26 diciembre 2012

Luces y sombras procesales sobre la tasa judicial.


I. Introducción. 

 La llamada tasa judicial se regulaba en los arts. 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo, la Orden HAC/661/2003 y la RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que dictó instrucciones acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha derogado el art.35 de la Ley 53/2002, y la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación ha hecho lo propio con la Orden HAC/661/2003, por la que se aprobó el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación. 

El nuevo régimen normativo presenta dos características muy singulares: a) se han multiplicado los supuestos de la exigencia del pago y reducido notablemente las exenciones y b) se ha desarrollado la presentación telemática de la tasa, único medio de presentación, lo que afecta a su gestión en los Juzgados, que se hará a través del Punto Neutro Judicial y, por ello, se han fijado dos fechas de entrada en vigor: el 17 de diciembre de 2012 y el 1 de abril de 2013. 

Dejando al margen el ruido que provoca ahora la ley sobre su inconstitucionalidad y que ya veremos como acaba o, cuando lo hace, porque en este año el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la tasa del año 2003, lo único cierto es que tenemos una ley en vigor y la obligación de aplicarla. Y dejo un simple apunte llama la atención: en Cataluña, la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, introdujo una segunda tasa judicial, que no suscitó ninguna queja y que puede ser compatible con la de la Ley 10/2012. 

II.- Devengo y exenciones. 

1.- Devengo de la tasa. 

La demanda y reconvención del juicio ordinario, la demanda del juicio verbal, la petición del monitorio, del monitorio europeo, del cambiario, la demanda de ejecución por título no judicial, y de oposición a la ejecución de títulos judiciales presentada por el sujeto pasivo obligado origina el devengo de la tasa, quedando excluidos los actos de jurisdicción voluntaria. Se devengará también en los casos de transformación del proceso monitorio1 a juicio ordinario2 o verbal, siempre, en este último caso, que su cuantía sea superior a los 2.000,00€, pero no en las ejecuciones de título judicial. 

Sin embargo, solo se requerirá la tasa en los recursos de apelación contra sentencia, (art.2 e) Ley 10/2012) habiendo desaparecido dicha exigencia respecto a los autos y, ello con independencia de si se han dictado en el proceso declarativo, poniendo fin a la instancia o, en el proceso de ejecución, resolviendo un recurso de revisión contra el decreto de archivo del art.570 LEC 

2.- Exenciones objetivas y subjetivas. 

No hay obligación de presentarla, por exención objetiva, (art.4.1 e) Ley 10/2012) cuando la cuantía de la petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 517 LEC. 

En consecuencia, deberá liquidarse la tasa cuando el documento que sirve para la reclamación monitoria o la demanda de juicio verbal sea: a) un laudo, una resolución arbitral o un acuerdo de mediación, siempre que en este último caso se haya elevado a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, b) Las escrituras públicas, c) Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, d) Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, e) Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores y f) el auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización dictado en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 

No tendrán la obligación de presentarla, por exención subjetiva: a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora; b) El Ministerio Fiscal; c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas y d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (art.4.2 Ley 10/2012). 

En cuanto a la Justicia gratuita, la ley precisa que es el reconocimiento del beneficio el que exime del pago tasa, por lo que la petición o las designaciones provisionales de Abogado y de Procurador no impiden el pago, ni el requerimiento de subsanación. 

III. Novedades por la cuantía de la tasa y por la devolución de una parte del importe. 

La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o del recurso, y los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación, se valorarán en dieciocho mil euros. Aquí conviene hacer alguna precisión, porque en el proceso civil no hay una cuantía para el recurso de apelación, ni para el de casación; esto es, la cuantía que se fija en la primera instancia suele permanecer inalterable en las dos siguientes. No hay por tanto que buscar una cuantía para los recursos. 

El verdadero problema aparece en los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, porque el art. 6.3 Ley 10/2012 dice que para el cálculo de la tasa se sumarán las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas y en el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior. 

Esa suma contradice lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el art.252 LEC y habrá de entenderse que la cuantía de la tasa se sujetará a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil y, no a lo que dispone la Ley 10/2012 y ello por dos razones: a) la remisión que hace el art.6.2 a las normas de determinación de cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no puede modificar, ni aplicar parcialmente y b) el resultado que la suma provoca en la base imponible para algunas reclamaciones y, en particular en las demandas de juicio verbal de tráfico y en los desahucios con reclamación de cantidad. No hablamos en estos casos de mayor o menor proporcionalidad o, del acceso a la jurisdicción, sino de importes ficticios y prohibidos en la legislación procesal. 

Aclarado lo anterior, tendremos los siguientes supuestos a los efectos de la cuantía: a) cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor, b) si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas y c) si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor. 

Novedad relevante es que haya dos supuestos de devolución: a) se devolverá el 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio y b) el 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos (art. 8 Ley 10/2012). En el primer caso se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. Pero, ¿qué entiende el legislador con una «solución extrajudicial del litigio»?. En este punto nos encontramos con otra de las sombras procesales del texto. No hay «solución extrajudicial del litigio», salvo el desistimiento del art.415.2 LEC y a mi entender, lo que se pretende es incentivar el fin del pleito y no la mediación o el arbitraje, con lo que la ya citada «solución extrajudicial del litigio» comprenderá también la satisfacción extraprocesal y el acuerdo homologado judicialmente. No obstante, lo dicho, parece insistirse en lo contrario en el preámbulo de la ley cuando se lee: «Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios».

La acumulación de procesos nos abre otro debate, porque el art.8.6 Ley 10/2012 no precisa quien tiene derecho a esa devolución y en esa tesitura, lógico parece que lo tengan todos los sujetos pasivos intervinientes en los procesos acumulados. No hay vinculación de ese derecho al Juzgado que ordena la acumulación, ni a las fechas de presentación de las demandas. 

IV. Requerimiento para la subsanación y fin del proceso

El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, se acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso que no se acompañe dicho justificante, se requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda (art.8.2 Ley 10/2012). 

La ley no fija un plazo de subsanación, no ha tenido en cuenta que el único defecto a subsanar puede ser la falta de presentación del modelo 696 y que los «plazos establecidos en la legislación procesal» son distintos según el acto o el trámite que se trate, siendo frecuentes los de cinco o diez días. Razones de pura lógica y de operativa de la oficina judicial, aconsejan el de cinco días, coincidente con el previsto para la interposición de los recursos de reposición y de revisión o, el de diez días cuando se requiera la subsanación de algún otro defecto que tenga fijado dicho plazo en la ley. 

Se hace la salvedad del recurso de apelación en el que el plazo de subsanación será el de dos días, que coincide con el que se concede para la subsanación en la constitución del depósito de la Disposición Adicional 15ª.7 LOPJ. 

Y aquí nos aparece otra sombra. La Ley y la Orden de Hacienda disponen muy claramente que la presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal y el justificante del pago de la tasa, acompañará al escrito procesal (arts. 8 Ley 10/2012 y 3 Orden HAP/2662/2012) y ¿qué ocurre cuando el sujeto pasivo presenta la autoliquidación y realiza el pago la tasa después del requerimiento del Juzgado?. 

El Tribunal Supremo tiene sentado que no pueden otorgarse plazos de subsanación, cuando no estamos ante un acto defectuosamente realizado, sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, ROJ ATS 2332/2012), pero con ocasión de varios recursos de queja sobre el depósito de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, también afirma con rotundidad que la subsanación comprende los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, y aquellos en los que no se ha efectuado la consignación. Esta doctrina que se inició con el ATS, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre de 2010 (ROJ. ATS 13855/2010), es aplicable sin dificultad a la tasa judicial y la subsanación comprenderá tanto la defectuosa presentación de la autoliquidación, como su omisión o la del pago. 

En el mismo sentido, la falta de subsanación no se sanciona con la «falta de curso del escrito», sino «con la preclusión del acto procesal y la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda» y ello solo puede interpretarse en el sentido que no se admitirá a trámite la demanda, la reconvención, la oposición que se haya formulado o, se declarará la firmeza de la sentencia. Una interpretación en otro sentido, siguiendo el criterio sentado en las STC 20/2012 y STC 79/2012 «dañaría la integridad del proceso judicial, dado que generaría un número indeterminado de procesos suspendidos sine die por factores completamente ajenos a la mejor administración de justicia, que se acumularían en la Secretaría de los Tribunales con grave riesgo para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y sin beneficio aparente para ningún derecho o interés legítimo discernible» (Sala Primera, STC 164/2012, de 1 de octubre de 2012, BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2012). Por consiguiente, el cierre del acceso a la justicia mediante el archivo de una demanda que no viene acompañada del justificante de la autoliquidación de la tasa judicial, no subsanada en los plazos legales, no puede considerarse rigorista ni desproporcionado, y es imputable a la propia conducta de la parte por falta de la suficiente diligencia procesal (Sala Primera. Sentencia 116/2012, de 4 de junio de 2012, BOE núm. 159, de 4 de julio de 2012). 

¿Quiere esto decir que el Juez no interviene en esa preclusión o en el archivo?. La respuesta es afirmativa. La tasa no es un requisito, ni un presupuesto del proceso, es un tributo que se gestiona por los órganos judiciales y desde esta perspectiva, la falta de pago implica la inexistencia del proceso o, en su caso, la preclusión del acto que se trate, esto es, la firmeza de la sentencia o, que no se tenga por formulada la oposición. No intervendrá, por tanto, la Audiencia Provincial para resolver el recurso de apelación, ni el Juez para conocer de la oposición. La ley no suscita dudas al respecto; cuestión distinta es la discutible técnica que emplea, que olvida la necesidad de dictar una resolución en el proceso y que, por lo mismo, deja la puerta abierta a otros criterios. 

V. La intervención de la oficina judicial. 

Apunté en la introducción que hay dos fechas de entrada en vigor (el 17 de diciembre de 2012 y el 1 de abril de 2013) y la razón de ello aparece en el art.12.3 Orden HAP/2662/2012, pues la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada autoliquidación, entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de proceso y la cuantía de la pretensión. La inexistencia del medio de transmisión ha provocado que el mandato entre en vigor el día 1 de abril de 2013 (Disposición Final Segunda Orden HAP/2662/2012), sin que hasta esa fecha se sustituya por la remisión por correo, que ha desaparecido en la nueva regulación. 

El retraso también afecta a los beneficiarios de la devolución, porque cuando el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas.

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