19 noviembre 2012

Notas apresuradas sobre el lanzamiento hipotecario.


El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (BOE 16 de noviembre de 2012), padece una técnica jurídica que solo explica la premura y, que justifica estas deslabazadas lineas a falta de otras lecturas que no aseguran ningún éxito. 

Dice el art. 1.1 que hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo. 

¿Qué entendemos por «persona que actúe por su cuenta»?. No podemos dar una respuesta procesal porque no hay en el proceso ninguna «persona que actúe por cuenta de otra»; hay representación o mandato, pero no actuación por cuenta de otro. Y ese vacío es ciertamente peligroso, - podemos entender cualquier cosa y quizá sea esa el espíritu de la novedosa reforma- atribuye al interprete un arbitrio excesivo. Evidentemente para quienes sean partidarios de emplear el Real Decreto a modo de martillo de bancos el concepto acogerá a cualquier persona física o jurídica que tenga algo que ver con el ejecutante. Si somos un poco más precisos nos limitaremos a las inmobiliarias y a los Fondos de titulización (no conozco ningún otro supuesto en la práctica). 

Decía antes interprete y, no Secretario Judicial, porque si damos un paso más nos llevamos otra sorpresa. El art.2 dispone que la concurrencia de las circunstancias a que se refiere el real decreto-ley se acreditara, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de determinados documentos. ¿Ante el Juez?. Pues sí, ante el Juez. Y ¿cómo?. No lo dice la norma, salvo que el deudor deberá hacerlo en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento. 

Por «deudor» habrá de entenderse «ejecutado» ya que corremos el riesgo del olvidarnos del hipotecante no deudor y del tercer poseedor (art. 685.1 LEC), con lo que excluimos a los fiadores o avalistas y además, aquel o aquellos deberán ocupar la «vivienda habitual». Sentado esto bastará que el «deudor» presente – por escrito o comparecencia y sin necesidad de letrado, ni de procurador- la documentación y el Juez se pronuncie en providencia. 

Razones de pura lógica vetan la subsanación de cualquier defecto, pero tampoco hay ningún límite temporal, con lo que nada impide denegar la suspensión y advertir al deudor del documento o documentos omitidos para una nueva presentación. No creo necesario que el ejecutante se pronuncie con anterioridad a la resolución judicial, y podrá hacerlo mediante la interposición de un recurso de reposición contra la providencia.

Todo ello, claro está, a falta de mejores criterios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.