30 diciembre 2013

Prescripción, caducidad y prueba o, de cómo el Tribunal Supremo puede dictar tres sentencias en una sola.


La STS Sala 1ª de 29 de octubre de 2013 (Roj: STS 5355/2013) analiza un asunto en el que el demandante interesó la nulidad del procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y, en su caso, la nulidad del auto de remate y adjudicación de la finca de su propiedad con todas las consecuencias jurídicas que se derivaran de ello y que se condenara a la demandada a indemnizar por los daños y perjuicios causados, incluidos los morales, el lucro cesante y al pago de las costas causadas.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que la acción había caducado y la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia.

Y dice el Tribunal Supremo


Afirma la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho tercero, que «no se cumple por la recurrente el plazo establecido para solicitud la nulidad(sic) el cual coincide con el plazo de caducidad que será de 20 días a contar desde la notificación de la resolución judicial o desde que se tuvo conocimiento del defecto que a juicio del recurrente le ha causado indefensión, sin que en este caso pueda realizarse transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia, y que le motiva para realizar dicha petición, toda vez que en el caso presente al solicitarse la nulidad en el año 2007, regía la LEC 1/2000, no siendo aplicable el plazo mencionado en el recurso por el recurrente del art. 132 L.H. (que se encuentra derogado y modificado por la citada Ley)...». 
Se ha dado, en consecuencia, a la demanda un tratamiento similar al del incidente de nulidad de actuaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 241) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 228), el cual está previsto para la denuncia de vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, en orden a procurar una subsanación de tal infracción en el mismo proceso, lo que determina el establecimiento de un plazo máximo de caducidad de cinco años para tal denuncia; pero, por el contrario, la acción incorporada a la demanda en el caso presente es distinta y viene amparada tanto por el texto del anterior artículo 132 de la Ley Hipotecaria-vigente en la fecha en que se siguió el proceso de ejecución- como por el artículo 698 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil que, tras señalar (artículo 695) cuáles son las únicas causas de posible oposición en el proceso de ejecución hipotecaria, dispone que «cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente Capítulo. La competencia para conocer de este proceso se determinará por las reglas ordinarias». 
Se trata por tanto de un proceso declarativo ordinario y de una acción de carácter personal que, al no tener previsto un plazo distinto de prescripción, podrá ejercitarse dentro del de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil.

Dejando al margen el comentario sobre la confusión entre la caducidad y la prescripción, pues no tenemos elementos de juicio para la crítica, la estimación del recurso se produjo por


la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española al no haberse otorgado a la parte recurrente la tutela judicial efectiva a que el mismo se refiere, aplicando la sentencia recurrida normas correspondientes a un procedimiento distinto al realmente iniciado, sin entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada por considerar que se había extinguido previamente una acción cuyo ejercicio aún resultaba posible.

Y partiendo de ese hecho, la Sala se convierte en órgano de la instancia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación, mediante el cual se solicita la íntegra estimación de la demanda, sin que hayan de tenerse en cuenta lo que puedan constituir nuevas alegaciones o motivos de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria no denunciados en la demanda, ya que no cabe en apelación, ni ahora mediante el recurso extraordinario, el planteamiento de cuestiones nuevas.


Pues bien, tanto si se atiende al cuerpo de la demanda -en los siete "hechos" que contiene- como si se examina la previa solicitud de conciliación formulada por el demandante don Luis contra la entidad bancaria, se observa que se refieren a "irregularidades" en el procedimiento que no se concretan adecuadamente como resulta exigible, en tanto que la especificación de los defectos procesales causantes de indefensión que hubieran de determinar la nulidad que se solicita integran la "causa petendi" que ha de quedar perfectamente determinada en la demanda sin posibilidad de una variación posterior. 
La sentencia de primera instancia se refiere en su fundamento de derecho primero, como causa de la acción de nulidad, al hecho de que "al haber optado el hoy demandado por el procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, el requerimiento de pago tendría que haberse limitado al importe garantizado por la finca" manteniendo el demandante que, por el contrario, fue requerido notarialmente por el total adeudado y ello trae consigo la nulidad de todo lo actuado. 
Sin embargo, el requerimiento previo lo fue para evitar la iniciación del proceso de ejecución y en consecuencia procedía por el total adeudado, del cual respondía el demandante como deudor solidario, sin perjuicio de que, en el caso de haber consignado la cantidad a la que había quedado limitada la hipoteca constituida sobre su finca, la ejecución no habría podido realizarse sobre la misma. Por ello procede, en definitiva, la desestimación de la demanda.

La aplicación reiterada de estos tres párrafos -vuelvo a dejar al margen cualquier comentario sobre la postura del Tribunal Supremo resolviendo el asunto en instancia- que considero absolutamente acertados, obligarían a una especial prudencia y rigor técnico en la redacción de las demandas, en la proposición de prueba (observen que la Sala no precisa del Notario, ni del requerido, ni del director de la sucursal, ni del vecino que conocía de los hechos) y, por supuesto, en la resolución de los recursos de apelación.

26 diciembre 2013

El despacho de ejecución por intereses en el proceso monitorio.


En un Seminario realizado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 se formuló entre los asistentes la siguiente cuestión respecto a la reclamación de intereses en la ejecución del proceso monitorio: ¿Desde cuándo se generan en el proceso monitorio los intereses del artículo 576 LEC?. La respuesta a dicho interrogante fue como sigue: “Se entiende que desde el archivo del mismo, transcurrido el plazo para oponerse el deudor, y a la espera de que se presente demanda ejecutiva”. Para no confundir al lector, aclararé, después de esta breve introducción, que no se tratarán las reclamaciones de intereses accesorias a la principal, ni los intereses de futuro, entendiendo por tales los que se devengan tras la interposición del monitorio. Nos centraremos, exclusivamente, en los despachos ejecutivos que se postulan con inclusión de intereses, sin más precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. 

Sobre tales particulares nada dice el artículo 815 LEC, lo que es lógico por cuanto si la deuda generó o no intereses no debe resolverse conforme a las normas procesales, sino conforme a las normas sustantivas. Y en cuanto a los intereses del artículo 576 LEC, solo procederán en el caso de que no atendido el requerimiento de pago, se dicte auto despachando ejecución contra el deudor, conforme dispone el artículo 816 LEC (AAP 54/2011, LOGROÑO, Sección 1ª, 9 de mayo de 2011, ROJ AAP LO 176/2011). En este asunto el Juzgado requirió de pago al deudor por la suma de 6469,32 euros, correspondiente con el principal adeudado, sin hacer mención alguna a los intereses devengados y fijados por la actora en la suma de 614,59 euros, aquietándose la parte instante del procedimiento ante dicha resolución. Y atendido por la demandada el pago en la exacta suma por la que fue requerida, resulta inobjetable el archivo de las actuaciones decretado por la juez a quo al amparo de lo dispuesto en el artículo 817 LEC. La actora recurrió en apelación y solicitó la condena a la deudora al pago de la suma de 614,59€ en concepto de intereses devengados conforme a la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, y al pago de los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 576 y 816).

Dicho esto habría que distinguir, dentro del concepto de intereses dos figuras: los intereses moratorios y los intereses legales o procesales, sin que puedan confundirse los de demora del artículo 1108 CC con los de ejecución , punitivos o procesales que establece el artículo 576 LEC, ya que aquéllos exigen siempre la petición de parte, mientras que estos últimos se impondrán por el Juez cuando condene a cantidad líquida, con independencia de su petición y, además, en su cálculo habrá de partirse de la cifra concedida, no de la reclamada (vide, entre otras, SSTS de 5 de abril de 1994; 20 de junio de 1994; 6 de mayo de 1997 y de 21 de julio de 2009. En suma los intereses moratorios tienen una finalidad sancionadora del retraso o demora en la observancia de lo acordado e indemnizatoria de los perjuicios que pudieran ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional consistente en una cantidad de dinero (arts. 1101 y 1108 CC). 

Por su parte, la obligación de pago de intereses que impone el artículo 576 LEC, se genera «ope legis», por propio imperativo legal y surge de forma automática desde que se concreta en la decisión judicial la cuantía líquida a pagar, sin necesidad de petición expresa e incluso aunque nada se dijera sobre dicho extremo para su exigibilidad y siempre, claro está, que no hubiera pacto expreso de las partes. 

Quedémonos ahora con lo último, porque parece claro que en la demanda de ejecución de una reclamación monitoria no habrá más intereses que los del artículo 576 LEC y desde la fecha del auto despachando ejecución. 

¿Entraría en ese “pacto” del artículo 576 LEC una demanda de ejecución en la que se reclamaran los intereses moratorios?. Recordemos que el artículo 1.100 CC establece que los deudores incurren en mora «desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación». La respuesta sigue siendo negativa en los términos en los que hemos planteado el interrogante: no podrá pretenderse la aplicación del pacto del artículo 576 LEC por falta de pronunciamiento judicial previo al efecto.

20 diciembre 2013

Una nochebuena en una carretera de Afganistán.


El golpe fue seguido de un movimiento incontrolado del volante, el intento de frenar en seco la mole de metal y un segundo volantazo que no terminó en vuelco gracias a la pericia del conductor. 

-¡Hay que joderse García, no tenías otro sitio para estrellarte!- El teniente recriminó al conductor mientras se palpaba la frente. 
-No señor, ni había mejor sitio, ni que se demonios ha pasado-García, sin perder la calma, se quitó los arneses que le sujetaban al sillón, propios de un avión y no de un cacharro como aquel, mientras los otros dos vehículos del convoy se cruzaban en la carretera y varios soldados salían para montar un perímetro de seguridad. 
-Estupenda noche para quedarse tirados en una carretera – Sansegundo, que era el gracioso del grupo, hizo una pausa y continuó- rodeados de talibanes. Sí señor, estupenda noche. 

Pero nadie gritaba, ni mostraba nerviosismo; se hablaban por la radio o se hacían señales unos a otros siguiendo un guión que habían practicado ya en muchas ocasiones. No era la primera vez que pinchaban, volcaba algún blindado o les disparaban. 

La diferencia con otras ocasiones es que al Capitán se le había metido entre ceja y ceja llevarse a una pareja de un pueblo, meterla en la base y mandarla a España. Y el problema es que la chica tenía diecisiete años y estaba embarazada y el padre, que tenía dieciocho, no era el futuro marido elegido por la familia de ella y se había negado a colaborar con los talibanes pasando información sobre los movimientos de los españoles por la zona. Así que como era cuestión de días que los ancianos del lugar decidieran condenar a muerte a la pareja por no sabía cuántos pecados, decidió que lo mejor era llevárselos, y buscarse algunos problemas con el mando. 

-¿Cómo va la pareja?- Requirió el Capitán. 
-No muy bien, Señor, hay síntomas de parto- El auxiliar médico medía como podía las contracciones, si es que aquellos ligeros movimientos eran contracciones, porque en esas condiciones y tirando de reloj casio como instrumental médico avanzado era un milagro sacar alguna conclusión. 
-¿Llegamos a la base?- Volvió a preguntar el Capitán.
-No lo creo o, quizá o, vaya usted a saber……- Peréz Castell, que seguía mirado el reloj, preguntó dónde estaba la Sargento Alcubilla. Aquella mujer imponía respeto y a falta de técnica y conocimientos, salvo el habitual “empuja y respira” de las películas, no vendría mal que ninguno perdiera los nervios en el reducido espacio que tenían y al fin y al cabo una mujer sabría algo más sobre el parto. 

El Capitán y el Teniente cruzaron algunas palabras y decidieron sacar los vehículos de la carretera, colocarlos en una suerte de triangulo mal hecho que les permitirá defenderse y esperar a ver qué pasaba con la chica. La comunicación de su situación y posición provocó la primera reprimenda, porque nadie entendía muy bien en el centro de operaciones qué problemas tenía el pinchazo en cuestión. Además- meditó el Teniente- estaba prohibido morirse en combate. Nadie moría en combate en Afganistán defendiendo la paz. Lo decía el manual. 

Cuando la Sargento Alcubilla entró en el vehículo no pudo evitar sonreir cuando vio a Peréz Castell; sudaba y presentaba un peculiar color blanco amarillento. Este soltó la mano de la chica y se intentó levantar: 

 -Señora, toda suya- 
 -¿Y dónde se cree que va?- Peréz Castell volvió a sentarse y esperó. -Esta chica va a dar a luz y hay que sacarla de aquí- Alcubilla, que hablaba por radio para que la pudiera escuchar todo el mundo, repitió el mensaje y pidió que se montara una de las tiendas de campaña entre los tres vehículos. Hacía frio, mucho frio. 

A lo lejos se escuchaban motos y algunas voces y salvo la Sargento, que tenía permiso para hablar cuando quisiera, el Capitán había ordenado silencio por radio. No quería sorpresas y el ruido de motos no le gustaba nada porque los talibanes, quien quiera que fuesen, no se movían de noche sino tenían una buena razón y aquellos tres vehículos y veinte soldados españoles lo eran. 

Y el día 24 de diciembre de 2011 una chica de diecisiete años dio a luz en una carretera de Afganistán rodeada de soldados españoles, mientras en el cielo cruzaba un punto de luz, que dejaba una estela parecida al de una estrella. 

Y con esta historia, que nadie sabe cómo acaba y que quizá haya inventado, felicito la Navidad a Soldados, Marinos, Aviadores, Guardias Civiles y Policías Nacionales, porque después de algunos años (o de muchos) pienso que hay trabajos que nunca estarán pagados y vocaciones que no “están de moda”, aunque sean imprescindibles y nos hagan la vida más segura y, a mí, si les digo la verdad, lo de abre y cierra la muralla, la paz mundial y desearle parabienes a más de uno, siempre me pareció una gilipollez y una mentira.

15 diciembre 2013

Depósitos para recurrir y el depósito de la DAd.15ª LOPJ como gasto recuperable en la tasación de costas.


El artículo 241.1.3º LEC considera como “costa” – gasto recuperable- los depósitos necesarios para la presentación de recursos. Recuperación que hasta la entrada en vigor del depósito de la Ley Orgánica 1/2009 no suscitaba especiales dificultades. Hasta esa reforma sólo el depósito del recurso de revisión del artículo 513 LEC podía encajar en el concepto del artículo 241 LEC y utilizo el condicional, porque la estimación de la impugnación implica la devolución del importe y además, no hay previsión expresa sobre la condena en costas, con lo que si hubiera algún gasto por el depósito, no sería repercutible. 

Nada tienen que ver con el depósito del artículo 241.1.3º LEC, los del artículo 449 LEC. En este caso se trata de pagos a cuenta, anticipos o cumplimiento de las obligaciones, como garantía de la seriedad del recurso y a resultas de éste. 

Queda, por último, el depósito para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y que tampoco es un gasto recuperable, pero que puede plantear algún conflicto en los órganos judiciales ya que parece tener un acomodo exacto en el artículo 241.1.3º LEC. Nada más lejos de la realidad, porque el depósito previo a la interposición del recurso (no de todos) no es un requisito procesal de admisibilidad, sino algo parecido a una tasa que persigue disuadir a “quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”. 

El entrecomillado es transcripción parcial de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2009, que no para ahí, porque el depósito se relaciona con el “uso abusivo del derecho a los recursos” vinculando los ingresos que se obtengan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita (Dad 15ª.10 LOPJ). 

La doctrina considera que es un depósito necesario (no voluntario) que se hace en cumplimiento de una obligación legal y cuya devolución al depositante se encuentra sujeta a la condición suspensiva de que el recurso sea estimado total o parcialmente. Si el recurso es totalmente desestimado, el depositante pierde el derecho a la devolución del importe depositado y sus efectos se asemejan entonces a los de una multa o sanción pecuniaria al modo de las previstas en el incidente de nulidad de actuaciones o en la casación para la unificación de doctrina laboral, multa que aquí no es impuesta por el Juez sino directamente por la Ley. 

No es, por tanto, una tasa derivada del uso por parte de los justiciables del mecanismo procesal del recurso, porque si así fuera no se devolvería la cantidad pagada en caso de estimación del recurso y estamos ante una especie de sanción por una conducta que se estima inapropiada (recurrir sin razón para retrasar el proceso en perjuicio del otro litigante), de modo que el depósito se convierte en una multa que se termina imponiendo a quien entabla un recurso que a la postre resulta desestimado. 

Dicho esto y sin entrar en el asunto de la naturaleza de este depósito se lee en el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre


“se distingue esta subsanación de la diferente a la contemplada por el artículo 449 LEC, y ello como consecuencia de la distinta naturaleza que tienen ambos depósitos, éste tiene como finalidad asegurar que el sistema de recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, asegurando los intereses de quien ha obtenido una sentencia favorable, (SSTC 104/84, 90/86, 87/92, 214/93, 344/93, 346/93, 249/94, 100/95 y 26/96, entre otras), mientras que el depósito establecido en la Disposición Adicional 15º tiene dos finalidades claras: una finalidad garantista, de carácter genérico, para evitar la dilación indebida de todo tipo de procedimientos y por otro, una finalidad de recaudar u obtener ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos y que se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia” .

Y ¿qué ocurre con las costas?. El artículo 241.1 LEC incluye entre los conceptos que forman parte de las costas a los «depósitos necesarios para la presentación de recursos», pero también es obvio que, al devolverse el importe del depósito si el recurso se estima total o parcialmente y perderse sólo si el mismo es desestimado totalmente, el depositante será, normalmente, la parte condenada y no la parte acreedora de las costas con lo que nada habrá que reembolsar. 

Precisamente y siguiendo ese hilo, no creo que sea un gasto recuperable. El único supuesto que pudiera plantearnos alguna sería el de los depósitos que se pierden, por la desestimación de recursos de reposición o de revisión durante la tramitación del proceso declarativo y, siempre que haya una condena en costas a favor del perdedor. No obstante no hay posibilidad de recuperar el depósito y no la hay porque si la naturaleza del depósito se acerca a la multa o una sanción, su carácter personalista impide que pueda recobrarse de la otra parte. Carácter que recoge el ATS, 13855/2010, Sala 1ª, de 2 de noviembre – reiterado en los ATS, 2971/2011, Sala 1ª, de 22 de marzo y ATS 14894/2010, Sala 1ª, de 30 de noviembre- y que justifica que deba satisfacer el depósito quien hace uso del recurso.

03 diciembre 2013

Entrega de bienes muebles, en ejecución de sentencia o de auto, por incumplimiento de contratos de venta a plazos


El art. 634.3 LEC recoge la posibilidad, reclamada desde hace largo tiempo, de entregar inmediatamente el bien en la ejecución de sentencia que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de con-tratos de venta a plazos de bienes muebles. La entrega se producirá tanto si se ha dictado una sentencia como si la reclamación de la empresa financiera se ha producido en el proceso monitorio. 

Y viene a cuento la aclaración porque, en ocasiones, se han denegado las peticiones de entrega de vehículos financiados por mor de una interpretación restrictiva del título ejecutivo obtenido en el proceso monitorio, dado que a diferencia de la sentencia de condena, a la que se llega después de un juicio oral, en que la actora a pesar de la posible incomparecencia del demandado, y rebeldía del mismo ha de acreditar los hechos en los que funda su pretensión; en el proceso monitorio nada de todo esto debe hacer el actor por lo que la posibilidad recogida en tal precepto deba entenderse exclusiva de la ejecución de sentencias, beneficiando de tal manera al que acude al proceso declarativo, frente al que opta por el proceso monitorio. 

Tres razones permiten rechazar esa argumentación:

a) El art. 634.3.º LEC es claro al disponer que, en la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de Contratos de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si el ejecutante lo solicita, se hará entrega inmediata del bien mueble vendido o financiado a plazos; y el mencionado art. 634 no hace más que recoger de forma expresa una posibilidad que ya preveía el art. 16.2, apartados c) y e) de la Ley 28/1998, de 13 julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si bien la Ley Especial alude a una entrega voluntaria fuera del seno de un procedimiento judicial y ahora se contempla como un mecanismo de ejecución, incluso forzosa de una resolución judicial (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 5.ª de 11 de septiembre de 2008, ROJ: AAP GC 2857/2008). 

b) Los contratos de los que traen causa estos procedimientos se hallan sujetos a la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles; están sometidos a la tutela del Banco de España, vienen obligados desde 1989, al cumplimiento de las obligaciones de la normativa de transparencia frente a la clientela (OM 12 diciembre 1999, Circular del Banco de España 8/1990), y tienen acceso al Registro de Venta a Plazos. La Disposición Adicional 7ª de la LEC, modificó el art. 16.1 la Ley de ventas a plazos y permite al acreedor acudir al proceso monitorio («1. El acreedor podrá recabar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos regulados por la presente Ley mediante el ejercicio de las acciones que correspondan en procesos de declaración ordinarios, en el proceso monitorio o en el proceso de ejecución, conforme a la LEC») (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 5ª de 11 de septiembre de 2008, ROJ: AAP GC 2857/2008). 

Sobre este punto conviene hacer una matización. El acceso al Registro de Bienes Muebles tiene sentido por la reserva de dominio de la financiera, por lo que en ejecución no podrá embargarse el vehículo, ni cualquier otro derecho, sin otra definición, que pudiera corresponder al ejecutado (art. 588.1 LEC). No existe la traba de una “posición jurídica ideal” porque esta es inexistente y ni tan siquiera puede defenderse su consideración como expectativa de derecho. 

c) No obsta a lo dicho que en el art. 250 y en concreto en su números 10 y 11 se haga referencia a que las demandas que pretendan que se resuelva con carácter sumario sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se tramiten por las normas del juicio verbal ya que en modo alguno excluye la posibilidad de que la disposición contenida en el mencionado art. 634.3 LEC sea aplicable a la ejecución del auto despachándola que se haya dictado tras la falta de oposición en un juicio monitorio (AAP SEVILLA, Sección 8ª de 18 de diciembre de 2006, ROJ AAP SE 2601/2006). 

Dos últimas precisiones: la entrega del vehículo se hará por el valor de las correspondientes tablas de valoración y, en cuanto al resto se seguirán las normas de la ejecución dineraria.

30 noviembre 2013

La dación de cuenta


Entendía la doctrina que la dación de cuenta implicaba una misión técnica de cooperación por la que el Secretario Judicial estudiaba , valoraba y relataba al juez las peticiones de las partes contenidas en los escritos que se presentaban, pronunciándose sobre lo que debía acordarse. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 alteró la función y, por ende la definición, y ahora es responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta en los términos establecidos en las leyes procesales (artículo 455 LOPJ). 

La remisión a lo que establezcan las leyes procesales nos conduce a las previsiones del artículo 178 LEC y: 

1) Los Secretarios Judiciales darán cuenta a la Sala, al ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo día o en el siguiente día hábil, cuando contuvieran peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos y 

2) También darán cuenta, en el siguiente día hábil, del transcurso de los plazos procesales y del consiguiente estado de los autos cuando a su vencimiento deba dictarse la oportuna resolución por el Juez o Magistrado, así como de las resoluciones que hubieren dictado que no fueran de mera tramitación. 

Obsérvese que el legislador adaptó parcialmente la función a la reforma procesal (dación de cuenta solo de lo que deba resolver el Juez o Magistrado), pero no al nuevo diseño de la oficina judicial (dación de cuenta por el director del Servicio Común), con lo que en realidad poco hemos avanzado en este punto y más cuando uno de los objetivos del legislador – expuesto antes- es la separación entre el “juzgar y ejecutar lo juzgado” y otras tareas diferentes y no jurisdiccionales atribuidas a los Secretarios Judiciales. 

Pues bien esa separación, más presunta que real, quiebra a efectos de responsabilidad por la falta de la dación de cuenta, que se conserva en el artículo 178 LEC y que recae sobre el Secretario Judicial. Sorprende el mandato cuando no se define qué es la dación de cuenta en el expediente digital (LEXNET) y la obligación no tiene sentido en los Servicios Comunes (donde no hay juez) y cuando es el Secretario Judicial el que resuelve (procesos en los que por lo demás desaparece la distinción con las resoluciones que son de “mera tramitación” ). 

En cualquier caso no puede defenderse hoy seriamente que la falta de pronunciamiento del Juez o Magistrado o el incumplimiento de un plazo se deba al incumplimiento de esta función por el Secretario Judicial. Como tampoco el piloto puede culpar al copiloto de no ver la montaña que tiene frente al morro del avión; más aún, visto el comportamiento de muchos pilotos y copilotos hay que dar gracias a que estén (o estemos) todos metiditos en la Justicia y no pilotando aviones. 

Una interpretación seria de la dación de cuenta tiene que ver en la actualidad únicamente con la responsabilidad por la falta de pronunciamiento del Juez o Tribunal, no con el impulso del proceso. Vide MARTIN OSTOS que refiere un asunto en el que no se dio la tramitación prevista en la Ley Procesal Civil a un escrito pidiendo la suspensión del proceso. El Tribunal Supremo reprochó que “de principio el Secretario no dio cuenta a la Sala de la presentación del referido escrito bien en el día que tuvo lugar o al siguiente hábil, conforme obligación que le impone el art. 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del que es corresponsal del art. 7 f) del Decreto de 29 de abril de 1988 que aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y fue en el acto de la vista oral cuando llevó a cabo tal actuación..” (Sentencia de 7 de junio de 2004, Fundamento de Derecho Primero). (MARTÍN OSTOS, JOSÉ DE LOS S. “El fedatario judicial en la justicia civil” Diario La Ley, N.º 6442, 16 de marzo de 2006, Ref. D-72, LA LEY 288/2006). 

Lo dicho, no vi la montaña que llevaba ahí tres mil años, calculado así a ojo.

24 noviembre 2013

Una explicación a la anarquía competencial que padecemos


(o de porque es imposible ponerle puertas al campo). 

Reconocida la competencia de las Comunidades para crear Derecho sigue siendo objeto de discusión su extensión. Una primera postura del Tribunal Constitucional sostenía que cualquier intento de la Asamblea Legislativa de una Comunidad debía basarse en el Derecho consuetudinario que subsistiera en el territorio desde la abolición de los Fueros. Esta interpretación del art. 149.1.8ª CE que se califica de «foralista» limitaría la capacidad legislativa de cualquier Comunidad a la costumbre foral (que se formalizara mediante ley, lo que no significa que no pudiera probarse su vigencia) y a las materias que se encontraran con ella en íntima conexión. 

Una segunda postura – no reconocida por el Tribunal Constitucional de los años noventa– que puede calificarse de «autonomista» va más allá de los estrictos límites de la costumbre bajo la premisa que las regiones que tuvieron entidad política dispusieron de unos cuerpos jurídicos completos que luego no pudieron ni conservarse, ni desarrollarse, pero que subsistieron en el sistema de las compilaciones y, que por dicha razón permanecieron principios diferenciados de los recogidos en el Código Civil. Desde ésta perspectiva la Comunidad Autónoma tendría plena competencia en la materia en todo aquello que no sea de exclusiva competencia del Estado. 

En el voto particular del Magistrado De La Vega Benayas a la Sentencia TC 121/92, puede leerse, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma Valenciana no posee Derecho civil propio, según se reconoce y admite por todos y salvo en materia de riegos (huerta de Valencia) y su jurisdicción especial (Tribunal de Aguas), carece de legislación civil desde los Decretos de nueva planta de 1707. Tampoco es legislación civil valenciana, la legislación civil que hoy se aplica en el territorio de la Comunidad y ni se conserva Derecho propio escrito, ni legislativo antiguo y preconstitucional, ni siquiera consuetudinario recopilado. Sobre tal afirmación parece que sólo cabe admitir únicamente el Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, subsistiera en el territorio hasta nuestros días. No puede ser de otra manera. Lo que ocurre, continúa el razonamiento, es que la corrección y claridad es sólo aparente. Veamos:


«Sin negar a la Comunidad Valenciana la posibilidad y la potestad legislativa, sí, en cambio, me pregunto si esa potencialidad alcanza o puede llegar a recrear o resucitar una figura contractual, dándola previamente por probada, o bien -como se hace en la Ley- dejando su prueba a la autoridad gubernativa. ¿No supondría ello la posibilidad de establecer por vía indirecta (circumventio) un Derecho civil inexistente e incluso la de legalizar costumbres contra legem?».

Pues ya hemos llegado a eso. Hay Derechos Civiles renacidos y otros de los que ignorábamos su existencia, hay novedosas instituciones civiles y administrativas de todas clases, colores y sabores y para qué contarles nada sobre la historia

Visto así el asunto, nada impide que se promulgue en el Boletín Oficial de Tú Pueblo (BOTP) un Decreto sobre la competencia para cazar gamusinos y que se defienda en la costumbre del lugar y en el sentimiento de antiguos lugareños y eso pese a que el primer gamusino llegara de Suecia en los años cincuenta y, en el mismo avión que las primeras rubias y sus bikinis. Para cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica (si es que se formula) habrá tesis doctorales sobre el gamusino, estudios biológicos sobre el cruce con alguna raza autóctona y, por supuesto, yacimientos arqueológicos debidamente subvencionados. No faltara tampoco un ramo de flores el día de la Comunidad y algún snif, snif, snif. 

En julio del año 2011, se publicó la noticia que el Tribunal Supremo, en un proceso de divorcio, reconocía el derecho a la remuneración del trabajo doméstico y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado, afirmando que se contribuía al matrimonio con lo que se dejaba de desembolsar o se ahorraba por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico, ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Cosa importante, naturalmente. Pero la Sentencia TS, Sala 1ª, de 14 de julio de 2011 (ROJ STS 4874/2011) contiene otro párrafo que a continuación transcribo y que demuestra cuánto hemos andado – y tan contentos– hacía el precipicio.


«El régimen de separación de bienes aparece regulado en cinco de los ordenamientos jurídicos españoles y no todos admiten la compensación ni los que la admiten, le atribuyen la misma naturaleza. Así, en Navarra, Aragón y en Baleares no existe ningún tipo de compensación para el cónyuge que haya aportado su trabajo para contribuir a las cargas del matrimonio (ley 103, b) de la Compilación del Derecho Civil de Navarra; arts. 187 y 189 del Código del Derecho Foral de Aragón y art. 3 de la Compilación del Derecho civil de Baleares). En cambio, el Código civil catalán, en su art. 232-5.1, establece que "En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre que en el momento de la extinción del régimen [...] el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo que se establece en esta sección". Y una regla parecida es la contenida en el art. 13.2 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que admite la compensación por el trabajo para la casa, que se considera también forma de contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio (art. 12) y cuyos criterios de valoración son los siguientes:"1. Se tendrán en cuenta con carácter orientativo y como mínimo los criterios siguientes de valoración del trabajo para la casa, sin perjuicio de la ponderación que realice la autoridad judicial correspondiente o del acuerdo al que lleguen los cónyuges: el costo de tales servicios en el mercado laboral, los ingresos que el cónyuge que preste tales servicios haya podido dejar de obtener en el ejercicio de su profesión u oficio como consecuencia de la dedicación al trabajo doméstico en cualquiera de sus manifestaciones enumeradas en el artículo precedente, o los ingresos obtenidos por el cónyuge beneficiario de tales servicios en la medida en que su prestación por el otro cónyuge le ha permitido obtenerlos". 
Finalmente, el art. 1438 CC, que establece que "el trabajo para la casa [...] dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación»

¿Cinco ordenamientos españoles dedicados a regular el régimen matrimonial y cada uno diciendo una cosa?. Quizá, tengamos que agradecer a los «especuladores» y al vecino del tercero que nos estén dejando en la ruina.

18 noviembre 2013

Prueba ilícita, prueba ilegal y la doctrina de los frutos del árbol envenenado.


Señala RAMOS MENDEZ (“Enjuiciamiento Civil. Como gestionar litigios civiles”. Tomo I, Editorial ATELIER, Barcelona 2008, páginas 601 y 602) que la amplitud con la que se concibe la garantía constitucional a la prueba solo tiene un límite, que además debe ser interpretado restrictivamente: la prohibición de las pruebas ilícitas. El principio general está establecido en el artículo 11. 1 LOPJ: “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 

La norma de la LOPJ protege, frente a la investigación de fuentes de prueba realizada por las partes, sólo aquellos derechos subjetivos que la Constitución considera fundamentales, con lo que quedan fuera todos los demás derechos que no alcanzan ese rango, el principal de los cuales por su trascendencia práctica es el de propiedad. Siguiendo tal razonamiento, podríamos distinguir los derechos fundamentales por su naturaleza: 

1) Derechos fundamentales absolutos, los que no tienen limitación alguna: Cualquier vulneración de los mismos conduce a la no admisión de la prueba (vg. derecho a la vida y a la integridad física). 

2) Derechos fundamentales relativos, que son limitados: en principio las fuentes de prueba obtenidas vulnerándolos no son admisibles, pero hay que tener en cuenta que la ley ha de compatibilizar estos derechos con otros, también fundamentales, e incluso con intereses prevalentes (vg. la inviolabilidad del domicilio, que no impedirá la prueba de reconocimiento judicial; lo importante aquí será el respecto de las garantías constitucionales en la actividad probatoria). 

Desde otro punto de vista en la SAP MADRID, Sección 10ª, de 11 de marzo de 2008, se lee que el artículo 11.1 LOPJ introdujo por primera vez en nuestro sistema procesal una norma que formula, de manera expresa, la proscripción de la prueba ilícita, como consecuencia de la doctrina que, respecto de este particular había establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre. Mandato que se reforzó con el artículo 287 LEC, siguiendo también, en este caso, el criterio mantenido tanto por el Tribunal Constitucional, v. gr., STC 64/1986, de 24 de mayo (al advertir que «la tacha que puede oponerse a las pruebas según la doctrina antes dicha, es la vulneración de derechos fundamentales que se cometa al obtener tales pruebas, pero no la que se produzca en el momento de su admisión en el proceso o de su práctica en él, pues respecto de estos últimos momentos los problemas que se pueden plantear se reconducen a la regla de la interdicción de la indefensión..») como el Tribunal Supremo, Sala Primera, núm. 386/2007, de 29 marzo (RJ 2007760), al señalar que «..La ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos..».

Pues bien el interés de la relación entre la prueba ilícita y la violación de derechos y libertades fundamentales regulados en la Constitución, aparece en dos momentos: 

(a) cuando se trata de delimitar su alcance indirecto y por ende el de la declaración de nulidad, esto es, si la misma afecta también a todo lo logrado a partir de una prueba ilícita. Sobre este asunto importa destacar que la doctrina de los efectos reflejos de la prueba ilícita sostiene la ineficacia de todos aquellos elementos probatorios logrados de un modo lícito, pero que han sido descubiertos merced a los resultados obtenidos de pruebas ilícitas. Se refiere a ella la jurisprudencia norteamericana con la expresión fruit of the poisonous tree doctrine («doctrina de los frutos del árbol envenenado») y refiere PICO I JUNOY (“Nuevas perspectivas sobre el alcance anulatorio de las pruebas ilícitas”. Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, Ref. D-19, tomo 1, LA LEY 11968/2001) la opinión de un sector considerable de la doctrina española, que relaciona esa jurisprudencia norteamericana con el artículo 11.1 LOPJ y así el término «directa» excluiría las pruebas logradas infringiendo un derecho fundamental, mientras el vocablo «indirectamente» produciría la misma consecuencia respecto a todo elemento probatorio que derivara de aquélla y; 

(b) cuando se analiza si la prohibición del artículo 11 LOPJ afecta también a las pruebas ilegales. En este caso, nos encontramos con un tercer supuesto al que se refiere la SAP MADRID, Sección 11ª de 30 de diciembre de 2005, que cita de la distinción entre pruebas ilícitas o prohibidas -obtenidas con infracción de los derechos fundamentales a la que se refiere el artículo 11.1 LOPJ y el artículo 287 LEC-, y las pruebas simplemente irregulares que son aquellas que se han obtenido vulnerando normas procesales y que no tienen otro efecto que el que disponga la norma especialmente infringida, sin que se pueda predicar una consecuencia general de inadmisión o inutilidad.

Por la relación de los artículos 283 y 287 LEC dejo apuntada otra corriente doctrinal que respalda un concepto amplio de prueba ilícita. Cabría definir la prueba ilícita, como toda actividad probatoria prohibida por la ley, precisando además un supuesto específico de prueba ilícita, el más grave, que surge cuando la fuente de prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales. En principio, por prueba ilícita debe entenderse toda aquella prueba obtenida o practicada con vulneración relevante de las normas legales ya sean constitucionales o de legalidad ordinaria, que regulan la obtención de las fuentes de prueba y el procedimiento para su introducción y práctica en el proceso (MORENO CATENA, Victor. “El proceso civil III” Epígrafe: “Prueba ilícita” TOL62.379 ©www.tirantonline.com) 

Tenemos ya los elementos necesarios para arriesgarnos a definir la prueba ilícita, aunque curiosamente sea una tarea ociosa en el proceso civil, pues como hemos visto la simple vulneración de un derecho fundamental implica la prohibición de la fuente o el medio probatorio.

Y, precisamente por ello se pregunta PELLICER ORTIZ si del tenor literal del artículo 283.3 LEC, puede entenderse que se ha efectuado una extensión del concepto de prueba ilícita a “cualquier actividad prohibida por la ley”, interrogante que solventa la autora con una respuesta negativa ya que esa norma sólo expresa un criterio en materia de admisión de la prueba. Pero, entonces ¿qué es la prueba ilegal?. Aquella que se ha obtenido con vulneración de una norma que no tiene rango constitucional de ahí que la ilicitud y la ilegalidad sean dos conceptos referidos a la eficacia del derecho a la prueba, aunque distintos, encontrándose el primero regulado en los artículos 11.1 LOPJ y 287 LEC y el segundo en el artículo 283.3 LEC

Nos facilita BERTA PELLICER (“Audiencia previa. Algunos problemas sobre la admisión y práctica de la prueba. Especial referencia al interrogatorio, prueba documental y prueba ilícita”. Cuadernos Digitales de Formación, año 2009, CGPJ) un ejemplo que aclarara la exposición. El artículo 283.3 LEC impide la admisión de cualquier actividad probatoria prohibida por la Ley y el juez no deberá admitir ninguna prueba que suponga una infracción del procedimiento probatorio (por ejemplo, la aportación extemporánea de un dictamen o documento). En cambio, sería válida la aportación procesal de un documento robado, porque ni el derecho a la propiedad es un derecho fundamental (por tanto, no es prueba ilícita), ni al solicitar la admisión de esta prueba se vulneran las normas reguladoras del procedimiento probatorio. Más aún, el medio probatorio podría ser objeto de libre valoración por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza en que hubiera podido incurrirse. 

En definitiva, el artículo 283 LEC circunscribe su alcance y eficacia a enunciar el principio de legalidad procesal en materia probatoria; es decir, el deber del Juez de observar y hacer observar el procedimiento probatorio legalmente previsto y por lo mismo, el derecho a utilizar los medios probatorios pertinentes para la defensa obliga a mantener un concepto de prueba ilícita lo más restrictivo posible al objeto de permitir que el mencionado derecho despliegue su mayor eficacia y virtualidad. Ello comporta limitar el alcance de la prueba ilícita a la obtenida o practicada con infracción de derechos fundamentales.

14 noviembre 2013

La Ciudad de la Justicia de Valencia y la hormiga Magdalena.


¿Qué gastan las Comunidades Autónomas en Justicia?. Buena pregunta si tuviera respuesta. Valencia – a la que han copiado Cataluña y Andalucía- hace ciudades judiciales que cuestan una pasta y que pueden quedarse pequeñas bajo el principio del amontonamiento de juzgados vía BOE. Y el caso es que, a falta de mejor idea, nos hemos dedicado a poner ladrillos – y no discuto su necesidad-, pero con esa I+D+I del adobe, las garantías de una mejora son inexistentes. 

Creo que la Ciudad de la Justicia de Valencia fue la primera, aunque no sea una ciudad y esté en Valencia de milagro, porque unos metros más allá y los juicios los hubiéramos hecho en la Albufera y en bañador togado. La idea, o la monoidea reformista caló y con las arcas autonómicas llenas, la tentación de una fotografía gigantesca delante de cada edificio terminado fue irresistible; corolario, dicho sea, de muchas otras fotografías más pequeñas, con las obras en progresión y con cascos blancos o amarillos sobre cabezas cuyo interés por la administración de justicia siempre he ignorado. De hecho los días que tengo el despacho a 36º hasta dudo que hubiera algo bajo el casco que no fuera pelo (quien lo tuviera). Y si dudan de la temperatura muy gustosamente les dejo una invitación para el mes de junio del año 2014. 

A Valencia, siguió Castellón, Barcelona y Málaga y hasta ahí hemos llegado (creo), porque mientras algunos seguían haciéndose fotografías, otros pintaban “unidades judiciales” en el Boletín Oficial del Estado y, a tal ritmo que las ciudades de las justicias iban a necesitar, en dos telediarios de la Primera, a los empujadores del metro de Tokio para meternos a todos en los edificios. Dicho de otra forma: las ciudades podían quedarse pequeñas a corto plazo. Aclaro, que “Unidades judiciales” pese a que se traducen en lenguaje del vulgo como Juzgados y Secciones de Audiencias Provinciales, no son dos simples palabras y responden a la tontería imperante de inventarse una realidad a través del idioma (si tienen algún nacionalista en el vecindario pregúntele, son especialistas en la materia); gemelo en su nacimiento y destino, es lo de “operador jurídico”, otra cursilada incalificable cuyo último significado ignoro, porque yo no opero a nadie y menos “jurídicamente”. 

Pero a lo que iba. Hecha la Ciudad Judicial o sea el edificio, hay que procurar que el personal que allí trabaja y la clientela que lo visita, no se muera en su puesto de trabajo o, en el mostrador o Sala de vistas y, más cuando no hay servicio de guardia de la contrata de la limpieza. Si se molestan en situar el edificio de Valencia en el google (cuidado con las imágenes retocadas), observarán que el lado Este corre paralelo al mar y al sol y, el sol se encuentra a gusto cuando le invitan a calentar una fachada de cristal de cuatro plantas desde las ocho de la mañana. 

Hay un salón de actos que es una pasada de guay y en el que se está de un fresquito de la leche, tanto que obliga a ponerse la chaqueta para no agarrar un jamacuco y comenzar a expulsar mocos por la boca, la nariz y las orejas. Pero si dejamos la planta baja y vamos subiendo pisos, lado derecho del edificio, notamos un cierto calorcito que no se debe a un calentón mañanero, la veloz subida de tres pisos – poniendo los ojos en el suelo ya que hay losetas sueltas y traidoras y poco superglue tres– o una ropa interior de tres capas, sino al sol. Si, al sol, porque en el Mediterráneo sale mucho el sol y además, calienta de narices a partir de las nueve de la mañana. Creo que por eso el ser humano inventó primero, los ventiladores, luego, el aire acondicionado y por último, las enfriadoras. 

En las plantas tercera y cuarta del edificio, en el lado que está cara al sol y no va con segundas, ni contra la ley de la desmemoria histórica, el calorcito se nota en el mostrador pero no desagrada, a mitad de Juzgado hacia el ventanal cristalero vale más ir de algodón colonial sin mosquitera, si se quiere pasar una mañana sin excesivos sudores sobaqueros; pero a partir de ahí entramos en una especie botella en la que nos volvemos hormiguitas sometidos a la lupa de algún niño malévolo. Y el caso es que el jodido niño lleva ocho años con la lupa, porque la enfriadora o lo que demonios hayan instalado en el techo no funciona y, lleva sin hacerlo desde que nos mudaron del centro de Valencia (iba a poner un latinajo, pero como está prohibido lo pongo en español hasta que lo prohíban: ¡qué tiempos pasados!) a descubrir el sol del Mediterráneo. 

No se lo he contado todo. Como la cosa iba de modernos y había dinero, todo fueron cristales en las fachadas y no hace falta saber óptica para conocer el resultado de meter un rayito de sol por una lupita para cascarle a una hormiguita. Y claro, como el climatizador tiene que ponerse al máximo para enfriar algo la citada parte Este, los habitantes y clientes de la Oeste – siempre en sombra– se hielan, con lo que es curioso observar camisas con manchas de sudor, que se cruzan en los pasillos con chaquetas, pañuelos de cuello y resfriados andantes en junio y julio. 

Nueve años después estoy convencido que esto es un experimento de algún modista famoso. Los que están en el lado oscuro del rectángulo no pueden ponerse ropas de verano porque en invierno se hielan y en verano, también y, los que estamos en el lateral iluminado no podemos soltar el ropaje veraniego, porque en invierno nos asamos y en verano, no les cuento. Y no les cuento, porque en el Juzgado dos salidas de aire no funcionan (nunca lo hicieron) y las otras cuatro expulsan tan caudal de refrigerio que solo satisfacen a la hormiga Magdalena, que anda por el techo la mar de rumbosa. Es frecuente ver paraguas abiertos colgados del techo para distribuir solidariamente el fresquito. 

En la visita guiada que hicimos en el año 2003 ya se advirtió cierto calorcillo y se indicó a los gestores de la cosa, que con una cristalera haciendo funciones de fachada, deberían colocarnos cortinas (no las había) y asegurarse que el aire acondicionado – o lo que fuera que nos echaran encima– funcionara bien, porque en otro caso los cristalitos harían funciones de lupa y no de fachada, con el resultado por todos conocido. Recuerdo el enojo de uno de los gestores de la cosa –que, por cierto, hoy reclama la independencia judicial en una plataforma– cuando comenté que las salidas del aire quedaban muy lejos de la fachada y con esa mirada de señor feudal que algunos practican antes de salir de casa, no solo se reprochó el comentario, sino la duda. 

La culpa es ahora de los Bomberos, que obligaron a dejar un pasillo de emergencia en el interior de cada piso, con lo que desubicaron los sopladores de frio del climatizador, que acabaron colocados sobre las cabezas de algunos funcionarios. Pasillos de emergencia que ahora están llenos de archivadores y papeles de variada suerte y condición y, cuya utilidad también ignoro porque en ocho años no se ha hecho ningún simulacro de nada así que el día que pase algo nos vamos a echar unas risas con San Pedro. 

Por cierto. En los años 2002 y 2003, gestores de la cosa se dedicaron a enseñarnos, casco blanco en mano, lo bien que íbamos a estar en ese edificio inteligente, donde no habría papel en los juzgados, habría sitio para moverse, los profesionales no se dejarían caer sobre las mesas y tendríamos calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Los expedientes subirían y bajarían en el día de un ultramoderno archivo de gestión y todos cantaríamos alegres y divertidos. Bueno, lo de cantar con alegría y divertimento no lo dijeron. Alguno gritó cuando se quedó encerrado en algunos de los ascensores interiores, pero lo de la llamada de teléfono por Decreto arregló ese problema: el ascensor funciona cuando pagan el mantenimiento, pero por lo menos ya nadie se queda encerrado.

¿Qué el empleo del ladrillo ha mejorado la Administración de Justicia?. Sí claro y la creación de trescientas dos mil “unidades judiciales” también, pero si alguno calcula la relación entre la inversión y el resultado, verá que hábiles gestores de la cosa pública hemos tenido en el Ministerio, en el Consejo General del Poder Judicial y en las plurales Consejerías de las justicias. Eso por no tratar el asunto de la invención, porque la genialidad de arreglar la justicia con ladrillos y papeles tiene su aquel paradójico. 

Esta mañana todo el juzgado iba en manga corta y eso que teníamos las ventanas abiertas, pero por lo visto los pulmones de los enanos que soplan el aire frio no daban para más. Y habrá que dar gracias a que solo nos toman por gilipollas durante media jornada. Si tuviéramos que estar en el edificio a jornada completa más de uno la habría palmado por el calor, por la caída de algún pedazo de fachada o, por estamparse contra el suelo gracias a los cientos de baldosas que andan sueltas en las escaleras.

04 noviembre 2013

El 0,02€ existe, lo he visto y he tenido entre las manos


Una de las herramientas informáticas más chupi lerendis con las que contamos en los Juzgados es el llamado embargo masivo de cuentas bancarias a la vista, que se realiza a través de la aplicación de BANESTO (hoy SANTANDER) y que recientemente se ha premiado por el Ministerio de Justicia

No que me quejaré del servicio, porque funciona muy bien, pero ahora verán el gran avance de cangrejo maquinero investido de fe pública que hemos logrado. 

Cuando hubo experiencia piloto – que la hubo y ya fue una sorpresa- solo pedí dos cosas: 

a) que el embargo fuera de cualquier cosa financiera titularidad del embargado o, sea, por NIF, CIF, o NIE ya que la operativa bancaria tira de documento identificativo y no de números de cuentas y 
b) que se garantizara la cooperación del mayor número de los bancos que quedan en el mercado. 

Pues esto funciona así. Se saca la información patrimonial del ejecutado, que va por años vencidos (o qué se yo) y se da de alta el embargo masivo en la aplicación de BANESTO (porque aparece saldo embargable). Nos aparece un mensajito que nos dice que la orden se ha enviado correctamente y el Consejo General del Poder Judicial nos manda un correo electrónico por INTER-IUS, que no utilizamos nunca, pero que hay que abrir porque nos informa que hemos embargado 0,02€ y 0,25€, respectivamente. 

No queda ahí la sorpresa del éxito investigador. En numerosas ocasiones el correo informa que el ejecutado tiene “otras posiciones financieras” (another financial position) en el mismo banco de los 0,02€ o en otras entidades, con lo que hay que imprimir el correo, unirlo a la ejecución y,  redactar el oficio en papel de toda la vida para intentar llegar a tiempo de no sabemos qué. 

Eso sí, con el embargo de prestaciones inembargables (INEM y TGSS) lo tiramos y es lo que suele tener la cuenta a la vista. 

Dos informatizaciones más como esta y necesitaremos comprar la mitad de Finlandia del papel que vamos a necesitar. 

 Y eso que lo pedí por favor.

28 octubre 2013

La inadmisión a trámite de la oposición a la ejecución.


Una de las omisiones más relevantes en el trámite de oposición a la ejecución lo encontramos en la admisión de cualquier escrito en el que la parte ejecutada afirme “formalmente” que la formula y, en el que con o sin la cita de alguno de los óbices de los artículos 556 y 557 LEC, obligue al Juzgado de la Instancia a sustanciarla. Nada dice la ley en sentido contrario y cabe preguntarse si el silencio legal exige, en todo caso, el traslado al ejecutante sin más o, si por el contrario puede (y debe) realizarse un previo examen de la petición de la ejecutada e inadmitirla si no cumple los requisitos de los citados artículos 556 y 557 LEC

El problema de la respuesta es que nos vemos obligados al examen de cada caso porque, en principio, no podemos dar reglas generales. Comencemos con el AAP MADRID, Sección 8ª, 30 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP M 18271/2011) en el que se analiza la cuestión que nos ocupa -si ad límine se puede inadmitir la oposición a la ejecución despachada-, cuando no concurren los supuestos tasados y numerus clausus del artículo 557 LEC, invocándose la existencia de un pacto verbal de novación que se pretende acreditar una vez admitida. 

En esa resolución se cita, en primer lugar,
Cita:

el AAP CASTELLÓN, Sección 3ª, de 19 mayo 2010, nº 95/2010 (Recurso 553/2009): “...No compartimos las alegaciones del recurso, pues lo que ocurre en el presente caso es que no se han alegado como causas de oposición vicios o defectos procesales previstos en el artículo 559.1 LEC ni motivos de fondo de los previstos en el artículo 557.1 LEC, siendo esta una omisión que determina que se aprecie incumplimiento de un presupuesto esencial del escrito por el que se promueve el incidente de oposición a la ejecución y que no puede subsanarse con posterioridad, como pretende la parte, porque no se ha incurrido en falta de claridad o precisión, deficiencia que sí podría haber sido subsanada por el cauce del artículo 231 LEC, sino en falta de contenido del escrito de oposición que determina que carezca de objeto consistente en alegación de motivo de oposición fundado en alguna de las causas legalmente previstas” .

Y, en segundo lugar, señala el auto de la Audiencia de Madrid que es clara la improcedencia de esta forma de oposición, pues por razón de la naturaleza de los títulos ejecutivos, no puede pretenderse articular de hecho un procedimiento declarativo y contradictorio al efecto, ya que esa no es la previsión y finalidad del artículo 560 en relación con el 557 LEC, sino que, concurriendo las causas tasadas de oposición a los mismos, acreditar su efectiva existencia mediante la sustanciación de la oposición planteada. En consecuencia, la concurrencia e invocación de dichos supuestos tasados constituye un presupuesto esencial del escrito por el que se promueve el incidente de oposición a la ejecución y no puede subsanarse con posterioridad, lo que permite por ende su inadmisión de plano.

Idéntica doctrina la encontramos respecto a los títulos judiciales. Leemos en el AAP MADRID, Sección 20ª, 9 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP M 14170/2011) que la especial protección que la LEC otorga a quien pretende la ejecución de una resolución judicial firme, tiene su reflejo en que la oposición a la misma únicamente es posible si se basa en las causas que con carácter limitado y tasadas establece la propia ley y, ni la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, ni la falta de requerimiento extrajudicial, son de las que los artículos 556 y 559 LEC señalan. Las actuaciones tuvieron su origen en una demanda de proceso monitorio. Presentada demanda de ejecución de títulos judiciales se dictó auto despachando ejecución. Los demandados presentaron escrito de oposición y el Juzgado de primera instancia dictó auto acordando no admitirla a trámite. Sustentó esa decisión de inadmisión y de no dar trámite a la oposición, en que lo alegado no podía incluirse en ninguno de los motivos de oposición establecidos en los artículos 556 y 559 LEC

Justificada la posibilidad de la inadmisión a trámite ¿cabría una previa subsanación antes del rechazo de la oposición?. Entiendo que no, porque será extraño el supuesto en el que la subsanación responda a su verdadera finalidad y no encubra la reformulación de la oposición a que se refiere el AAP MADRID, Sección 28ª, 20 de febrero de 2012 (ROJ: AAP M 2782/2012), pero la solución al interrogante dependerá del criterio de cada Juzgado. 

Ahora bien, - sigo aquí al AAP MADRID, Sección 28ª, 20 de febrero de 2012- si se requiere a la parte para que subsane la exposición de los motivos de oposición, deberá tenerse en cuenta que este nuevo escrito no será de oposición, sino de subsanación de la única oposición, de manera que no cabrá reformular los hechos en el que se sustenta la oposición y se amplié a otros motivos diferentes a los expresamente mencionados en el primer escrito y, mucho menos podrá ampararse en el principio iura novit curia la integración de la oposición por el Juzgado. 

Esto es, incumbe a quien formaliza la oposición expresar cuales son los motivos que plantea, extremo éste que no puede ser integrado por el Juzgado, al que no corresponde suplir las omisiones de las partes, ni expresar los motivos legales de los que desea valerse quien formaliza la oposición.

23 octubre 2013

Un análisis apresurado e intranquilizador del Caso Frago.


La lectura de la Sentencia de 1 de octubre de 2013 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional que estima el recurso interpuesto por D. Juan Antonio Frago Amada contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia, por la que se impuso al Fiscal recurrente la sanción de separación del servicio, declarándola nula de pleno derecho por vulnerar el art. 25 CE, mete más medio por lo que calla, que por lo que dice y, por cierto, dice bastante. 

Recordarán que entre la marejada reformista de la justicia de tómate un café y apañamos unas transaccionales en el Congreso de los Diputados a cambio de esto y de aquello, aparece como estrella invitada en forma de yate de millonario la necesidad, nunca explicada, de atribuirle al Ministerio Fiscal la instrucción penal y siempre que he leído esto me hago la misma pregunta ¿a qué Ministerio Fiscal?. 

De momento hemos sobrevivido a esa idea, peregrina de donde las haya, de intentar parecernos a una película norteamericana, pero sin actores, sin bandera y sin nacionalidad y, mientras tanto algunos miembros de la institución fiscal siguen dedicándose a pedir, en el siglo XXI, transcripciones escritas de las grabaciones de las declaraciones; en el famoso caso Mari Luz a no se sabe bien qué o, a eternizar el traslado para informe entre piso y piso y tiro porque me toca. Y como siempre generalizo y hablo en primera persona, porque no conozco a todos los Fiscales de España, ni cómo se trabaja en todas las Fiscalías. 

Dice la Sentencia de la Audiencia Nacional:


Por lo tanto, don Juan Antonio Frago hizo uso de la facultad conferida por el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal poniendo en conocimiento de la Ilustrísima Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía de La Coruña las razones por las cuales consideraba improcedentes las órdenes recibidas respecto de la forma en que debía calificar en las diligencias previas 929/2005 del Juzgado de instrucción número uno de Ordenes. Así lo puso de manifiesto el recurrente en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución presentada el 28 de diciembre de 2012 (alegación de nulidad cuarta, obrante a los folios 1763 y siguientes del expediente administrativo remitido este tribunal), sin haber obtenido respuesta a esta cuestión, esencial, en la resolución recurrida.

Así que resolviendo sobre la falta disciplinaria, prosigue la sentencia:


En consecuencia, debe concluirse que en el presente caso ha sido vulnerada la prohibición de aplicar la ley sancionadora de manera extensiva en desventaja del acusado. El recurrente sabía, a partir de la redacción de la disposición pertinente, en este caso el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, qué actos u omisiones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria. Y precisamente por ello comunicó a su superior jerárquico las razones por las cuales consideraba improcedente la orden de que calificase de una determinada manera, confiando legítimamente en que la cuestión que planteaba debía ser resuelta oyendo previamente a la Junta de Fiscales. Por ello, al actuar de este modo, el recurrente no pudo incurrir en la falta de desobediencia [en la resolución se dice desobediencia "continuada", sin que tampoco este adjetivo figure en el tipo] por la que fue en definitiva sancionado: la prevista en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Fácil sería que concluyera ahora unas líneas sobre las desobediencias que se producen diariamente en todos los Juzgados con apoyo de las Comunidades Autónomas, que han dejado hacer hasta límites que no creería nadie y, aplicando el baremo al que se sometió al Fiscal Frago no quedaría en nómina, en algunos órganos o servicios, ni la mitad de las plantillas, pero lejos de ello no solo se aprecia una palmaria desproporción entre el aparente pecado cometido y la penitencia, sino algo mucho peor (si todavía puede haberlo) y, es que la institución fiscal sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad es la primera en saltárselos cuando viene al caso

Vuelvo a la Sentencia y destaco los siguientes párrafos:


Y si bien es cierto que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, también es verdad que está sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad.[...] 
Al contrario de lo que manifiesta en el escrito de contestación a la demanda el Ministerio Fiscal, parte en este proceso, en que, refiriéndose al expediente disciplinario del recurrente, llega a afirmar que "no estamos, por tanto, ante un procedimiento administrativo y una resolución de autoridades de este orden", lo cierto es que el procedimiento disciplinario no deja de ser un procedimiento sancionador de carácter claramente administrativo (es lo que se denomina materia de personal), aunque las autoridades intervinientes sean miembros del Ministerio Fiscal, pues en este caso no estamos ante la más característica de sus funciones, cuál es la de ser parte en un proceso penal. Aquí estamos ante un procedimiento administrativo sancionador protagonizado, hasta su resolución, por autoridades administrativas miembros del Ministerio Fiscal como representantes de la Administración actuante claramente jerarquizada, y en el que no ha intervenido, tal y como le ley prevé, un miembro del Ministerio Fiscal funcionalmente no dependiente y respecto del cual sus superiores jerárquicos carezcan de facultades para ordenarle plantear sus alegaciones en el procedimiento disciplinario de una manera u otra[...] 
Como hemos visto, en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal. Así las cosas, queda en evidencia, por lo tanto, que la falta de intervención de un miembro del Ministerio Fiscal, funcionalmente independiente respecto de la administración que incoó, tramitó y resolvió el procedimiento administrativo sancionador contra el recurrente (también miembro de dicha Institución), no ha contribuido en absoluto a la defensa de la legalidad ni tampoco a la regularidad del procedimiento administrativo sancionador tramitado, y teniendo en cuenta que los principios inspiradores del derecho penal son de aplicación, con matices, al derecho administrativo sancionador, en definitiva, tampoco tal omisión ha contribuido a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera el derecho a un juicio justo. Véase al respecto caso Barberá, Messegué y Jabardó contra España, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de seis de diciembre de 1988.

Cada uno sacará sus conclusiones pero yo dejaría la instrucción penal como está y que nos dure muchos años en manos de los Jueces; dormiremos mejor y más seguros.