24 febrero 2013

El final del proceso de ejecución.


No pensarían que iba a dedicar una línea más a tratar el apasionante asunto de las tasas, que el sábado pegó otro giro de rumbo ¿verdad?. Pues verdad. Dejando al margen las patadas a la semántica que he logrado en tres líneas, creo que con la publicación de un artículo, una junta de Secretarios Judiciales y una intervención televisiva (pinchen en los enlaces sí tienen valor) hay análisis de sobra. 

Así que aprovechando la segunda edición de mi libro sobre la ejecución civil y siguiendo las técnicas de venta más novedosas en la materia editorial, dejo colgado el epígrafe dedicado a la satisfacción del título ejecutivo. Espero que nadie se ofenda, como en anteriores ocasiones, pero comienza a ser una moda la presentación de tantas demandas de ejecución como títulos de cualquier clase o naturaleza aparecen en los procesos y eso, ni está bien, ni tiene respaldo legal.

22 febrero 2013

Seguro voluntario y seguro obligatorio (STS.11-2-2013).


La STS, Sala 1ª, 11 de febrero de 2013 (ROJ STS 342/2013) afirma que el seguro voluntario se configura como un complemento para todo aquello que el obligatorio no cubra, de conformidad con el artículo 2.3 LRCSCVM , que establece que "además, la póliza en que se formalice el contrato de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria podrá incluir, con carácter potestativo, las coberturas que libremente se pacten entre el tomador y la entidad aseguradora con arreglo a la legislación vigente", debiéndose entender esta ampliación de cobertura no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo ( SSTS 5 de noviembre 2010 , 16 de febrero y 15 diciembre 2011 , entre otras).  

Ambos se configuran como seguros de responsabilidad civil, cubriendo, el primero, el "riesgo de nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios por un hecho previsto en el contrato" (art. 73), en el caso, la producción de daños y perjuicios derivados de la conducción negligente de un vehículo de motor, frente al segundo, que se configura también como un seguro de responsabilidad civil en cuanto que el riesgo cubierto es la responsabilidad civil frente a tercero por los daños causados a las personas o en las cosas con motivo de la circulación (art. 1 LRSCVM). Uno y otro, por tanto, se configuran desde una misma idea cual es la de garantizar la responsabilidad que pueda derivarse para el dueño de un vehículo como consecuencia de un hecho de la circulación cuando el asegurado sea civilmente responsable (SSTS 29 de junio 2009, y 29 de junio 2009).


Ahora bien, la protección que uno y otro dispensa a los asegurados es distinta, como también es distinta, en el propio ámbito del seguro obligatorio, la que se proporciona en razón al daño causado, personal o material. El artículo 1.1 I y II LRCSVM 1995 establece un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación (artículo 1.1 II) cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (si los daños se deben únicamente a ella) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, en el primer caso, que concurra también negligencia del conductor, pues entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización (artículo 1.1 IV LRCSVM 1995). El riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso. Esto es así tanto en el supuesto de daños personales como de daños materiales, pues en relación con ambos se construye expresamente el régimen de responsabilidad civil por riesgo derivada de la conducción de un vehículo de motor ("daños causados a las personas o en los bienes»: artículo 1.1 I LRCSCVM ). Respecto de los daños materiales, sin embargo, la exigencia, que también establece la LRCSCVM, de que se cumplan los requisitos del artículo 1902 CC ( artículo 1.1 III LRCSCVM ) comporta que la responsabilidad civil por riesgo queda sujeta al principio, clásico en la jurisprudencia anterior a la LRCSCVM sobre daños en accidentes de circulación, de inversión de la carga de la prueba, la cual recae sobre el conductor causante del daño y exige de ese, para ser exonerado, que demuestre que actuó con plena diligencia en la conducción ( STS -Pleno de 10 de septiembre 2012 ). 
Por el contrario, el seguro voluntario de responsabilidad civil asegura el riesgo asegurado dentro de los limites de la ley y del contrato, conforme resulta del artículo 73 de la LCS , y esta responsabilidad civil puede ser tanto la contractual como la extracontractual. Ha sido definido por la doctrina como la modalidad de seguro por la que el asegurador se compromete, dentro de los límites convenidos, a mantener indemne al asegurado cuando su patrimonio se vea gravado por una obligación de indemnizar a un tercero, derivada de responsabilidad. Cabe decir, por tanto, que el riesgo que cubre este seguro se identifica con la posibilidad de que el asegurado incurra en responsabilidad civil y, consiguientemente, que el daño se produce cuando surge para él la obligación de indemnizar ( STS 30 de diciembre 2010 ).

En suma aun estando ante un mismo hecho, como es un accidente de tráfico, las acciones civiles y las consecuencias de su ejercicio son distintas. Así, mientras que el seguro obligatorio responde al criterio del riesgo y no de la culpa, el seguro voluntario se vincula a la responsabilidad regulada en el artículo 1902 del Código Civil por lo que para que este seguro indemnice los daños causados a un tercero, no basta que tenga su origen en una situación de riesgo, sino que exige la culpa o negligencia del asegurado y, en cualquier caso, que el hecho esté previsto en el contrato.

15 febrero 2013

El Procurador del turno de oficio


No es la primera vez que se trata el asunto de los efectos del nombramiento de procurador por el turno de oficio, respecto a la necesidad de realizar posteriormente un apoderamiento “apud acta” en el Juzgado correspondiente. Se afirma que no se trata de cuestiones contrapuestas y que la designación administrativa del Colegio no impide la aplicación del artículo 24 LEC, por su carácter preceptivo. 

En otro sentido, también se afirma que el alcance de la representación procesal del procurador que actúa designado por el turno de oficio, es el mismo que el que actúa con poder de designación directo de la parte que lo solicita mediante otorgamiento notarial de poder. Y no habiendo distinción, no sería preciso el apoderamiento “apud acta” en los casos de procurador de turno de oficio. Esta segunda teoría entiende que el poder notarial y la designación mediante comparecencia ante el secretario judicial no son los únicos medios que habilitan la válida postulación del representante procesal, pues el propio artículo 33 LEC, señala que fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. De dicho precepto, se desprende que el procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio. 

La razón de la distinción es la de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de justicia gratuita, por lo que en ningún caso podría acudirse ante el notario o el secretario judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional ya que no sería elegido, sino designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho. Es decir, cuando se actúa con procurador de oficio es una obviedad e innecesario acudir al apoderamiento “apud acta” por ser éste reiterativo y superfluo. Esa suele ser la opinión mayoritaria y a modo de ejemplo, dice el Auto AP VALENCIA, Sección 10ª, de 5 de julio de 2010 que con la demanda se aportará el poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue "apud acta", pero la no presentación de este documento junto con la demanda, no impide su aportación posterior o que sea suplido con un apoderamiento “apud acta”, debiendo estimarse justificada la representación procesal cuando se anuncia en la demanda que se ostenta mediante el nombramiento de oficio, lo que se acreditará mediante el documento acreditativo de la designación de oficio por justicia gratuita.

Pero, ¿ qué ocurre en los procesos de ejecución en los que, salvo determinadas situaciones (oposiciones en ejecuciones de título no judicial), no es frecuente la personación del ejecutado?. A mí entender el problema no queda resuelto con una designación administrativa (mucho menos en el proceso declarativo, pero no nos ocupa analizar esa situación). Cierto es que habremos identificado a dos profesionales (el letrado y el procurador), pero nada más y de ahí la entrada en juego del artículo 27 LEC, cuando a falta de disposición expresa -que en este caso existe en el artículo 26 LEC- somete las relaciones entre el poderdante y el procurador a las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil. Esa remisión, tan sencilla como la designación administrativa, poco soluciona en dos casos que se dan con cierta frecuencia en los procesos de ejecución: las designaciones provisionales innecesarias (oposiciones a las ejecuciones fundadas en la imposibilidad del pago) y las consecuencias de la intervención profesional (por inaplicación del artículo 26 LEC el solicitante de justicia gratuita desconoce las consecuencias de los actos de los profesionales que le representan y defienden). En consecuencia, la designación administrativa ni está prevista en la ley, ni puede equipararse a los otorgamientos de poder notarial o “apud acta” ante el Secretario Judicial.

06 febrero 2013

Juzgado Mercantil 1- AEAT -0 (o, como poner coto a la voracidad recaudatoria de la Agencia)


La Sentencia TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 11 de diciembre de 2012 resuelve el conflicto de jurisdicción suscitado por la Delegación Especial de la AEAT de Valencia en relación con los embargos trabados sobre los bienes de diferentes empresas, cuyo alzamiento ordenó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, que requirió a la AEAT, a fin de que dejara sin efecto los embargos de bienes o derechos de la concursada que hubieran podido acordar con posterioridad a la declaración de concurso, así como aquellos que fuesen de fecha anterior al mismo, por considerar sus bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. 

La Administración Tributaria sostuvo su competencia para seguir adelante con la ejecución por dos razones: 1) las providencias de apremio eran anteriores a la declaración del concurso, sin que quepa entender que el efecto retroactivo que el artículo 22.1 otorga a la comunicación del deudor de inicio de negociaciones previsto en el artículo 5.3 pueda ser otro que el de la consideración del concurso como voluntario o necesario; 2) la Administración Tributaria no estaba obligada a solicitar del Juez una declaración previa sobre si los bienes embargados eran o no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, habida cuenta de que en el momento de acordar los embargos, aún no se había dictado el auto de declaración del concurso y, no podía resultar aplicable el artículo 55 L.C. y menos extender sus efectos desde la fecha de la comunicación prevista en el artículo 5.3 L.C. que se presenta sin publicidad ni notificación a los acreedores. 

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia sostuvo su competencia: 1) En la atribución «exclusiva y excluyente» que la L.C. otorga al Juez del concurso, en concreto en materia de ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado; 2) Porque habiéndose embargado los bienes inmuebles de los concursados por la AEAT con anterioridad a la declaración del concurso, al haberse iniciado en este caso en virtud de la comunicación prevista en el artículo 5.3, se retrotraen sus efectos, por aplicación del artículo 22, a la fecha de dicha comunicación y 3) Porque estando en marcha un procedimiento administrativo de ejecución, si se produce la declaración del concurso, la Administración está obligada a dirigirse al Juez que lo tramita para que decida si los bienes o derechos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad empresarial del deudor, lo que en este caso la Administración no efectúa. 

Los preceptos aplicables a la controversia son el apartado 3 del artículo 5, el apartado 1 del artículo 22 L.C. (en su redacción RDL 3/2009 de 27 de marzo) y el artículo 55.1 y 2 de la misma, en su redacción de 9 de julio de 2003. Las modificaciones llevadas a cabo por el RDL 3/2009, de 27 de marzo, vienen motivadas, como señala su Preámbulo, por la evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía española que, en lo relativo a la Ley Concursal, pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que pueden atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de agilizar los trámites procesales, reducir los costes de tramitación y mejorar la posición jurídica de los trabajadores, en orden al mantenimiento del empleo. 

Además, por otra parte, en virtud de los principios de universalidad, concentración, unidad, disciplina y eficacia del sistema, la Ley atribuye la competencia para conocer del concurso a los Juzgados de lo Mercantil, otorgándoles jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial transcendencia patrimonial, aunque sean de naturaleza social, así como las de ejecución y las cautelares cualquiera que sea el órgano del que hubiesen emanado. 

Es precisamente el carácter universal del concurso el que justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional de la competencia para conocer de todas estas materias, cuya dispersión, como reza la Exposición de motivos de la Ley 22/2003 quebrantaría la necesaria unidad procedimental y de decisión. 

Al amparo de las referidas normas resulta claro en el presente conflicto que aún cuando las actuaciones de la Delegación Especial de la AEAT ordenando Providencia de apremio y Diligencias de embargo de bienes de las empresas deudoras por incumplimiento de sus obligaciones tributarias eran inicialmente preferentes por ser anteriores en el plano temporal a la Declaración concursal, producida ésta, al no haber culminado el procedimiento administrativo de apremio, incluido el cobro del crédito, la Administración debió dirigirse al Juez del Concurso, poner en su conocimiento las diligencias de apremio y, en su caso, los embargos acordados sobre los bienes de los concursados y solicitar una declaración judicial sobre si dichos bienes afectados por el apremio eran o no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor. Todo ello más allá de que la declaración judicial del concurso tenga efectos desde la fecha en que se dicta o se retrotraiga a la fecha de la solicitud que por aplicación del artículo 22.1 en relación con los supuestos del 5.3 declara el Juez, que es la de la comunicación del inicio de las negociaciones. 

El criterio que marca la preferencia del procedimiento administrativo o judicial desde la perspectiva temporal, no es en definitiva en las presentes actuaciones la fecha de la Providencia de apremio o de embargo, que queda claro que es anterior a la declaración del concurso, sino si, en la fecha en que esta declaración se produce, los bienes incursos en el procedimiento de apremio administrativo se han realizado o no. 

Y es que la Ley opta por atribuir al Juez del concurso amplísimas facultades sobre todas aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor que ha de preservarse en garantía de los derechos concurrentes del deudor, de los trabajadores, de los acreedores y del principio de interés general de mantenimiento o continuidad de la actividad empresarial. 

Es indudable que en las situaciones concursales el interés público, contenido y reiterado en la normativa concursal, no es otro que el mantener la continuidad de la actividad del deudor (como ha declarado expresamente esta Sala entre otros en STS 4/2005, de 19 de octubre; STS 10/2006 de 22 de diciembre) a cuyo interés básico y fundamental, han de supeditarse ciertos privilegios, incluido el de autotutela que ha de ceder y sujetarse a las reglas del concurso, en los términos previstos en la legislación concursal. Y la legislación concursal establece que para poder continuar un procedimiento de apremio, una vez declarado el concurso, es preciso que se produzcan dos requisitos. Uno temporal de carácter procedimental: que las providencias de apremio sean anteriores a la fecha de declaración del Concurso y otro de carácter sustantivo que actúa como presupuesto del temporal, que es que se declare «siempre que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial». 

Por tanto, lo que delimita el alcance competencial de la cláusula de excepción contenida en el párrafo segundo del número 1.º del art. 55, es que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor. 

Como reiteradamente ha declarado este Tribunal (entre otras en Sentencias 3/2010 de 18 de octubre; 5/2009 de 22 de octubre; 2/2008 de 3 de julio; 3/2008 de 4 de julio; 4/2008, de 19 de diciembre; 10/2006, de 22 de diciembre) ha de proclamarse que la Administración Tributaria, cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produce la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa, la Administración recupera las facultades de ejecución, siempre que las Providencias de Apremio fueran anteriores a la Declaración del Concurso. Si, por el contrario, es positiva, pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado artículo 55 y con los efectos previstos en el apartado 3.º en el supuesto de contravención. En consecuencia: procede, por tanto, resolver el presente conflicto a favor del Órgano Judicial y atribuir la jurisdicción al Juez de lo Mercantil número 3 de Valencia.

01 febrero 2013

Criterios Secretarios Judiciales de Valencia sobre la TASA JUDICIAL.


En reunión del pasado 17-1-2013 los Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia alcanzamos determinados acuerdos sobre la TASA JUDICIAL respecto a los siguientes extremos: 

1. Procesos en que se devenga de la tasa. 

2. Procesos en los que no se exigirá la tasa. 

3. Demandas y recursos de apelación contra sentencias dictadas en procesos, matrimoniales o no, en que se ventile, en todo o en parte, cualquier pretensión que afecte a menores. 

4. Postura sobre la justicia gratuita. 

5. Requerimiento para la subsanación. 

6. Falta de subsanación, preclusión y finalización del proceso. 

7. Postura sobre la cuantía del proceso y la acumulación. 

8. Postura sobre la constancia en las designaciones «apud acta» de las facultades del Procurador sobre la presentación y liquidación de la tasa judicial y de otros impuestos relacionados con el proceso judicial. 

En el documento en PDF tienen los ACUERDOS que se indican.