30 junio 2012

La autopista procesal del CGPJ en el acceso al Libro de Sentencias.


La reciente Sentencia TS, Sala 3ª, Sección 7ª, 4 de junio de 2012 (Nº de Recurso: 7/2012, Roj: STS 4257/2012), anula parcialmente el Acuerdo del Pleno Consejo General del Poder Judicial de 24 de octubre de 2011, que desestimó un recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 6 de junio de 2011 del Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Valencia, por el que se denegaba la solicitud de exhibición del Libro de Sentencias y Autos del referido Juzgado.

Llamo la atención sobre la nueva doctrina de la autopista procesal que el Acuerdo del CGPJ construye en un párrafo que ahora leerán y, de la que soy firme partidario para desatascar cualquier colapso: que resuelva siempre el último que tenga la competencia para ello, lo que nos libera de farragosos actos intermedios y de las odiosas excepciones procesales, que solo interesan en las ciento trece facultades de derecho que padecemos.
Cita literal del párrafo de aceleración procesal o administrativa o gubernativa:

“Pues bien, en este caso quine (sic) resolvió su petición inicial fue el propio juez, por lo que no se siguió el procedimiento indicado. Ahora bien, como quiera que en definitiva el acuerdo recurrido se dicta por quien debería revisar la desestimación inicial de su petición, en evitación de provocar a la parte recurrente la carga de soporta una dilación en la resolución de su petición, que una retroacción de actuaciones produciría con la probable consecuencia de tener que volver a interponer nuevo recurso ante este Consejo, lo razonable y acorde con los principios de celeridad y ahorro de trámites, es que se resuelva el presente recurso.

Lo que dijo el recurrente fue, entre cosas, esto
cita literal:

Argumenta que al desviarse en la resolución que se impugna la cuestión hacía un acto jurisdiccional, se decide desestimar el recurso de alzada planteado con el motivo de no existir interés legítimo, lo cual es contradictorio en sí mismo, pues, si la cuestión es jurisdiccional, en la que el recurrente es parte, no puede decirse que no exista un interés legítimo, lo ostenta por el mero hecho de ser parte. 
Añade que, como argumento que refuerza el carácter administrativo de la solicitud, hay que tener en cuenta que en cualquier proceso judicial no existe norma que permita el acceso al Libro de Sentencias en general, pues en un proceso judicial, ello, no parece, en principio, de interés, el acceso al Libro de Sentencias es genérico para cualquier interesado legítimo.

Lo que resuelve el Tribunal Supremo
cita literal:

CUARTO.- Para dar adecuada respuesta al debate suscitado en los términos en que nos viene planteado por la tesis de los argumentos de la recurrente y de su oposición a ellos, es necesario poner de relieve el error de partida en que incurre el recurrente.
Una lectura del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial recurrido nos permite afirmar que rechaza que estemos ante una cuestión jurisdiccional y sitúa la controversia en el ámbito gubernativo. De haber entendido que estábamos en el ámbito jurisdiccional, no podría pronunciarse al respecto, y hubiera inadmitido el recurso, como hizo en otros casos (por ejemplo el examinado en la sentencia de fecha 29 de abril de 2011, dictada en el Recurso Contencioso-administrativo nº 545/2008).
Centrado así los términos del debate, la primera cuestión a decidir es la relativa a si el Juez de lo Mercantil nº 2 de Valencia, era competente para resolver sobre la solicitud de acceso a los Libros de Sentencia formulada por el recurrente.

Cita literal:

No cabe duda que la denegación de acceso al Libro de Sentencia fue dictada por órgano manifiestamente incompetente, el Magistrado, pues la decisión viene atribuida al Secretario Judicial, causa de nulidad de pleno derecho, contemplada en el artículo 62.1,b) de la Ley 30/1992.
No podemos compartir el criterio de la resolución recurrida, que entendió que en todo caso como el Magistrado era competente para resolver el recurso sobre el acuerdo denegatorio que, en su caso, dictara el Secretario Judicial, y en aras al principio de celeridad y ahorro de trámites, procedía desestimar tal causa de nulidad, pues dicho criterio se opone a lo previsto en el articulo 12 de la Ley 30/1992, que establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia. Todo lo anterior conduce a al estimación parcial del recurso, anulando los Acuerdo del Pleno del CGPJ y del Magistrado de lo Mercantil nº 2, ordenando retrotraer las actuaciones para que se resuelva por el órgano competente, el Secretario Judicial, de dicho órgano judicial. 
La estimación del recurso con base en la incompetencia del Juez de lo Mercantil nº 2 de Valencia, que dictó el acuerdo recurrido en alzada ante el CGPJ, no permite, sin embargo, acceder a la petición del suplico de demanda de que se reconozca al demandante el derecho a la exhibición del libro de sentencias, cuestión de fondo que deberá ser decidida por el órgano competente al respecto, debiéndose por tanto desestimar en este punto la demanda.

26 junio 2012

La venta de créditos en Irlanda y Luxemburgo y el archivo del proceso de ejecución (ii)


Tratamos hace un mes las peticiones de “apartamiento” del proceso que los Bancos Santander y Banesto pedían en los juzgados hasta que la sociedad irlandesa o luxemburguesa compradora del crédito – más bien del título ejecutivo- tuviera a bien personarse. 

Hoy analizamos otra de las modalidades de este proceder y facilitamos la fundamentación para su archivo, el de la ejecución, para que así se cumpla la ley en la materia y se produzca la cesión del crédito litigioso y no la venta del título ejecutivo varios años después de haberse despacho ejecución. 

Partimos del siguiente supuesto: despachó de ejecución a instancia de un procurador, en nombre y representación del banco por una cantidad de principal más otra de intereses y costas presupuestadas y, presentación de un escrito por el mismo procurador, en la representación de la sociedad compradora y en el que manifiesta que el banco le ha cedido el crédito objeto de apremio y postula un pronunciamiento sobre la sucesión procesal, según documental que no incluye ni el contrato de venta, ni la copia de la escritura en el que se eleva a público. 

De lo dispuesto en los arts. 17 y 540 LEC resulta que aún admitiendo una interpretación amplia del momento en el que puede transmitirse un crédito en ejecución y alejado temporalmente del despacho ejecutivo, compete empero a la parte ejecutante facilitar al órgano judicial los "documentos fehacientes" en que conste la citada sucesión (art.540.2 LEC), lo que permitirá identificar sin interrogantes el crédito que se vende (o, mejor dicho, el título ejecutivo). En otro caso entrará en juego el artículo 570 LEC y mientras el ejecutante tendrá satisfecho su crédito, el adquirente carecerá de la necesaria legitimación activa para continuar la vía de apremio (arts. 538.1 y 540.1 LEC). 

Expuestos los términos del debate solo cabe el dictado del decreto del art.570 LEC, no habiendo lugar a acordar la "sustitución procesal", ni a iniciar el trámite del art.17 LEC por las siguientes razones: 

(i) No hay revocación expresa del poder otorgado por el banco y suscita interrogantes la tácita del art.30.1.1º LEC, habida cuenta que es el mismo procurador el que, sin solución de continuidad, intenta personarse por la sociedad compradora. Ello implica que el procurador continúe representando al banco y no a la cesionaria. 

(ii) El art.17 LEC cede ante lo dispuesto en el art.540 LEC por el principio de especialidad. 

(iii) El art.540 LEC no prevé ningún acto intermedio de subsanación y así la insuficiencia documental, que obliga al traslado al ejecutado y a una comparecencia posterior, solo es admisible a los efectos del "despacho de ejecución" (art.540. LEC), pero no cuando se pretende que se continúe tramitando una ejecución, en tanto no se discutiría sobre la venta de un crédito litigioso pendiente de una orden general de ejecución (art.551 LEC), sino de la transmisión de un título ejecutivo y ese reconocimiento no está previsto en la ley. 

(iv) Por lo expuesto adquiere singular relevancia la necesidad de identificar con exactitud el crédito por el que se despachó ejecución y el documento de venta y, eso no sucede en estos casos. Cuando la cesionaria manifiesta que la compra del crédito se produjo mediante un contrato, que se elevó a público ante un notario, deberá aporta el contrato y la copia de la escritura correspondiente y no hace falta un análisis detallado para colegir que la copia simple de un documento en el que banco reconoce la cesión de todos los derechos y obligaciones derivados de la operación de crédito no es suficiente para acreditar lo que se pretende. 

(v) Por último y dado que el ejecutante reconoce la venta del crédito y se habrá satisfecho el título ejecutivo y no habrá tutela que prestar.

19 junio 2012

La fianza arrendaticia como motivo de oposición a la ejecución.


Son relativamente frecuentes las oposiciones - en la ejecución de cantidad por rentas devengadas de los contratos de arrendamiento- que se formulan por pluspetición, respecto al importe de la fianza retenida por la parte ejecutante. Cuando se alega la pluspetición, el ejecutado reconoce que el derecho del ejecutante existe y que, al tiempo de su nacimiento, tenía el contenido económico que refleja el título, pero que, en virtud de acontecimientos o actos posteriores, ha visto disminuido ese contenido (vg. se considera que hay pluspetición en los supuestos de pagos parciales realizados antes del despacho de ejecución o, excesos en la liquidación de la deuda). 

En cuanto a la fianza, indica el Auto AP de VALENCIA, Sección 11ª, de 30 de junio 2010 que no puede articularse como motivo de oposición por pluspetición, ya que no es la finalidad de la fianza la de servir de complemento o sustitución de las rentas dejadas de pagar a lo que debe añadirse que la realidad del destino de la fianza resulta determinada, por los posibles daños de la cosa, o simples perjuicios, que no tiene porque ser ajenos a los servicios dejados de abonar por el demandado-ejecutado, es decir que responden a la obligación principal, pero que deben incluir la restitución del inmueble en el estado en el que se entregó y con los servicios, susceptibles del mismo uso. Se concluye, por tanto, que siendo objeto de ejecución el pago de la renta -que es obligación fundamental del arrendatario durante la vigencia del contrato, y aún después de su resolución- extinguida la relación obligatoria y ejecutado el fallo de la sentencia, será el momento de liquidar dicha relación, lo cual determinará el alcance de la obligación de devolución de la fianza por el arrendador. 

 ¿Y podría compensarse esa fianza?. Advierte, entre otros, el Auto AP BARCELONA, Sección 13ª, de 28 octubre 2010 (LA LEY 274687/2010) que la fianza, prevista en el artículo 36 LAU, se presta para garantizar las todas obligaciones del contrato de arrendamiento, significativamente, el pago de la renta y otras cantidades a cuyo pago venga obligado el arrendatario y la responsabilidad por los desperfectos que puedan ocasionarse en la vivienda y de los que éste último deba responder. La devolución, total o parcial, de la fianza o su aplicación a la deuda pendiente se enmarca no propiamente en la resolución del contrato sino en su liquidación, articulándose, una vez planteado el litigio, a través de la excepción de compensación. Y la compensación ha de ser hecha valer en el proceso declarativo, según los casos mediante reconvención o a través de excepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 408.1 LEC, y con las especialidades en ambos casos establecidas en el artículo 438.1 y 2 para el juicio verbal; por otra parte, el artículo 556 LEC no contempla la compensación como causa de oposición al despacho de títulos judiciales. 

En suma el artículo 556.1 LEC recoge tasados los motivos de fondo de oposición a la ejecución de títulos judiciales o arbitrales y ni el pago a que se refieren los artículos 556.1 y 557.1.1ª LEC incluye ninguna otra causa de extinción de las obligaciones que no sea la regulada en los artículos 1.157 a 1.181 Cc, ni la compensación (legal) a que se refiere el artículo 557.1.1ª de la misma ley es oponible más que a la ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales o contractuales.

05 junio 2012

El nombramiento de procurador y abogado del turno de oficio.


El nombramiento de procurador por el turno de oficio, respecto a la necesidad de realizar posteriormente un apoderamiento “apud acta” en el Juzgado correspondiente ha provocado dos respuestas. La primera es que la designación administrativa del Colegio no impide la aplicación del artículo 24 LEC, por su carácter preceptivo, mientras que una segunda opinión sostiene que el alcance de la representación procesal del procurador que actúa designado por el turno de oficio, es el mismo que el que lo hace con poder de designación directo de la parte que lo solicita mediante otorgamiento notarial de poder. Y no habiendo distinción, no es preciso el apoderamiento “apud acta” en los casos de procurador de turno de oficio. 

Esta segunda teoría entiende que el poder notarial y la designación mediante comparecencia ante el secretario judicial no son los únicos medios que habilitan la válida postulación del representante procesal, pues el propio artículo 33 LEC, señala que fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. De dicho precepto, se desprende que el procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio. 

La razón de la distinción es la de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de justicia gratuita, por lo que en ningún caso podría acudirse ante el notario o el secretario judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional ya que no sería elegido, sino designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho. En tal sentido, cuando se actúa con procurador de oficio es una obviedad e innecesario acudir al apoderamiento “apud acta” por ser éste reiterativo y superfluo. Esa suele ser la opinión mayoritaria y a modo de ejemplo, dice el Auto AP VALENCIA, Sección 10ª, de 5 de julio de 2010 que con la demanda se aportará el poder notarial conferido al procurador siempre que éste intervenga y la representación no se otorgue "apud acta", pero la no presentación de este documento junto con la demanda, no impide su aportación posterior o que sea suplido con un apoderamiento “apud acta”, debiendo estimarse justificada la representación procesal cuando se anuncia en la demanda que se ostenta mediante el nombramiento de oficio, lo que se acreditará mediante el documento acreditativo de la designación de oficio por justicia gratuita.

Pero, ¿ qué ocurre en los procesos de ejecución en los que, salvo determinadas situaciones (oposiciones en ejecuciones de título no judicial), no es frecuente la personación del ejecutado?. A mí entender el problema no queda resuelto con una designación administrativa (mucho menos en el proceso declarativo). Cierto es que habremos identificado a dos profesionales (el letrado y el procurador), pero nada más y de ahí la entrada en juego del artículo 27 LEC, cuando a falta de disposición expresa -que en este caso existe en el artículo 26 LEC- somete las relaciones entre el poderdante y el procurador a las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil. Esa remisión, tan sencilla como la designación administrativa, poco soluciona en dos casos que se dan con cierta frecuencia en los procesos de ejecución: las designaciones provisionales innecesarias (oposiciones a las ejecuciones fundadas en la imposibilidad del pago) y las consecuencias de la intervención profesional (por inaplicación del artículo 26 LEC, el solicitante de justicia gratuita desconoce las consecuencias de los actos de los profesionales que le representan y defienden). 

En consecuencia, la designación administrativa ni está prevista en la ley, ni puede equipararse a los otorgamientos de poder notarial o “apud acta” ante el Secretario Judicial.