30 septiembre 2012

La tasación de costas y el principio dispositivo.


Creía que el interrogante ya no se planteaba, pero una impugnación de mostrador, seguida de un escrito en el que se citan cuatro resoluciones de Audiencias Provinciales, justifica que hoy dedique unas líneas a dar publicidad a mi segundo libro y al principio dispositivo en la tasación de costas, respecto a los derechos de los Procuradores. El supuesto de hecho no tiene mayor dificultad: el Procurador presenta una Cuenta con unos derechos y quien redacta, al tasar las costas, los duplica. El condenado al pago impugna por indebidas, tirando del principio dispositivo contra todo lo que se mueve (el Secretario Judicial, por supuesto y a los efectos del derecho de defensa, faltaría). 

No discutiré los interesantísimos autos de las audiencias de los años 2001, 2003 y 2008 (no recuerdo el año del cuarto) con los que se impugna la tasación y, acudiré al Capítulo V, epígrafe 5.1 "Los límites del Secretario Judicial en la práctica de la tasación de costas y el principio dispositivo", del Libro sobre la práctica de la tasación de costas y su impugnación. 

Leemos los dos siguientes párrafos:
Cita:

Sigamos con el Procurador. En este caso la función del Secretario Judicial nada tiene que ver con el principio dispositivo. Los derechos del Procurador deberán ser regulados por el Secretario Judicial, quien podrá y deberá realizar la tasación de los derechos arancelarios de acuerdo con la norma y con independencia de lo reclamado en la cuenta del Procurador. “La regulación arancelaria de los derechos del Procurador, es la que vincula al Secretario Judicial, no tratándose de honorarios a fijar por aquél, si no de actuaciones procesales con una cuantía prevista por decreto a las efectivamente realizadas, por lo que no está vinculado el Secretario Judicial a los importes que por las actuaciones procesales realizadas refiere el Procurador y sí a los que efectivamente correspondan a los derechos devengados por aquellas, sean superiores o inferiores a los reflejados por el Procurador , sin que se trate de dar por resolución judicial más de lo pedido, si no como antes se ha indicado de fijar en la tasación de costas el importe de los derechos del procurador conforme a lo que ordena el arancel que los regula” (ATS, Sala 1ª, de 7 de septiembre del 2010, ROJ: ATS 9905/2010). 
Adviértase que el Tribunal Supremo solventa varias cuestiones que no es ocioso detallar. En primer lugar, compete al Secretario Judicial la determinación de la cuantía de los derechos devengados y, esa determinación se proyecta en el trámite de impugnación de la tasación, pues no cabrá una impugnación por excesivos. Es decir el Secretario Judicial determina la cuantía de los derechos devengados y en el caso de los Procuradores sólo cabrá la impugnación por indebidos, “cuando se hayan incluido en la tasación partidas, derechos o gastos que no son debidos en su totalidad o, lo que es lo mismo, que son absolutamente indebidos”. (ATS, Sala 1ª, de 12 de julio del 2011, ROJ: ATS 7382/2011)

Hay más, pero como antes dije aprovecho la ocasión para indicar que el manual se ha agotado y la Editora prepara una reimpresión.  Tienen más información en la página del blog dedicado al libro o pinchando AQUI.

22 septiembre 2012

Los Viernes negroides en Justicia.


El pasado jueves una cuadrilla de sindicalistas – habría que escribir también sindicalistos, por lo del género, pero no me atrevo- atravesó el pasillo de mí juzgado al grito de ¡compañero, no te olvides de lo mañana!: de negro disfrazado y a las puertas de la Ciudad de la Justicia. 

Y uno, que es limitadito recordó algo que leyó hace tiempo. Año 1936. En Madrid, la huelga de la construcción iniciada antes del 18 de julio por los anarquistas de Cipriano Mera se extiende hasta septiembre; en Barcelona, un Comité de subalternos y bedeles depura a los Catedráticos (hablamos del profesorado de los años treinta y no de las estupendas ochenta y dos Universidades que pagamos hoy); en cualquier pequeña empresa colectivizada, donde antes bastaba un hombre, ahora hay siete, diez o veinte, que pierden el tiempo en discusiones, interminables. Azaña escribe: “La economía no está dirigida, sino secuestrada por los Sindicatos. Ellos han ayudado a Franco más que Italia y Alemania juntas”. 

Algunas unidades milicianas que guarnecen el foso del Manzanares deciden que la jornada militar no debe exceder de ocho horas. Fracasos parciales y una represión implacable de la autoridad militar son consecuencia de tal insensatez. Una unidad debía relevar a otra de anarquistas a las dos de la madrugada, pero estos, reunidos en asamblea, habían decidido abandonar sus posiciones a las doce. Cuando llegó el relevó fueron masacrados por los nacionales, que habían ocupado la posición en cuanto se dieron cuenta del abandono. Dieciocho bajas. 

Vayan de blanco el viernes, no hay diferencia entre los que nos quitan el sueldo en el BOE y los que pretenden que protestemos por ello disfrazados de negro.

13 septiembre 2012

¿Por qué pagan los Abogados en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado?


Cuando se habla de la falta de productividad de los Juzgados siempre se acude al asunto del horario y a su incumplimiento y a la falta de Jueces. No conozco un estudio – ni serio, ni de chiste- sobre cómo se trabaja en los Juzgados y los entorpecimientos provocados por las leyes y las costumbres del foro. Entre estas tenemos el cumplimiento voluntario de las sentencias en el proceso declarativo (especialmente por las aseguradoras), mediante ingresos en las cuentas de consignaciones de los juzgados. 

Ese curioso proceder que transforma al Juzgado en caja pagadora, no aparece en ningún artículo de la ley y tiene sus variedades: unas veces se consigna por mor de lo establecido en el art. 449 LEC, en otras solo el principal, en otras el principal y los intereses; en otras parte del principal por el principio del “pio-pio que yo no he sido del todo” (condena solidaria) y en otras la cantidad que corresponde pero en la Cuenta de un Juzgado (el que sea). 

En una segunda fase de consignaciones aparecen las costas y sus correspondientes pagos voluntarios en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado o, antes, las impugnaciones de las liquidaciones de intereses (hace años tramite un par de ellas por una interesantísima discusión letrada sobre 6,00€), lo que termina llenando el proceso de diligencias de ordenación y de decretos más propios de una contabilidad mal llevada que de un expediente judicial. 

¿La solución?. Desde el lanzamiento de la banca electrónica nadie puede venir a un mostrador diciendo que no le recogen el pago o, que no tiene medio de justificarlo así que lo procedente seria la devolución inmediata de esas consignaciones y que el Juzgado interviniera cuando está previsto en la ley: ante el incumplimiento de la condena. 

Pero no se asusten, que eso no va a suceder y, evidentemente, quien suscribe no va a encabezar la manifestación. Seguiremos perdiendo el tiempo – y mucho dinero- dictando toda clase de resoluciones que no tienen ningún contenido jurídico y que solo engordan los expedientes.

09 septiembre 2012

Hoy toca volver a hablar de mi libro.


La Ley ha publicado la 2ª Edición del libro “Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución civil” y digámoslo: eso es un éxito (creo), porque con los tiempos que corren es muy difícil convencer a un profesional que compre algo en papel y por tanto, doy las gracias, en primer lugar, a los compradores de la 1ª Edición.

Permítanme ahora que les aburra unos minutos (quizá segundos) porque el manual está dedicado a una de las materias más sencillas a la par que enrevesadas del proceso civil: la ejecución. 

Dejando al margen las ejecuciones de título no judicial (Bancos y Cajas de Ahorro como principales clientes de los Juzgados); en el resto, el demandante se lleva una buena sorpresa cuando se cree que con la Sentencia se ha acabado el asunto. Pues no, ni el pleito termina con la Sentencia, el Auto o el Decreto, ni, gracias al principio dispositivo, la ejecución es algo sencillo (que lo es). 

 Y, la verdad es que nunca he entendido porque se permite a unos – los ejecutantes- y a otros – los terceros- que guíen un proceso judicial, transformando el papel (no hay expediente digital, pese a lo que lean por ahí) en una especie de pista hípica de saltos y sin casco. Eso no lo permite la ley y tampoco lo hacía en su redacción del año 2000, pero ya ven, el principio dispositivo exige un esfuerzo que Juzgados sobrecargados no quieren asumir; yo tampoco lo haría en otro destino, aclaro. 

Sumen a todo lo dicho el indudable el protagonismo de las resoluciones de los Secretarios Judiciales y tendrán bastantes dudas que solventar. 

El manual no busca responsables, - corriente de pensamiento muy común en derecho procesal y que parece residir en la incapacidad de examinar con objetividad el resultado de las reformas que se implantan, sus aciertos y sus errores-; sino soluciones y soluciones que se han ido asentando en la práctica con mayor o menor acierto. No se busca una única razón, sino las razones que para diferentes particulares se dan en nuestros tribunales, lo que supone en último término recoger las posturas de los letrados que intervienen en el proceso y el criterio del órgano que resuelve. 

PINCHANDO AQUI tienen el índice completo de la obra. En rojo se destacan los epígrafes nuevos corregidos en profundidad respecto a la 1ª Edición

Gracias.