A ver si nos inundamos de papel de una vez: la impugnación de las resoluciones de la comisión de asistencia jurídica gratuita


El artículo 20 Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita atribuye legitimación para impugnar las resoluciones que reconozcan o denieguen el derecho a los que “sean titulares de un derecho o interés legítimo”, aunque en el párrafo 3º del mismo artículo 20, se indica que a la interesante comparecencia que se celebrará ante el órgano judicial para la resolución de la impugnación, se citará a las “partes” y al Abogado del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente. ¿Son lo mismo el interés legítimo y el concepto de parte?. 

Inauguro así una nueva Sección de Doctrina -que no tendrá mucho recorrido y seguramente alguna queja- que busca satisfacer ese legítimo derecho de todo ser humano a inundar de papel un Juzgado ya sea por mor del artículo 24 CE ya por el del principio del “todo gratis”, que se ha asimilado al concepto de Servicio Público en una relación diabólica que ahora padecemos. 

Entremos en materia. La impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se produce por quien tenga “un derecho o interés legítimo”, sin que exista ningún requisito de admisibilidad en relación a la legitimación del impugnante y, sin que tampoco tenga intervención el órgano judicial. Esta situación provoca la introducción en el procedimiento judicial de un concepto anómalo de parte, pues no tiene porqué coincidir este último, con aquel que ostenta un “derecho o interés legítimo”. 

Por otra parte, parece que el artículo 15.3 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, intenta subsanar la deficiente técnica legislativa del artículo 20 de la Ley al disponer que en el trámite de instrucción del expediente, la Comisión podrá oír a “la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretende ejercitar la acción”. Con lo que podría interpretarse que el concepto de “derecho o interés legítimo” haría referencia al procedimiento judicial y, al de parte procesal. 

Pues bien, en la duda, es evidente que el concepto de parte no coincide en el ámbito procesal y en el administrativo, siendo mucho más amplio en el último y, en consecuencia cuando se haya impugnado la resolución de la Comisión, una vez recibido el expediente en el órgano judicial, deberán ser citados a la comparecencia : (i) el impugnante por mandato del artículo 20 Ley 1/96 ; (ii) el solicitante del derecho, si es distinto al primero y por mandato del mismo artículo y (iii) todos aquellos que ostenten - o puedan ostentar - la calidad de parte en el procedimiento judicial. 

Huelo nulidades en el horizonte.

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