24 agosto 2012

A ver si nos inundamos de papel de una vez: la impugnación de las resoluciones de la comisión de asistencia jurídica gratuita


El artículo 20 Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita atribuye legitimación para impugnar las resoluciones que reconozcan o denieguen el derecho a los que “sean titulares de un derecho o interés legítimo”, aunque en el párrafo 3º del mismo artículo 20, se indica que a la interesante comparecencia que se celebrará ante el órgano judicial para la resolución de la impugnación, se citará a las “partes” y al Abogado del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente. ¿Son lo mismo el interés legítimo y el concepto de parte?. 

Inauguro así una nueva Sección de Doctrina -que no tendrá mucho recorrido y seguramente alguna queja- que busca satisfacer ese legítimo derecho de todo ser humano a inundar de papel un Juzgado ya sea por mor del artículo 24 CE ya por el del principio del “todo gratis”, que se ha asimilado al concepto de Servicio Público en una relación diabólica que ahora padecemos. 

Entremos en materia. La impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se produce por quien tenga “un derecho o interés legítimo”, sin que exista ningún requisito de admisibilidad en relación a la legitimación del impugnante y, sin que tampoco tenga intervención el órgano judicial. Esta situación provoca la introducción en el procedimiento judicial de un concepto anómalo de parte, pues no tiene porqué coincidir este último, con aquel que ostenta un “derecho o interés legítimo”. 

Por otra parte, parece que el artículo 15.3 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, intenta subsanar la deficiente técnica legislativa del artículo 20 de la Ley al disponer que en el trámite de instrucción del expediente, la Comisión podrá oír a “la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretende ejercitar la acción”. Con lo que podría interpretarse que el concepto de “derecho o interés legítimo” haría referencia al procedimiento judicial y, al de parte procesal. 

Pues bien, en la duda, es evidente que el concepto de parte no coincide en el ámbito procesal y en el administrativo, siendo mucho más amplio en el último y, en consecuencia cuando se haya impugnado la resolución de la Comisión, una vez recibido el expediente en el órgano judicial, deberán ser citados a la comparecencia : (i) el impugnante por mandato del artículo 20 Ley 1/96 ; (ii) el solicitante del derecho, si es distinto al primero y por mandato del mismo artículo y (iii) todos aquellos que ostenten - o puedan ostentar - la calidad de parte en el procedimiento judicial. 

Huelo nulidades en el horizonte.

07 agosto 2012

Las famosas (e inexistentes) diligencias telefónicas.


Es muy frecuente encontrar procedimientos (sobre todo penales) en los que se extienden diligencias telefónicas para hacer constar cualquier situación extra procedimental que en apariencia no puede llevarse al proceso de otra forma; entre ellas la puesta en conocimiento de actuaciones propias del juzgado de guardia, citaciones en procesos en los que no se ha recibido cumplimentado el correspondiente auxilio judicial, incomparecencias a señalamientos para toma de declaración, etc. 

La extensión de estas diligencias desgasta - si aún cabe esa posibilidad - la fe pública y la lleva a límites indefinidos, olvidando que la totalidad de los actos en los que se ejerce la fe pública quedan subordinados a actuaciones judiciales (artículo 453.1 LOPJ). Desde este punto de vista, el Secretario Judicial no tiene apoyo legal sólido para extender una diligencia en el sentido que se ha citado. No se está dando fe de una actuación judicial en los términos que regula el artículo 453.1 LOPJ y, en consecuencia no puede ejercer la facultad de documentación mediante ninguna de las formas del artículo 454.1 LOPJ

En la práctica de las diligencias telefónicas el Secretario Judicial no interviene, ni como ordenador del proceso, ni en su función de documentación, ni en la de dación de cuenta, siendo así que la finalidad de la diligencia que tratamos no es otra cosa que la sustitución de un acto procesal. Así por ejemplo, cuando se extiende una diligencia de esta clase en un juicio, acreditando que otro órgano cumplimentó el auxilio judicial solicitado para la citación de alguna de las partes, se esta permutando la unión a la causa del exhorto remitido. 

Esta actividad debe evitarse y conviene ser riguroso en el uso de las mismas sobre todo en el proceso penal en el que, por naturaleza, el Juez o Tribunal adoptarán medidas limitativas de derechos fundamentales. La Sentencia del Tribunal Constitucional de la Sala 1ª 66/96, 16 de abril, dijo en su fundamento jurídico tercero :
Cita:

“………se practicó una diligencia consistente en conversación telefónica mantenida por la Secretaria del Juzgado con persona no identificada de la Policía que indicó que la ahora demandante de amparo se encontraba “detenida, al haberse iniciado expediente de expulsión del territorio nacional por carecer de medios de vida”. 
Y lo que se subraya es que el contenido de esta diligencia pudo influir en la decisión judicial impugnada dado que ésta acoge el dictamen del Fiscal y éste lo emitió “visto el contenido de las diligencias”, diligencias éstas reducidas al escrito de petición de habeas corpus y a la conversación telefónica mencionada. 
Así las cosas, será de indicar : 
A) Tal conversación telefónica, con persona no identificada, carecía de virtualidad para acreditar las circunstancias reales de la detención de la solicitante del habeas corpus. 
B) En cualquier caso, dicha conversación telefónica en modo alguno podía sustituir al contenido esencial del indicado proceso…………….”

02 agosto 2012

Las notificaciones al Ministerio Fiscal con el correo del Zar.


Hace años la Fiscalía General del Estado resolvió en una consulta la forma y efectos de las notificaciones por correo, pretendiendo dar respuesta a las posibles inadmisiones por extemporaneidad de escritos y recursos. La Fiscalía consultante se había encontrado con la no admisión por extemporáneo de un recurso de reforma - y posterior queja - interpuesto por un Fiscal, que alegó que estaba dentro del plazo, por cuanto, desde la firma del acuse de recibo por él mismo no habían transcurrido los días legalmente previstos. El Juez Instructor - y la Audiencia - entendieron que la interposición estaba fuera de plazo porque el cómputo se iniciaba desde la firma por persona autorizada por el Ministerio Fiscal - funcionario destinado en la Fiscalía - con independencia de su pertenencia o no a la Carrera Fiscal y, por aplicación de lo establecido en los artículos 271 LOPJ y 166 LECr respecto a las notificaciones por correo. 

La citada CONSULTA 3/1.994 de 30 de Noviembre sobre las NOTIFICACIONES POR CORREO AL MINISTERIO FISCAL de la Fiscalía General del Estado llegó a las siguientes conclusiones: 

1º El plazo para la interposición de recursos por parte del Fiscal cuando la resolución no le ha sido notificada directamente, sino a través de remisión postal, ha de comenzarse a contar, por aplicación del artículo 647 LECr, al día siguiente de la recepción de la copia de la resolución en la Fiscalía. Se rechazó expresamente la aplicación del artículo 166 LECr en función al régimen especial del que debe gozar el Ministerio Fiscal en el proceso , en calidad de “ parte imparcial ” y, en segundo lugar porque el régimen de las notificaciones no está pensado para el mismo ( haciéndose referencia a lo dispuesto en el artículo 172 LECr y al empleo de términos como “habitación”, “pariente”, “familiar” o “criado”) entendiendo que la remisión por correo certificado constituye una técnica sustitutiva para la notificación aplicable exclusivamente al Fiscal. Desde este punto de vista debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 647 LECr - teoría de la recepción y no del conocimiento - que completa o aclara lo establecido en los artículos 211, 212 y 787.3º LECr. 

Evidentemente la decisión de la Audiencia Provincial (confirmando la postura del Juez Instructor) fue la acertada y en modo alguno pueden compartirse los criterios empleados por la Fiscalía en la Consulta 3/94 que, apartándose de las normas generales sobre los actos de comunicación (artículos 271 LOPJ y 166 LECr) hace de la especialidad ( artículo 647 LECr) el precepto aplicable al caso. Este planteamiento es equivocado por cuanto la construcción normativa sobre los actos de comunicación se hace en nuestro ordenamiento con independencia del orden jurisdiccional - conviene recordar que el Ministerio Fiscal no solo interviene en los procesos penales - por lo que las interpretaciones sobre la problemática de las notificaciones deben hacerse mediante la aplicación de normas generales, en términos muy amplios, para con posterioridad hacer uso de las especialidades propias de cada orden.  


2º En relación a quien debe ser el receptor del acto de comunicación la Consulta establece que la firma del acuse de recibo por un miembro del personal auxiliar de la Fiscalía no sustituye la notificación al Fiscal, sino que acredita que el testimonio de la resolución se ha recibido en la Fiscalía y ésa es la fecha relevante a efectos del cómputo del plazo previsto en el artículo 647.2 LECr. Estimación reforzada por el artículo 15.3 d) del R. D. 2003/1.986 de 19 de Septiembre del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia respecto a las funciones de los agentes (referencia que en la actualidad se produce en relación al artículo 15.3 d) R. D. 249/1.996) . 

Ni que decir tiene que la respuesta que proporciona la Fiscalía solo puede entenderse desde la perspectiva del artículo 647 LECr, pues el concepto de acto de comunicación desaparece mediante la llamada teoría de la recepción, que nada tiene que ver con el mismo - la Circular reconoce que la recepción no sustituye a la notificación al Fiscal - y, que únicamente se justifica en razón al establecimiento de un plazo para el cómputo de términos procesales. 

Y después de este discurso histórico no solo no hemos mejorado el régimen de la comunicación, sino que nos faltan caballos. Los famosos artículos 166 y 647 LECr se han retocado en el año 2009 para adaptarlos a los tiempos del siglo (pasado) y el último sigue hablando del “mismo lugar del Juez instructor”, de “testimonios” y de “acuses de recibos”. Una lástima que no refiera nada de los sellos lacrados y los correos imperiales a caballo. Pero si dejo en el aire una pregunta: ¿cuál sería el criterio de la Fiscalía consultante si un Secretario Judicial, haciendo uso obligado de lo establecido en el artículo 230 LOPJ, notifica una resolución por correo electrónico adjuntando el testimonio en un archivo PDF?.