Del traslado de copias entre Procuradores en el orden penal.


Les pondré en antecedentes. Nuestra LECrim es de los tiempos de la diligencia o, de los correos de postas y mientras unos artículos han envejecido a golpe de jurisprudencia mayoritaria y se conservan; otros, han pasado a mejor vida o se han enterrado en alguna fosa común. No descubriré nada si afirmo que la lupa investigadora del Siglo XIX ha quedado para las colecciones de sellos o, para algún grupo de investigación que ande escaso de material y tampoco lo hago cuando afirmo que la LEC del años 2000 y sus sucesivas reformas sobre medios de comunicación son aplicables al proceso penal de la pluma y el tintero. 

Digo esto porque la implantación del sistema LEXNET en el orden penal no puede hacerse con los trozos o los pedazos que más nos interesen del Título V de la LEC y mientras se presentan los escritos tirando del correo del Zar, se reciben las respuestas en la bandeja de entrada del correo electrónico. Y esto no vale. El art.4 LEC dispone que en defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley y eso solo significa que el ya citado Título V, que lleva por rúbrica De las actuaciones judiciales, suple todos los silencios obligados de una ley que no redactó Julio Verne. 

Evidentemente si en el orden penal hay LEXNET, hay traslado de copias del art.135.6 LEC y aunque no hubiera LEXNET, pero sí el servicio de recepción de notificaciones del Colegio de Procuradores del art.28.3 LEC, habría traslado de copias. Y por cierto y para navegantes recalcitrantes, si negamos la supletoriedad (lo que es sorprendente, por no emplear otro calificativo), no podemos hacerlo con la remisión porque el art.166 LECrim sí contiene una expresa al Título V de la LEC. 

Y es algo singular que esté echándole unas líneas a este asunto cuando otra de las Leyes inútiles dedicadas a la cosa de la justicia, la 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia dispone en el art. 8 que los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno y, en el art. 39 que el traslado de copias por vía telemática se realizará de forma simultánea a la presentación telemática de escritos y documentos ante el órgano u oficina judicial correspondiente.

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