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El Procurador del turno de oficio


No es la primera vez que se trata el asunto de los efectos del nombramiento de procurador por el turno de oficio, respecto a la necesidad de realizar posteriormente un apoderamiento “apud acta” en el Juzgado correspondiente. Se afirma que no se trata de cuestiones contrapuestas y que la designación administrativa del Colegio no impide la aplicación del artículo 24 LEC, por su carácter preceptivo. 

En otro sentido, también se afirma que el alcance de la representación procesal del procurador que actúa designado por el turno de oficio, es el mismo que el que actúa con poder de designación directo de la parte que lo solicita mediante otorgamiento notarial de poder. Y no habiendo distinción, no sería preciso el apoderamiento “apud acta” en los casos de procurador de turno de oficio. Esta segunda teoría entiende que el poder notarial y la designación mediante comparecencia ante el secretario judicial no son los únicos medios que habilitan la válida postulación del representante procesal, pues el propio artículo 33 LEC, señala que fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. De dicho precepto, se desprende que el procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio. 

La razón de la distinción es la de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de justicia gratuita, por lo que en ningún caso podría acudirse ante el notario o el secretario judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional ya que no sería elegido, sino designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho. Es decir, cuando se actúa con procurador de oficio es una obviedad e innecesario acudir al apoderamiento “apud acta” por ser éste reiterativo y superfluo. Esa suele ser la opinión mayoritaria y a modo de ejemplo, dice el Auto AP VALENCIA, Sección 10ª, de 5 de julio de 2010 que con la demanda se aportará el poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue "apud acta", pero la no presentación de este documento junto con la demanda, no impide su aportación posterior o que sea suplido con un apoderamiento “apud acta”, debiendo estimarse justificada la representación procesal cuando se anuncia en la demanda que se ostenta mediante el nombramiento de oficio, lo que se acreditará mediante el documento acreditativo de la designación de oficio por justicia gratuita.

Pero, ¿ qué ocurre en los procesos de ejecución en los que, salvo determinadas situaciones (oposiciones en ejecuciones de título no judicial), no es frecuente la personación del ejecutado?. A mí entender el problema no queda resuelto con una designación administrativa (mucho menos en el proceso declarativo, pero no nos ocupa analizar esa situación). Cierto es que habremos identificado a dos profesionales (el letrado y el procurador), pero nada más y de ahí la entrada en juego del artículo 27 LEC, cuando a falta de disposición expresa -que en este caso existe en el artículo 26 LEC- somete las relaciones entre el poderdante y el procurador a las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil. Esa remisión, tan sencilla como la designación administrativa, poco soluciona en dos casos que se dan con cierta frecuencia en los procesos de ejecución: las designaciones provisionales innecesarias (oposiciones a las ejecuciones fundadas en la imposibilidad del pago) y las consecuencias de la intervención profesional (por inaplicación del artículo 26 LEC el solicitante de justicia gratuita desconoce las consecuencias de los actos de los profesionales que le representan y defienden). En consecuencia, la designación administrativa ni está prevista en la ley, ni puede equipararse a los otorgamientos de poder notarial o “apud acta” ante el Secretario Judicial.

Comentarios

  1. Hay un argumento adicional a favor de que la designación colegial tenga efectos equiparados al las otras dos formas, y se produce, especialmente en la jurisdicción penal. El acusado está obligado a estar representado por Procurador, y contempla la ley que se le nombre de oficio si él no lo hace (784.1 Lecrim), por lo que si no ha designado, dificilmente comparecerá a otorgar un apud acta o aportar un poder notarial, y, sin embargo, qué duda cabe de que ese Procurador del turno de oficio ostenta su representación. Este razonamiento sería extrapolable a todos los casos en que una de las partes está obligada a serlo.
    De hecho, el 784.1 plantea un problema adicional en esa disyuntiva, ya que sugiere que designar (RAE , Denominar, indicar) es suficiente para otorgar la representación, primero porque ese es el término elegido por el legislador y segundo porque no menciona para nada la exigencia de un poder, de la forma que sea. Tanto es así que se viene aceptando pacífica y generalmente que la designación hecha en el momento de ese requerimiento, normalmente por el SCAC, es bastante para que el Procurador designado tendrá su representación.

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