jurídica.



«Archivo» 
En el asunto C‑364/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante auto de 1 de marzo de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 2012, en el procedimiento entre Miguel Fradera Torredemer y otros y Corporación Uniland, S.A., con intervención de: Ilustre Consejo General de Procuradores de España, 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, oído el Abogado General, Sr. N. Wahl, dicta el siguiente
Auto 
1 Mediante auto de 21 de enero de 2013, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de enero de 2013, la Audiencia Provincial de Barcelona informó al Tribunal de Justicia de que retiraba su petición de decisión prejudicial. 
2 En estas circunstancias, procede archivar el presente asunto, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia. 
3 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve: Archivar el asunto C‑364/12, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia. 
Dictado en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2013.

No debía ser el asunto tan esencial como nos parecía o, sí y por eso no se ha seguido adelante. Como se dice ultimamente por ahí, España no es un país, es un milagro.

15 junio 2013

Con los Jueces vivía mucho mejor. No, muchísimo mejor. Una notas sobre la Instrucción 4/2013.


Para las generales de la ley dejaré sentado que a mí la NOJ me pareció una patata desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005 y desde ese año, solo ejerzo de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca. Y una tercera cosa: con los Jueces al mando no solo vivía mejor, vivía muchísimo mejor; siempre supe por dónde podía venirme el golpe y siempre supe quién podía dármelo. 

Desde que pertenezco a un Cuerpo Superior jerarquizado, he recibido toda clase de absurdas competencias, para las que bastaría la titulación académica del sexto de primaria – y algunas clases de quinto podrían desempeñarlas sin problema alguno-; me han vuelto a bajar el sueldo, tengo toda clase de jefes y de directores y últimamente me han apuntado al Ministerio de Economía y Hacienda. Movilidad horizontal – gratuita y autodidacta- creo que le llaman, aunque en ningún concurso salgan plazas en la AEAT. 

Y vienen a cuento los dos párrafos anteriores por la INSTRUCCIÓN 4/2013 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre unificación de criterios en la comunicación de datos a realizar por las Oficinas judiciales a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación a la tasa regulada en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el ámbito de la Administración de Justicia, que contiene, entre otros, estos dos apartados:
cita literal:

2. En los supuestos en que la cuantía consignada como base imponible sea inferior a la cuantía del procedimiento determinada según las normas procesales, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo de diez días presente autoliquidación complementaria bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del número dos del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. 
A fin de lograr la homogeneización de las Oficinas judiciales en materia de tasas, y siendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien tiene encomendada la gestión de la tasa regulada por la Ley 10/2012 en el ámbito de la Administración de Justicia, se recuerda la relevancia de la doctrina tributaria establecida por la Dirección General de Tributos a través de las respuestas dadas con carácter vinculante a las consultas que le son formuladas por los contribuyentes y que son accesibles a través del buscador que se encuentra en la siguiente ruta:

¿Los han leído bien?. Bueno ahora les dejo unos apuntes y que cada uno saque sus conclusiones. 

STSJ, Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª, 20 de junio de 2011, (ROJ: STSJ MAD 9248/2011) sobre la Instrucción 3/2010, de 11 de mayo, relativa a Aspectos Derivados del Nuevo Régimen de Competencias de los Secretarios Judiciales establecido por Ley 13/2009
cita literal:

El artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispone que "los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio"; en este sentido, la jurisprudencia - Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo y 27 de noviembre de 1989 y 10 de febrero de 1997-, viene afirmando que las Circulares e Instrucciones constituyen resoluciones administrativas que se engarzan en el ámbito propio de organización administrativa con base en el principio de jerarquía que gobierna su estructura, con un contenido y finalidad específicos en cuanto actos y directrices no incluibles en el ejercicio de la potestad reglamentaria; a su vez, la Sentencia de 7 de junio de 2006 (recurso número 3837/2000), precisa que "el carácter normativo o no que haya de atribuirse a una determinada decisión de un órgano administrativo no depende sólo de la clase de materia sobre la que verse. 
Lo verdaderamente decisivo es el alcance y significación que su autor otorgue a dicha decisión. Esto último comporta que, cuando la decisión tenga como únicos destinatarios a los subordinados del órgano administrativo, y exteriorice por ello pautas para la futura actuación administrativa que dichos subordinados hayan de realizar, habrá de admitirse que lo que se está dictando no es un acto normativo con eficacia externa para los ciudadanos, sino una de esas instrucciones u órdenes de servicio que autoriza y regula el citado artículo 21 de la LRJ/PAC.
En este segundo caso se tratará, como apunta el recurso de casación, de simples directrices de actuación, dictadas en el ejercicio del poder jerárquico, con el fin de establecer los criterios de aplicación e interpretación jurídica que habrán de ser seguidos en futuros actos administrativos. Y, paralelamente, la correspondiente decisión tendrá una eficacia puramente interna y carecerá de valor vinculante para las personas cuya situación jurídica resulte afectada por esos posteriores actos administrativos que puedan dictarse, las cuales podrán combatir, a través de los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales, la validez de los criterios que hayan sido aplicados en esos concretos actos administrativos que individualmente les afecten".
De lo dicho se deduce que, en principio, la Instrucción aquí examinada no parece tener carácter normativo, puesto que -al menos formalmente- va dirigida a los órganos jerárquicamente dependientes del Secretario General, sin que aparezcan, prima facie, consecuencias sobre terceros. 
Para constatar que así es y que por lo tanto no se incurrió en vulneración del repetido artículo 24 de la Ley 50/1997, debemos, sin embargo, examinar todos y cada uno de los apartados de la Instrucción impugnada para poder determinar si tienen eficacia interna, solo entre los Secretarios judiciales, o externa. 
Por supuesto, dependiendo del resultado, podrá apreciarse o no la nulidad de la Instrucción también por no haber emanado del órgano competente para dictar reglamentos.

López Benítez (El principio constitucional de jerarquía en materia organizativa forma parte del libro "Los principios jurídicos del Derecho Administrativo" , edición nº 1, Editorial LA LEY, Madrid, Noviembre 2010).
cita literal:

Según ya se ha indicado, de cara al dictado de actos administrativos, el principio de jerarquía siempre deja indemne el núcleo decisional que corresponde al órgano subordinado titular de la competencia, de tal manera que éste es el único responsable tanto de la decisión que se adopte como de las posibles consecuencias jurídicas que tal decisión pueda arrastrar, sin que en ningún caso, a mi modo de ver, este órgano pueda refugiarse en la obediencia al mandato de un superior para eximirse de aquellas responsabilidades o para permitir al órgano jerárquicamente superior que incida sobre ese núcleo íntimo de la decisión, inclinándole a adoptar otra, función que, en rigor, solo al órgano inferior compete. 
Desde este punto de vista, la posible relevancia del deber de obediencia en este ámbito queda, en realidad, circunscrita a que el titular del órgano dependiente no haya seguido las condiciones externas de ejercicio de la competencia que el órgano superior pueda eventualmente haberle dirigido. Pero ello ni afectará a la validez del acto dictado, ni tendrá la más mínima repercusión sobre el administrado, quedando sus efectos reducidos, como dice el art. 21.2 LRJAP-PAC, a la posible exigencia de responsabilidad disciplinaria sobre el titular del órgano jerárquicamente inferior, indicio claramente significativo de que con ello hemos traspasado los límites estrictos de las relaciones interorgánicas para desembocar en el campo de las relaciones puramente de servicio que se dan entre las personas que sirven en la Administración Pública. 
Tales razonamientos pueden asimismo extenderse, incluso con mayor propiedad, a los casos que tan llamativamente se citan por los autores en que los mandatos del titular del órgano superior más que referirse a la emisión y realización de actos jurídicos, aluden más bien a la realización de determinados comportamientos o a la ejecución de ciertas conductas por parte de los titulares de los órganos o unidades inferiores. A mi juicio, la imposición de tales obligaciones resulta equivocado igualmente contemplarlas desde la perspectiva del principio de jerarquía como principio organizativo, ya que en donde más propiamente se desarrollan y presentan es en el marco de los derechos y deberes que los servidores públicos tienen para con la Administración a la que sirven y que, en ocasiones, y bajo ciertas circunstancias, pueden llevar a quienes tienen que cumplirlas a irresolubles problemas de conciencia, aun en el caso de que las conductas ordenadas se ajusten a la legalidad vigente. Además, esta imposición de obligaciones y comportamientos resulta más factible que se verifique en relación con las personas que prestan sus servicios en simples unidades administrativas y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera ostentan la titularidad de las mismas, extremo que aleja todavía más el núcleo del problema del estricto análisis del principio de jerarquía organizativa.

¡Tiempos aquellos en que solo tenías que preocuparte de la dación de cuenta y de las diligencias de constancia!.

09 junio 2013

Apuntes y modelos sobre nueva reforma del monitorio-verbal-desahucio en la Ley 4/2013.


Tres problemas nos plantea esta nueva reforma del monitorio-verbal-desahucio en la Ley 4/2013: 

a) Sobre la OPOSICIÓN DEL DEMANDADO

El art.440.4 LEC nos esconde una resolución en la que se tendrá por opuesto al demandado, con lo que el primer señalamiento en el decreto de admisión no servirá de nada, si no andamos listos con el plazo de los diez días del juicio verbal. Caben dos soluciones: no señalar juicio hasta saber si el demandado se opone o, advertir al actor de la circunstancia y fijar fecha condicionada a que la resolución admitiendo la oposición se dicte diez días antes de la fecha del juicio. 

Podemos sacarle partido a lo que quiera que sea la idea del legislador sobre esa oposición y “requerir” al demandado y a su Abogado de la Justicia Gratuita para que sean rigurosos en ese trámite. 

b) Sobre las COSTAS. 

Ahora hay condena en costas, pero ¿qué costas?. El desahucio desde el año 2011 es un monitorio y nadie podrá defender con seriedad que para un requerimiento apliquemos contra el condenado en costas, las normas orientativas por cuantía que fijan los Colegios de Abogados. Súmese a ello la limitación de los 2.000,00€ y la jurisprudencia que ya es reiterada de la Sala 1ª sobre la relación entre los honorarios y el trabajo efectivamente realizado. 

Ni que decir tiene que Abogado y cliente podrán pactar lo que entiendan oportuno, pero la condena en costas de los decretos poniendo término al desahucio no implican el derecho al reembolso de todo lo pagado. 

c) Sobre el LANZAMIENTO DE OFICIO. 

¿Qué problema había en que el demandante presentara un escrito de un párrafo pidiendo el lanzamiento?. Ninguno. Pero como lo suprimen en aras a la celeridad, deberemos replantearnos la necesidad de abrir una ejecución para el lanzamiento, porque ya lo estamos haciendo en el decreto de admisión a trámite. Esto es, si fijamos fecha para el lanzamiento y el demandado no se opone, solo deberemos confirmar en el decreto fin la práctica de la diligencia, nada más.


Modelo admisión, citación y requerimiento 4-2013
Modelos decretos final 4-2013

07 junio 2013

Grabaciones de juicios y ¿una excesiva subsanación?.


Leemos en la STS, Sala 1ª, 13 de mayo de 2013 (ROJ STS  2472/2013) que se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal basado en:

1. Infracción del art. 225.3 LEC, solicitando la nulidad de actuaciones ante la inexistencia de grabación de la vista del recurso de apelación.

2.Vulneración del principio de tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

Y los hechos son los siguientes: en el procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia no se grabó el acto del juicio, lo que motivó recurso de apelación de la parte actora, en la que se instaba la nulidad del procedimiento, alegando la importancia de la declaración del demandado y de la testigo; subsidiariamente, solicitó la revocación de la sentencia como cuestión de fondo.

La Audiencia Provincial dictó providencia, suspendiendo la deliberación fijada para ese mismo día, y acordó señalar vista en la que se recibiría declaración al demandado y la testigo, lo que se le notificó a las partes, advirtiéndoles de la posibilidad de interponer recurso de reposición, que no se formalizó por ninguna de ellas.

El día 2 de junio de 2010 se celebró la vista señalada practicándose las dos pruebas mencionadas, no efectuándose grabación y levantándose acta en la que la Sra. Secretaria Judicial recogió las preguntas efectuadas y las respuestas emitidas, con suficiente extensión.

El Tribunal Supremo desestimó el motivo consistente en infracción del art. 225.3 LEC y de la declaración de nulidad de actuaciones ante la inexistencia de grabación de la vista del recurso de apelación.

Se rechaza el primer submotivo relativo a la práctica de prueba, señalada de oficio por el tribunal de segunda instancia, para salvar la falta de grabación del acto del juicio. En primer lugar, se debe destacar que no se trata de una diligencia final, pues aún no se había celebrado la vista, cuando se procede a señalar fecha para la prueba. En segundo lugar, al tribunal le esta permitido, en fase de apelación, subsanar defectos procesales ( art. 465.3 LEC). Esta Sala como argumento nuclear debe declarar que la parte no recurrió en reposición el señalamiento de vista para práctica de la prueba, con lo que al no haber denunciado en la instancia, la pretendida irregularidad procesal, debemos desestimar este motivo de acuerdo con el art. 468.2 LEC que exige esa denuncia previa.
Cita:

Añade la parte recurrente que la vista no se grabó, lo cual es cierto, pero sí se levantó acta por la Sra. secretaria judicial, en la que con suficiente desarrollo se recogen las declaraciones de las partes y los documentos exhibidos, lo cual es factible procesalmente, pues el art. 187 LEC faculta para ello cuando no se pudieran utilizar los medios de grabación (STS 22 de diciembre de 2009, rec. 1591/2005). Por ello, también debe rechazarse este submotivo, pues el pretendido defecto procesal, en ninguno de los casos produjo indefensión (art. 225.3 LEC).

Y se desestima también la existencia vulneración del principio de tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

Esta Sala debe declarar que el tribunal de apelación no estaba practicando una prueba nueva, que como tal podría renunciarse, sino que estaba reproduciendo una prueba ya practicada y que no fue renunciada en primera instancia, por lo que tampoco podía serlo durante un acto procesal en el que tan solo se pretendía reiterar lo ya practicado.
Cita:

La prueba practicada en segunda instancia, con evidente deseo subsanador, era una directa expresión del principio dispositivo ( arts. 216y 282 LEC) y se volvió a practicar en segunda instancia, porque en primera instancia fue propuesta por la parte que ahora recurre; le fue anunciada por la providencia mencionada, que no recurrió y tuvo posibilidad de interrogarla en audiencia pública, aunque declinó tal posibilidad, siendo interrogada solo por la parte actora, por lo que se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto se ha desarrollado el proceso con plenas posibilidades de alegaciones y debate, practicando las pruebas propuestas y subsanando las deficiencias de grabación de la primera instancia, transcribiéndose en el acta de forma amplia el resultado de la prueba, que no podía renunciarse pues se reprodujo aquella que la parte que ahora recurre propuso ante el Juzgado ( art. 24 de la Constitución).

Como declara la Sentencia de esta Sala de 26-7-2012, recurso 2020 de 2009, se ha de partir del principio de conservación del proceso judicial en la medida de que la documentación por medio del acta del secretario judicial no produzca concreta indefensión material.

En el caso de autos no se aprecia violación del derecho de defensa del hoy recurrente, en cuanto el proceso se ha desarrollado con transparencia, pulcritud y plenas garantías.

02 junio 2013

Monitorio y Ordinario: un problema de cómputo de plazos.


¿Existe la posibilidad de presentar la demanda de juicio ordinario en el primer día siguiente hábil al del vencimiento cuando, en un cómputo de fecha a fecha, el último concluya en día inhábil?. 

Si la fecha en la que concluye el plazo que hemos indicado era domingo y por mor de lo dispuesto en el art. 133.4 LEC aquél se entendía prorrogado hasta el lunes, "siguiente hábil" e incluso vencido el plazo en esa fecha y de conformidad con el art. 135.1 LEC la presentación de la demanda podría efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, sin que exista incompatibilidad en aplicar simultáneamente los arts. 133.4 y 135.1 LEC, pues se refieren a cuestiones diferentes: el primero, bajo la rúbrica "Cómputo de los plazos", regula la duración misma del plazo y el segundo, extinguido el plazo, otorga una facilidad extraordinaria a la parte para cumplir un trámite perentorio (AAP BARCELONA, Sección 11ª, 19 de julio de 2011, Roj AAP B 4328/2011). 

Esto es, para el cómputo de los plazos se ha de tener en cuenta que el art. 182 LOPJ fue modificado por LO 19/2003 que declaraba inhábiles los sábados y, aunque el cambio legislativo no se proyectó a la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la reforma por Ley 13/2009, ya desde 2004 era aplicable a todos los procesos. Consecuentemente, si el día en el que terminaba el plazo, -pues se había de computar de fecha a fecha como dispone el art. 133 LEC- era inhábil, podía presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente y ello según lo dispuesto en el art. 135 LEC (ex. AAP MADRID, Sección 25ª, 20 de julio de 2012, Roj: AAP M 11774/2012). 

Es posible otra interpretación más inflexible y rigorista, sin embargo debemos recordar que la que aquí se defiende es más acorde con la efectividad del derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE en su faceta de acceso al proceso y, según reiterada jurisprudencia constitucional los operadores jurídicos han de aplicar las normas del modo más proclive para lograr ese fin (AAP BARCELONA, Sección 11ª, 19 de julio de 2011, Roj AAP B 4328/2011).