Insisto: no hay costas, de costas.


Al hilo de la siguiente opinión que un lector ha dejado en un comentario anterior y que traigo literal a este comentario:


Por accidente, buscando algo de costasm he entrado en tu blog, que es muy interesante. 
Pero difiero de tu criterio (a) y (b). El (A) creo que es difícilmente explicable en una sentencia absolutoria en la que condena al actor en costas ¿Cómo se ejecuta una sentencia absolutoria?. 
Respecto de la oposición, creo que es oponible cualquier causa que tenga relación con los motivos allí expuestos ¿Qué diferencia habría? Respecto del C y el D tienes toda la razón. 
AAP de Barcelona (Sección 13ª) de 15 de diciembre de 2009 (Rollo de Apelación 38/2009-A) “En este sentido, conviene precisar, como ya indicó esta misma Sección en auto de 30.6.2009 , que, a partir de la profunda reforma procesal introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , la tasación de costas ha dejado de poder considerarse como un mero incidente del proceso principal, que discurre entre la fase declarativa y la fase ejecutiva de un mismo proceso. Por el contrario, a partir de la Ley 1/2000, que distingue claramente entre el proceso declarativo, regulado en el Libro II , y el proceso de ejecución, regulado en el Libro III, la tasación de costas, que se practica después de la terminación del proceso declarativo, o el de ejecución, pertenece a la categoría de aquellas otras clases de tutela jurisdiccional expresamente previstas por la ley, a las que se refiere el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , junto con las clases de tutela que son las del proceso declarativo, el proceso de ejecución, y el proceso cautelar. Por lo tanto la tasación de costas, en cuanto su finalidad es la de crear un título ejecutivo judicial de aquellos a los que se refiere el artículo 517,2,9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 242,1 del mismo texto procesal, que prevé la tasación de costas como el trámite previo a su exacción por la vía de apremio, luego que sea firme la condena en costas, participa de la naturaleza de las diligencias preparatorias de la ejecución, que aparecían reguladas en los artículos 1430 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , o en la actualidad en el artículo 13 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre , en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio , cuando regula la formación del auto ejecutivo de cuantía máxima, de modo que la tasación de costas no es todavía proceso de ejecución, ya que éste no comenzará sino a partir del momento de la presentación de la demanda ejecutiva, con arreglo a lo previsto en los artículos 549 y ss de la Ley de Enjuiciamiento , acompañando el título ejecutivo consistente en el auto aprobatorio de la tasación de costas; y tampoco la tasación de costas es ya parte del proceso declarativo o de ejecución, que terminó con la sentencia o con el auto definitivo, del modo dispuesto en los artículos 206 y 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en este caso el auto acordando el levantamiento de los embargos, que puso término al proceso de ejecución.

Insisto en lo siguiente. 

Primero, le doy las gracias al anónimo por su participación (tampoco cuesta nada identificarse, pero bueno, es lo que tiene el internes).

Y, entrando en materia y dejando de lado cualquier otro razonamiento procesal, vamos a uno de los principios generales del Derecho: cobrar con intereses lo que has pagado. 

Del mismo que para la práctica de la tasación de costas no es necesario presentar los justificantes del cobro de los honorarios y de los derechos –admitimos la proforma, que no es otra cosa que un presupuesto-, para el despacho por el cálculo provisional por intereses y costas será imprescindible que la parte (cliente) justifique que ha satisfecho a su letrado y procurador el importe por el que se aprobó la tasación de costas y que, por ello, interesa la vía de apremio para su reembolso del condenado en las costas. 

Que es, precisamente, lo que se hace en el caso de los laudos arbitrales: la actora presenta un documento que acredita el pago de los gastos del arbitraje, no que le han dado una minuta del arbitro. 

En la ejecución, el titular del crédito (la parte y no el profesional) reclamará lo pagado y habrá derecho al despacho por el cálculo provisional o, reclamará el pago de los honorarios de su abogado y procurador aprobados por el decreto y no habrá derecho al despacho por el cálculo provisional porque no se habrán devengado nuevos honorarios, ni derechos (desaparece de la presunción de la intervención del artículo 242 LEC).

¿Y las sentencias absolutorias?. No se ejecutan, es cierto, pero ello no significa que no haya título ejecutivo: la sentencia condena al pago de costas y cuando se liquidan y no hay pago vamos a la ejecución. La sentencia absolutoria, en lo que nos interesa, es idéntica a una sentencia estimatoria o condenatoria.

Dejo para otro día la oposición a la ejecución.

Comentarios

  1. Lamento no haberme identificado, internet no es el mío, voy a ver si lo consigo.

    El problema de su postura, es que existen supuestos, como el del artículo 36.1 (Ley 1/1996, de 10 de enero) que precisamente excusan el cumplimiento de pago previo, para la reclamación de los honorarios de los profesionales que asistieron a la parte.

    Es más, en ese supuesto en concreto:

    ¿Quién sería realmente el titular del crédito? ¿La parte? ¿El profesional?

    Sé que es un supuesto excepcionalísimo, pero realmente yo creo que en tales casos, el crédito es del propio profesional, dado que en caso contrario se produciría un enriquecimiento injusto de las partes.

    Al margen de lo anterior, en cuanto a que no hay costas en la tasación de costas, tal postura me parece algo contradictoria (aunque tengo que reconocer que hasta la fecha, no he visto a ningún Secretario Judicial aplicarlo, excluyendo los famosos 22,29 de solicitud de tasación de costas) con la doctrina sentada en los ATS (Pleno de la Sala Primera) de 15 de abril de 2011 (Recurso de Casación 53/2009); Corbal Fernández, posteriormente reiterada en otras, como pudieren ser el ATS (Sala Primera de lo Civil) de 20 de septiembre de 2011 (Recurso de Casación 636/2008); Seijas Quintana o ATS (Sala Primera de lo Civil) de 12 de julio de 2011 (Recurso de Casación 1981/2008); O´Callaghan, que por cierto, superan algunos Acuerdos no jurisdiccionales sobre la materia de varias Audiencias, como pudiere ser la de Pontevedra, y que refieren:

    "En cuanto a la impugnación de los derechos del Procurador, en cuanto a la exclusión de la cantidad de 22,29 euros, debe estimarse de conformidad con el Auto del Pleno de esta Sala de fecha 15 de abril de 2011 ( Rec 53/2009 ) que ha resuelto " que no procede la inclusión de esa partida [ de 22,29 euros ], al no formar parte de los conceptos del título del crédito de costas - resolución que condena al pago de las mismas-, pues se devenga con posterioridad, por lo que no corresponde pagarla a quien no ha sido condenado al respecto, todo ello sin perjuicio de que por corresponder al incidente de tasación puedan ser incluidas en las costas del mismo cuando la resolución que lo resuelve condena a su pago a la otra parte"
    por lo que se rectifica la Tasación, en el sentido de excluir de la misma la cantidad de 22,29 euros."

    Sentado lo anterior, entiendo que si los 22,29 de solicitud de la tasación de costas no entran en el propio título, sino que en su caso se impondrá el pago cuando se resuelva por Decreto del SJU o Auto, sobre el incidente, es evidente que el propio incidente de costas, devenga costas (o al menos los 22,29€ de su solicitud)

    ¿Me explico?

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  2. Y respecto de la necesariedad de acreditación para la ejecución, aunque comparto 100% tu criterio (que me parece el más razonable), lo cierto es que el TS se destila en estos términos:

    ATS de 17 de noviembre de 2004 (Recurso de Casación 2131/2001); O´Callaghan "En definitiva, la parte vencedora, primero, puede instar la tasación de costas respecto a las cantidades por él ya satisfechas, presentando la justificación de pago; o bien, segundo, puede instar la tasación acompañando la minuta del Letrado, aun no satisfecha. La parte vencedora es titular del crédito siempre que lo haya satisfecho anteriormente o bien puede reclamar la minuta no pagada, cuyo importe percibirá el Letrado a través de la misma."

    Aunque insisto, me parece muchísimo más razonable el criterio que mantienes en esta cuestión.

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  3. acaso el condenado al pago de las costas no tiene la obligación de cumplir voluntariamente .? si no cumple y obliga a solicitarlos judicialmente porque no debe pagar por esa solicitud ?

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  4. Me permito plantear otra cuestión: Supongamos que las costas han sido tasadas, pero han transcurrido más de 5 años desde que la tasación fue aprobada y, sin embargo, no se ha ejecutado.

    A mi modesto entender, la acción ejecutiva ha caducado, pero ¿acaso no subsiste una obligación personal de abonar las costas, que no ha sido cumplida? Y puesto que el plazo para reclamar el cumplimiento de una obligación personal es de 15 años ¿No son reclamables mediante el declarativo correspondiente?

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.

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