30 junio 2012

La autopista procesal del CGPJ en el acceso al Libro de Sentencias.


La reciente Sentencia TS, Sala 3ª, Sección 7ª, 4 de junio de 2012 (Nº de Recurso: 7/2012, Roj: STS 4257/2012), anula parcialmente el Acuerdo del Pleno Consejo General del Poder Judicial de 24 de octubre de 2011, que desestimó un recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 6 de junio de 2011 del Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Valencia, por el que se denegaba la solicitud de exhibición del Libro de Sentencias y Autos del referido Juzgado.

Llamo la atención sobre la nueva doctrina de la autopista procesal que el Acuerdo del CGPJ construye en un párrafo que ahora leerán y, de la que soy firme partidario para desatascar cualquier colapso: que resuelva siempre el último que tenga la competencia para ello, lo que nos libera de farragosos actos intermedios y de las odiosas excepciones procesales, que solo interesan en las ciento trece facultades de derecho que padecemos.
Cita literal del párrafo de aceleración procesal o administrativa o gubernativa:

“Pues bien, en este caso quine (sic) resolvió su petición inicial fue el propio juez, por lo que no se siguió el procedimiento indicado. Ahora bien, como quiera que en definitiva el acuerdo recurrido se dicta por quien debería revisar la desestimación inicial de su petición, en evitación de provocar a la parte recurrente la carga de soporta una dilación en la resolución de su petición, que una retroacción de actuaciones produciría con la probable consecuencia de tener que volver a interponer nuevo recurso ante este Consejo, lo razonable y acorde con los principios de celeridad y ahorro de trámites, es que se resuelva el presente recurso.

Lo que dijo el recurrente fue, entre cosas, esto
cita literal:

Argumenta que al desviarse en la resolución que se impugna la cuestión hacía un acto jurisdiccional, se decide desestimar el recurso de alzada planteado con el motivo de no existir interés legítimo, lo cual es contradictorio en sí mismo, pues, si la cuestión es jurisdiccional, en la que el recurrente es parte, no puede decirse que no exista un interés legítimo, lo ostenta por el mero hecho de ser parte. 
Añade que, como argumento que refuerza el carácter administrativo de la solicitud, hay que tener en cuenta que en cualquier proceso judicial no existe norma que permita el acceso al Libro de Sentencias en general, pues en un proceso judicial, ello, no parece, en principio, de interés, el acceso al Libro de Sentencias es genérico para cualquier interesado legítimo.

Lo que resuelve el Tribunal Supremo
cita literal:

CUARTO.- Para dar adecuada respuesta al debate suscitado en los términos en que nos viene planteado por la tesis de los argumentos de la recurrente y de su oposición a ellos, es necesario poner de relieve el error de partida en que incurre el recurrente.
Una lectura del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial recurrido nos permite afirmar que rechaza que estemos ante una cuestión jurisdiccional y sitúa la controversia en el ámbito gubernativo. De haber entendido que estábamos en el ámbito jurisdiccional, no podría pronunciarse al respecto, y hubiera inadmitido el recurso, como hizo en otros casos (por ejemplo el examinado en la sentencia de fecha 29 de abril de 2011, dictada en el Recurso Contencioso-administrativo nº 545/2008).
Centrado así los términos del debate, la primera cuestión a decidir es la relativa a si el Juez de lo Mercantil nº 2 de Valencia, era competente para resolver sobre la solicitud de acceso a los Libros de Sentencia formulada por el recurrente.

Cita literal:

No cabe duda que la denegación de acceso al Libro de Sentencia fue dictada por órgano manifiestamente incompetente, el Magistrado, pues la decisión viene atribuida al Secretario Judicial, causa de nulidad de pleno derecho, contemplada en el artículo 62.1,b) de la Ley 30/1992.
No podemos compartir el criterio de la resolución recurrida, que entendió que en todo caso como el Magistrado era competente para resolver el recurso sobre el acuerdo denegatorio que, en su caso, dictara el Secretario Judicial, y en aras al principio de celeridad y ahorro de trámites, procedía desestimar tal causa de nulidad, pues dicho criterio se opone a lo previsto en el articulo 12 de la Ley 30/1992, que establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia. Todo lo anterior conduce a al estimación parcial del recurso, anulando los Acuerdo del Pleno del CGPJ y del Magistrado de lo Mercantil nº 2, ordenando retrotraer las actuaciones para que se resuelva por el órgano competente, el Secretario Judicial, de dicho órgano judicial. 
La estimación del recurso con base en la incompetencia del Juez de lo Mercantil nº 2 de Valencia, que dictó el acuerdo recurrido en alzada ante el CGPJ, no permite, sin embargo, acceder a la petición del suplico de demanda de que se reconozca al demandante el derecho a la exhibición del libro de sentencias, cuestión de fondo que deberá ser decidida por el órgano competente al respecto, debiéndose por tanto desestimar en este punto la demanda.

1 comentario:

  1. Llama la atención que dentro del órgano judicial el acuerdo hable de dos órganos- juez,secretario- competentes para resolver

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.