27 mayo 2013

Del traslado de copias entre Procuradores en el orden penal.


Les pondré en antecedentes. Nuestra LECrim es de los tiempos de la diligencia o, de los correos de postas y mientras unos artículos han envejecido a golpe de jurisprudencia mayoritaria y se conservan; otros, han pasado a mejor vida o se han enterrado en alguna fosa común. No descubriré nada si afirmo que la lupa investigadora del Siglo XIX ha quedado para las colecciones de sellos o, para algún grupo de investigación que ande escaso de material y tampoco lo hago cuando afirmo que la LEC del años 2000 y sus sucesivas reformas sobre medios de comunicación son aplicables al proceso penal de la pluma y el tintero. 

Digo esto porque la implantación del sistema LEXNET en el orden penal no puede hacerse con los trozos o los pedazos que más nos interesen del Título V de la LEC y mientras se presentan los escritos tirando del correo del Zar, se reciben las respuestas en la bandeja de entrada del correo electrónico. Y esto no vale. El art.4 LEC dispone que en defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley y eso solo significa que el ya citado Título V, que lleva por rúbrica De las actuaciones judiciales, suple todos los silencios obligados de una ley que no redactó Julio Verne. 

Evidentemente si en el orden penal hay LEXNET, hay traslado de copias del art.135.6 LEC y aunque no hubiera LEXNET, pero sí el servicio de recepción de notificaciones del Colegio de Procuradores del art.28.3 LEC, habría traslado de copias. Y por cierto y para navegantes recalcitrantes, si negamos la supletoriedad (lo que es sorprendente, por no emplear otro calificativo), no podemos hacerlo con la remisión porque el art.166 LECrim sí contiene una expresa al Título V de la LEC. 

Y es algo singular que esté echándole unas líneas a este asunto cuando otra de las Leyes inútiles dedicadas a la cosa de la justicia, la 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia dispone en el art. 8 que los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno y, en el art. 39 que el traslado de copias por vía telemática se realizará de forma simultánea a la presentación telemática de escritos y documentos ante el órgano u oficina judicial correspondiente.

19 mayo 2013

La Ley 1/2013 y el caso fortuito en el art. 579 LEC.


Fortuito, en la definición del diccionario de la Real Academia, es un suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el cumplimiento de obligaciones y esto es, lo que regula la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en el novedoso apartado 2 del art. 579 LEC, cuando parece conceder una moratoria de cinco o de diez años, para que el demandante reclame el resto del crédito impagado. 

De la lectura de las letras a) y b) del segundo apartado tenemos lo siguiente: 

 —El acreedor podrá reclamar la totalidad de lo que se le deba, según las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicación, cuando el ejecutado, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, no cubra el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago. En otro caso, quedará liberado de su responsabilidad y también quedará liberado, si no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 por cien dentro de los diez años (art.579.2.a) LEC). 

—Si antes de los cinco o de los diez años se produce una ejecución dineraria que exceda del importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente (art.579 último párrafo LEC). 

Dejando al margen que no se aclara qué es lo que debe entenderse por «cantidad total que entonces quedara pendiente» y que el primer apartado del artículo no se ha tocado, una aventurada inteligencia del segundo nos llevaría a concluir que el demandante podrá presentar la demanda del art.579 LEC y, que durante los cinco o los diez años siguientes a los decretos de aprobación del remate o de adjudicación, se producirá una quita del 35% o del 20% de la «cantidad total que quedara pendiente». 

Sorprendentemente y en segundo lugar, en el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del ejecutante o, de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el ejecutante. He comenzado este párrafo con la palabra «sorprendente» porque aquí no hablamos de «caso fortuito», sino de un «totum revolutum», en el que parece que cualquier tercero que venda la vivienda adquirida en la ejecución hipotecaria en los diez años siguientes, deberá comunicarlo al Juzgado para reducir la deuda «en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta». 

Es obligado moderar la desastrosa técnica, pues ni todo cesionario estará sujeto al mandato (solo los que tengan relación con la ejecutante), ni la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la ejecución podrá incrementarse con intereses y costas y, deberá tratarse de la «vivienda habitual» y de cualquier anejo vinculado; es decir, se aplicará la reducción si se vende la plaza de garaje. 

Y en cuanto a la «plusvalía», corremos el riesgo de una identificación con su significado tributario, cuando en el procesal solo tendríamos que hacer una única operación matemática: restar al valor de venta el de adjudicación en la ejecución hipotecaria,

15 mayo 2013

Esperando, entre palotes, a una Junta de Jueces sobre la Ley Hipotecaria mientras vuela el XB-47B.


Paloteaba con mi lápiz estadístico STAEDTLER®, Sentencias, Autos y Decretos en un estupendo cuaderno azul, tamaño folio, cuadriculado, que dedico a tales menesteres a fin de cuadrar esos datos con lo que pare el sistema informático, cuando, entre palote de sentencia desestimatoria en rebeldía del demandado en juicio verbal de la ley de propiedad horizontal (respiren) y, contrapalote de decreto en desahucio  y, con anotación para el INE, donde no se han enterado de la existencia del desistimiento, del allanamiento y de la enervación; asisto impertérrito a una nueva publicación en el Boletín Oficial del Estado, dedicada, esta vez, a destrozar la Ley Hipotecaria y lo queda de Ley de Enjuiciamiento Civil. Tarea siempre más sencilla que terminar alguna instrucción penal contra alguno de los que nos han metido en este pozo y que ahora se encargan de comprar deuda del Estado con mi dinero. 

Palotear Sentencias no es sencillo. El CGPJ pide datos sobre cuya utilidad guardaré un miedoso silencio y, no es plan que te anden entrando en el despacho en momento tan crucial para la Civilización Occidental, pero la entrada en vigor de la reforma de los DESAHUCIOS – que es lo que dice todo el mundo- en el día de la fecha y la confianza que tenemos en CICERONE, herramienta que aún tiene modelos en pesetas, ha provocado cierto revuelo en el Juzgado (escaso, la verdad) y, el habitual comentario sobre la petición de algún esquema o instrucción que nos tenemos que trabajar la Magistrado y quien redacta, como los modelos correspondientes. 

Y en esas estaba cuando recordé que ayer la marina de los EEUU lanzó desde un portaaviones un avioncito teledirigido, manejado desde la cubierta por dos especialistas con sus controles remotos. No vi a nadie paloteando la fuerza del viento, ni la orientación del barco y si le echan un vistazo al video, les aclaro que los procedimientos fueron los mismos que si se tratara de un avión tripulado, porque el avioncito teledirigido de marras es igual de grande que uno de los otros. Ya sé que nosotros tenemos CCAA y Universidades (en la Comunidad Valencia hay ¡CINCO!) y eso nos hace más cultos que los norteamericanos, pero cuando veo estas cosas establezco una relación muy cercana entre aquella cultura y el cubo de la basura que tengo en la cocina. No les hablaré de las lentes israelíes, porque ahí se me pone un punto de mala leche por un asunto personal, contra los que dicen que no se pueden pedir buenos resultados a los que estudian con beca y que suspender una asignatura es segregar.  

Pero esta vez tampoco habrá modelos sobre la reforma de la Ley Hipotecaria – relean el segundo párrafo- y esperaré como disciplinado funcionario, a que la Junta de Jueces del partido decida lo que proceda sobre como leer lo que no dispone la ley y sobre cómo no leer lo que si establece; costumbre que se lleva practicando desde hace algún tiempo y que por lo visto ampara la Constitución y su artículo 24 ya que garantiza la seguridad jurídica del justiciable y del litigante.

No se asusten no habrá, por tanto, Decretos vulneradores de los derechos de los ciudadanos porque lo firma un Secretario Judicial, ni del derecho a presentar cualquier cosa en cualquier Juzgado y a que lo vea un Juez (y si es con Justicia Gratuita, mejor). 

El avioncito es impresionante ¿verdad?.

08 mayo 2013

Perdonen, pero si no hay tasa judicial, no hay proceso: modelo de inexistencia.


No quedará políticamente correcto, pero no veo por ningún lado -salvo el político, no el procesal)- la relación entre la tasa judicial y la admisión de la demanda, de un recurso o del cualquier otra petición. La tasa no es un requisito, ni un presupuesto del proceso, es un tributo que se gestiona por los órganos judiciales y por ello, la falta de pago implica la inexistencia del proceso o, en su caso, la preclusión del acto que se trate. La ley no suscita dudas al respecto; cuestión distinta es la técnica que emplea, (mejor dicho, su falta) que olvida la necesidad de dictar una resolución en el proceso y que facilita otros criterios. Pero no una intervención judicial y con la finalidad de un pronunciamiento ¿sobre qué?. 

Solo estamos ante un supuesto de inexistencia del proceso y no es necesario un pronunciamiento sobre la inadmisión; el pago del tributo pago permite la presentación de la demanda, de la reconvención o, del recurso y solo después de verificado el mismo se resolverá sobre la admisión o la inadmisión del acto que se trate. 

Tampoco será preciso el dictado de ningún decreto de subsanación (vide art. 206 LEC) y no habrá parte gravada que pueda interponer ningún recurso, pues no hay «afectación desfavorable» (art.448.1 LEC) en el decreto de archivo que se funda en la falta de pago de una tasa, cuya obligación de pago conoce la parte que lo omite. 

Más aún, tampoco es un defecto que pueda subsanarse en cualquier momento posterior – otra cosa es que el trámite de apelación se «cuele» algún proceso sin el documento en cuestión- porque se paga la tasa para «para tener entrada» en la administración de justicia y fácilmente se concluye el efecto del impago (o de la desatención del requerimiento de subsanación). 

Les dejo el modelo que empleo, por si les sirve.

05 mayo 2013

Manual de aterrizaje en un Juzgado para Jueces y Secretarios Judiciales novatos (segunda parte).


Si dejamos al margen los apontajes en los portaaviones – por el mar, el viento, los bandazos y esas cosas sin importancia- bastará un mes desde la toma de posesión, para que el novato y la novata comprendan que los pilotos dejan sus aviones en manos de otros profesionales, pero que ellos están solos, que no necesitan un manual de aterrizaje, sino de primeros auxilios y que la soledad profesional no se cura con subidas de tensión, ni con bajas médicas. Con algún grito sí y lo recomiendo y, un portazo también; no queda educado, ni fino, pero cuando algún escritor de manuales de autoayuda o director de RRHH de esas grandes empresas pase un año en Juzgado mixto sabrá de lo que escribo. 

Y otra cosa. OLVIDÉNSE DEL PREPARADOR. El preparador está para lo que está y no dará para más y tampoco le importara – después de aprobar- cómo redacta su diligencia de ordenación o si en auto hay que condenar a las costas. Eso hay que traerlo sabido de casa y si no se sabe, nos ponemos un casco, lo lustramos, escogemos la primera pared a mano y nos enfrentamos a la realidad o, a dejarnos un par de neuronas. 

 Así que reitero lo dicho. Hay que llamar al preparador para lo imprescindible y a ser posible a las once de la noche para que no se olviden de ustedes. Se preguntaran qué es lo imprescindible y les pongo algunos verbigracia: ¿Qué hago si un sindicalista vocea en horas de audiencia?, ¿qué ocurre si la Dirección General de Justicia me engaña fuera de las horas de audiencia?, ¿por qué no tengo sitio para aparcar, si en Barcelona se han tirado dos años haciéndome creer que con un chasquido de dedos aparece un hueco en la puerta del Juzgado?. ¿Eso es lo imprescindible?. Pues si, lo es. 

Total que después de haber tomado posesión y de haber tenido dos o tres enfrentamientos – no hace falta buscarlos, te huelen y más cuando quieres cambiar el método de trabajo-, se tiene la peligrosa sensación que el Secretario Judicial tiene que hacer todo lo que los demás no quieren y que el Juez, se queda con el penal, calificando atestados y con la DACIÓN DE CUENTA, por si las moscas. Y eso hay que arreglarlo desde el primer minuto del partido, porque la pelea de egos de Juez y de Secretario Judicial le viene bien a todo el mundo, menos a los afectados, afectadas o a las parejas mixtas. 

Nadie dice que se vayan de copas, ni que se acuesten, aunque el amor tiene unos caminos ignotos y tampoco opino de los casos imposibles – que los hay-; solo afirmo lo evidente: cuatro ojos ven más que dos y dos cerebros trabajan mejor que uno. Ahora, que quieren llevarse mal, porque en Barcelona les dijeron que los Secretarios Judiciales tenemos cuernos y rabo – cuidado con las interpretaciones literales- o que los Jueces trabajan en el Olimpo y se van y vienen cuando quieren, porque el corporativismo les hizo así, muy bien, llévense a matar y cuando estén bien peleados observaran que su trabajo se duplica, pero no les doy más pistas. 

 Y en esas estamos cuando: 

 “Le llaman de la Dirección de Justicia”. Tenga en cuenta que esa llamada solo se produce porque el anterior titular o sustituto estuvo dando la paliza con algún asunto sobre personal. Si lo ignora, conteste con monosílabos o, entérese bien del motivo de la llamada y si lo conoce, no pierda los nervios, es muy probable que le cuenten una realidad virtual. Les pagan para eso. 

 “No aparece el proceso que pide”. Sino aparece no griten un abandono del buque, con las mujeres y los niños primero, ni pidan un listado de todos los asuntos que debería llevar el Juzgado. Nadie lo sabe. Decía una Secretaría Autonómica hace años que al siguiente del discurso (2009) tendríamos el expediente digital y tardé otro año en coger la indirecta: digital, relativo a los dedos y, por ende, a las grapas y a las cartulinas. Y con dedos, grapas y cartones sería un milagro que no se perdiera nada así que si se pierde, se reconstruye y a otra cosa. 

 Y una última cosa, consulten a su especialista antes de emplear el teléfono para resolver nada, porque eso pasará, no resolverán nada, se les pondrán las orejas rojas y encima se correrá la voz que se tiran el día hablando por ese instrumento.

01 mayo 2013

Manual de aterrizaje en un Juzgado para Jueces y Secretarios Judiciales novatos (primera parte).


Desde que a los futuros Jueces los tienen levitando en Barcelona una buena temporada convenciéndolos que son Poder y, que si se lo proponen abren el Mar Rojo con la primera sentencia y, reconociendo que ignoro lo que hacen en Madrid con los que aprueban Secretarios Judiciales, salvo indicarles son el músculo biafreño de la nueva oficina judicial, ocurre que cuando unos y otros llegan a sus primeros destinos se encuentran con la que realidad supera claramente a la ficción; que tiene su aquel eso de ser un poder del Estado con post-it que no pegan y que la estadística judicial se hace a palotes. 

Queda todavía lejos el tiempo de percatarse que en un Juzgado el Secretario Judicial y la Señora de la Limpieza comparten funciones y categoría profesional; que el Juez dejó de ser autoridad hace mucho tiempo; que en el Consejo General del Poder Judicial desconocen las palabras “buenos días”, “por favor” “gracias” y “de nada” y, que las mesas de las Consejerías de las Justicias plurales y de las Gerencias territoriales del Ministerio, están llenas de matasuegras con el nombre y apellidos de cada Juez y Secretario Judicial destinado en los respectivos territorios. Es más barato que mandar un fax. 

Pero mientras eso sucede, el novato escucha frases o vocablos (más lo primero que lo segundo) que sorprenden porque el significado judicial, procesal, jurisdiccional u orgánico (listado que acoge todas las sensibilidades de la doctrina y de la universidad) nada tiene ver con el real. 

Veamos los casos más frecuentes. 

 “Seré breve”. Pronunciadas en una Sala de Justicia significan que el Abogado en su informe jurídico repetirá tres o cuatro veces el contenido de la demanda o de la reconvención y no valorará la prueba (la suele traer valorada de casa) y, es lo contrario a “conclusiones a definitivas”, que no tiene tradición en el orden civil porque en éste, un buen porcentaje de letrados “son breves”. Espero que solo lo sean en las Salas de Justicia, porque hay experiencias vitales que se llevan mal con la brevedad. 

Solo me pasa en este Juzgado”. Aunque en el Partido Judicial solo haya un Juzgado no faltará un profesional que acuda al mostrador con dicha manifestación y solo en ese caso tendrá razón. En los demás, cuando haya dos o más Juzgados, no se molesten en buscar explicaciones o en darlas y, hasta que el artículo 24 CE no acoja en un estupendo seno la prohibición de la indefensión en su modalidad de “admita usted todo lo que le presenten”, es preferible aplicar la ley. 

Siempre se ha hecho así”. Si esto se oye en la oficina significa que el Juez o el Secretario Judicial anterior cayó en gracia y todo lo que hizo estuvo bien; a sensu contrario, todo lo que hace el novato, aunque tenga soporte legal, estará mal. El problema será tremendo si además el susodicho cesante tuvo buena fama entre los profesionales del foro; lo mejor será acudir al otorrino a por unas buenas gotas para evitar el pitido de oídos, paciencia y un par de gritos (sí, un de par de gritos, que lo he leído en un manual de coaching de esos, para imponer disciplina, que no autoridad). 

Usted me causa indefensión”. Sin comentarios. No conozco ningún caso documentado de Juez o Secretario Judicial novato que vaya a trabajar con un kimono de jiu jitsu. Si la indefensión es por el artículo 24 CE, no se olviden de pedir siempre el depósito de la DAD.15 LOPJ y de imponer las costas del recurso.

 “Quiero ver al Juez o al Secretario Judicial”. Bien, que nos vean, pero con cita previa y con alguien delante. Lo de la cita es cuestión de educación; lo de que alguien esté delante es porque no es que no se deban fiar, es que no deben fiarse de nadie. Aprenderán esto cuando lean en algún escrito que hablaron con el Juez o con el Secretario Judicial y que les dijo esto y lo otro. La primera vez hace una gracia que no les cuento.