El Tribunal Constitucional se pone la pegatina contra los desahucios.


Tarea interesante la de aplicar la ley en un país en el que pocos la respetan. Y digo ley, en singular, porque el Parlamento ha parido tanta legislación en la última década que es ya imposible saber qué está o no en vigor, sin una previa consulta en una base de datos. Ya aviso a los lectores que escribo DESAHUCIOS y no lo que toca porque tendré más visitas en el BLOG y a nadie le interesa aclarar las sutiles diferencias legales: no caben en una pancarta, ni en un programa de televisión. 

El caso es que dejando al margen a esas curiosas asociaciones de afectados por los desahucios - ¿han visto, gestores de la cosa, para que sirve un programa informático que realice la estadística judicial y que no tenemos?- y los modelitos con que los Colegios de Abogados están logrando inundar más de un juzgado, a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde – supongo que luego prepararan otro modelito para que impulsemos los procedimientos, por las dilaciones indebidas y esas cosas-, el Tribunal Constitucional, que no pierde ocasión de demostrarnos su utilidad procesal, ha publicado un auto el 25 de febrero de 2013, con lo que podemos cargarnos, perdón, suspender, todas las ejecuciones hipotecarias sin acudir a la Europeidad y al Tribunal de la Unión. 

Relata en los hechos el altísimo órgano que
Cita:

a) A instancia de la entidad BBVA, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Ferrol inició procedimiento de ejecución hipotecaria número 228-2011, en fecha 21 de noviembre de 2011, contra don José Luis Calvo Picallo e Instalaciones Climatización de Galicia, S.L., y sobre la finca registral hipotecada núm. 8178, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pontedeume. 
b) El Juzgado practicó el requerimiento de pago en el domicilio que constaba en la escritura de hipoteca y en el Registro, con resultado negativo, tras lo cual se practicó el requerimiento de pago mediante edictos en la forma prevista en el art. 164 de la Ley de enjuiciamiento civil, e igualmente notificó por edictos la convocatoria de subasta. 
c) Habiendo tenido conocimiento del procedimiento los demandantes en fecha 10 de julio de 2012, según manifiestan, se personaron en autos y plantearon incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por el Auto impugnado de fecha 9 de octubre de 2012.

El Juzgado, que respetó escrupulosamente las normas que regulan la ejecución hipotecaria, desde la última reforma (la del 2009, para los despistados) no tuvo a bien buscar al ejecutado, porque no debe (artículo 686 LEC) y al que, por cierto, se le olvidó, por lo que parece, comunicar el cambio de domicilio e inscribirlo en el Registro de la Propiedad (artículo 683 LEC). Detalles legales sin importancia que no impiden:
Cita:

3. En la demanda de amparo se alega la vulneración del derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) al no haber sido emplazados ni requeridos de pago en su domicilio real, y que de la documentación aportada a la demanda de ejecución se desprendía otro domicilio —el real en la localidad de A Capela— sin que el órgano jurisdiccional realizara ninguna diligencia previa a la comunicación edictal para emplazar a los demandantes en su verdadero domicilio que constaba en autos.

Total que
Cita:

La suspensión interesada trasciende de la resolución formalmente impugnada, que es un Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones y la parte recurrente en amparo, pretende la retroacción de actuaciones y una nueva tramitación del proceso de ejecución hipotecaria desde su inicio, por lo que, si no se adoptase una medida cautelar se podría materializar la transmisión del dominio del inmueble en cuestión si fuera subastado, creando una situación difícilmente reversible que menoscabaría los fines del presente recurso, debiendo ponderarse asimismo que el demandante señor Calvo justifica que la finca hipotecada constituye su residencia habitual y la de su familia, con dos hijos menores de edad, lo cual permite identificar unos perjuicios de mayor intensidad derivados de la ejecución de la resolución impugnada.

Ardo en deseos de conocer los nuevos modelos de los Colegios de Abogados a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde.

Comentarios

  1. En descargo del Altísimo Tribunal debo decir que la "genialidad" no es nueva en cuanto al fondo.

    Desde hace años nuestro Altísimo Tribunal hace los mismo -esto es, lo que le sale de los cojones- con el artículo 59.2 y 59.3 de la Ley 30/92.

    Un fuerte aplauso para el Altísimo Tribunal que no se deja limitar por tonterías como las leyes y demás mamandurrias.

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