08 abril 2013

El Tribunal Supremo y las notificaciones garantizadas por el Registro Mercantil.


No lo han vivido los más jóvenes y procuraré ser breve. Cuando empezó todo ese cachondeo de la integridad, seguridad, confidencialidad y no sé cuántas cosas más para enviar un fax y luego un correo electrónico desde un Juzgado, las grandes empresas ya trabajaban solo con el teléfono. En la casa todo el mundo veía problemas – y no pocos Secretarios Judiciales- y mientras la firma electrónica iba para arriba y para abajo, todas las grandes empresas grababan sus llamadas y las más avanzadas no empleaban papel, expertos juristas – en Justicia tenemos expertos para todo, ¡lo que da de sí la carrera de Derecho!- escribieron unos artículos y varios manuales sobre la “telemática judicial”, que creo que se emplean en la actualidad por psiquiatras y psicólogos para dormir a los clientes. 

La firma electrónica es, a efectos prácticos, una tarjeta y un código, nada más y, es muy difícil manipular un fax y, escribo esto porque como nos gusta perder años en discutir si el Sol sale por la derecha o por la izquierda, en el año 2003, o sea, hace diez años, ya era posible técnicamente que todos mandáramos faxes y notificáramos por correo electrónico y quizá, si más de un Juzgado lo hubiera hecho, no estaríamos a un paso de la privatización de las notificaciones. 

No hemos salido en los Juzgados del correo postal, ni del telegrama – y tampoco nos han dejado los expertos jurídicos de la casa- y el hueco lo aprovechan las empresas privadas y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que en ATS de 21 de marzo de 2013 (Roj: ATS 2501/2013) dice:


La situación jurídica parte del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos... que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad... los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda. Cuya norma procesal viene completada por la Ley 59/2003, de 19 diciembre, de firma electrónica, que contempla los certificados reconocidos (artículos 11 y siguientes) y los dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica (a partir del artículo 24). 
TERCERO. Como consecuencia de la aplicación de la normativa expuesta a la situación de hecho, aparece la seguridad de la práctica de la notificación y requerimiento, intentada anteriormente por los medios tradicionales. Por los medios electrónicos se ha practicado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil con la seguridad que contempla la citada ley de firma electrónica.

Ahora viene lo mejor, porque:


Lo que aquí se plantea es la comunicación de un profesional con su propio cliente, en la presente jura de cuentas, que era ilocalizable por sus cambios de domicilio. ………
La situación fáctica parte de los múltiples intentos de localizar a la persona a que se refiere la jura de cuentas, intentos por la vía prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, ante su fracaso, el procurador de los tribunales obtuvo la efectiva notificación y requerimiento en forma telemática, con los certificados electrónicos acreditativos de la práctica de ello emitidos por un prestador de servicios de certificación.

Mientras hubo dinero, no hubo problemas, ni reformas y solo en el 2009, cuando ya estaba claro que la creación de “unidades judiciales” no solucionaba nada, el legislador decidió llevarse por delante lo que hiciera falta para endosarle al Cuerpo de Secretarios Judiciales funciones jurisdiccionales; sí, porque eso es lo que hacemos cuando admitimos demandas y archivamos ejecuciones y ya me pueden interpretar la Constitución como deseen, aplastar conceptos, estirarlos o, definir el Poder Judicial según año y titular, porque ahí no estaba el problema y, buena prueba de ello es que ahora que estamos en la ruina, el ejecutivo mira fuera de la casa. 

¿Para sacar adelante la reforma de un artículo tengo que consultar y pactar con tres asociaciones de Jueces, dos o tres vocales del CGPJ, el grupo de enterados de las Consejerías de Justicia de la pluralidad nacional, tres sindicatos y los Colegios de Abogados que por turno corresponda?. Mira que bien, que esperan en el salón los Registradores de la Propiedad, los Notarios y los Procuradores, un Real Decreto Ley en la mesa y saquen sus conclusiones (y sus togas, cartelitos, pancartitas y pititos, según colectivos). 

No me parece mal que también esperen en la cocina las empresas de transporte y de mensajería. Nos lo hemos ganado a pulso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.