03 julio 2012

Observaciones al Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.


En archivo adjunto aparece el documento que he remitido al Ministerio de Fomento sobre las modificaciones procesales que –entiendo- deben introducirse en el monitorio de desahucio. Propongo redacciones alternativas a varios artículos de la LEC partiendo de los siguientes puntos: 

(i) Necesidad de la intervención de abogado y procurador en esta clase de juicios por la cuantía de la reclamación, habida cuenta la modificación de los artículos 23.2.1º y 31.2.1º LEC por Ley 4/2011 y su relación con la condena en costas. Esto es, la acumulación de acciones y la “especial naturaleza del juicio verbal de desahucio”, no puede impedir que rija la limitación de cuantía de 2.000,00€ en la presentación de la demanda, en la oposición que pueda formularse y en la condena en costas. 

(ii) Aclaración sobre los motivos de oposición que se formulan y su relación con las designaciones de abogado y procurador por justicia gratuita. Son frecuentes los supuestos en los que el demandado solicita el beneficio de justicia gratuita, consiguiendo unas designaciones provisionales de letrado y procurador y la celebración de un juicio en el que solo se alega la imposibilidad del pago. Esta situación exige que el juzgado pueda comprobar la bondad de la oposición y los motivos que se alegan. 

(iii) La distinción entre la fecha del lanzamiento y la del juicio que en la actualidad se confunden en una única resolución. Solo en el caso de oposición en los términos antes descritos sería necesario el señalamiento de una vista. 

(iv) Momento de resolución del contrato y acreditación de la entrega de la posesión al actor. Esta última se justifica con la “entrega de llaves”, pero no impide la práctica de la diligencia del art. 703 LEC. 

Concluyo que la reforma debería limitar la intervención de abogado y procurador, suprimir el señalamiento para vista, que se condicionaría a la oposición del demandado y aclarar el momento en el que se entrega la posesión, conservando, en cualquier caso, los decretos que ponen término al requerimiento para el desalojo. No tiene sentido, en consecuencia, que se retoquen dos preceptos que ninguna celeridad proporcionan -condena en costas y rentas futuras- y queden pendientes de modificación los que realmente pueden dilatar el proceso.

El plazo de alegaciones finaliza el día 9 de julio 2012 y sería conveniente que dejáramos la charla barrila del café que produce mucho dolor de cabeza, el comentario anónimo en los foros o el gritito ese guerrero de ¡¡¡qué hacen nuestras asociaciones!!! y aprovechando la ocasión, informáramos el Anteproyecto. El Ministerio permite el envío a través de un formulario en su página o por correo ordinario.  

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