26 diciembre 2012

Luces y sombras procesales sobre la tasa judicial.


I. Introducción. 

 La llamada tasa judicial se regulaba en los arts. 35 y 36 de la LEY 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, la ORDEN HAC 661/2003 de 24 de marzo, la Orden HAC/661/2003 y la RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, que dictó instrucciones acerca del procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha derogado el art.35 de la Ley 53/2002, y la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación ha hecho lo propio con la Orden HAC/661/2003, por la que se aprobó el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación. 

El nuevo régimen normativo presenta dos características muy singulares: a) se han multiplicado los supuestos de la exigencia del pago y reducido notablemente las exenciones y b) se ha desarrollado la presentación telemática de la tasa, único medio de presentación, lo que afecta a su gestión en los Juzgados, que se hará a través del Punto Neutro Judicial y, por ello, se han fijado dos fechas de entrada en vigor: el 17 de diciembre de 2012 y el 1 de abril de 2013. 

Dejando al margen el ruido que provoca ahora la ley sobre su inconstitucionalidad y que ya veremos como acaba o, cuando lo hace, porque en este año el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la tasa del año 2003, lo único cierto es que tenemos una ley en vigor y la obligación de aplicarla. Y dejo un simple apunte llama la atención: en Cataluña, la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, introdujo una segunda tasa judicial, que no suscitó ninguna queja y que puede ser compatible con la de la Ley 10/2012. 

II.- Devengo y exenciones. 

1.- Devengo de la tasa. 

La demanda y reconvención del juicio ordinario, la demanda del juicio verbal, la petición del monitorio, del monitorio europeo, del cambiario, la demanda de ejecución por título no judicial, y de oposición a la ejecución de títulos judiciales presentada por el sujeto pasivo obligado origina el devengo de la tasa, quedando excluidos los actos de jurisdicción voluntaria. Se devengará también en los casos de transformación del proceso monitorio1 a juicio ordinario2 o verbal, siempre, en este último caso, que su cuantía sea superior a los 2.000,00€, pero no en las ejecuciones de título judicial. 

Sin embargo, solo se requerirá la tasa en los recursos de apelación contra sentencia, (art.2 e) Ley 10/2012) habiendo desaparecido dicha exigencia respecto a los autos y, ello con independencia de si se han dictado en el proceso declarativo, poniendo fin a la instancia o, en el proceso de ejecución, resolviendo un recurso de revisión contra el decreto de archivo del art.570 LEC 

2.- Exenciones objetivas y subjetivas. 

No hay obligación de presentarla, por exención objetiva, (art.4.1 e) Ley 10/2012) cuando la cuantía de la petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 517 LEC. 

En consecuencia, deberá liquidarse la tasa cuando el documento que sirve para la reclamación monitoria o la demanda de juicio verbal sea: a) un laudo, una resolución arbitral o un acuerdo de mediación, siempre que en este último caso se haya elevado a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, b) Las escrituras públicas, c) Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, d) Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, e) Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores y f) el auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización dictado en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 

No tendrán la obligación de presentarla, por exención subjetiva: a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora; b) El Ministerio Fiscal; c) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas y d) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (art.4.2 Ley 10/2012). 

En cuanto a la Justicia gratuita, la ley precisa que es el reconocimiento del beneficio el que exime del pago tasa, por lo que la petición o las designaciones provisionales de Abogado y de Procurador no impiden el pago, ni el requerimiento de subsanación. 

III. Novedades por la cuantía de la tasa y por la devolución de una parte del importe. 

La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o del recurso, y los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación, se valorarán en dieciocho mil euros. Aquí conviene hacer alguna precisión, porque en el proceso civil no hay una cuantía para el recurso de apelación, ni para el de casación; esto es, la cuantía que se fija en la primera instancia suele permanecer inalterable en las dos siguientes. No hay por tanto que buscar una cuantía para los recursos. 

El verdadero problema aparece en los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, porque el art. 6.3 Ley 10/2012 dice que para el cálculo de la tasa se sumarán las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas y en el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior. 

Esa suma contradice lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el art.252 LEC y habrá de entenderse que la cuantía de la tasa se sujetará a lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil y, no a lo que dispone la Ley 10/2012 y ello por dos razones: a) la remisión que hace el art.6.2 a las normas de determinación de cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no puede modificar, ni aplicar parcialmente y b) el resultado que la suma provoca en la base imponible para algunas reclamaciones y, en particular en las demandas de juicio verbal de tráfico y en los desahucios con reclamación de cantidad. No hablamos en estos casos de mayor o menor proporcionalidad o, del acceso a la jurisdicción, sino de importes ficticios y prohibidos en la legislación procesal. 

Aclarado lo anterior, tendremos los siguientes supuestos a los efectos de la cuantía: a) cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la cuantía de la acción de mayor valor, b) si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas y c) si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor. 

Novedad relevante es que haya dos supuestos de devolución: a) se devolverá el 60 por ciento del importe de la cuota de esta tasa, cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio y b) el 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos (art. 8 Ley 10/2012). En el primer caso se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de terminación. Pero, ¿qué entiende el legislador con una «solución extrajudicial del litigio»?. En este punto nos encontramos con otra de las sombras procesales del texto. No hay «solución extrajudicial del litigio», salvo el desistimiento del art.415.2 LEC y a mi entender, lo que se pretende es incentivar el fin del pleito y no la mediación o el arbitraje, con lo que la ya citada «solución extrajudicial del litigio» comprenderá también la satisfacción extraprocesal y el acuerdo homologado judicialmente. No obstante, lo dicho, parece insistirse en lo contrario en el preámbulo de la ley cuando se lee: «Con la finalidad básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios».

La acumulación de procesos nos abre otro debate, porque el art.8.6 Ley 10/2012 no precisa quien tiene derecho a esa devolución y en esa tesitura, lógico parece que lo tengan todos los sujetos pasivos intervinientes en los procesos acumulados. No hay vinculación de ese derecho al Juzgado que ordena la acumulación, ni a las fechas de presentación de las demandas. 

IV. Requerimiento para la subsanación y fin del proceso

El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, se acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso que no se acompañe dicho justificante, se requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda (art.8.2 Ley 10/2012). 

La ley no fija un plazo de subsanación, no ha tenido en cuenta que el único defecto a subsanar puede ser la falta de presentación del modelo 696 y que los «plazos establecidos en la legislación procesal» son distintos según el acto o el trámite que se trate, siendo frecuentes los de cinco o diez días. Razones de pura lógica y de operativa de la oficina judicial, aconsejan el de cinco días, coincidente con el previsto para la interposición de los recursos de reposición y de revisión o, el de diez días cuando se requiera la subsanación de algún otro defecto que tenga fijado dicho plazo en la ley. 

Se hace la salvedad del recurso de apelación en el que el plazo de subsanación será el de dos días, que coincide con el que se concede para la subsanación en la constitución del depósito de la Disposición Adicional 15ª.7 LOPJ. 

Y aquí nos aparece otra sombra. La Ley y la Orden de Hacienda disponen muy claramente que la presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal y el justificante del pago de la tasa, acompañará al escrito procesal (arts. 8 Ley 10/2012 y 3 Orden HAP/2662/2012) y ¿qué ocurre cuando el sujeto pasivo presenta la autoliquidación y realiza el pago la tasa después del requerimiento del Juzgado?. 

El Tribunal Supremo tiene sentado que no pueden otorgarse plazos de subsanación, cuando no estamos ante un acto defectuosamente realizado, sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, ROJ ATS 2332/2012), pero con ocasión de varios recursos de queja sobre el depósito de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, también afirma con rotundidad que la subsanación comprende los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, y aquellos en los que no se ha efectuado la consignación. Esta doctrina que se inició con el ATS, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre de 2010 (ROJ. ATS 13855/2010), es aplicable sin dificultad a la tasa judicial y la subsanación comprenderá tanto la defectuosa presentación de la autoliquidación, como su omisión o la del pago. 

En el mismo sentido, la falta de subsanación no se sanciona con la «falta de curso del escrito», sino «con la preclusión del acto procesal y la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda» y ello solo puede interpretarse en el sentido que no se admitirá a trámite la demanda, la reconvención, la oposición que se haya formulado o, se declarará la firmeza de la sentencia. Una interpretación en otro sentido, siguiendo el criterio sentado en las STC 20/2012 y STC 79/2012 «dañaría la integridad del proceso judicial, dado que generaría un número indeterminado de procesos suspendidos sine die por factores completamente ajenos a la mejor administración de justicia, que se acumularían en la Secretaría de los Tribunales con grave riesgo para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y sin beneficio aparente para ningún derecho o interés legítimo discernible» (Sala Primera, STC 164/2012, de 1 de octubre de 2012, BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2012). Por consiguiente, el cierre del acceso a la justicia mediante el archivo de una demanda que no viene acompañada del justificante de la autoliquidación de la tasa judicial, no subsanada en los plazos legales, no puede considerarse rigorista ni desproporcionado, y es imputable a la propia conducta de la parte por falta de la suficiente diligencia procesal (Sala Primera. Sentencia 116/2012, de 4 de junio de 2012, BOE núm. 159, de 4 de julio de 2012). 

¿Quiere esto decir que el Juez no interviene en esa preclusión o en el archivo?. La respuesta es afirmativa. La tasa no es un requisito, ni un presupuesto del proceso, es un tributo que se gestiona por los órganos judiciales y desde esta perspectiva, la falta de pago implica la inexistencia del proceso o, en su caso, la preclusión del acto que se trate, esto es, la firmeza de la sentencia o, que no se tenga por formulada la oposición. No intervendrá, por tanto, la Audiencia Provincial para resolver el recurso de apelación, ni el Juez para conocer de la oposición. La ley no suscita dudas al respecto; cuestión distinta es la discutible técnica que emplea, que olvida la necesidad de dictar una resolución en el proceso y que, por lo mismo, deja la puerta abierta a otros criterios. 

V. La intervención de la oficina judicial. 

Apunté en la introducción que hay dos fechas de entrada en vigor (el 17 de diciembre de 2012 y el 1 de abril de 2013) y la razón de ello aparece en el art.12.3 Orden HAP/2662/2012, pues la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada autoliquidación, entre los que deberá figurar, además del número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el tipo de proceso y la cuantía de la pretensión. La inexistencia del medio de transmisión ha provocado que el mandato entre en vigor el día 1 de abril de 2013 (Disposición Final Segunda Orden HAP/2662/2012), sin que hasta esa fecha se sustituya por la remisión por correo, que ha desaparecido en la nueva regulación. 

El retraso también afecta a los beneficiarios de la devolución, porque cuando el sujeto pasivo tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la solución extrajudicial del litigio o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas.

23 diciembre 2012

Fue hace mucho tiempo, en Belén.


El miércoles 17 de diciembre de 2008, la Fiscal Olga Sánchez, tuvo la idea de colocar en el vestíbulo de la sede central de la Fiscalía un portal de belén con motivo de las fechas navideñas y fue la propia Sánchez la que llevó las figuras del nacimiento a la calle Fortuny. Cuando otra fiscal, Pilar Barrero, vio el belén preguntó qué quién lo había puesto allí y pidió inmediatamente que fuera retirado alegando que era una agresión a la libertad religiosa. Ante la ausencia en la Fiscalía de Conde Pumpido, que se encontraba de viaje oficial, Barrero acudió al despacho del número dos de Ministerio Fiscal, Juan Martín Casallo y este ordenó la retirada de las amenazantes figuras: Jesús, María y José, la estrella, la mula y el buey. 

Así que hoy no escribo sobre Afganistán, ni sobre la Justicia de la tafilandia autonómica, ni sobre todos mis amigos de la Srta. Pepis, que se sientan en el Congreso de los Diputados, ni tampoco dedico ninguna línea a la paz del mundo mundial, ni deseo los mejores deseos de felicidad a todos y a todas o a que no se quemen los bosques, se pare el horrible cambio climático, salgamos de una crisis económica en la que pocos pueden ponerse el cartel de inocente o, quiera que nos lo pasemos bien y solo bien (porque el que se lo pasa mal es un amargado); que no haya enfermedades, que juntemos las manos y los pies –solo esos miembros, quede claro- contra la pobreza y, en fin que tengamos un año chachi y guay (creo que se escribe así). 

No, hoy, escribo estas líneas para recordar que después de más de dos mil años, habiendo suprimido el latín y la historia de España de los Colegios, las Barreros y los Casallos son una anécdota de nuevo rico y que no aparecen cuando las cosas se ponen serias, porque cuando las cosas se ponen serias, gentes de toda suerte y condición siguen creyendo, como antes, – o, mejor dicho, seguimos creyendo- que el ser humano es muy limitado y muy borrego y, que quizá no nos vendría mal echar una mirada, de vez en cuando, a ese portal de Belén.

20 diciembre 2012

Sin el pago de la tasa judicial, no hay proceso.


El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, se acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo. En caso que no se acompañe dicho justificante, se requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda (art.8.2 Ley 10/2012). 

La falta de subsanación no se sanciona con la «falta de curso del escrito», sino «con la preclusión del acto procesal y la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda» y ello solo puede interpretarse en el sentido que no se admitirá a trámite la demanda, la reconvención, la oposición que se haya formulado o, se declarará la firmeza de la sentencia. 

Una interpretación en otro sentido, siguiendo el criterio sentado en las STC 20/2012 y STC 79/2012 «dañaría la integridad del proceso judicial, dado que generaría un número indeterminado de procesos suspendidos sine die por factores completamente ajenos a la mejor administración de justicia, que se acumularían en la Secretaría de los Tribunales con grave riesgo para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y sin beneficio aparente para ningún derecho o interés legítimo discernible» (Sala Primera, STC 164/2012, de 1 de octubre de 2012, BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2012). Por consiguiente, el cierre del acceso a la justicia mediante el archivo de una demanda que no viene acompañada del justificante de la autoliquidación de la tasa judicial, no subsanada en los plazos legales, no puede considerarse rigorista ni desproporcionado, y es imputable a la propia conducta de la parte por falta de la suficiente diligencia procesal (Sala Primera. Sentencia 116/2012, de 4 de junio de 2012, BOE núm. 159, de 4 de julio de 2012). 

¿Quiere esto decir que el Juez no interviene en esa preclusión o en el archivo?. La respuesta es afirmativa. La tasa no es un requisito, ni un presupuesto del proceso, es un tributo que se gestiona por los órganos judiciales y desde esta perspectiva, la falta de pago implica la inexistencia del proceso o, en su caso, la preclusión del acto que se trate, esto es, la firmeza de la sentencia o, que no se tenga por formulada la oposición. No intervendrá, por tanto, la Audiencia Provincial para resolver el recurso de apelación, ni el Juez para conocer de la oposición. La ley no suscita dudas al respecto; cuestión distinta es la discutible técnica que emplea, que olvida la necesidad de dictar una resolución en el proceso y que, por lo mismo, deja la puerta abierta a otros criterios.

17 diciembre 2012

No hay diligencias finales en el juicio verbal (STS.3-7-2012)


La STS, Sala 1ª, 3 de julio de 2012 (ROJ STS 6620/2012) parece resolver una de las polémicas de la LEC 2000 respecto a la práctica de diligencias finales en el juicio verbal y digo parece porque solventa una impugnación por indebida denegación del medio de prueba, que fue el motivo del recurso y no aparece una rotunda declaración sobre la imposibilidad de la diligencia final por falta de previsión legal. En cualquier caso y aunque cada uno sacará sus conclusiones, el pronunciamiento del Tribunal Supremo no suscita interrogantes: no caben las diligencias finales en el juicio verbal. 

Dice así el fundamento de derecho sexto


Diligencias finales en el juicio verbal 
6. El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal afecta, como ya hemos indicado, al pagaré 083-4. Respecto de él, la demanda de oposición había excepcionado el pago realizado el día 3 de agosto de 2007. En el acto del juicio verbal, la tenedora del título (PROMOBEN) contestó a la excepción aduciendo que aquel pago correspondía a otro pagaré distinto, aunque por el mismo importe, y aportó la documentación justificativa de ello. Para contradecir esta alegación y su prueba, ALBERALIA solicitó determinada prueba como diligencias finales, que le fue denegada por el juez de primera instancia, por no estar permitidas en la ley las diligencias finales en el juicio verbal. Esta misma prueba volvió a pedirse en el escrito de apelación, al amparo del art. 460 LEC, y la Audiencia la denegó. El recurso de infracción procesal argumenta que se le ha privado indebidamente de los medios de prueba para justificar que el pagaré 083-4 había sido pagado, lo que supone una infracción del art. 24 CE, que le ha ocasionado indefensión, y cabe incardinar en el art. 469.1.4º LEC. 
7. El recurso debe ser desestimado por las razones que a continuación exponemos. El juicio cambiario, en caso de oposición cambiaria, prosigue por los trámites del juicio verbal, con las especialidades previstas en los arts. 826 y 827 LEC. En concreto, el art. 826 LEC dispone que del escrito de oposición se dará traslado al acreedor y se citará a las partes a la vista del juicio verbal, conforme a lo prescrito en el art. 440.1 LEC. Esta vista, según el párrafo segundo del art. 826 LEC, "se celebrará del modo establecido en el art. 443", que regula el desarrollo de la vista del juicio verbal. De acuerdo con este precepto, la contestación a la demanda de oposición debe realizarse de forma oral, después de la inicial exposición del demandante (en este caso, quien formuló la demanda de oposición). 
En un supuesto como el presente, cumplido el trámite de alegaciones con la contestación oral a la demanda y las eventuales y consiguientes alegaciones del demandante, previa determinación de los hechos relevantes en que cada parte funda sus pretensiones, al no existir conformidad sobre ellos, debía proponerse y practicarse prueba en ese mismo acto. El segundo párrafo del art. 443.4 LEC expresamente prevé que "la proposición de prueba podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429". 
Esta última mención tiene relevancia en el presente caso, en que el ahora recurrente (ALBERALIA) no solicitó la prueba, que aduce le fue indebidamente denegada, en el momento procesal adecuado, que era después del trámite de alegaciones. Podía haberlo hecho, pues conoció entonces de las razones de la contestación a su demanda y los documentos con que la demandada pretendía justificar aquellas razones. Era en ese momento, según prevé el primer párrafo del art. 443.4, cuando ALBERALIA, a la vista de los hechos controvertidos, tenía que haber pedido aquella prueba. De tal forma que la petición posterior, concluido el juicio verbal y por el trámite de las diligencias finales, inicialmente previstas únicamente para el juicio ordinario, debe considerarse extemporánea. Como muy bien argumentó la Audiencia Provincial para denegar esta misma prueba solicitada en apelación, la prueba en este caso no fue indebidamente denegada ( art. 460.2.1ª LEC), pues, al margen de que las diligencias finales no se prevén expresamente en el juicio verbal , en todo caso el art. 435.1.1ª LEC las excluye cuando se trate de "pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal a que se refiere el apartado 1 del art. 429". 
Luego, si no ha existido denegación indebida de la prueba, no cabe apreciar ninguna vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, aducida en el recurso para justificar la infracción procesal ex art. 469.1.4º LEC.

09 diciembre 2012

La ablación del clítoris no es cultura, es amputación y mutilación (STS, 31-10-2012).


Hemos tratado antes el asunto de la multiculturalidad y volvemos de nuevo a él con ocasión de una reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2012, 835/12, Recurso 3/2012. No merece la pena que insista en darle vueltas a una introducción y, a la memez intelectual del colectivo de la multiculturalidad, asentado en tres patas: la prohibición de Cruces y Belenes, la comparación de las Monjas con el velo islámico y, la postración ante cualquier moda cultural allende nuestras fronteras; incluida la ablación del clítoris, como defiende en una aula universitaria un profesor, que ha pasado de tonto a gilipollas, porque el paso del tiempo me ha ido calentando las teclas del ordenador. Entenderán el enfado si leen: ¡Hay idiota!, nos íbamos a echar unas risas si la castración fuera una costumbre

Dice el Tribunal Supremo:
Fundamento de derecho tercero:

Sin duda uno de los factores más acusados de la sociedad actual, también de la española, es el alto grado de interculturalidad que presenta como consecuencia de las fuertes corrientes migratorias a países de más alto nivel de vida motivadas por el deseo de mejorar la vida de aquellos naturales de países empobrecidos. Es un viaje desde la desesperanza a la esperanza. Tales grupos proceden de otras culturas y tienen ritos y prácticas muy diferentes a los de los países de acogida. Tanto el recurrente como la propia sentencia se refiere a esta situación en referencia a la ablación del clítoris al afirmar que es una práctica cultural de su país de origen. Ello no puede ser excusa para elaborar una teoría del "error de prohibición fundado en los factores culturales a los que pertenece el sujeto", porque el respeto a las tradiciones y a las culturas tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos que actúan como mínimo común denominador exigible en todas las culturas, tradiciones y religiones. La ablación del clítoris no es cultura, es mutilación y discriminación femenina. A tal efecto, debemos recordar la Exposición de Motivos de la L.O. 3/2005 de 8 de Julio que acordó perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina: "....La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, es un ejercicio de violencia contra las mujeres que afecta directamente a su integridad como personas. La mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes debe considerarse un trato "inhumano y degradante" incluido, junto a la tortura, en las prohibiciones del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos....". 
En el caso de autos, el recurrente M. D. llevaba a la sazón viviendo en España 10 años, estaba totalmente integrado en la cultura española y conocía --y así lo reconoció en su declaración en sede judicial obrante al folio 40 de la instrucción- - "....que todo el mundo sabe que eso no se puede hacer en España....". 
El propio factum así lo tiene declarado. Rechazada la tesis de que la ablación se efectuó por los abuelos en Gambia, y declarado que tuvo lugar en España, la tesis del error de prohibición en el recurrente no puede ser admitida en modo alguno. 
Hay que recordar, que la sentencia de instancia en relación a la madre de I., le apreció el error de prohibición, vencible, al tener en cuenta su situación, cualitativamente diferente a la de su esposo, como se justifica en la parte final del f.jdco. segundo de la sentencia de instancia. Procede la desestimación del motivo. .

¿Han leído bien lo subrayado?. Recuerdo lo que me dijo un militar –también escrito en este blog- sobre Afganistán y el mundo islámico. El día que las mujeres logren salir de las ratoneras en que las tienen los hombres habremos dado un enorme paso para acabar con el fundamentalismo, el multiculturalismo de tres patas y las salvajadas que relata la sentencia del Tribunal Supremo. 

06 diciembre 2012

Lanzamientos, tasas y el Estado de Derecho: criterios Secretarios Judiciales de Valencia.


En reunión del pasado 3-12-2012 los Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia alcanzamos determinados acuerdos sobre los LANZAMIENTOS HIPOTECARIOS y la exigencia de la TASA JUDICIAL y sin perjuicio de las comunicaciones oficiales, si que me gustaría indicar que la opinión fue unánime en el sentido que la ley dice lo que dice y que no cabe ir más allá, en forma de interpretaciones sobre futuras normas, modificaciones o pronunciamientos de tribunales europeos. 

Y viene esto a cuento – a partir de este momento leen la opinión del autor- porque el Estado de Derecho consiste en el respeto al ordenamiento jurídico vigente, nada más (y nada menos) y encabezar manifestaciones sociales por escrito en forma de autos, decretos o providencias, raya el tercermundismo jurídico, crea falsas expectativas a personas que carecen de conocimientos jurídicos y no evita el futuro en liquidaciones de intereses moratorios al 29% que no se interrumpen. Entiendo sorprendente que hoy se pueda suspender una subasta en una ejecución hipotecaria salvo pago o petición del ejecutante y, por lo que leo se está haciendo y, no califico la suspensión de una ejecución hipotecaria, ¿dónde dice la ley que pueda hacerse eso?. ¡Ah, claro!. No lo dice la ley, lo indica la realidad social, pero ¿qué realidad social si no hay datos estadísticos? y sobre todo ¿quién aprecia la gravedad de esa realidad social?, ¿un Juez?, ¿un Abogado? y, ¿por qué no un militar?, o ¿un sacerdote?. 

Que curioso, esa realidad social que aparece como un platillo volante que nos cae en la cabeza la semana pasada, no tenía el menor interés hace tres meses, cuando nos dedicábamos a la ejecución hipotecaria cuatro gatos y los dos Juzgados que han echado mano al derecho – no a la pancarta- para formular una cuestión prejudicial y otra de inconstitucionalidad. El resto se han subido al carromato en marcha y sin haber pagado el billete. 

En el documento en PDF tienen los ACUERDOS de los Secretarios Judiciales de Valencia.