24 julio 2012

La mejora de embargo.


Ordena la ley que no se embarguen bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (artículo 584 LEC). 

Pero el embargo no es un acto independiente del proceso de ejecución y su duración puede condicionarlo, justificando que el ejecutante interese del tribunal la mejora de la traba o que el ejecutado pida su reducción. En el primer caso se trata de adecuar el embargo a la cantidad que se ejecuta, bien por haberse producido una disminución de valor de los bienes inicialmente trabados, bien porque se acordó la ampliación de la ejecución. En el segundo caso estamos en presencia de un embargo que vulnera por exceso el requisito relativo a la suficiencia de los bienes, ya sea porque los trabados han aumentado de valor, ya porque se embargaron mayor número de bienes de los necesarios. 

La mejora se producirá, a petición del ejecutante, si el Secretario judicial estima que puede dudarse de la suficiencia de los bienes embargados en relación a la responsabilidad del ejecutado, pero esa duda debe haber surgido por causas nuevas, esto es, por hechos que no se conocían en el momento de decretar el embargo. Se distingue así entre: (a) suficiencia: desde el principio no se han embargado bienes suficientes para cubrir la cantidad por la que se despachó la ejecución y (b) mejora: siendo el embargo inicialmente suficiente, se produce una circunstancia que lleva a la insuficiencia, caso en el que se habla propiamente de mejora del embargo. Solo podrá hablarse de mejora si se ha admitido o estimado una tercería de dominio (artículos 598 y 604), cuando se aumenta la cantidad prevista en concepto de intereses o costas (artículos 612 y 613), cuando se produce una disminución del valor de lo embargado o, el vencimiento de nuevos plazos de la deuda (artículo 578). 

El problema es que en la actualidad, tendremos constancia en el momento del despacho ejecutivo de los bienes inmuebles, sueldos y pensiones y saldos en cuentas bancarias y además sucede que el embargo de los primeros es inmediato y los sujeta a los fines de la ejecución (aunque no se vendan nunca). En una siguiente fase, que no se alarga en el tiempo, ni permite el agotamiento de las trabas practicadas, el ejecutante, cuando tiene la garantía registral del embargo del bien inmueble, postula una mejora sobre el resto del patrimonio del ejecutado con la simple cita del artículo 612 LEC

 Y ¿qué “cambio de circunstancias” se ha producido en ese caso que nos permita “dudar de la suficiencia de los bienes embargados”?. Ninguna. Es cierto que la mejora del embargo podría decretarse aunque continúen embargados todos los bienes trabados previamente en el mismo proceso, aunque solo será admisible cuando resulten insuficientes para cubrir la cuantía de la ejecución; insuficiencia que también puede obedecer, precisamente, a que se ha producido ya la extinción total o parcial de ese embargo inicial (Cachón Cadenas). No ocurre eso en el supuesto planteado, pues la petición de mejora se formula aisladamente y sin atender a las medidas ejecutivas practicadas. Las razones que sustentan estas peticiones aparecen en el AAP SANTA CRUZ DE TENERIFE, Sección 3ª, 22 de junio del 2010 ( ROJ: AAP TF 900/2010) en los siguientes términos: a) la cuantía de la ejecución; b) en el artículo 612 LEC basta la existencia de dudas sobre la suficiencia de los bienes embargados, si concurren los restantes requisitos establecidos y en las cargas que gravan los inmuebles embargados, debiendo tenerse en cuenta también la depreciación de tales bienes cuando son sometidos a realización forzosa, así como la gran divergencia existente entre los precios de mercado asignados en el avalúo y los precios de remate efectivamente obtenidos en la realización forzosa; y c) la aplicación del principio de la responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1.911 CC. 

Y otra cosa, que tampoco tiene que ver con la mejora, es la reiteración de peticiones de embargo denegadas, bajo la manifestación de un posible cambio de circunstancias que no se justifica o, los alzamientos de trabas que luego pretenden corregirse, en cualquier momento, mediante la mejora. En el último supuesto – poco frecuente en la actualidad- sucede que el Juzgado suspende el embargo por mor de la liquidación del artículo 666 LEC y luego se pide la traba del mismo bien por medio de la mejora.

22 julio 2012

Decretos de archivo en la inidentificable venta de créditos en ejecución (iii)


Ya hemos tratado este asunto en comentarios anteriores (no le daré, por tanto, más vueltas) y ahora nos centramos en el modelo de decreto de archivo del proceso de ejecución. Hay un párrafo alternativo según se haya concedido o no, plazo de subsanación.
 

17 julio 2012

Acuerdos Sala 1ª TS sobre el Recurso de Casación y el Infracción procesal.


Documento del TRIBUNAL SUPREMO Sala Primera sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal (2011)

El Acuerdo de la Sala, sustituye al de 12 de diciembre de 2000, es expresión del parecer unánime de la Sala Primera del TS y tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas procesales. Responde a una interpretación de la Ley 37/2011 tendente a conseguir que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de dilación indebida del proceso civil —con efectos negativos para la seguridad jurídica y la vida social y económica—. 

El nuevo Acuerdo se estructura en cuatro partes, que se refieren a las causas de inadmisión de los recursos, los tipos de resoluciones recurribles, el concepto de interés casacional, los motivos del recurso y el régimen temporal de aplicación de las reformas.

03 julio 2012

Observaciones al Anteproyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.


En archivo adjunto aparece el documento que he remitido al Ministerio de Fomento sobre las modificaciones procesales que –entiendo- deben introducirse en el monitorio de desahucio. Propongo redacciones alternativas a varios artículos de la LEC partiendo de los siguientes puntos: 

(i) Necesidad de la intervención de abogado y procurador en esta clase de juicios por la cuantía de la reclamación, habida cuenta la modificación de los artículos 23.2.1º y 31.2.1º LEC por Ley 4/2011 y su relación con la condena en costas. Esto es, la acumulación de acciones y la “especial naturaleza del juicio verbal de desahucio”, no puede impedir que rija la limitación de cuantía de 2.000,00€ en la presentación de la demanda, en la oposición que pueda formularse y en la condena en costas. 

(ii) Aclaración sobre los motivos de oposición que se formulan y su relación con las designaciones de abogado y procurador por justicia gratuita. Son frecuentes los supuestos en los que el demandado solicita el beneficio de justicia gratuita, consiguiendo unas designaciones provisionales de letrado y procurador y la celebración de un juicio en el que solo se alega la imposibilidad del pago. Esta situación exige que el juzgado pueda comprobar la bondad de la oposición y los motivos que se alegan. 

(iii) La distinción entre la fecha del lanzamiento y la del juicio que en la actualidad se confunden en una única resolución. Solo en el caso de oposición en los términos antes descritos sería necesario el señalamiento de una vista. 

(iv) Momento de resolución del contrato y acreditación de la entrega de la posesión al actor. Esta última se justifica con la “entrega de llaves”, pero no impide la práctica de la diligencia del art. 703 LEC. 

Concluyo que la reforma debería limitar la intervención de abogado y procurador, suprimir el señalamiento para vista, que se condicionaría a la oposición del demandado y aclarar el momento en el que se entrega la posesión, conservando, en cualquier caso, los decretos que ponen término al requerimiento para el desalojo. No tiene sentido, en consecuencia, que se retoquen dos preceptos que ninguna celeridad proporcionan -condena en costas y rentas futuras- y queden pendientes de modificación los que realmente pueden dilatar el proceso.

El plazo de alegaciones finaliza el día 9 de julio 2012 y sería conveniente que dejáramos la charla barrila del café que produce mucho dolor de cabeza, el comentario anónimo en los foros o el gritito ese guerrero de ¡¡¡qué hacen nuestras asociaciones!!! y aprovechando la ocasión, informáramos el Anteproyecto. El Ministerio permite el envío a través de un formulario en su página o por correo ordinario.