06 febrero 2013

Juzgado Mercantil 1- AEAT -0 (o, como poner coto a la voracidad recaudatoria de la Agencia)


La Sentencia TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 11 de diciembre de 2012 resuelve el conflicto de jurisdicción suscitado por la Delegación Especial de la AEAT de Valencia en relación con los embargos trabados sobre los bienes de diferentes empresas, cuyo alzamiento ordenó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, que requirió a la AEAT, a fin de que dejara sin efecto los embargos de bienes o derechos de la concursada que hubieran podido acordar con posterioridad a la declaración de concurso, así como aquellos que fuesen de fecha anterior al mismo, por considerar sus bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. 

La Administración Tributaria sostuvo su competencia para seguir adelante con la ejecución por dos razones: 1) las providencias de apremio eran anteriores a la declaración del concurso, sin que quepa entender que el efecto retroactivo que el artículo 22.1 otorga a la comunicación del deudor de inicio de negociaciones previsto en el artículo 5.3 pueda ser otro que el de la consideración del concurso como voluntario o necesario; 2) la Administración Tributaria no estaba obligada a solicitar del Juez una declaración previa sobre si los bienes embargados eran o no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, habida cuenta de que en el momento de acordar los embargos, aún no se había dictado el auto de declaración del concurso y, no podía resultar aplicable el artículo 55 L.C. y menos extender sus efectos desde la fecha de la comunicación prevista en el artículo 5.3 L.C. que se presenta sin publicidad ni notificación a los acreedores. 

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia sostuvo su competencia: 1) En la atribución «exclusiva y excluyente» que la L.C. otorga al Juez del concurso, en concreto en materia de ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado; 2) Porque habiéndose embargado los bienes inmuebles de los concursados por la AEAT con anterioridad a la declaración del concurso, al haberse iniciado en este caso en virtud de la comunicación prevista en el artículo 5.3, se retrotraen sus efectos, por aplicación del artículo 22, a la fecha de dicha comunicación y 3) Porque estando en marcha un procedimiento administrativo de ejecución, si se produce la declaración del concurso, la Administración está obligada a dirigirse al Juez que lo tramita para que decida si los bienes o derechos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad empresarial del deudor, lo que en este caso la Administración no efectúa. 

Los preceptos aplicables a la controversia son el apartado 3 del artículo 5, el apartado 1 del artículo 22 L.C. (en su redacción RDL 3/2009 de 27 de marzo) y el artículo 55.1 y 2 de la misma, en su redacción de 9 de julio de 2003. Las modificaciones llevadas a cabo por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, vienen motivadas, como señala su Preámbulo, por la evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía española que, en lo relativo a la Ley Concursal, pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que pueden atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de agilizar los trámites procesales, reducir los costes de tramitación y mejorar la posición jurídica de los trabajadores, en orden al mantenimiento del empleo. 

Además, por otra parte, en virtud de los principios de universalidad, concentración, unidad, disciplina y eficacia del sistema, la Ley atribuye la competencia para conocer del concurso a los Juzgados de lo Mercantil, otorgándoles jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial transcendencia patrimonial, aunque sean de naturaleza social, así como las de ejecución y las cautelares cualquiera que sea el órgano del que hubiesen emanado. 

Es precisamente el carácter universal del concurso el que justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional de la competencia para conocer de todas estas materias, cuya dispersión, como reza la Exposición de motivos de la Ley 22/2003 quebrantaría la necesaria unidad procedimental y de decisión. 

Al amparo de las referidas normas resulta claro en el presente conflicto que aún cuando las actuaciones de la Delegación Especial de la AEAT ordenando Providencia de apremio y Diligencias de embargo de bienes de las empresas deudoras por incumplimiento de sus obligaciones tributarias eran inicialmente preferentes por ser anteriores en el plano temporal a la Declaración concursal, producida ésta, al no haber culminado el procedimiento administrativo de apremio, incluido el cobro del crédito, la Administración debió dirigirse al Juez del Concurso, poner en su conocimiento las diligencias de apremio y, en su caso, los embargos acordados sobre los bienes de los concursados y solicitar una declaración judicial sobre si dichos bienes afectados por el apremio eran o no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor. Todo ello más allá de que la declaración judicial del concurso tenga efectos desde la fecha en que se dicta o se retrotraiga a la fecha de la solicitud que por aplicación del artículo 22.1 en relación con los supuestos del 5.3 declara el Juez, que es la de la comunicación del inicio de las negociaciones. 

El criterio que marca la preferencia del procedimiento administrativo o judicial desde la perspectiva temporal, no es en definitiva en las presentes actuaciones la fecha de la Providencia de apremio o de embargo, que queda claro que es anterior a la declaración del concurso, sino si, en la fecha en que esta declaración se produce, los bienes incursos en el procedimiento de apremio administrativo se han realizado o no. 

Y es que la Ley opta por atribuir al Juez del concurso amplísimas facultades sobre todas aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor que ha de preservarse en garantía de los derechos concurrentes del deudor, de los trabajadores, de los acreedores y del principio de interés general de mantenimiento o continuidad de la actividad empresarial. 

Es indudable que en las situaciones concursales el interés público, contenido y reiterado en la normativa concursal, no es otro que el mantener la continuidad de la actividad del deudor (como ha declarado expresamente esta Sala entre otros en STS 4/2005, de 19 de octubre; STS 10/2006 de 22 de diciembre) a cuyo interés básico y fundamental, han de supeditarse ciertos privilegios, incluido el de autotutela que ha de ceder y sujetarse a las reglas del concurso, en los términos previstos en la legislación concursal. Y la legislación concursal establece que para poder continuar un procedimiento de apremio, una vez declarado el concurso, es preciso que se produzcan dos requisitos. Uno temporal de carácter procedimental: que las providencias de apremio sean anteriores a la fecha de declaración del Concurso y otro de carácter sustantivo que actúa como presupuesto del temporal, que es que se declare «siempre que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial». 

Por tanto, lo que delimita el alcance competencial de la cláusula de excepción contenida en el párrafo segundo del número 1.º del art. 55, es que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor. 

Como reiteradamente ha declarado este Tribunal (entre otras en Sentencias 3/2010 de 18 de octubre; 5/2009 de 22 de octubre; 2/2008 de 3 de julio; 3/2008 de 4 de julio; 4/2008, de 19 de diciembre; 10/2006, de 22 de diciembre) ha de proclamarse que la Administración Tributaria, cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produce la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa, la Administración recupera las facultades de ejecución, siempre que las Providencias de Apremio fueran anteriores a la Declaración del Concurso. Si, por el contrario, es positiva, pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado artículo 55 y con los efectos previstos en el apartado 3.º en el supuesto de contravención. En consecuencia: procede, por tanto, resolver el presente conflicto a favor del Órgano Judicial y atribuir la jurisdicción al Juez de lo Mercantil número 3 de Valencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.