30 enero 2013

Otra vista sobre el limite del 1/3 del art. 394 LEC en ejecución.


Sobre la aplicación del límite del art. 394.3 LEC, al proceso de ejecución existen dos posturas claramente encontradas. La primera señala que no es aplicable el citado límite cuantitativo del art. 394.3 LEC en las actuaciones del proceso de ejecución en base a lo dispuesto en el art. 539 LEC. Esta norma recoge que son de cargo del ejecutado todas las costas de la ejecución, sin necesidad de expresa imposición, por lo que parece lógico entender que no es de aplicación el límite del art. 394.3 LEC, cuando en dicho precepto se exceptúa su aplicación para los supuestos en que el Tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas, y resultaría injustificado aplicar la limitación de forma general a las costas de la ejecución, lo que supondría un perjuicio para el acreedor y un beneficio para quien incumple voluntariamente una resolución judicial firme y le obliga a acudir a la vía de apremio (Auto AP CIUDAD REAL, Sección 1.ª, de 6 de junio de 2007 ). 

Ese argumento, que responde a una exégesis literal de los arts. 394.4 y 539.2 LEC, se repite en todas las resoluciones que defienden la inaplicación del límite del art. 394.3 LEC. A título de ejemplo indica la Sentencia AP LEÓN, Sección 2.ª, de 11 de julio de 2008 «en definitiva la ejecución se hubiera evitado de haberse dado cumplimiento voluntario al título judicial de condena, y por tanto las costas derivadas de dicha ejecución deben ser abonadas por el ejecutado sin el límite que el art. 394.3 de la ley establece para los juicios declarativos, y cuya norma no es la que contiene el art. 539 de la LEC al regular las costas y gastos de la ejecución, que ninguna referencia hace al art. 394, remitiendo en los demás casos en que sea preciso pronunciamiento expreso de condena al art. 241 LEC que tampoco contiene limitación alguna al respecto». 

Una segunda postura jurisprudencial apuesta decididamente por la aplicación del límite del art. 394.3 LEC al proceso de ejecución en los términos que se recogen, entre otros, en el Auto AP LA CORUÑA, Sección 5.ª, de 27 de noviembre de 2007 . El art. 394 contiene los principios y reglas generales sobre la condena en costas, y en aquellos aspectos de su normativa que no se encuentren recogidos en ningún precepto especial y que carezcan de regulación específica, como es el caso del límite cuantitativo de la condena establecido en el art. 394.3 LEC, que no se contempla ni se contradice de ningún modo en el art. 539.2 LEC tienen plena vigencia y aplicación en toda clase de procesos, y en particular en los de ejecución. 

Además, el espíritu y finalidad que informa la limitación contenida en el citado art. 394.3 LEC, de reducir e imponer un límite máximo al importe de la condena en costas, respecto a los honorarios y partidas de los profesionales que no están sujetos a una tarifa fija o arancel, para evitar que se puedan cometer abusos en la minutación a cargo de la parte condenada, tiene el mismo sentido y obedece a igual necesidad en los procesos declarativos que en los de ejecución, por lo que su aplicación a éstos se encuentra totalmente justificada. A mayor abundamiento, la interpretación contraria a la aplicación del límite del art. 394.3 LEC a los procesos de ejecución conduciría de hecho a imponer una sanción, encubierta y carente de respaldo legal, al ejecutado, obligado a pagar la totalidad de las costas, en una cuantía que, podría superar el importe de las costas del proceso principal. 

Más recientemente el Auto AP VALLADOLID, Sección 1.ª, de 13 de febrero de 2009 resuelve que el límite es de aplicación en el de-nominado proceso de ejecución, no solo por la doctrina jurisprudencial de determinadas Audiencias Provinciales que expresamente se citan (Ss. de AP de Lugo de 21 de diciembre de 2005, Cádiz de 11 de octubre de 2005 y Málaga de 22 de noviembre de 2006), sino también porque, ni tan siquiera en el art. 539 LEC se cuestiona o prohíbe expresamente la aplicación en el proceso de ejecución de la limitación cuantitativa del art. 394.3 LEC. Si esto es así, si además resulta que en determinados supuestos, como el del art. 561 de la propia Ley Procesal, se alude expresamente al art. 394 del mismo texto, y si además resulta de aplicación el art. 394 citado con carácter general ante la falta de previsión expresa en la Ley, no cabe sino concluir que la limitación del art. 394.3 LEC es aplicable también en el proceso de ejecución, pues la razón de ser de esta limitación es exacta-mente la misma en la fase declarativa y en la fase ejecutiva, la cual no es sino consecuencia directa e inmediata de la anterior. «Se trata en todo caso de evitar el abuso de quien obtiene a su favor una condena en costas y de ajustar la percepción de los honorarios de quien se ve favorecido por dicha condena al verdadero objeto económico debatido en el proceso, y si esto acontece en la fase declarativa, con mayor razón debe serlo de igual manera en la fase de ejecución de la resolución que fue dictada como culminación de la fase declarativa». 

A mi entender la solución deberá darse en atención al concepto de costa, que parece olvidarse cuando se trata del proceso de ejecución, porque —como ya dije y ahora repito— es inadmisible que los importes que se satisfacen por ese concepto superen, en muchas ocasiones, a las cantidades reclamadas por el principal o, mejor dicho, a las que fueron objeto de condena o a las cantidades reclamadas en la demanda de ejecución en concepto de principal e intereses y moratorios vencidos (art. 575.1 LEC). En otras palabras: es evidente que si el fundamento de la limitación del art. 394 LEC en la determinación de las costas debidas es evitar el abuso y el exceso en la minutación de honorarios al litigante vencido por la parte vencedora, ese criterio de justicia y de ponderación es tan aplicable, y aún más, en los procesos de ejecución. 

Ese primer razonamiento teleológico, ya bastante, se completa con una interpretación analógica del art. 561 LEC. Este precepto establece que el auto que desestime la oposición (por motivos de fondo) condenará en las costas de ésta al ejecutado, conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC para la condena en costas en primera instancia, por lo que hace una remisión en bloque en el proceso de ejecución a la normativa que para las costas se establece en la fase declarativa.

21 enero 2013

¿Seguirán exigiendo los Fiscales la transcripción de las declaraciones grabadas en soportes informáticos?.


La Circular 1/2013, de 11 de enero de 2013 sobre pautas en relación con la Diligencia de Intervención de las comunicaciones telefónicas, de la Fiscalía General del Estado cuya lectura recomiendo dedica un epígrafe a las transcripciones. No se toca, ni se añade nada en el comentario pero los mismos argumentos que se exponen en la Circular pueden aplicarse a cualquier otra petición de transcripción o, mejor dicho, a la negativa a su realización. 

Transcripciones

El análisis del valor de las transcripciones y de los efectos de su omisión o de su incorrecta elaboración o aportación debe partir de una premisa: ninguna norma exige que la transcripción total o parcial haya de hacerse, siendo más una posibilidad que una exigencia (STS nº 972/2010, de 29 de septiembre). Tampoco existe ningún precepto que exija la transcripción de los pasajes más relevantes. Las transcripciones “solo constituyen un medio contingente -y por tanto prescindible- que facilita la consulta” (STS nº 940/2011, de 27 de septiembre). 

El material probatorio son en realidad las cintas grabadas y no su transcripción, que solo tiene como misión permitir un más fácil manejo de su contenido. Lo decisivo, por lo tanto, es que las cintas originales estén a disposición de las partes para que puedan solicitar, previo conocimiento de su contenido, su audición total o parcial. Las transcripciones, siempre que estén debidamente cotejadas bajo la fe pública del Secretario judicial, una vez incorporadas al acervo probatorio como prueba documental, pueden ser utilizadas y valoradas como prueba de cargo siempre que las cintas originales estén a disposición de las partes a los fines antes dichos, de manera que puedan contradecir las afirmaciones y argumentaciones que sobre su contenido se presenten como pruebas de cargo (SSTS nº 1044/2011, de 11 de octubre y 515/2006 de 4 de abril). 

Suele ser queja frecuente la de que la transcripción y selección de las conversaciones de mayor interés se ha realizado por la policía. Para el TS esta circunstancia se considera irrelevante porque lo esencial es que las partes hayan tenido acceso a las cintas originales y hayan podido proponer la audición de aquellas que consideraran necesarias para comprobar su tesis (STS nº 94/2006, de 10 de febrero). No constituye irregularidad alguna que la Policía proceda a transcribir los pasajes que considere de mayor interés para poner de relieve al Juez de instrucción el estado de la investigación, siempre que se proceda a la entrega de las cintas originales con la finalidad de permitir a la defensa solicitar su audición en el plenario, no solo con la finalidad de comprobar directamente la coincidencia entre lo transcrito y el contenido exacto de las conversaciones, sino también con el objeto de introducir en el plenario otros aspectos de las conversaciones que pudieran resultar de interés para una mejor valoración del referido elemento probatorio (SSTS nº 14/2008, de 18 de enero, 1393/2000, de 19 septiembre). 

La transcripción no sustituye la audición de las cintas en el juicio oral en caso de que las partes lo soliciten para comprobar si las transcripciones que obran en las actas de instrucción son o no completas para valerse de ellas su defensa (SSTS nº 140/2009, de 28 de enero; nº 40/2009, de 28 de enero). Por ello se admite expresamente que la transcripción mecanográfica sea efectuada ya por la policía, ya por el Secretario Judicial, ya sea ésta íntegra o de los pasajes más relevantes, y ya esta selección se efectúe directamente por el Juez o por la Policía por delegación de aquél, pues en todo caso, esta transcripción es una medida facilitadora del manejo de las cintas, y su validez descansa en la existencia de la totalidad en la sede judicial y a disposición de las partes (STS nº 1954/2000, de 1 de marzo). 

Si las partes renuncian a la audición de las cintas o a la lectura de las transcripciones en el juicio oral, tal renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducida en el plenario. Tal estrategia es evidente que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el art. 11.2 de la LOPJ (LA LEY. 19669/1985), de vigencia también, como el párrafo primero, a todas las partes del proceso. La impugnación de las transcripciones cede ante la directa audición en el plenario (STS nº 277/2010, de 26 de febrero). En efecto, unidas a la causa las cintas originales, debe precisarse que su audición directa en el juicio, que es la forma en la que habitualmente deberá practicarse esta prueba, permite subsanar las irregularidades que pudieran haberse cometido en relación con las transcripciones, con su cotejo o en la audición realizada en la fase de instrucción (STS nº 412/2006, de 6 de abril). 

Los requisitos de legalidad ordinaria, relativos al protocolo de la incorporación del resultado probatorio al proceso son los siguientes: 1) La aportación de las cintas. 2) La transcripción mecanográfica de las mismas, bien integra o bien de los aspectos relevantes para la investigación, cuando la prueba se realice sobre la base de las transcripciones y no directamente mediante la audición de las cintas. 3) El cotejo bajo la fe del Secretario judicial de tales párrafos con las cintas originales, para el caso de que dicha transcripción mecanográfica se encargue -como es usual- a los funcionarios policiales. 4) La disponibilidad de este material para las partes. 5) Y finalmente la audición o lectura de las mismas en el juicio oral, que da cumplimiento a los principios de oralidad y contradicción, previa petición de las partes, pues si estas no lo solicitan, dando por bueno su contenido, la buena fe procesal impediría invocar tal falta de audición o lectura en esta sede casacional (STS nº 77/2007, de 7 de febrero). 

En el caso resuelto por la STC nº 220/2009 (LA LEY. 10575/2010), de 21 de diciembre, se planteó por la parte recurrente que las transcripciones que se habían remitido al Juzgado de Instrucción lo habían sido en castellano y que no constaba la intervención de un intérprete, pese a que muchas de las conversaciones eran mantenidas en idiomas extranjeros, objeción que fue rechazada por el Tribunal Constitucional por entender que es “un dato que carece de relevancia constitucional, pues... en las plantillas de la policía judicial hay agentes capaces de realizar directamente la trascripción a otro idioma sin necesidad de intérprete, sin que ninguno de los acusados haya denunciado que el contenido de las trascripciones en castellano no se correspondiera con el contenido de las grabaciones originales, a pesar de que tanto las cintas originales con las grabaciones como las trascripciones estuvieron a disposición de las partes”. 

En relación con los problemas de traducciones debe también reseñarse la STS nº 101/2004, de 2 febrero que declara que “hallándose a disposición del juzgado las cintas originales e incorporadas a autos su traducción, los recurrentes pudieron solicitar antes del juicio la citación de los traductores o en su escrito de proposición de prueba interesar una nueva traducción. Nada de esto hicieron, por lo que en juicio dispusieron de las transcripciones y traducciones, no combatidas, como medios de prueba de descargo, de las que no hicieron específico uso”. 

Los Sres. Fiscales deberán valorar, en cada caso, la oportunidad de estar presentes en la audición de las cintas que se lleve a cabo durante la instrucción, acudiendo a este acto cuando consideren conveniente participar en el proceso de selección de las conversaciones, indicando aquellas que tengan trascendencia para los hechos investigados.

07 enero 2013

Muchos años nos contemplan perdiendo el tiempo 2005 – 2013.


Que a estas alturas del partido tengamos que volver a discutir sobre la naturaleza de actividad de un órgano judicial es aburrido, muy aburrido, pero como quiera que nos jugamos nuestra existencia y los juegos de palabras los carga el diablo y nadie sabe como acaban, pongámonos a la tarea. El Juzgado, no es una empresa, ni una cadena de montaje, ni una fábrica y, siguiendo el hilo, no hay trabajadores, ni especialistas más o menos cualificados, ni técnicos de mantenimiento. Y porque no hay nada de eso, es inexistente la gestión de recursos humanos, los controles de calidad brillan por su ausencia y, no hay forma de crear una red informática seria en toda España. Por cierto, ya que estamos tan encantados en los ámbitos laboral y mercantil, quisiera recordar que los derechos del “cliente” son mucho más amplios (e inmediatos) que los del “ciudadano” y sí lo dudan, cuando tengan un rato, cotejen la efectividad de los Servicios de atención al cliente de las empresas y la de los diversos Defensores de los Pueblos de por aquí. 

Para el contribuyente – este es un vocablo que no se utiliza porque acoge los términos de ciudadano y cliente, y claro, no interesa- causa sonrojo esta suerte de discursos. La explicación es muy sencilla: quién paga impuestos no quiere Servicios Públicos, quiere Servicios que funcionen y no quiere trabajadores, prefiere profesionales. 

En cualquier caso la finalidad de la mezcla conceptual es tan poco inocente, como evidente: el tercer Poder del Estado solo lo integran los Jueces y Magistrados, quedando al margen los Secretarios Judiciales, que como Licenciados en Derecho y en la condición de trabajadores del Servicio Público pueden depender de cualquier Administración. Ese es uno de los puntales de la NOJ, que gracias a la falta de dinero no podrá implantarse en casi ninguna parte y nos obligará a retornar a los años oscuros de la fuerza (lo siento, no he podido resistirlo). 

Pero, por lo mismo, quizá esa sea la razón por la que no hay un solo Secretario Judicial en el Pleno de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, ni en la Comisión Técnica, ni en ninguna otra (artículos 5 y 8, REAL DECRETO 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial); las referencias a los Secretarios Judiciales en el Plan de Transparencia Judicial se centraron en las citaciones a las partes y otros intervinientes, y en la información a las partes y otros intervinientes (Objetivos del Plan de Transparencia Judicial, epígrafe 6.2, RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia), y en la última Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con transferencias en la materia celebrada en Bilbao el día 29 de septiembre de 2.006, nos tachan de expertos en la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Sin embargo, ahora que está parada la NOJ, leo con agrado que el CGPJ no va a requerir en el 2013 los datos estadísticos de los procesos ordinarios, ordinarios LPH, ordinarios-tráfico y los verbales de iguales clases, que en el año 2005 fueron exigidos con la habitual amabilidad a los Secretarios Judiciales - ¿ya he dicho que somos unos puntales?-, para la implantación inmediata de las OSI (Oficinas de Señalamiento Inmediato). 

Esta vez la revelación ha durado pocos años, pero son muchos perdiendo el tiempo.