08 mayo 2013

Perdonen, pero si no hay tasa judicial, no hay proceso: modelo de inexistencia.


No quedará políticamente correcto, pero no veo por ningún lado -salvo el político, no el procesal)- la relación entre la tasa judicial y la admisión de la demanda, de un recurso o del cualquier otra petición. La tasa no es un requisito, ni un presupuesto del proceso, es un tributo que se gestiona por los órganos judiciales y por ello, la falta de pago implica la inexistencia del proceso o, en su caso, la preclusión del acto que se trate. La ley no suscita dudas al respecto; cuestión distinta es la técnica que emplea, (mejor dicho, su falta) que olvida la necesidad de dictar una resolución en el proceso y que facilita otros criterios. Pero no una intervención judicial y con la finalidad de un pronunciamiento ¿sobre qué?. 

Solo estamos ante un supuesto de inexistencia del proceso y no es necesario un pronunciamiento sobre la inadmisión; el pago del tributo pago permite la presentación de la demanda, de la reconvención o, del recurso y solo después de verificado el mismo se resolverá sobre la admisión o la inadmisión del acto que se trate. 

Tampoco será preciso el dictado de ningún decreto de subsanación (vide art. 206 LEC) y no habrá parte gravada que pueda interponer ningún recurso, pues no hay «afectación desfavorable» (art.448.1 LEC) en el decreto de archivo que se funda en la falta de pago de una tasa, cuya obligación de pago conoce la parte que lo omite. 

Más aún, tampoco es un defecto que pueda subsanarse en cualquier momento posterior – otra cosa es que el trámite de apelación se «cuele» algún proceso sin el documento en cuestión- porque se paga la tasa para «para tener entrada» en la administración de justicia y fácilmente se concluye el efecto del impago (o de la desatención del requerimiento de subsanación). 

Les dejo el modelo que empleo, por si les sirve.

21 comentarios:

  1. Una distinción bastante artificiosa: si quiero ejercitar mi derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, nadie más que un juez, en aplicación razonada de la legalidad, puede impedirmelo. EEN ningún caso puede vedar el acceso a los tribunales un funcionario jerárquicametne dependiente del ministerio de justicia.

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    1. No se limita nada y menos aún la tutela judicial efectiva. El legislador obliga a pagar una tasa para que la demanda o el recurso entre en el Juzgado, si no se paga o, se acredita, no estamos ante un asunto de legalidad, sino de infracción de la misma.

      Y lo de la jerarquía con el Ministerio de Justicia nada tiene que ver con el asunto. Se puede decir lo mismo en cualquier otro supuesto que se desatienda un requerimiento del Juzgado que implique la inadmisión o el archivo.

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  2. Me surge una duda. ¿Si no cabe recurso, no se está produciendo indefensión constitucional? Cualquier decisión administrativa, aunque sea del consejo de ministros, es susceptible de recurso, puesto que la CE impone que los jueces siempre tienen la última palabra frente a las actuaciones de la administración pública. ¿Cómo se resuelve esto?

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    1. Contesto con otra pregunta, aunque no sea muy correcto ¿cuando no se paga cualquier otra tasa se da el servicio?. No. El problema no es de recursos, ni de inconstitucionalidad es de gestión: si se pagará la tasa en la AEAT o en una oficina en el Decanato no estaríamos hablando de recursos, ni de la Constitución. Se adjuntaría el modelo a la demanda o al recurso y se presentaría en el Juzgado.

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    2. Así es, aunque hay importantes diferencias: 1) Puede hablarse, sin gran precisión técnica, de "servicio público", refiriéndose a la administración de justicia, pero lo cierto es que los jueces no prestan ningún "servicio público", lo cual es largo de explicar pero es obvio para cualquiera que sepa lo que significa esa expresión. 2) Si yo no pago la tasa por expedición de una licencia de obras, lo único que pasa es que no me dan la licencia de obras, pero si no pago la tasa judicial, se me priva de un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, con el máximo nivel de protección y, además, sin intervención judicial, cuando uno de los aspectos de ese derecho fundamental es el de "acceso a los tribunales", que no puede impedirse por requisitos formales ni mucho menos tributarios (así lo estableció en du día el TC respecto del ITPAJD), sin perjuicio de que la AEAT cobre la tasa por la vía de apremio.

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  3. Tiene Vd. razón dado que se trata de una Tasa, es decir se configura como contraprestación a un servicio, cuidado con el empleo de la palabra tributo o impuesto como lo hace en las primeras frases, puesto que si fuera un impuesto sería muy distinto. Saludos.

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    1. Cierto y he colocado TRIBUTO, para no repetir tantas veces lo de TASA, pero no tiene nada que ver.

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    2. "Tributo" está correctamente utilizado, porque es un término genérico, que el art. 2 de la Ley General Tributaria subdivide en tasas, contribuciones especiales e impuestos. O sea, la tasa es un tributo, aunque no todo tributo es una tasa. De cualquier forma, la tasa judicial no cumple ninguno de los requisitos legales que caracterizan las tasas. Tampoco es un impuesto, desde luego, ni mucho menos una contribución especial. Yo admito que no sé lo que es.

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    3. Manolo, me gustaría saber tus argumentos para decir que no es una tasa. Saludos.

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    4. No es fácil resumirlo en el espacio de un comentario. En primer lugar, las tasas son tributos mediante los cuales se financia un servicio público y el ejercicio de la potestad jurisdiccional no lo es. Lo que sí tiene un componente de servicio público es la prestación de medios personales y materiales, pero eso es otro tema y varias Comunidades Autónomas se han apresurado a imponer su popia tasa sobre esta cuestión. Una nota inexcusable de la tasa es que está destinada a la financiación del servicio, y eso no ocurre en la tasa judicial. La tasa "judicial" no se destina a mejorar los servicios de la Administración de Justicia (instalaciones, personal, etc), sino que se integra en la caja única de los presupuestos. Finalmente, el establecimiento de cualquier tasa requiere conocer, de manera concreta y motivada, cuál es el coste del servicio, que aquí ni se sabe ni se quiere saber. Con relativa frecuencia, los tribunales anulan tasas municipales porque no se ha justificado el coste del servicio. Hay muchos argumentos en la misma línea. La tasa judicai, desde la perspectiva juridico-tributaria, es una pura aberracion.

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  4. No estoy de acuerdo. La Ley siempre permite la subsanación de los defectos formales porque, por esa misma regla, según Vd. habría que considerar que no cabe subsanación si no se presenta el poder notarial de designación de procurador, por ej., acompañando a una demanda (es un trámite que también conoce el demandante) lo que impediría el requerimiento judicial de subsanación y la comparencencia para designar "apud acta" un procurador sin coste notarial alguno.
    Yo no creo que lo que usted dice no sea políticamente correcto. Al contrario, creo que es políticamente correcto lo que Vd hace en su Juzgado, porque son los políticos en connivencia con los financieros los que nos están sangrando con impuestos y plusvalías de todo tipo, y Vd hace lo que éstos quieren. Lo que yo considero es que lo que Vd hace es una aberración constitucional, una denegación de la tutela judicial efectiva.
    ¿Haría lo mismo si la liquidación se ha practicado de forma incorrecta? ¡Por favor!

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    1. Mezcla tantas cosas y conceptos en los tres párrafos que soy incapaz de articular una respuesta.

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    2. Partiendo de la base de que la Ley de Enjuciamiento no se pronuncia sobre el tema del pago de la tasa en relación con la admisibilidad o no de la demanda (arts 399 y 404 de la LECn y demás preceptos), si la demanda es desde el punto de vista formal correcta y no se ha satisfecho el pago de la tasa judicial por qué opta Vd por considerarla inexistente y no por la otra opción posible, desde el punto de vista de la LECn, de considerar que reúne los requisitos del art. 399 y admitirla a trámite.
      Disculpe el tono del anterior post que quizá hubiese ido mejor dirigido a los responsables del Ministerio.

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  5. Si se fija en el Decreto hay trámite de subsanación - siguiendo la doctrina del TS sobre el depósito de la DAD 15ª LOPJ- y precisamente para no causar ningún perjuicio afirmo la inexistencia, esto es, que la parte pueda volver a presentar la demanda sin un pronunciamiento sobre la admisión; otra cosa es que se presente todo el último día (prescripción y firmeza para el caso de los recursos), pero ahí el problema lo ocasiona el litigante, no el Juzgado. Lo si creo es que no estamos ante un requisito procesal - no aparece como tal en la LEC- y, por tanto, su incumplimiento no determina el pronunciamiento del Juez sobre la admisión. Es más, en el artículo 241 LEC aparece como gasto del proceso repercutible a la condenada en costas con lo que la ley impone una obligación al actor, no una carga procesal subsanable.

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  6. Un Decreto como este equivale a un auto de inadmisión, se llame como se llame, así que me parece que se trata de un acto nulo de pleno derecho por usurpación de funciones judiciales.

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  7. Sr. Martínez de Santos: le he leído mucho, tanto dentro como fuera de este blog, y normalmente estoy de acuerdo con sus atinadas reflexiones. Pero, sin duda, este caso es una excepción. No puede Vd. decir que el pago de la tasa no es un presupuesto procesal y, a renglón seguido, afirmar que su falta de pago conlleva nada menos que la "inexistencia del proceso". Esto es una contradicción, pues si no se trata de un presupuesto procesal, no hay óbice alguno para entrar a examinar la demanda y decidir sobre su admisibilidad o no.

    Creo que deben deslindarse netamente los efectos tributarios de los procesales. La falta de pago de la tasa podrá tener consecuencias de carácter tributario (concretamente, la posibilidad de que Hacienda inicie la vía de apremio contra el contribuyente), pero no puede ni debe ocluir el acceso al proceso. Creo que yerra Vd. al señalar que la expresión del art. 8.2 de la Ley de tasas, cuando dice que la falta de pago no subsandada produce la "preclusión del acto procesal", sólo puede interpretarse en el sentido de que no se admitirá a trámite la demanda. La referencia a la preclusión está inequívocamente referida a los recursos, en el sentido de que si la tasa no se abona ello no impedirá que el plazo para recurrir siga corriendo y finalmente la resolución devenga firme. Precluye la posibilidad de interponer un recurso, no precluye la posibilidad de interponer una demanda.

    Creo que con una resolución como la del modelo que ha colgado Vd. se está excediendo en sus atribuciones: está dictando un decreto que, de facto, equivale a un decreto de inadmisión, usurpando así una función que está reservada en exclusiva a los jueces. Ésta es una realidad que difícilmente pueden disimular sus hábiles fintas argumentales.

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  8. Pues no, señor:

    1) La preclusión se regula en el artículo 136 LEC, que no solo se refiere a los recursos;
    2) Confunde el impago con la justificación del mismo y la ley es muy clara: se paga para acceder al proceso, sino hay pago, no hay proceso (como no hay recurso, ni reconvención); 3) su tesis solo sería valida para la demanda porque siguiendo la misma linea argumental la Audiencia debería examinar el recurso de apelación y no lo hace y
    4) no me excedo de mis funciones, ni impido el acceso a la jurisdicción a nadie y ni tan siquiera opino sobre la razón de porque en muchos asuntos no se presenta el modelo obligando a un primer trámite subsanación ¿fraudulento?.
    5) ¿Usurpación?. No opinare sobre ese vocablo.

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    1. Estimado D. Alberto: por el tono de su respuesta (un tanto áspero, aunque siempre educado) percibo que tal vez le haya incomodado mi anterior mensaje. Reconozco que la palabra "usurpar" es de sonoridad poco agradable y si le ha resultado molesta le pido disculpas. Aunque, sinceramente, no se me ocurre ninguna palabra que describa más gráficamente lo que comporta el "modelo" que ha tenido a bien compartir con nosotros.

      Ciertamente, mi tesis sólo es válida en principio para la demanda. Sabe Vd. bien que el principio "pro actione", según viene entendiendo el Constitucional, no rige con igual intensidad en la fase inicial del proceso que en el acceso a ulteriores instancias. Por ello, lo que le digo no pretende tener una validez universal, entre otras cosas porque no es lo mismo inadmitir una demanda, que supone dejar al ciudadano a las "puertas" de la Justicia, que inadmitir un recurso, cuando el justiciable ya ha ejercido su derecho al proceso y ha obtenido una sentencia sobre el fondo, aunque ésta le sea desfavorable.

      Créame que no confundo la falta de pago con la falta de justificación del mismo. Simplemente me baso en la constatación empírica de que, normalmente, cuando alguien no presenta el justificante de abono de la tasa no es porque se haya olvidado de adjuntar el papelito, sino simple y llanamente porque no la ha pagado.

      Por otro lado, parece que Vd. nos presenta su solución (declaración de inexistencia del proceso) como algo más ventajoso o menos perjudicial para el justiciable que la inadmisión de la demanda. Ya disculpará mi torpeza, pero no acierto a entender a qué se refiere. Si se refiere a que, de esta forma, el justiciable podrá presentar una nueva demanda (eso sí, previo pago de la tasa y justificación del mismo), qué quiere que le diga: esa misma posibilidad tendría si cogiéramos y le inadmitiéramos la demanda sin más, porque como Vd. bien sabe un auto de inadmisión es una resolución puramente procesal, que no prejuzga nada ni impide volver a presentar la demanda (eso sí, esta vez depurando el vicio que llevó a repelerla la primera vez). Por ello, insisto en que no veo las ventajas prácticas de su solución, y tampoco veo qué diferencia existe entre lo que Vd. hace e inadmitir de plano la demanda. Bueno sí, veo una diferencia: frente a un auto de inadmisión cabe recurso de apelación, mientras que frente a su "decreto de inexistencia del proceso" no cabe recurso alguno. En este sentido, ¿qué válvula de escape le deja Vd. al justiciable que no paga la tasa, no porque no quiera, sino porque entiende que está exento, o porque considera que su demanda no está incluida en el hecho imponible del tributo? No es que Vd. usurpe las funciones del juez: es que directamente se coloca por encima de él, porque al menos la decisión de éste sería recurrible. Y en cuanto a que no hay afectación desfavorable o gravamen para el actor en una decisión así... Bueno, creo que es cuando menos cuestionable.

      Finalmente -y no me lo tome a mal- sus argumentos me resultan un tanto artificiosos. O igual es que soy un poco bruto y me cuesta asimilar este tipo de sutilezas jurídicas. Si le he entendido correctamente, ahora resulta que, antes de decidir sobre la admisión de la demanda, el secretario tiene que examinar la posibilidad de entrar a decidir sobre la admisión o inadmisión a trámite de la demanda. Espero que esta extraña figura que Vd. introduce, la "admisibilidad de la admisibilidad de la demanda", no prospere ni se generalice entre sus colegas. De lo contrario, veo a mis alumnos abandonando el aula en masa y renunciando definitivamente a cualquier intento de comprender qué es esto del Derecho Procesal. Y, francamente, creo que no les faltarían motivos.

      Un saludo,

      Alberto Lafuente

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    2. Desde hace tiempo los Juzgados somos un centro de experimentación de cualquier cosa paraprocesal que se le ocurra a alguien. Un ejemplo: la famosa audiencia previa austriaca de tanto predicamento en la universidad española es un fracaso (y hablo del año 2002) y ahí seguimos con el doble señalamiento. Otro mejor: las modificaciones procesales del Desahucio, en las que pide que el Secretario Judicial condene a unas costas que no aparecen por ningún lado.

      Y ahora nos encontramos con un algo como la tasa judicial, modificada en dos ocasiones, con tres fechas de entrada en vigor, que se ha solapado con la reforma de la justicia gratuita,en la que evidentemente pagamos justos por pecadores (porque a mi como ciudadano puede afectarme) y en la que en numerosos procesos no se presenta para ver si cuela (supongo) y, resulta que esa obligación legal tiene que ceder ante no se qué derecho a que la demanda se admita, porque de sus comentarios solo se deduce que si no hay tasa, se admite la demanda y se ocupa la AEAT del incumplidor. No habría ningún problema a hacer eso, si la ley no dijera lo contrario, pero como dice lo contrario habrá que cumplir lo que ordena.

      No voy a reiterar ningún comentario, porque la cosa es mucho más sencilla que todo esto: si, con idéntica resolución (la misma) donde pone DECRETO, pusiera AUTO, no habría debate, ni tantas vueltas.

      Una segunda precisión: en la tasa del 2003 se repitió tantas veces la palabra inconstitucionalidad que daba miedo salir a la calle; no solo las resoluciones han ido en sentido contrario, sino que además, habilitan para el archivo. Nueve años después claro, pero más vale tarde que nunca; eso sí, le aseguro que leí las mismas cosas que leo ahora.

      Y una tercera: si lee el decreto hay un incumplimiento total al requerimiento del juzgado. No entro en cantidades, ni en hechos imponibles -entre otras razones porque la normativa en ese punto contradice la LEC- ni en cumplimientos parciales. Solo se requiere lo que ordena la ley.

      Respecto al recurso no es cierto lo que dice: el doble grado de jurisdicción es otro de esos derechos inviolables que el legislador del 2000 defendió a capa y espada, aunque el del 2011 se lo llevara parcialmente por delante. Y el supuesto es el mismo: no llega al juez (al de apelación), porque no hay tasa.

      Un saludo.

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  9. En un proceso contencioso-administrativo según el "modelo de inexistencia" no habría lugar a solicitar las suspensión o interrupción de plazos si no se acredita ser beneficiario de la justicia gratuita, porque según ese modelo no habría lugar a pronunciarse sobre nada más que comprobar "ab initio" que no se ha pagado el tributo, con lo que, transcurre el plazo de 2 meses para interponer y formular la demanda del recurso contencioso-administrativo de procedimiento abreviado, causando un grave perjuicio al justiciable. Espero que no comiencen a hacer los Juzgados de mi ciudad lo que usted propone.
    Un saludo, Alberto, y muchas gracias por ser tan amable de atendernos y contestar.
    Nota.- En mi ciudad tardan unos tres meses en pronunciarse, la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita, sobre el reconocimiento de la condición de beneficiario o no.

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    1. El modelo es muy claro para un asunto muy claro: omisión, requerimiento del juzgado y nueva omisión de la parte. No se pronuncia, ni podría, sobre las alegaciones que la parte hiciera al requerimiento del juzgado y, menos aún, en los casos de prescripción y de caducidad. Así que ni creo que nadie malinterprete la teoría, ni creo tener ninguna importancia.

      Un saludo y gracias por participar aunque estoy por abrir un FORO para este asunto.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.