16 mayo 2012

¿Cómo esta el servicio del Secretario Judicial?.


El redactor de este BLOG ni apoya, ni rechaza la famosísima NOJ – madre de todas las reformas y un pozo sin fondo para el dinero público- ni tampoco lo hace con el CGPJ – padre de todos los órganos colegiados- y para el que el Secretario Judicial es un receptor de faxes que no llevan nunca el “por favor”, ni el “gracias” y, estas indiferencias, provoca que nos centremos en el Auto TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de 16 de febrero de 2012 (Nº de Recurso: 128/2011, Roj: ATSJ CAT 43/2012), pues mientras aquellos y estos se dedican a sus cosas, que no son las mías, nuestro Reglamento (el de los Secretarios Judiciales) se aproxima, en volumen, a una Constitución Soviética y en la práctica, a que cualquier cosa que pase en un Juzgado tenga que ver con los famosísimos fedatarios procesales, algo lógico cuando se conoce que en su redacción (2005) solo participaron “empleados públicos dedicados a la mejora del servicio público de la justicia”. 

El auto recurrido.


El recurso de apelación interpuesto contra el Auto que dispuso no imputar por ausencia de indicios suficientes al Secretario sustituto del Juzgado de Instrucción por los delitos de falsedad documental (art. 390 O 391 CP) y de infidelidad en la custodia de documentos (art. 413 CP).

Los motivos de la apelación.


Los hechos de los que acusaba la querellante al Sr. Secretario son, en esencia, por un lado, haber avalado la veracidad de las fechas consignadas por la Sra. Juez imputada en las tres resoluciones a que se refiere la imputación formulada contra ella, "al no hacer figurar las diferencias existentes entre la fecha que consta en las resoluciones y la fecha en la que se le entregaron para que las firmara y las notificara", infringiendo así el deber de la fe pública judicial, que le compete de forma plena y exclusiva por mor de lo dispuesto en el art. 453.1º LOPJ; y, por otra parte, el haberse producido con su consentimiento y bajo su responsabilidad la desaparición de tres de los escritos presentados en 24/02/09, 31/03/09 y 04/05/09 por la representación de la recurrente en el procedimiento tramitado ante el Juzgado de Instrucción con la finalidad de lograr su impulso procesal, en este caso con infracción del deber de documentación y archivo de las actuaciones judiciales regulado por los arts. 454 y 458 LOPJ.

La primera conclusión de la Sala


Pues bien, al margen de cuáles fueran los "indicios" relativos a la conducta que pretende imputarse al Sr. Secretario, que el recurrente describe en su escrito de recurso para combatir la apreciación de la Ilma. Sra. Instructora de esta Sala según la cual el Sr. Secretario actuó de "buena fe" y sin que conste que conociera ni consintiera las antedataciones presuntamente realizadas por la Sra. Juez imputada o que hubiere tenido alguna vez en su poder los escritos indiciariamente sustraídos, se observa que a los concretos hechos que pretenden imputarse a aquél no puede atribuírseles la calificación jurídico-penal que propone el recurrente ni ninguna otra de esta naturaleza (dejando a salvo la disciplinaria, que no nos compete).

Reconociendo la Sala el despropósito normativo que regula las funciones de los Secretarios Judiciales:


En efecto, por lo pronto, a la vista de lo dispuesto en la variada y dispersa regulación normativa referida a las funciones de los Secretarios judiciales (arts. 452 y ss. LOPJ; arts. 145 y ss. LEC, aplicable subsidiariamente según lo dispuesto en el art. 4 LEC; R.D. 1608/2005 de 30 dic., que aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales ), el deber que se les impone a los mismos de "dejar constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados" en los correspondientes procedimientos no forma parte del contenido de la fe pública registral (art. 453 LOPJ; art. 145 LEC; art. 5 ROCSJ), como pretende le recurrente, sino del de documentación(art. 454.1 LEC; art. 6.a ROCSJ) o, más propiamente, del de formación, custodia y conservación de los autos(art. 148 LEC), de modo y manera que a los Secretarios judiciales no les corresponde la supervisión de ninguno de los aspectos del contenido de las resoluciones judiciales , la fecha de éstas incluidas, sino solo la de su autenticidad, entendida como la procedencia de su autor y la correspondencia con el concreto procedimiento al que se halla destinada, más allá de lo cual no les alcanza ninguna responsabilidad (al menos, penal) por las distorsiones de la realidad que en las resoluciones pudieran contenerse y sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los defectos producidos en su notificación, cuando tuvieren la entidad suficiente, como ocurriría con la alteración de la fecha real -que aquí no consta que se hubieren producido-, pero no con el simple retraso, que a lo sumo daría lugar a la responsabilidad disciplinaria (que no nos compete).

La responsabilidad de la ruleta rusa


Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad por la integridad de las actuaciones judiciales documentales, la misma constituye la materia de un específico deber de custodia y conservación de las actuaciones judiciales que, sin embargo, no es exclusivo de los Secretarios judiciales, puesto que cede durante "el tiempo en que[las actuaciones]estuvieren en poder del juez..." (art. 458.1 LOPJ; art. 148 LEC...), de modo y manera que cuando los indicios apuntaren -como en el presente caso- a que la sustracción o destrucción pudo producirse mientras el deber estaba suspendido y transferido al juez, no será posible hacer responsable al Secretario judicial el delito de infidelidad que se propone por el recurrente.

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