Plazos civiles y procesales: LEXNET y la presentación de escritos.


Dedicamos unas líneas al cómputo de plazos del artículo 135 LEC (redacción Ley 41/2007) en su aplicación por el sistema LEXNET, pero enfrentamos un tercer genero singular de notificaciones y de presentación de escritos. Según el artículo 6.1 Decreto 84/2007 el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicara la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales. El asunto quedaba limitado a relacionar los artículos 135 LEC y 6 del Decreto 84/2007, pero sucede que los protocolos de implantación del sistema han fijado plazos para la remisión de las notificaciones (entre las 09.00 horas y las 15.00 horas o, entre las 08.00 y las 20.00 horas) y esta exigencia no prevista en la ley y contradictoria con el artículo 6 del Decreto parece obedecer al hecho que los Colegios de Procuradores carecen de la infraestructura que permita la realización de notificaciones fuera de estos periodos de tiempo. Y aún queda una última variación. La práctica de una notificación por LEXNET y la entrega, en otra fecha, de un documento al Procurador mediante su remisión al Servicio Común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (vg. mandamientos de pago o dirigidos al Registro de la Propiedad). 

Pues bien, con este panorama la presentación de un escrito en la forma prevista en el artículo 135.5 LEC – que todavía no se produce- abre la puerta a tantas posibilidades que se antoja muy aventurada cualquier teoría y, más cuando se ha “retorcido” de tal forma el sistema informático de notificación que se ha convertido en una comunicación judicial por correo electrónico. 

Téngase en cuenta que en la práctica se ha ampliado el plazo ya que el procurador o el letrado reciben la copia de la resolución en el mismo día de la notificación, pero el cómputo se realiza en la forma prevista en el artículo 151.2 LEC, con lo que en no pocas ocasiones se da la paradoja que el letrado o el procurador solicitan alguna aclaración en la Secretaría del Juzgado, recogen el mandamiento o acuden a consultar el proceso por mor de una resolución que formalmente no ha sido notificada. 

Y, ello nos lleva a otro punto. Buscamos la solución al conflicto que podría darse en la aplicación de los artículos 135, 151 (tiempo de la comunicación) y 133 (cómputo de los plazos) y dejando al margen el segundo (artículo 151) dada la flexibilidad a la que se ha sometido al sistema LEXNET, estamos hablando de la diferencia entre plazos civiles y plazos procesales. 

Nos encontramos con dos posturas diferentes. Para la primera el artículo 135.1 LEC solo es aplicable a los escritos sujetos a plazos procesales y no en el caso de la caducidad (y el de prescripción) de tipo sustantivo o civil y no procesal, pues únicamente tienen este carácter los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción. Sin embargo, el precepto no distingue entre el carácter del plazo (procesal o civil), y si se atiende a su finalidad, así como a que ese plazo material o sustantivo (de caducidad o prescripción) se encuentra preordenado al ejercicio de un acción procesal dentro de su período, llegamos a una conclusión diferente. Porque si en las actuaciones antes los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia y no hay un servicio de recepción de escritos en tales tribunales durante determinadas horas del último día hábil o durante todo él si es inhábil, la consecuencia es que no se podrá presentar la demanda ejercitando la acción correspondiente el último día o en determinadas horas de éste, pero dentro del plazo fijado, lo que llevaría consigo, de facto, una reducción inadmisible del plazo. 

La segunda tesis se asienta en la definición y consecuencias de cada plazo. No pueden confundirse términos procesales y sustantivos, pues mientras los procesales son improrrogables (artículo 134.1 LEC), y cuando fenecen, hacen decaer la posibilidad de ejercitar el derecho, es decir, se produce la preclusión (artículo 136 LEC), los de naturaleza sustantiva no suponen la desaparición del derecho si son de prescripción y nadie la opone. La propia LOPJ dispone en su artículo 185.1 un argumento más para diferenciar ambos tipos de términos, pues establece que "los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil". 

El Tribunal Supremo se inclina por la primera doctrina. En la Sentencia de 29 abril 2009, Sala Primera (LA LEY 49548/2009) se analiza la cuestión planteada en los siguientes términos. En la actualidad el artículo 135 LEC permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día siguiente hábil al del vencimiento, pero se trata de una regla que está prevista para los plazos procesales y no para los sustantivos en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. La diferenciación entre unos y otros es evidente, y así lo ha señalado con reiteración esta Sala, al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción (SSTS 1 de febrero 1982; 22 de enero de 2009). 

Ahora bien, la acción judicial solo se materializa a través de la presentación de una demanda que formula el titular del derecho ante el órgano jurisdiccional, y este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal que da lugar con su admisión a la iniciación del proceso - y consiguiente litispendencia (artículo 410 LEC)- en el que ha de ventilarse necesariamente el derecho frente a quien lo niega. Como tal está sujeto a las normas que regulan el procedimiento, incluidas las del artículo 135 LEC , pues se trata de la presentación de un escrito mediante el que actúa procesalmente el derecho a partir del día siguiente en que concluye el plazo civil que tenía para hacerlo efectivo, aproximando de una forma justa y razonable unos y otros plazos. No es, por tanto, un problema de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los sesenta días de los que dispone el interesado. Se trata de permitir al titular de un derecho cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 CC que aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así pues no excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo que dispone sobre el día inicial (SSTS 3 de octubre 1990; 17 de noviembre 2000 , entre otras). 

Por lo demás –finaliza el Tribunal Supremo-, una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar como resultado final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular de un derecho, como el de retracto, a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley. 

En el fondo y cualquiera que sea el plazo, hablamos de lo mismo. El cómputo del plazo expira el día de su vencimiento a las 24.00 horas, produciéndose la ficción legal de entender que si el escrito se presenta antes de las 15.00 horas del día siguiente, se entiende presentado el día de finalización del plazo. No hay más. Otra cosa es que el proceso se hubiera adaptado a LEXNET, sin límite de horas, ni días, pero mientras se sujete a los artículos 151 y 135 LEC (en las redacciones actuales), junto a la ficción legal del vencimiento del plazo, tenemos la ficción legal del inicio del cómputo, con lo que desaparece, en consecuencia, la distinción entre los plazos civiles y los procesales. 

Por último esa también es la doctrina del Tribunal Constitucional. La Sentencia TC, Sala Segunda, 157/2009, de 29 de junio de 2009 aclara que en relación con los plazos y su cómputo, la interpretación y aplicación judicial de una norma relativa al cómputo de plazos es una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o que se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 5; 57/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 122/2007, de 21 de mayo, FJ 4).

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