19 mayo 2013

La Ley 1/2013 y el caso fortuito en el art. 579 LEC.


Fortuito, en la definición del diccionario de la Real Academia, es un suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el cumplimiento de obligaciones y esto es, lo que regula la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en el novedoso apartado 2 del art. 579 LEC, cuando parece conceder una moratoria de cinco o de diez años, para que el demandante reclame el resto del crédito impagado. 

De la lectura de las letras a) y b) del segundo apartado tenemos lo siguiente: 

 —El acreedor podrá reclamar la totalidad de lo que se le deba, según las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicación, cuando el ejecutado, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, no cubra el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago. En otro caso, quedará liberado de su responsabilidad y también quedará liberado, si no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 por cien dentro de los diez años (art.579.2.a) LEC). 

—Si antes de los cinco o de los diez años se produce una ejecución dineraria que exceda del importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente (art.579 último párrafo LEC). 

Dejando al margen que no se aclara qué es lo que debe entenderse por «cantidad total que entonces quedara pendiente» y que el primer apartado del artículo no se ha tocado, una aventurada inteligencia del segundo nos llevaría a concluir que el demandante podrá presentar la demanda del art.579 LEC y, que durante los cinco o los diez años siguientes a los decretos de aprobación del remate o de adjudicación, se producirá una quita del 35% o del 20% de la «cantidad total que quedara pendiente». 

Sorprendentemente y en segundo lugar, en el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del ejecutante o, de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el ejecutante. He comenzado este párrafo con la palabra «sorprendente» porque aquí no hablamos de «caso fortuito», sino de un «totum revolutum», en el que parece que cualquier tercero que venda la vivienda adquirida en la ejecución hipotecaria en los diez años siguientes, deberá comunicarlo al Juzgado para reducir la deuda «en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta». 

Es obligado moderar la desastrosa técnica, pues ni todo cesionario estará sujeto al mandato (solo los que tengan relación con la ejecutante), ni la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la ejecución podrá incrementarse con intereses y costas y, deberá tratarse de la «vivienda habitual» y de cualquier anejo vinculado; es decir, se aplicará la reducción si se vende la plaza de garaje. 

Y en cuanto a la «plusvalía», corremos el riesgo de una identificación con su significado tributario, cuando en el procesal solo tendríamos que hacer una única operación matemática: restar al valor de venta el de adjudicación en la ejecución hipotecaria,

4 comentarios:

  1. Saludos. Cuando dices "parece que cualquier tercero que venda la vivienda adquirida en la ejecución hipotecaria en los diez años siguientes, deberá comunicarlo al Juzgado para reducir la deuda «en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta»", es posible que sea el registrador el que lo comunique al juzgado ya que en el decreto de adjudicación se deberá hacer constar lo de la plusvalía e imagino que en el registro se controlará eso para en una futura venta comunicarlo al juzgado. Si tenemos que confiar en que el tercero lo haga motu proprio vamos listos...

    Saludos y gracias por el blog!.

    ResponderEliminar
  2. De nada y no tengo ni idea. De hecho, estoy pensando leerme la ley con algún grado de alcohol en sangre porque es como un tente al que le faltan cuatro piezas.

    ResponderEliminar
  3. Hola! Soy opositora y estoy a vueltas con el art. 579.2 LEC. Gracias por tu blog porque me ha dado algunas claves para entender el artículo.
    Creo que la modificación es insatisfactoria a parte de los muchos problemas que probablemente creará en la práctica, como ya habéis apuntado.
    Me parecía mucho más lógico lo que tu proponías en otro comentario anterior a la reforma y a propósito de las subastas. Si el inmueble se tasó a precios del 2003 debería adjudicarse en 2010 a precios de 2003. Saludos.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Gracias por el comentario y suerte. Corren malos tiempos para la técnica jurídica.
      Un abrazo.

      Eliminar

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.