29 noviembre 2012

Otra de tasas: cuando la estadística judicial sale por la ventana, la demagogia entra por la puerta.


No es la primera vez que tratamos el asunto de la estadística judicial y sus millones de asuntos y resoluciones, porque si me permiten, nadie en Justicia y entre sus variados y plurales Señores, se ha enterado que la estadística es una ciencia y no una suma de palotes que da un resultado de millones. Pero claro, sencillo es que el Señor de turno reclame al Secretario Judicial, por ejemplo, los procesos de la ley de propiedad horizontal que se registran trimestralmente para no se sabe bien qué y sobre todo sin explicar que entiende el Señor por procesos de propiedad horizontal y, ocioso es decirlo, pero sin saber si se admite cocodrilo como animal de compañía, unas veces aparecerán más cocodrilos que otros, porque a quien redacta estas líneas ese animal le gusta, pero sabe muy bien de dos compañeras que los temen, con lo que el dato que se facilita para la suma de palotes tiene una fiabilidad próxima al cero. 

 Y con esa fiabilidad próxima al cero es imposible rebatir en el caso de las tasas judiciales, el griterío de la tutela judicial efectiva que pugna contra el de la excesiva litigiosidad y, el fracaso de todos los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR, en ingles) y, eso que me niego a transcribir lo que los Abogados veteranos opinan de los mismos (incluyendo el famoso arbitraje) porque mañana no quiero ir al Juzgado con un escolta. Falta uno: los protocolos previos a la acción, pero eso será materia de otro comentario. El caso es que no se ha conseguido impedir que cualquier cosa termine en una demanda y eso podrá ser también, cualquier cosa, pero no tutela judicial efectiva. 

Retomo el hilo. Llevo un par de días leyendo lo que diferentes asociaciones o grupos publican sobre los supuestos – orden civil, aclaro- en los que la tasa judicial arruinara al ciudadano y, me da la impresión que estamos leyendo normas distintas. ¿Un monitorio de propiedad horizontal reclamando más de dos 2.000,00€?. Si que los hay, quizá dos al año entre mil quinientos declarativos y en Comunidades de Propietarios con buenos fondos de reserva; ¿una división de cosa común superior a 300.000€?, otras dos al año y por las ganas del personal litigante de sacarse los ojos antes de llegar a un acuerdo y, por cierto ¿dónde dice la ley que en los verbales inferiores a 2.000,00€, que son legión, haya de presentarse tasa?. 

Esos datos son los que deberían haberse puesto sobre la mesa en reuniones con los Colegios de Abogados antes de redactar y publicar nada y, algunos otros, como las cuantías de cada reclamación – que no se recoge en España, porque no hay forma de hacerlo- y solo después, exigir el pago del servicio en forma de tasa. Pero eso es imposible y claro hay que tirar – unos y otros- contra todo lo que se mueve, mientras el Secretario Judicial queda a disposición del Señor que por turno corresponda para facilitar algún dato inane que permita sumar palotes y dar resultado de millones.

26 noviembre 2012

Las costas en el monitorio LPH que continúa en un proceso de ejecución.


Tratamos este asunto el año pasado y volvemos ahora sobre el mismo por la identidad errónea que a mi entender se produce entre el requerimiento de pago del monitorio de la LPH y un proceso declarativo, de tal modo que cuando aquel termina con un Decreto que indica a la parte que debe presentar ejecución y con condena en costas, antes de la primera ya se está presentando la segunda y, con ese segundo Decreto (el de las costas) se iniciaban (el pasado no es inocente, aunque ahora destroce la lengua) dos procesos de ejecución, con nuevas costas. 

Dejando al margen que el importe de las costas en estos casos supera el 100% del principal – pese a las modas, no solo hay intereses abusivos en las cláusulas bancarias-, el hecho que el art. 21.6 LPH prevea la condena al pago de los honorarios de letrado y de procurador por su intervención en la solicitud inicial del proceso monitorio, no implica el derecho automático al cobro y la aplicación de la correspondiente norma de honorarios. 

-En primer lugar porque el art. 21.6 LPH no regula la práctica de la tasación de costas, sino el pronunciamiento sobre las mismas; lo que se ventila en el Decreto que pone fin a la fase monitoria, pero no en la práctica de la liquidación. 

-Los procesos monitorios que nos ocupan corren diferente suerte según haya o no pago, ya que cuando este se produce, se practica la tasación de costas, pero si no lo hay el proceso monitorio pasa a ser un proceso de ejecución y será en ese proceso donde se liquiden las costas. 

No hay dos procesos (MONITORIO y EJECUCION o MONITORIO y DECLARATIVO, según el resultado del requerimiento de pago) sino solo uno. Y eso es lo que vienen a decir la SAP CACERES, Sección 1ª, 8 de junio de 2007 y la de SAP ALICANTE, Sección 8ª, 26 de abril de 2007, siendo así que no debe haber inconveniente para que, en los casos en que la situación de impago o silencio del deudor, tras dictarse auto despachando ejecución que lleva a la iniciación de un proceso de ejecución pueda, a efectos de costas , quedar el primer estadio procedimental integrado en el criterio que sobre costas corresponde al proceso de ejecución (AAP PONTEVEDRA, Sección 6ª, 18 de junio de 2010). 

Idéntica doctrina aparece también en la SAP JAEN, Sección 6ª, 14 de abril de 2011 y el AAP LEON, Sección 2ª, de 25 de marzo de 2010 afirmándose en la primera que la voluntad del legislador es clara y doble: crear un monitorio especial de LPH único donde se prevé la condena en costas, y uno general donde se excluye. Ello supone que al no existir expresa previsión de condena en costas si el deudor paga, se archiva el proceso sin pronunciamiento alguno sobre costas (art. 817 LEC). Y si el deudor se opone, las costas del declarativo subsiguiente se impondrán, conforme a las normas generales de los arts. 394 y ss. de la LEC. Por último, si el deudor ni paga, ni se opone, las costas de la ejecución se imponen conforme a las reglas generales del art. 539 de la LEC. 

Esto es, no hay un proceso monitorio autónomo a efectos de tasación y liquidación de las costas y buena prueba de ello es que en la segunda resolución que se cita, se revoca un pronunciamiento de condena en costas dictada en un juicio verbal, proveniente de un monitorio de la LPH, que terminó por satisfacción extraprocesal. 

-Por último y en lo que se refiere al Procurador no hay duda alguna ya que el art. 9.3 RD.1373/2003, responde al mismo principio de proceso único del monitorio y así cuando hay ejecución, se aplicará el art. 26 de dicha norma

La conclusión es que podrá practicarse tasación de costas en el monitorio LPH que haya terminado con impago y esté pendiente de ejecución, si se pide, pero el importe será el de cero euros por la exclusión de las minutas que se presenten.

22 noviembre 2012

Las tasas judiciales, una versión de la ley del péndulo desde la perspectiva de un ignorante.


El 17 de julio de 2010 publique este comentario:


Solo será eficaz una justicia cara. 17-7-2010. 
Cuenta la leyenda que en el Servicio Común de Notificaciones de Madrid se cobraba por respirar y era habitual el trasiego de funcionarios haciendo notificaciones a cualquier hora, hasta que un buen día alguien decidió que la gratuidad de la justicia entrara en la sede del Servicio Común, cual corriente de air fresco y, limpiara la casa de corruptelas y quehaceres discutibles. Se pasaron con el termostato y de fresco, se pasó a gélido y tan gélido fue el aire de renovación, que el Servicio Común se paró. Los funcionarios no entendieron que la gratuidad de la justicia tuviera algo que ver con sus salarios. 
Después de muchos años de aire renovador hemos acabado todos constipados y alguno con pulmonía, pero sigue el empeño que niega la evidencia: los funcionarios, como todos los demás, trabajamos por dinero y se ha roto el equilibrio entre el llamado acceso a la justicia (que debe ser un derecho condicionado) y los medios y sueldos de quienes trabajamos en la justicia.
No cito ejemplos – recuerdo, nos sirve de anécdota, la lectura de alguna resolución de Registros y del Notariado que refería la pérdida en cuatro ocasiones del Libro de Familia-, pero si el convencimiento que la gratuidad de la justicia no puede significar que la Administración ponga en manos de ciudadanos y profesionales equipos humanos y materiales para resolver cualquier cuita y cuando escribo cualquiera, me refiero a juicios verbales de trafico por 300,00€, monitorios con oposición por 900,00€, la vecina me ha llamado “guarra” y estoy indignada o, el empresario no me ha pagado 0,50€ de la hora del bocadillo.
Una de las últimas modas en juicios ordinarios de cierta cantidad (7.000,00€ o más y, a veces bastante más) es que el demandante pide el reconocimiento de la justicia gratuita antes de iniciar el asunto no vaya a ser qué y, cuando se reconoce presenta la demanda. Desde luego hay gente que tiene fino el olfato: los tres pleitos perdidos y los tres pleitos sin costas (qué es lo único que se paga en la justicia española). 
Evidentemente la justicia no dejará de ser gratuita, que es ahora sinónimo de “barra libre”, pero si en algún momento se estudiará con seriedad (la estadística judicial es otra cosa) qué demandas o denuncias se presentan y su importe, nos llevaríamos alguna sorpresa.

Han pasado más de dos años y se estaban dando avisos que el gasto era y es inasumible, que no se puede tener un Juzgado en la puerta de casa y que el derecho a la tutela judicial efectiva se ha convertido en un abuso y, claro, hemos pasado a los cañonazos, porque en la España futbolera ni se habla, ni si discute, solo se vocifera y buena prueba de ello es el escaso razonamiento de unos y de otros: la justicia gratuita contra la tutela judicial efectiva. ¿Y que quiere decir eso?, ¿qué los Colegios de Abogados no le van a dar el papelito de la justicia gratuita al primer vecino que se lo pida?, ¿qué vamos a tener una justicia gratuita eficaz?. No lo se y no lo sabe nadie. Lo que único que se es que la transferencia a las Comunidades Autónomas ha sido un desastre y basta echarle un vistazo a la brillante gestión de tanta administración en la materia. 

Y todavía habrá que dar gracias porque no se crearon los diecisiete micro consejos autonómicos del poder judicial, que tanto predicamento tenían entre las asociaciones del progreso – ahora, todas, en contra de las tasas- y a la resistencia de varias comunidades autónomas a recibir la incompetencia en la materia. De hecho, estoy convencido que nadie sabe qué se gasta en Justicia, dónde y cuando. 

¡Claro que pagan justos por pecadores!. Menuda novedad y hay ejemplos en la casa. Pregunten a los Gestores que pretenden ser Secretarios Judiciales; antes los oficiales pasaban al Cuerpo con el macramé procesal, tres publicaciones y dos cursos, ahora tienen que aprobar dos oposiciones – la de Gestión y la del turno restringido-, mientras trabajan y les aseguro que eso no es fácil. Esto solo es historia de España y está en los libros, basta leerlos.  

Otra cosa es que se pretenda recaudar más con una subida de impuestos, que se disfraza en forma de tasa, porque ahí no entro y tampoco lo se. Lo dicho, el punto de vista de un ignorante.

19 noviembre 2012

Notas apresuradas sobre el lanzamiento hipotecario.


El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (BOE 16 de noviembre de 2012), padece una técnica jurídica que solo explica la premura y, que justifica estas deslabazadas lineas a falta de otras lecturas que no aseguran ningún éxito. 

Dice el art. 1.1 que hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo. 

¿Qué entendemos por «persona que actúe por su cuenta»?. No podemos dar una respuesta procesal porque no hay en el proceso ninguna «persona que actúe por cuenta de otra»; hay representación o mandato, pero no actuación por cuenta de otro. Y ese vacío es ciertamente peligroso, - podemos entender cualquier cosa y quizá sea esa el espíritu de la novedosa reforma- atribuye al interprete un arbitrio excesivo. Evidentemente para quienes sean partidarios de emplear el Real Decreto a modo de martillo de bancos el concepto acogerá a cualquier persona física o jurídica que tenga algo que ver con el ejecutante. Si somos un poco más precisos nos limitaremos a las inmobiliarias y a los Fondos de titulización (no conozco ningún otro supuesto en la práctica). 

Decía antes interprete y, no Secretario Judicial, porque si damos un paso más nos llevamos otra sorpresa. El art.2 dispone que la concurrencia de las circunstancias a que se refiere el real decreto-ley se acreditara, ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de determinados documentos. ¿Ante el Juez?. Pues sí, ante el Juez. Y ¿cómo?. No lo dice la norma, salvo que el deudor deberá hacerlo en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento. 

Por «deudor» habrá de entenderse «ejecutado» ya que corremos el riesgo del olvidarnos del hipotecante no deudor y del tercer poseedor (art. 685.1 LEC), con lo que excluimos a los fiadores o avalistas y además, aquel o aquellos deberán ocupar la «vivienda habitual». Sentado esto bastará que el «deudor» presente – por escrito o comparecencia y sin necesidad de letrado, ni de procurador- la documentación y el Juez se pronuncie en providencia. 

Razones de pura lógica vetan la subsanación de cualquier defecto, pero tampoco hay ningún límite temporal, con lo que nada impide denegar la suspensión y advertir al deudor del documento o documentos omitidos para una nueva presentación. No creo necesario que el ejecutante se pronuncie con anterioridad a la resolución judicial, y podrá hacerlo mediante la interposición de un recurso de reposición contra la providencia.

Todo ello, claro está, a falta de mejores criterios.

16 noviembre 2012

Guía para la interposición de un recurso de revisión directo.


Leer el pie de recurso de cualquier resolución suele ser algo aconsejable, antes de tirar contra todo lo que se mueve, aunque sea papel grapado. Perdón, ¡que olvido!, no he presentado el comentario, ni la guía que lo justifica: cómo interponer un recurso de revisión directo contra los DECRETOS de los SECRETARIOS JUDICIALES. 

En ocasiones anteriores hemos tratado este asunto, citando algunos autos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre impugnaciones de las tasaciones de costas en los que se advierte que la revisión no es una apelación -ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012 (Roj: ATS 2332/2012) y 31 de enero de 2012 (Roj: ATS 847/2012)- pero ahora damos un paso más con algunas reglas básicas sobre la materia. 

1. No todo es recurrible, ni revisable, ni impugnable. Un juzgado no es una democracia, ni una familia y mamá no puede tirar de las orejas al nene cada vez un Abogado lo pide por escrito o en el mostrador y, hasta es posible que el nene lleve mucha razón. Solo posible. No lo dice así el artículo 454 bis. 1 LEC, pero una interpretación literal permite llegar a esa conclusión. Y por tanto a que solo pueden revisarse los DECRETOS, menos en ejecución en el que solo podrá revisarse el DECRETO del artículo 570 LEC y aquellos para los que esté EXPRESAMENTE PREVISTO (vg. artículos 551.5 y 612 LEC). 

2. Hay que leer el pie de recurso y si no hay, reclamarlo. No vale sacarse un as de la manga en forma de revisión cuando cabe reposición – contra las diligencias de ordenación en el artículo 451 LEC- ni pedir revisión cuando no cabe nada. Nada, que se sustituye por la reproducción del artículo 454 bis 1 LEC y, cuando haya reproducción se pide. 

3. El recurso de revisión no aparece en el artículo 231 LEC. Una lástima, pero es así y aquí no cabe la analogía, ni la vis extensiva, ni extravagancias procesales. También lo dice el Tribunal Supremo en el ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012 (Roj: ATS 2332/2012): la revisión no es una segunda oportunidad y no es posible otorgar plazos de subsanación, cuando no estamos ante un acto defectuosamente realizado sino ante un acto omitido ( STS de 29 de septiembre de 2010, RIPC 337/2006 , AATS de 17 de julio de 2007, RC n.º 2597/2001, y de 25 de septiembre de 2007, RQ n.º 362/2007 ). 

4. Hay que citar alguna INFRACCION LEGAL, basta con UNA, pero hay que hacerlo. Sabemos de la tentación del artículo 24 CE, que más parece una manzana al lado de una serpiente, que varios en párrafos en papel, pero puede haber INADMISION sino se ha alegado infracción o irregularidad procesal, ni se denuncia cuál es la infracción en la que incurre el decreto recurrido que justifique su anulación (ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, Roj: ATS 2332/2012).

13 noviembre 2012

Los daños morales al ejecutado en el proceso de ejecución.


No suele ser frecuente la reclamación de los daños morales producidos en la ejecución de la sentencia, pero el enfrentamiento de las partes, después del proceso declarativo y la vía de apremio, que suele atacar en globo el patrimonio del ejecutado, llevan a concluir que las diligencias ejecutivas pueden causar perjuicios de esta clase susceptibles de reparación. ¡¡Cuidado, que pueda, no significa que existan y menos aún que transformemos la interesante ejecución en un segundo proceso declarativo!! 

Hagamos una precisión. El daño moral al que nos referimos no consiste en la frustración de una acción judicial en los términos que fija la Sentencia TS de 27 de julio de 2006:
Cita

" el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño debe calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de los casos tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza” 

Al contrario, el ejecutado entiende que ha hecho lo posible para dar cumplimiento a la sentencia y sin embargo, no ha podido evitar las diligencias ejecutivas ordenadas por el Juzgado a instancia de la parte ejecutante. No hablamos de acción frustrada y de su valoración patrimonial, sino de la declaración y el cálculo – si ello es posible- del daño que el proceso de ejecución causa a la ejecutada, lo que nos introduce en una polémica que puede tener poca justificación por dos razones: la existencia del título ejecutivo y su imperativo cumplimiento y, la desatención del mandato por el ejecutado que obliga a la intervención judicial. Sentado lo anterior dice el AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 3ª, de 28 de marzo de 2008:
Cita

“En lo que se refiere al daño moral, ha de recogerse la doctrina sustentada por el T. S. en sentencia del 31.5.00 donde se dice "Las Sentencias de esta Sala han reconocido que el daño moral constituye una noción dificultosa (S. 22 mayo 1995), relativa e imprecisa (SS. 14 diciembre 1996 y 5 octubre 1998). Iniciada su indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito al contractual (Ss. 9 mayo 1984, 27 julio 1994, 22 noviembre 1997, 14 mayo y 12 julio 1999, entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del "pretium doloris" y los ataques a los derechos de la personalidad (S. 19 octubre de 1998). Cierto que todavía las hipótesis más numerosas se manifiestan en relación con las intromisiones en el honor e intimidad (donde tiene reconocimiento legislativo), los ataques al prestigio profesional (Sentencias 28 febrero, 9 y 14 diciembre 1994, y 21 octubre 1996 ), propiedad intelectual (igualmente con regulación legal), responsabilidad sanitaria (Sentencias 22 mayo 1995, 27 enero 1997, 28 diciembre 1998 y 27 septiembre 1999 ) y culpa extracontractual (accidentes con resultado de lesiones, secuelas y muerte), pero ya se acogen varios supuestos en que es apreciable el criterio aperturista (con fundamento en el principio de indemnidad), ora en el campo de las relaciones de vecindad o abuso del derecho, (S. 27 julio 1994 ), ora con causa generatriz en el incumplimiento contractual (Ss. 12 julio 1999, 18 noviembre 1998, 22 noviembre 1997, 20 mayo y 21 octubre 1996), lo que, sin embargo, no permite pensar en una generalización de la posibilidad indemnizatoria." En el presente supuesto lo único que se señala en la resolución combatida es que los ejecutantes tuvieron que andar por otro camino, camino tortuoso según señala tal resolución; sin embargo, el mero hecho de que se hayan originado determinadas molestias por el hecho de que tener que utilizar una vía diferente a la que hasta que se dictó la sentencia de apelación en el referido interdicto, no puede conllevar automáticamente una indemnización por el daño moral aludido, pues para que puede accederse a este extremo ha de probarse, dentro de los límites oportunos y en función de las concretas circunstancias, que se ha producido un daño o sufrimiento psíquico, lo que no consta en las actuaciones remitidas a este Tribunal. En consecuencia, ha de acogerse en este punto el recurso”. .

Y, por la fundamentación que acaba de exponerse la pretensión de la parte ejecutada de reparación del daño moral habrá de justificarse en un doble sentido: 

(a) la relación de causalidad entre la actividad judicial y el daño y, 

(b) el quantum indemnizatorio; elementos, ambos, que no basta con alegar y que deben respaldarse con medios de prueba (artículos 713 y siguientes LEC). 

Requisitos, por lo demás, de observancia rigurosa en la admisión de la petición y en la tramitación del incidente porque, a mi entender, de la ejecución de una sentencia no nace el derecho a ser resarcido de ningún daño moral (ni tan siquiera como expectativa) ya que el ejecutante se limita a ejercer otro derecho previsto en la ley y reconocido por los Tribunales cuyo auxilio demanda y, tanto si es una ejecución provisional, como la definitiva que termina por pago. Pero algo tenía que escribir y no ha quedado excesivamente extravagante.

01 noviembre 2012

Los honorarios del Abogado del Estado


Aprovechando la reimpresión de mi libro sobre la tasación de costas y siguiendo las técnicas de venta más novedosas en la materia editorial, dejo colgado el epígrafe dedicado a los Honorarios del Abogado del Estado. Comprobarán que la cosa va más allá de unos simples apuntes sobre la inclusión o la exclusión de la minuta, pues suele ser frecuente que se reclamen también los derechos por representación del arancel de procuradores. 

Dejo aquí un índice parcial del manual. El completo puede consultarse pinchando AQUI

Aquí tienen el epígrafe.