24 mayo 2012

Tres años y dos llamadas de teléfono en la Audiencia Nacional.


La Operación Atalanta es una campaña de la Unión Europea para frenar la piratería en la costa de Somalia. En abril de 2.009 el despliegue incluía navíos del Reino Unido (2 fragatas), Francia (4 fragatas y 1 crucero), Alemania (1 fragata), Italia, Grecia, Holanda (1 fragata), España (1 fragata y 1 petrolero) y Suecia (2 fragatas y 1 buque de apoyo logístico). Noruega participaría en el despliegue en agosto. Los Estados Unidos, que lógicamente van por libre, crearon la “Fuerza de tareas” (traducción literal) CTF-151 con tres unidades, a la que se unirían barcos canadienses, británicos y de otras nacionalidades. 

El 6 de mayo de 2009 el "Marqués de la Ensenada", rescató a un grupo de siete presuntos piratas que cayeron al agua tras intentar abordar a un barco de bandera panameña. El buque español recibió una llamada de socorro del barco mercante, comunicando que estaba siendo atacado por piratas. Tras varias maniobras evasivas, el buque golpeó a la embarcación de los piratas, que volcó, cayendo al agua sus siete ocupantes. El "Marques de la Ensenada", que se encontraba a unas 15 millas del barco atacado, se dirigió al lugar de incidente, en el Golfo de Adén, y se encontró con un grupo de personas, presuntos piratas, en el agua tras volcar su embarcación. 

El Ministerio de Defensa se lo comunicó a la entonces Justicia sin fronteras española, que se puso a funcionar inmediatamente o, mejor dicho, a hacer cosas, a deshacerlas y a rehacerlas. Para empezar la Fiscalía, que nunca es responsable de nada, olvidó que toda organización no española que se precie tiene una web en la que se facilita toda clase de información y documentación y, además, en tiempo real. En la página de la Operación Atalanta aparecía un documento que no precisa traducción: Council Decision 2009/293/CFSP of 26 February 2009 concerning the Exchange of Letters between the European Union and the Government of Kenya on the conditions and modalities for the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and detained by the European Union-led naval force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment after such transfer. 

Total que la fiscal, solicitó la prisión de los piratas por los delitos de detención ilegal y de robo con violencia y empleo de armas. Pero no solo se pidió la prisión, se hizo el triple salto mortal pedagógico y alguien de la Fiscalía explicó que la petición de prisión se hacía por tales delitos y no por los de piratería porque en el Código Penal de 1995 se habían suprimido. El ministerio público defendió en su escrito la competencia de la entonces Audiencia Mundial (luego volvió a ser la Audiencia Nacional) basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería. Destacaba también que el delito de piratería era perseguible en todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regulaba el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. Evidentemente seguía sin echarse un vistazo a la página web de la Operación Atalanta (¡qué menos, por favor!). 

Haciendo caso a la petición fiscal el juez de la Audiencia decretó el ingreso en prisión provisional de los siete piratas y ordenó su traslado a España para «resolver sobre su situación». 

Que alguien llamó por teléfono a alguien fue evidente, (el correo electrónico no se utiliza en la Justicia de aquí por algo relacionado con el artículo 230 LOPJ y la firma electrónica) porque al día siguiente la Fiscalía de la Audiencia Nacional – tan irresponsable de todo- pidió que los siete piratas (luego catorce) fueran entregados a Kenia. La fiscal, solicitó que se dejara sin efecto la prisión provisional, y que se entregaran los piratas "a las autoridades competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial", según el convenio firmado entre la Unión Europea y el país africano y, el archivo de las diligencias abiertas para investigar los hechos. 

En auto de 8 de mayo de 2.009 el Juzgado Central de Instrucción acordó la libertad de los piratas, pero no la entrega a Kenia, ni el archivo de las diligencias. Según el Magistrado la entrega a Kenia “quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de quienes al mismo se ven sujetos. El artículo 13 de nuestra Constitución, la Ley de Extradición Pasiva, los artículos 824 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Criminal exigen que las autoridades judiciales de España, para la entrega de cualquier persona a otro país en aras a su enjuiciamiento sigan una serie de trámite procesales que en ningún caso pueden obviarse, tal y como pretende el Ministerio Fiscal”. Y, en otro párrafo afirmó: “La Decisión del Consejo de la Unión Europea a que alude el Fiscal no afecta, ni puede afectar, a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española, a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y respecto de las que se han adoptado medidas cautelares”. (Nota aclaratoria ver si alguno todavía se pregunta la razón por la que Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y algunos otros estados tercermundistas no firman, ni ratifican determinados tratados o convenios internacionales). 

Y, en cuanto al archivo dijo: “Por todo ello, tampoco procede el archivo de las actuaciones, ya que el Estado Mayor de la Defensa ha venido a denunciar, ante este Juzgado, unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia, existiendo la ineludible obligación por parte de este Instructor de continuar las investigaciones tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, aunque probablemente, y debido a la resolución que este Juzgado, en ese acto, se ve obligado a adoptar, no pueda, finalmente, terminar con el enjuiciamiento de los inculpados”. 

Más claro. Lo que dijo el Juez es que cuando el “Marques de la Ensenada” tocara tierra se dejara en libertad a los piratas y se les entregara una citación para comparecer un día de estos o, de los otros, en la Calle Génova, sede de la Audiencia Nacional. 

Y, segunda llamada de teléfono. Alguien del Ministerio de Exteriores y alguien del de Defensa llamaron a alguien de la Fiscalía o del Ministerio de Justicia para arreglar no se sabe bien qué, ya que no quedaba nada bien llegar a Kenia y soltar a los piratas cuando el resto de los países estaba cumpliendo a rajatabla lo firmado. Total que la Fiscalía presentó un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional de rechazar la petición de entrega de los piratas a Kenia en virtud de un convenio firmado entre ese país y la Unión Europea. Y debió estimarse porque según consta, así se hizo. 

Y hoy escribo esto porque por resolución del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el 31 de enero de 2012 causó baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el petrolero “Marqués de la Ensenada” (A-11) y, por los “Picoletos” de la Bahía de Algeciras.

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