Los daños morales al ejecutado en el proceso de ejecución.


No suele ser frecuente la reclamación de los daños morales producidos en la ejecución de la sentencia, pero el enfrentamiento de las partes, después del proceso declarativo y la vía de apremio, que suele atacar en globo el patrimonio del ejecutado, llevan a concluir que las diligencias ejecutivas pueden causar perjuicios de esta clase susceptibles de reparación. ¡¡Cuidado, que pueda, no significa que existan y menos aún que transformemos la interesante ejecución en un segundo proceso declarativo!! 

Hagamos una precisión. El daño moral al que nos referimos no consiste en la frustración de una acción judicial en los términos que fija la Sentencia TS de 27 de julio de 2006:
Cita

" el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño debe calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de los casos tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza” 

Al contrario, el ejecutado entiende que ha hecho lo posible para dar cumplimiento a la sentencia y sin embargo, no ha podido evitar las diligencias ejecutivas ordenadas por el Juzgado a instancia de la parte ejecutante. No hablamos de acción frustrada y de su valoración patrimonial, sino de la declaración y el cálculo – si ello es posible- del daño que el proceso de ejecución causa a la ejecutada, lo que nos introduce en una polémica que puede tener poca justificación por dos razones: la existencia del título ejecutivo y su imperativo cumplimiento y, la desatención del mandato por el ejecutado que obliga a la intervención judicial. Sentado lo anterior dice el AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 3ª, de 28 de marzo de 2008:
Cita

“En lo que se refiere al daño moral, ha de recogerse la doctrina sustentada por el T. S. en sentencia del 31.5.00 donde se dice "Las Sentencias de esta Sala han reconocido que el daño moral constituye una noción dificultosa (S. 22 mayo 1995), relativa e imprecisa (SS. 14 diciembre 1996 y 5 octubre 1998). Iniciada su indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito al contractual (Ss. 9 mayo 1984, 27 julio 1994, 22 noviembre 1997, 14 mayo y 12 julio 1999, entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del "pretium doloris" y los ataques a los derechos de la personalidad (S. 19 octubre de 1998). Cierto que todavía las hipótesis más numerosas se manifiestan en relación con las intromisiones en el honor e intimidad (donde tiene reconocimiento legislativo), los ataques al prestigio profesional (Sentencias 28 febrero, 9 y 14 diciembre 1994, y 21 octubre 1996 ), propiedad intelectual (igualmente con regulación legal), responsabilidad sanitaria (Sentencias 22 mayo 1995, 27 enero 1997, 28 diciembre 1998 y 27 septiembre 1999 ) y culpa extracontractual (accidentes con resultado de lesiones, secuelas y muerte), pero ya se acogen varios supuestos en que es apreciable el criterio aperturista (con fundamento en el principio de indemnidad), ora en el campo de las relaciones de vecindad o abuso del derecho, (S. 27 julio 1994 ), ora con causa generatriz en el incumplimiento contractual (Ss. 12 julio 1999, 18 noviembre 1998, 22 noviembre 1997, 20 mayo y 21 octubre 1996), lo que, sin embargo, no permite pensar en una generalización de la posibilidad indemnizatoria." En el presente supuesto lo único que se señala en la resolución combatida es que los ejecutantes tuvieron que andar por otro camino, camino tortuoso según señala tal resolución; sin embargo, el mero hecho de que se hayan originado determinadas molestias por el hecho de que tener que utilizar una vía diferente a la que hasta que se dictó la sentencia de apelación en el referido interdicto, no puede conllevar automáticamente una indemnización por el daño moral aludido, pues para que puede accederse a este extremo ha de probarse, dentro de los límites oportunos y en función de las concretas circunstancias, que se ha producido un daño o sufrimiento psíquico, lo que no consta en las actuaciones remitidas a este Tribunal. En consecuencia, ha de acogerse en este punto el recurso”. .

Y, por la fundamentación que acaba de exponerse la pretensión de la parte ejecutada de reparación del daño moral habrá de justificarse en un doble sentido: 

(a) la relación de causalidad entre la actividad judicial y el daño y, 

(b) el quantum indemnizatorio; elementos, ambos, que no basta con alegar y que deben respaldarse con medios de prueba (artículos 713 y siguientes LEC). 

Requisitos, por lo demás, de observancia rigurosa en la admisión de la petición y en la tramitación del incidente porque, a mi entender, de la ejecución de una sentencia no nace el derecho a ser resarcido de ningún daño moral (ni tan siquiera como expectativa) ya que el ejecutante se limita a ejercer otro derecho previsto en la ley y reconocido por los Tribunales cuyo auxilio demanda y, tanto si es una ejecución provisional, como la definitiva que termina por pago. Pero algo tenía que escribir y no ha quedado excesivamente extravagante.

Comentarios

  1. Y añado que quien ejercita un derecho que le confiere el Derecho, como es oponerse a la ejecución, ciertamente dilata, pero no daña: qui iure suo utitur, neminem laedit. Y ya la condena en costas es suficiente premio para el ejecutante.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

Entradas populares de este blog

Felicidades y gracias.

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

La nueva jura de cuentas y su impugnación.