14 marzo 2013

Una lectura políticamente incorrecta de la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013.


No pondré reparos a que mañana por la mañana nos pongamos como locos a revisar armarios para apreciar el abuso en la ejecución hipotecaria, ni tampoco opinaré sobre nulidades retroactivas o, suspensiones de subasta fundadas en la bondad del ser humano. Bien, que así sea, pero que nadie lo funde en la famosísima Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, porque ni dice nada de eso, ni cabe hacer una exégesis extensiva en ningún sentido. Otra cosa es que, por un lado, el comportamiento procesal de Cajas de Ahorros y de Bancos con adjudicaciones bajo precio, cesiones de remate a sociedades del grupo llamadas "Inmobiliarias", continuaciones de la ejecución, subastada la vivienda, para arruinar a los ejecutados y, por otro, la omisión del legislador - que quizá haya sido lo mejor porque demuestra su ignorancia día tras día y año tras años- haya llevado a más de uno a estirar el ordenamiento procesal y transformarse en abogado de la imparcialidad y de los derechos de cualquier persona que hubiera firmado una hipoteca. 

Cierto es que si los medios de comunicación, -mal informando como siempre- no hubieran entrado como elefante en cacharrería en este asunto es muy probable que la mayor inmobiliaria del país estuviera en los Juzgados, pero por lo que me han contado la mala imagen para Cajas y Bancos era tal calibre que les han obligado a girarse sobre la dación en pago o negociaciones de alquileres de fincas adjudicadas. Pero es eso una cosa y otra que jaleados por el público los Jueces, cuya fama es manifiestamente mejorable, se pongan una cruz en el pecho y comiencen a liberar cautivos. Aquí generalizaciones las justas y por citar un dato les diré que en mi Juzgado no se ha acordado una sola suspensión del plazo de dos años del Real Decreto Ley 27/2012, aunque haya cuatro en trámite. Ni una sola. 

La Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 lo que dice es que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. 

Dicho de otra forma, mientras no se reforme la ejecución hipotecaria – y con este Congreso de los Diputados da miedo lo que puede salir publicado en el BOE- el ejecutado podrá irse a un declarativo para que le suspendan aquella, mientras el Juez que conoce de ese asunto determina si una cláusula del contrato es abusiva. Y ¿esto afecta a las ejecuciones hipotecarias en trámite?. Pues no. Pero como la ley hipotecaria no puede reformarse en dos tardes y llevamos perdidos cinco años con un sistema legislativo que requiere una profundísima reforma, es muy probable que comiencen a suspenderse ejecuciones hipotecarias o, que alguna Audiencia Provincial lea la sentencia de otra forma: se suspende la ejecución hipotecaria y se insta al ejecutado a que acuda a un declarativo o, peor, que se aprecia la cláusula abusiva en la ejecución hipotecaria

Y, por cierto, sin apostar nada con los lectores me inclino por la tercera interpretación, esto es, que los Jueces comenzaran a entrar a examinar las escrituras para comprobar especialmente, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. Y en cuanto a los intereses de demora, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos. 

La insistencia de las entidades financieras en no revelar la realidad de sus balances y en utilizar a los Juzgados como agencias de recobro y un legislativo que pide a gritos una limpieza y que sigue ignorando cómo abordar los verdaderos problemas, hará que triunfe, sino lo ha hecho ya, la inseguridad jurídica. Felicidades a los afortunados y veremos cómo se conceden las hipotecas y en qué condiciones dentro un año (o menos).

1 comentario:

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.