30 marzo 2013

Peritos, tasación de costas y una de Aseguradoras.


La inclusión de los honorarios de los peritos en la tasación de costas viene impuesta por el artículo 241.1.4º LEC, pero condicionada, a su vez, por el requisito general de que estos gastos no sean «inútiles, superfluos o no autorizados por la Ley» o que la parte que haya de satisfacerlos no tenga reconocido el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. 

Para que el desembolso producido como consecuencia del informe pericial pueda ser incluido en la tasación de costas es necesario que se trate de un auténtico dictamen pericial, en el que concurran los requisitos legalmente necesarios para ser tenido por tal, pues no cabe incluir en la tasación de costas los desembolsos correspondientes a determinados pareceres técnicos o pericias documentadas que, por no reunir los requisitos legales, no llegan a alcanzar la condición de auténticos dictámenes periciales, sino el de meros documentos (SAP MURCIA, 86/2009, Sección 5ª, Cartagena, 2 de abril de 2009, ROJ: SAP MU 526/2009). 

Y sentado lo anterior las normas reguladoras de la prueba pericial relacionan las diferentes modalidades de designación con otras tantas posibilidades respecto al gasto que origina. 

Los supuestos serían los siguientes: 

a) La designación de perito por las partes (artículo 336.1 LEC). En este caso, el gasto se produce cuando se inicia el proceso o incluso antes de presentarse la demanda. Cierto es que el artículo 241 LEC señala que se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, pero lo relevante para la inclusión en la tasación de costas de un determinado desembolso es que se haya devengado como consecuencia de una actuación instada por la parte con la finalidad de fundamentar su pretensión en el proceso (iniciado o que se pretenda iniciar), de tal manera que el proceso, actual o futuro, no es más que la causa u origen de ese desembolso, sin que éste tenga que producirse necesariamente en el interior de aquél. 

Así que presentado el dictamen pericial y admitido por el Juzgado con valor de tal pericial, deberá incluirse en la tasación aún cuando no fuera ratificada en juicio; al no poder ser considerada inútil, superflua o no autorizada por la ley.

En cuanto al pago que hacen las aseguradoras a peritos y que deberían soportar sus asegurados (vg. arquitectos y aparejadores demandados vencedores del pleito), habrá que tener cuidado porque las normas reguladoras de la tasación de costas no permiten la inclusión de cualquier cantidad en la tasación de costas porque impedirlo el artículo 242 LEC, pudiendo confundirse, en suma, la definición de costa procesal, con la legitimación para reclamarlas. 

La parte beneficiada por la condena en costas podrá instar su tasación previo pago a todos sus acreedores procesales, presentando entonces los correspondientes justificantes. También es posible que inste la tasación de costas presentando tan solo las minutas (aún no pagadas) de determinados acreedores procesales (abogados, procuradores, peritos), cuyo devengo vendrá justificado por la intervención de estos profesionales en las actuaciones, debidamente documentada; minutas que podrían ser presentadas directamente en la Secretaría para que se incluyeran en la tasación o, entregadas directamente a la parte para que instara la tasación. 

Lo que no cabe es el tertium genus: honorarios satisfechos por tercero que no interviene en el proceso y, cuya inclusión en la tasación de costas se justifica por la definición de costa del artículo 241.1 LEC, siendo ajena a la impugnación la relación entre la parte que no ha pagado y el tercero que si lo hizo y al que deberá restituírsele el importe abonado. Una cosa es la relevancia de la calificación y otra quién sea obligado al pago y, en este punto y por lo antes dicho, debe confirmarse la exclusión de la partida. 

b) La designación judicial del perito solicitada de común acuerdo por las partes (artículo 339.2 LEC). Esta designación tiene dos consecuencias: la provisión de fondos del artículo 342 LEC y, la obligación de satisfacer el gasto por partes iguales. En ocasiones se confunde la provisión de fondos con la necesaria aportación de la factura y su carácter debido. Es decir, pese a algún pronunciamiento judicial la provisión de fondos no exime al perito de presentar la minuta o la factura para la tasación de costas. 

c) La designación judicial de perito a instancia de una sola de las partes implica que esta corra con el gasto (artículo 339.2 LEC), sin perjuicio – como en el caso anterior- del ulterior pronunciamiento en materia de costas. Resulta obvio que la inclusión de esta partida en la tasación de las costas estará siempre justificada (artículo 339.2 LEC) dado que el Juez sólo procederá a la designación del perito cuando “considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado”. 

d) Los gastos del perito designado de oficio por el Juez correrán a cargo del Estado. Debe recordarse que este perito designado es distinto al designado judicialmente y son los que refiere el artículo 339.5 LEC, que autoriza al Juez a nombrar perito en los procedimientos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales. Una segunda advertencia. 

Este supuesto es distinto del previsto en el artículo 435.2 LEC cuando prevé que el tribunal podrá acordar de oficio, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. En estos casos la pericial será sufragada por las partes en litigio ya que como el Juez estima que no puede resolver el asunto si no cuenta con un dictamen pericial que ilumine la controversia, lógico pensar que el citado dictamen beneficie a las dos partes, aunque una de ellas “gane” y la otra “pierda” el pleito.

22 marzo 2013

El doble régimen de la ejecución del desahucio y la reclamación de rentas.


La aplicación del plazo del art. 548 LEC cuando se presenta una demanda de ejecución del desahucio y del pronunciamiento relativo a la condena de rentas debidas es una cuestión que ha suscitado debate. Hay varias posturas. La primera sostiene que para la reclamación de las rentas arrendaticias habrá de concederse al deudor un plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia – o del decreto- antes de despachar ejecución. Una segunda afirma que podrá despacharse ejecución de la sentencia – o del decreto- en todos sus extremos sin esperar el transcurso del mentado plazo y, una tercera, considera que será necesaria la presentación de dos demandas ejecutivas, una respecto del pronunciamiento relativo al desahucio y otra respecto de las rentas debidas. 

Me inclino por la segunda respuesta. Haciendo una interpretación literal, primero se despacharía ejecución por el desahucio y, transcurrido el plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia – o del decreto-, se despacharía ejecución por la reclamación de las rentas debidas. ¿Y qué indicios tenemos para suponer que quien no ha pagado rentas durante un período de tiempo previo a la sentencia, va a hacerlo en el plazo de veinte días del art. 548 LEC?. Conviene tener presente que la ejecución del desahucio se inicia con la admisión a trámite de la demanda de juicio verbal y, que el juicio termina si el arrendatario, antes de la celebración de la vista, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio (art. 22.4 LEC), de tal modo que cuando se dicta la sentencia – o el decreto-, no se trata de conceder nuevos plazos de cortesía que faciliten un cumplimiento voluntario, que no se ha producido, sino de lograr la recuperación de la posesión y el cobro de lo debido. 

Y dicho esto, ¿es necesario despachar ejecución para el desahucio? Las prisas del legislador civil han logrado un «tertium genus» en el artículo 549.3 LEC. Este apartado establece que:


«En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la citación al demandado».

Pues bien, para contestar el interrogante hay que analizar los dos regímenes procesales que instaura la reforma del año 2011. Echando mano a los apartados 1 y 4 del art. 703 LEC, y dado que en el primero se ordena el dictado del auto autorizando y despachando la ejecución, y en el segundo, el dictado de un decreto que declarara ejecutada la sentencia, deberá despacharse ejecución para el desahucio, aunque no se requiera la presentación de ninguna demanda. Lo contrario, puede ser muy rápido, pero incomprensible y de alguna forma habrá que ordenar el desahucio y más cuando el ejecutante puede interesar que el desahucio tenga por único objeto el levantamiento de acta del estado en que se encuentre la finca. 

Respecto a las ejecuciones de los decretos que se dicten al amparo de la reforma de la Ley 37/2011, la necesidad de la presentación de una “solicitud” de ejecución para el lanzamiento o la reclamación de cantidad, se explica por las siguientes razones: 

a) El artículo 440.3 LEC modifica la redacción anterior en la que, sin solución de continuidad, a la sentencia firme seguía el lanzamiento del demandado. Desde la entrada en vigor de la reforma ya se pida el lanzamiento, la cantidad que corresponda o, ambas cosas, será necesaria una “solicitud”. 

b) La presentación de la solicitud salva, además, la posible denegación de ejecución porque no haya transcurrido el plazo de veinte días del artículo 548 LEC, que con la nueva redacción parece exigir la firmeza de todos los decretos que se dicten. 

c) El artículo 703 LEC nada indica sobre las cosas que la Comisión judicial se encuentra en la vivienda, considerándose bienes abandonados si no se retiran. Si no se anticipa el requerimiento al ejecutado para que retire las cosas que no sean objeto del título a la resolución de admisión a trámite de la demanda de juicio verbal, completando el señalamiento para el lanzamiento y su contenido (artículo 440.3 LEC), deberá hacerse en el decreto ejecutivo y en último término se practicará en el momento del desalojo, ya que con posterioridad al lanzamiento no tiene ningún sentido una ulterior entrada del arrendatario en el inmueble para retirar sus bienes. Razones pura lógica aconsejan que el actor en la “solicitud” aclare si va a precisar la intervención de cerrajero y postule el requerimiento que se trata, para el caso de no haberse realizado en la resolución de admisión a trámite.

ACLARACION SOBRE LA FIRMEZA DEL ARTICULO 548 LEC. 

 El artículo 548 LEC – en la redacción dada por Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles- corrige la facilitada por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, que impedía despachar ejecución de resoluciones procesales o arbitrales dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena fuera firme, o la resolución de aprobación del convenio hubiera sido notificada al ejecutado. Y, queda como sigue: “No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado” .

Los interrogantes aparecen con los procesos monitorios, los decretos aprobatorios de las tasaciones de costas y los novedosos decretos con los que termina el desahucio, porque una interpretación literal del retocado artículo obstaculiza la pretendida agilidad procesal del año 2011. No hace falta darle muchas vueltas al asunto para concluir que por la relación entre los artículos 517.2.9º LEC y 548 LEC parece obligado conseguir la firmeza de todos los decretos que se dicten en el Juzgado. 

Pero cabe una solución intermedia porque la ley habla expresamente de “resolución de condena” y esta solo podrá ser una sentencia o un auto y, forzando los términos, un decreto que haga pronunciamiento sobre las costas. Con un criterio que podemos aplicar para solucionar cualquier conflicto en este punto, se lee en el Auto AP SANTA CRUZ TENERIFE, Sección 3ª, 5 de mayo de 2011 que el art. 816 LEC dispone que el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud. Cumplido lo establecido en la referida norma, «la ejecución del decreto dictado en un juicio monitorio cuando la demandada no ha comparecido o no ha atendido el requerimiento de pago, no requiere ni la notificación de la referida resolución para ser ejecutiva ni el cumplimiento de cualquiera otro requisito establecido en los artículos 517 y siguientes de la LEC para la ejecución en general, por establecerse en este caso normas específicas para la ejecución en el juicio monitorio». 

Esta postura nos permite, además, una exégesis lógica a la ejecución del desahucio. Hasta la fecha el desahucio por falta de pago el artículo 440.3 LEC, constituía una excepción al plazo de espera fijado por el artículo 548 LEC que no producía ninguna indefensión a la parte ya que desde el auto de admisión de la demanda conocía la fecha de señalamiento del lanzamiento (Auto AP. CADIZ, Sección 8ª, 27 de junio de 2.007), en adelante, nos encontramos con un problema de cómputos – en la misma resolución habrá que señalar el juicio y la fecha del lanzamiento y ésta deberá ser lejana en el tiempo- y de coordinación con los servicios comunes encargados de los lanzamientos, pero nada nuevo, que no sea dilación, aporta la reforma. Esto es, será el requerimiento para el pago o desalojo el que fije los términos de la ejecución, sin que pueda aplicarse la literalidad del artículo 548 LEC a los decretos que ponen término a ese trámite.

14 marzo 2013

Una lectura políticamente incorrecta de la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013.


No pondré reparos a que mañana por la mañana nos pongamos como locos a revisar armarios para apreciar el abuso en la ejecución hipotecaria, ni tampoco opinaré sobre nulidades retroactivas o, suspensiones de subasta fundadas en la bondad del ser humano. Bien, que así sea, pero que nadie lo funde en la famosísima Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, porque ni dice nada de eso, ni cabe hacer una exégesis extensiva en ningún sentido. Otra cosa es que, por un lado, el comportamiento procesal de Cajas de Ahorros y de Bancos con adjudicaciones bajo precio, cesiones de remate a sociedades del grupo llamadas "Inmobiliarias", continuaciones de la ejecución, subastada la vivienda, para arruinar a los ejecutados y, por otro, la omisión del legislador - que quizá haya sido lo mejor porque demuestra su ignorancia día tras día y año tras años- haya llevado a más de uno a estirar el ordenamiento procesal y transformarse en abogado de la imparcialidad y de los derechos de cualquier persona que hubiera firmado una hipoteca. 

Cierto es que si los medios de comunicación, -mal informando como siempre- no hubieran entrado como elefante en cacharrería en este asunto es muy probable que la mayor inmobiliaria del país estuviera en los Juzgados, pero por lo que me han contado la mala imagen para Cajas y Bancos era tal calibre que les han obligado a girarse sobre la dación en pago o negociaciones de alquileres de fincas adjudicadas. Pero es eso una cosa y otra que jaleados por el público los Jueces, cuya fama es manifiestamente mejorable, se pongan una cruz en el pecho y comiencen a liberar cautivos. Aquí generalizaciones las justas y por citar un dato les diré que en mi Juzgado no se ha acordado una sola suspensión del plazo de dos años del Real Decreto Ley 27/2012, aunque haya cuatro en trámite. Ni una sola. 

La Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 lo que dice es que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. 

Dicho de otra forma, mientras no se reforme la ejecución hipotecaria – y con este Congreso de los Diputados da miedo lo que puede salir publicado en el BOE- el ejecutado podrá irse a un declarativo para que le suspendan aquella, mientras el Juez que conoce de ese asunto determina si una cláusula del contrato es abusiva. Y ¿esto afecta a las ejecuciones hipotecarias en trámite?. Pues no. Pero como la ley hipotecaria no puede reformarse en dos tardes y llevamos perdidos cinco años con un sistema legislativo que requiere una profundísima reforma, es muy probable que comiencen a suspenderse ejecuciones hipotecarias o, que alguna Audiencia Provincial lea la sentencia de otra forma: se suspende la ejecución hipotecaria y se insta al ejecutado a que acuda a un declarativo o, peor, que se aprecia la cláusula abusiva en la ejecución hipotecaria

Y, por cierto, sin apostar nada con los lectores me inclino por la tercera interpretación, esto es, que los Jueces comenzaran a entrar a examinar las escrituras para comprobar especialmente, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. Y en cuanto a los intereses de demora, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos. 

La insistencia de las entidades financieras en no revelar la realidad de sus balances y en utilizar a los Juzgados como agencias de recobro y un legislativo que pide a gritos una limpieza y que sigue ignorando cómo abordar los verdaderos problemas, hará que triunfe, sino lo ha hecho ya, la inseguridad jurídica. Felicidades a los afortunados y veremos cómo se conceden las hipotecas y en qué condiciones dentro un año (o menos).

10 marzo 2013

Cinco razones para que los Secretarios Judiciales nos vayamos de bares y no de huelgas.


1) El público: Padre a la búsqueda de una oposición. 

Pónganse en situación. Padre de una hija de veintitantos años, licenciada en Derecho y que solo conoce la Justicia por Garzón y por el juicio estrella de cada año, perfectamente mal informado por la prensa y del que saca horribles conclusiones. 

Bucea en internet y se encuentra con los “secretarios judiciales” y con varias páginas y va pinchando en los enlaces. Buena pinta en los dedicados a captar opositores: Grupo A de la Administración, Cuerpo Nacional, sueldo aceptable y plazas en toda España; dudosa información en las páginas oficiales, solo encuentra en el Ministerio de Justicia y, poca en la del Consejo General del Poder Judicial, pese a que ha leído por ahí que hacen de “chico para todo” del órgano de Gobierno de los Jueces. 

Y surrealista en las de las asociaciones de Secretarios Judiciales. El Padre de la hija de veintitantos años ya ha buscado información de otros Cuerpos A de la Administración del Estado y dejando al margen a los Jueces y a los Fiscales, que sabe, más o menos, a lo que se dedican aunque no entienda a qué tanto rollo político; le sorprende la anarquía festivalera que lee en las páginas de los dichosos Secretarios Judiciales. Para los de un Sindicato ahora se acaba el mundo un día sí y el siguiente también; los Progresistas lanzan las manos para una unión que no sabe bien en qué consiste y lee proclamaciones que no entiende y los de un Colegio, ¿juegan al futból mientras discuten sobre la tercera categoría?. 

Unos cachondos, los Romanos de Asterix y Obelix y los Secretarios Judiciales y el Padre de la hija de veintitantos años apaga el ordenador. Cuando vea a algunos de nosotros de toga y cartelitos en las puertas de los Juzgados, confirmara sus peores sospechas. 

2) El medio: no hay huelgas educadas. 

La huelga pancartera con togas y cartelitos en las puertas de las sedes judiciales queda para alguna película de Almodovar, pero de ahí no pasa y, el día que se escuchen las risas de los despachos oficiales, dejaran de convocarlas. En la minería del norte y del sur se dedican ahora a la guerrilla urbana, con iguales y nulos resultados que los que obtienen los educados cartelitos, pero arañando tiempo y alguna otra cosa. 

Dicho de otra forma, una huelga es ya materia de los historiadores y de los Siglos XIX y XX y con millones de parados y una sociedad que vive de la fotografía y de dejarse las pezuñas mandando mensajes en esos horribles aparatos de bolsillo, la huelga de los Secretarios Judiciales le suena a chino mandarín o al rodaje de una escena para la serie Turno de Guardia.


3) El monitorio orgánico: reclamación de funciones. 

Aquí aclaro: ni me he leído el proyecto de reforma, ni pienso hacerlo. Hace una semana cuatro personas se apostaron conmigo que era incapaz de escribir una novela romántica y como no hay trapo rojo al que no entré, ahí estoy, perfilando la idea y leyendo a Nicholas Sparks, aunque “Cuando leas esta carta” de Vicente Gramaje, me ha parecido muy buena. No tengo tiempo para nada más importante

¿Monitorio orgánico en reclamación de funciones estrictamente procesales al Juez Europeo que por turno corresponda?. Quizá y desde luego, buen avance sería que nos quitaran todas esas interesantes funciones de picoteo de datos en toda clase de Registros inventados o por inventar, conteo de palotes a mayor gloria de una rueda de prensa y confirmación de copias para procuradores, que nos endosó el Gobierno anterior -con el aplauso de ese Sindicato para él que ahora se acaba el mundo todos los días- y, que no hace ningún otro Grupo A de la Administración de este Estado, ni de otra Galaxia. 

4) Una de Viriato: Roma no paga traidores, ni yo sindicatos. 

El movimiento asambleario suele morir de éxito y más cuando sus integrantes saben que un libro se lee boca arriba y no ven Tele-5 más de diez minutos por día (presumo, chavales y chavalas, así que no me defrauden). No paso por alto el pequeño detalle de los puestos de trabajo de Coordinadores y de Secretarios de Gobierno, los de Directores de Servicios Comunes, los de asesores y los cursos de formación, para comprender en un pis pas o, en un dos más dos igual a cuatro, que Roma sigue siendo un imperio. 

Me he expresado mal. Una asamblea siempre tiene los días contados y el verdadero problema no está en Roma, que tiene cargos y prebendas que repartir y el ser humano es débil (¡lo sabré yo!), sino en que ningún Sindicato puede seguir representándonos y poner embajadores en el foro. ¿Han pedido la exclusión del censo electoral?. Háganlo, por favor. 

5) Un brindis: ¡Dios salve a la Reina!. 

No me va el Oporto. Lo he probado un par de veces y no paso de la copa, porque como soy muy educado, siempre he comido y bebido lo que me han puesto en plato y vaso y, en el caso del Oporto, tapo la copa o la escondo. Y digo esto porque del mismo modo que los ciudadanos Romanos realizaban el sacramentum cuando les tocaba defender a la República y los oficiales de los Regimientos Británicos brindan por la Reina con el susodicho Oporto, mientras escuchan el himno, los Secretarios Judiciales no tenemos himno, ni brindis que hacer, ni leche en bote y esa omisión es esencial. 

Como acabo de exponer la civilización occidental siempre ha tenido algo que ver con los bares – en sus diferentes acepciones- y creo que antes de perder sueldo en días de huelga a cambio de la nada, sería conveniente que buscáramos mejores alternativas detrás de una cerveza, un vino, un vermut o un café, según gustos y regímenes.

08 marzo 2013

Plazos civiles y procesales: LEXNET y la presentación de escritos.


Dedicamos unas líneas al cómputo de plazos del artículo 135 LEC (redacción Ley 41/2007) en su aplicación por el sistema LEXNET, pero enfrentamos un tercer genero singular de notificaciones y de presentación de escritos. Según el artículo 6.1 Decreto 84/2007 el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicara la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales. El asunto quedaba limitado a relacionar los artículos 135 LEC y 6 del Decreto 84/2007, pero sucede que los protocolos de implantación del sistema han fijado plazos para la remisión de las notificaciones (entre las 09.00 horas y las 15.00 horas o, entre las 08.00 y las 20.00 horas) y esta exigencia no prevista en la ley y contradictoria con el artículo 6 del Decreto parece obedecer al hecho que los Colegios de Procuradores carecen de la infraestructura que permita la realización de notificaciones fuera de estos periodos de tiempo. Y aún queda una última variación. La práctica de una notificación por LEXNET y la entrega, en otra fecha, de un documento al Procurador mediante su remisión al Servicio Común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (vg. mandamientos de pago o dirigidos al Registro de la Propiedad). 

Pues bien, con este panorama la presentación de un escrito en la forma prevista en el artículo 135.5 LEC – que todavía no se produce- abre la puerta a tantas posibilidades que se antoja muy aventurada cualquier teoría y, más cuando se ha “retorcido” de tal forma el sistema informático de notificación que se ha convertido en una comunicación judicial por correo electrónico. 

Téngase en cuenta que en la práctica se ha ampliado el plazo ya que el procurador o el letrado reciben la copia de la resolución en el mismo día de la notificación, pero el cómputo se realiza en la forma prevista en el artículo 151.2 LEC, con lo que en no pocas ocasiones se da la paradoja que el letrado o el procurador solicitan alguna aclaración en la Secretaría del Juzgado, recogen el mandamiento o acuden a consultar el proceso por mor de una resolución que formalmente no ha sido notificada. 

Y, ello nos lleva a otro punto. Buscamos la solución al conflicto que podría darse en la aplicación de los artículos 135, 151 (tiempo de la comunicación) y 133 (cómputo de los plazos) y dejando al margen el segundo (artículo 151) dada la flexibilidad a la que se ha sometido al sistema LEXNET, estamos hablando de la diferencia entre plazos civiles y plazos procesales. 

Nos encontramos con dos posturas diferentes. Para la primera el artículo 135.1 LEC solo es aplicable a los escritos sujetos a plazos procesales y no en el caso de la caducidad (y el de prescripción) de tipo sustantivo o civil y no procesal, pues únicamente tienen este carácter los que comienzan a partir de una notificación, citación, emplazamiento o requerimiento, pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción. Sin embargo, el precepto no distingue entre el carácter del plazo (procesal o civil), y si se atiende a su finalidad, así como a que ese plazo material o sustantivo (de caducidad o prescripción) se encuentra preordenado al ejercicio de un acción procesal dentro de su período, llegamos a una conclusión diferente. Porque si en las actuaciones antes los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia y no hay un servicio de recepción de escritos en tales tribunales durante determinadas horas del último día hábil o durante todo él si es inhábil, la consecuencia es que no se podrá presentar la demanda ejercitando la acción correspondiente el último día o en determinadas horas de éste, pero dentro del plazo fijado, lo que llevaría consigo, de facto, una reducción inadmisible del plazo. 

La segunda tesis se asienta en la definición y consecuencias de cada plazo. No pueden confundirse términos procesales y sustantivos, pues mientras los procesales son improrrogables (artículo 134.1 LEC), y cuando fenecen, hacen decaer la posibilidad de ejercitar el derecho, es decir, se produce la preclusión (artículo 136 LEC), los de naturaleza sustantiva no suponen la desaparición del derecho si son de prescripción y nadie la opone. La propia LOPJ dispone en su artículo 185.1 un argumento más para diferenciar ambos tipos de términos, pues establece que "los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil". 

El Tribunal Supremo se inclina por la primera doctrina. En la Sentencia de 29 abril 2009, Sala Primera (LA LEY 49548/2009) se analiza la cuestión planteada en los siguientes términos. En la actualidad el artículo 135 LEC permite la presentación de escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día siguiente hábil al del vencimiento, pero se trata de una regla que está prevista para los plazos procesales y no para los sustantivos en los que se atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio de la acción a la que se vincula dentro del plazo prefijado. La diferenciación entre unos y otros es evidente, y así lo ha señalado con reiteración esta Sala, al señalar que únicamente ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), entre los que no están aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción (SSTS 1 de febrero 1982; 22 de enero de 2009). 

Ahora bien, la acción judicial solo se materializa a través de la presentación de una demanda que formula el titular del derecho ante el órgano jurisdiccional, y este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal que da lugar con su admisión a la iniciación del proceso - y consiguiente litispendencia (artículo 410 LEC)- en el que ha de ventilarse necesariamente el derecho frente a quien lo niega. Como tal está sujeto a las normas que regulan el procedimiento, incluidas las del artículo 135 LEC , pues se trata de la presentación de un escrito mediante el que actúa procesalmente el derecho a partir del día siguiente en que concluye el plazo civil que tenía para hacerlo efectivo, aproximando de una forma justa y razonable unos y otros plazos. No es, por tanto, un problema de plazos, pues su computación no se ve alterada, ni se prolongan los sesenta días de los que dispone el interesado. Se trata de permitir al titular de un derecho cuyo ejercicio se encuentra sometido a plazo de caducidad disponer del mismo en su integridad, con perfecto ajuste a lo dispuesto en el artículo 5 CC que aunque no menciona si el día final del cómputo ha de transcurrir por entero habrá de entenderse que es así pues no excluye aquel precepto en su texto el día de su vencimiento a diferencia de lo que dispone sobre el día inicial (SSTS 3 de octubre 1990; 17 de noviembre 2000 , entre otras). 

Por lo demás –finaliza el Tribunal Supremo-, una interpretación razonable de la norma y de los intereses en juego no puede originar como resultado final un efecto contrario al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, desde el momento en que se privaría al titular de un derecho, como el de retracto, a disponer de la totalidad del plazo concedido por la Ley. 

En el fondo y cualquiera que sea el plazo, hablamos de lo mismo. El cómputo del plazo expira el día de su vencimiento a las 24.00 horas, produciéndose la ficción legal de entender que si el escrito se presenta antes de las 15.00 horas del día siguiente, se entiende presentado el día de finalización del plazo. No hay más. Otra cosa es que el proceso se hubiera adaptado a LEXNET, sin límite de horas, ni días, pero mientras se sujete a los artículos 151 y 135 LEC (en las redacciones actuales), junto a la ficción legal del vencimiento del plazo, tenemos la ficción legal del inicio del cómputo, con lo que desaparece, en consecuencia, la distinción entre los plazos civiles y los procesales. 

Por último esa también es la doctrina del Tribunal Constitucional. La Sentencia TC, Sala Segunda, 157/2009, de 29 de junio de 2009 aclara que en relación con los plazos y su cómputo, la interpretación y aplicación judicial de una norma relativa al cómputo de plazos es una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o que se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 5; 57/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 122/2007, de 21 de mayo, FJ 4).

02 marzo 2013

Otra nota de prensa sobre el Burka y el Tribunal Supremo.


Era lógico que el Tribunal Supremo anulara la ordenanza del Ayuntamiento de Lerida sobre la prohibición del velo integral para las mujeres, aunque no debería haber pasado del asunto de la competencia administrativa. No hay aquí un problema de libertad religiosa, ni de derechos humanos y menos aún hay riesgo de exclusión para la mujer: el único problema es que los europeos occidentales seguimos cediendo espacio y derechos a costumbres, culturas e interpretaciones religiosas que no merecen aquel, ni estos y sí, que deberían estar prohibidas.  

Le hubiera bastado al Tribunal Supremo con un párrafo para anular la ordenanza del Ayuntamiento, por incompetencia en la materia y otro para recordar a quien corresponda que desde el año 2010 anda pendiente la prohibición del empleo de tan estupenda prenda de vestir. Y es el momento, porque la crisis económica que padecemos se ha llevado por delante la Alianza de las Civilizaciones y mucho de la multiculturalidad subvencionada y, hoy nadie defiende con seriedad que una cárcel de tela proteja, en las calles de Europa, los derechos de ninguna mujer. 

Cuando dedico el BLOG a estas cuestiones disminuye el número de lectores, que andan muy preocupados por las costas, el recurso de revisión, el desahucio o las tasas y nada tengo que decir sobre ello; al contrario, es muy satisfactorio ver que la gente lee lo que escribo y ¡hasta sería la leche que alguien me hiciera caso!, por lo que vuelvo a dar las gracias. Pero, hay que situaciones frente a las que hay que tomar postura y dejar los chistes para la tercera cerveza. 

Es la segunda vez que cuelgo la misma fotografía. Se hizo en Afganistán, hace años y delante de una base Española. Hoy no se hubiera permitido por razones de seguridad. En Irak empleaban muchachas con burka para cometer atentados suicidas, no faltaron chicas con disminuciones psíquicas y a otras las violaban, para pérdida la honra y con el burka puesto, sanearán su espíritu matando infieles o, a quien se pusiera por delante. Maldita la gracia que me hace escribir sobre estas cosas o, que comentando la fotografía, me dijeran que en Afganistán y Pakistán, el burka facilita a la mujer una protección muy necesaria. 

El caso es que no vivimos en Afganistán y, en nuestra casa hay normas que se han ido redactando con el paso de los siglos y que deben respetarse y, eso nada tiene que ver con la libertad religiosa, ni con los derechos humanos. Y, sí, terminará siendo aquí un problema de seguridad, como ya lo es allí.