Muchos años nos contemplan perdiendo el tiempo 2005 – 2013.


Que a estas alturas del partido tengamos que volver a discutir sobre la naturaleza de actividad de un órgano judicial es aburrido, muy aburrido, pero como quiera que nos jugamos nuestra existencia y los juegos de palabras los carga el diablo y nadie sabe como acaban, pongámonos a la tarea. El Juzgado, no es una empresa, ni una cadena de montaje, ni una fábrica y, siguiendo el hilo, no hay trabajadores, ni especialistas más o menos cualificados, ni técnicos de mantenimiento. Y porque no hay nada de eso, es inexistente la gestión de recursos humanos, los controles de calidad brillan por su ausencia y, no hay forma de crear una red informática seria en toda España. Por cierto, ya que estamos tan encantados en los ámbitos laboral y mercantil, quisiera recordar que los derechos del “cliente” son mucho más amplios (e inmediatos) que los del “ciudadano” y sí lo dudan, cuando tengan un rato, cotejen la efectividad de los Servicios de atención al cliente de las empresas y la de los diversos Defensores de los Pueblos de por aquí. 

Para el contribuyente – este es un vocablo que no se utiliza porque acoge los términos de ciudadano y cliente, y claro, no interesa- causa sonrojo esta suerte de discursos. La explicación es muy sencilla: quién paga impuestos no quiere Servicios Públicos, quiere Servicios que funcionen y no quiere trabajadores, prefiere profesionales. 

En cualquier caso la finalidad de la mezcla conceptual es tan poco inocente, como evidente: el tercer Poder del Estado solo lo integran los Jueces y Magistrados, quedando al margen los Secretarios Judiciales, que como Licenciados en Derecho y en la condición de trabajadores del Servicio Público pueden depender de cualquier Administración. Ese es uno de los puntales de la NOJ, que gracias a la falta de dinero no podrá implantarse en casi ninguna parte y nos obligará a retornar a los años oscuros de la fuerza (lo siento, no he podido resistirlo). 

Pero, por lo mismo, quizá esa sea la razón por la que no hay un solo Secretario Judicial en el Pleno de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, ni en la Comisión Técnica, ni en ninguna otra (artículos 5 y 8, REAL DECRETO 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial); las referencias a los Secretarios Judiciales en el Plan de Transparencia Judicial se centraron en las citaciones a las partes y otros intervinientes, y en la información a las partes y otros intervinientes (Objetivos del Plan de Transparencia Judicial, epígrafe 6.2, RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia), y en la última Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con transferencias en la materia celebrada en Bilbao el día 29 de septiembre de 2.006, nos tachan de expertos en la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Sin embargo, ahora que está parada la NOJ, leo con agrado que el CGPJ no va a requerir en el 2013 los datos estadísticos de los procesos ordinarios, ordinarios LPH, ordinarios-tráfico y los verbales de iguales clases, que en el año 2005 fueron exigidos con la habitual amabilidad a los Secretarios Judiciales - ¿ya he dicho que somos unos puntales?-, para la implantación inmediata de las OSI (Oficinas de Señalamiento Inmediato). 

Esta vez la revelación ha durado pocos años, pero son muchos perdiendo el tiempo.

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