29 mayo 2012

De los embargos a “voleo” a dos “clics” de ratón

El artículo 588.1 LEC, castiga con la nulidad el embargo de bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Para CACHON CADENAS la finalidad del precepto radica en vedar una práctica que se hallaba muy extendida bajo la vigencia de la LEC 1881, y que consistía en declarar embargados genéricamente, “a voleo”, bienes o derechos que pudiera tener el ejecutado, sin efectuar la reseña o descripción individualizada de los mismos, y sin que constara siquiera su existencia efectiva. Son las conocidas diligencias de embargo en las que se declaraban trabados, por ejemplo, “los bienes muebles que se encontraran en el local L”, o “los sueldos o pensiones que pueda percibir el deudor X”. 

En reiteradas ocasiones, la doctrina y la jurisprudencia habían entendido que el embargo realizado de esa forma era nulo. Esos embargos, que se siguen realizando, han terminado llevando el debate a las “expectativas de derecho” y justificado, por empresas, administraciones y no pocos Juzgados -su número disminuye-, una respuesta negativa a las órdenes de embargo de determinados bienes. 

Se confunden conceptos y términos y, la sanción de nulidad del artículo 588.1 LEC llega muy tarde al proceso de ejecución. Las devoluciones por el IRPF o el IVA, los créditos pendientes de pago, e incluso, los sueldos o pensiones que pueda percibir el ejecutado y hasta el sobrante de otra ejecución son bienes embargables, y si bien pueden requerir identificación en algún caso no, desde luego, la justificación de su existencia. 

Como acertadamente señala el Auto AP ALICANTE, Sección 5ª, de 15 de febrero de 2.006 (ROJ: AAP A 14/2006) no se trata tanto de exigir al ejecutante prueba cumplida de que los bienes que designe para la traba sean de titularidad del ejecutado (para ello se prevé el mecanismo del artículo 593.2 LEC y en su caso la tercería), cuanto de fijar ya en ese momento preliminar los rasgos identificativos del bien o derecho cuyo embargo se propone a fin de que no ofrezca duda alguna su determinación (lo cual no acarrea en absoluto la prohibición del embargo de cosas futuras o de expectativas jurídicas, siempre que se identifiquen de un modo indudable). 

Y de todas formas la doctrina procesal española ha perdido otro debate contra la informática. Sin ningún cambio legislativo el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la AEAT convinieron (¿se dirá así?) que a través del Banesto, los Secretarios Judiciales podamos practicar los embargos de las devoluciones por impuestos que tengan los ejecutados. Trabas que por cierto, lleva años haciendo la Agencia Tributaria sin que nadie pusiera grito en el cielo sobre la vulneración de aquel o este derecho. Y lectores, el artículo 24 CE rige en todo ámbito y lugar, a ver si va a resultar que solo se aplica en el proceso de ejecución civil y en los recursos de reposición de las prescindibles audiencias previas del juicio ordinario. 

De todas formas ya lo saben desde marzo de 2012 la “expectativa de derecho” ha mutado en cuatro datos (subcuenta judicial, datos ejecutado, NIF/CIF e importe) y dos “clics” de ratón.

24 mayo 2012

Tres años y dos llamadas de teléfono en la Audiencia Nacional.


La Operación Atalanta es una campaña de la Unión Europea para frenar la piratería en la costa de Somalia. En abril de 2.009 el despliegue incluía navíos del Reino Unido (2 fragatas), Francia (4 fragatas y 1 crucero), Alemania (1 fragata), Italia, Grecia, Holanda (1 fragata), España (1 fragata y 1 petrolero) y Suecia (2 fragatas y 1 buque de apoyo logístico). Noruega participaría en el despliegue en agosto. Los Estados Unidos, que lógicamente van por libre, crearon la “Fuerza de tareas” (traducción literal) CTF-151 con tres unidades, a la que se unirían barcos canadienses, británicos y de otras nacionalidades. 

El 6 de mayo de 2009 el "Marqués de la Ensenada", rescató a un grupo de siete presuntos piratas que cayeron al agua tras intentar abordar a un barco de bandera panameña. El buque español recibió una llamada de socorro del barco mercante, comunicando que estaba siendo atacado por piratas. Tras varias maniobras evasivas, el buque golpeó a la embarcación de los piratas, que volcó, cayendo al agua sus siete ocupantes. El "Marques de la Ensenada", que se encontraba a unas 15 millas del barco atacado, se dirigió al lugar de incidente, en el Golfo de Adén, y se encontró con un grupo de personas, presuntos piratas, en el agua tras volcar su embarcación. 

El Ministerio de Defensa se lo comunicó a la entonces Justicia sin fronteras española, que se puso a funcionar inmediatamente o, mejor dicho, a hacer cosas, a deshacerlas y a rehacerlas. Para empezar la Fiscalía, que nunca es responsable de nada, olvidó que toda organización no española que se precie tiene una web en la que se facilita toda clase de información y documentación y, además, en tiempo real. En la página de la Operación Atalanta aparecía un documento que no precisa traducción: Council Decision 2009/293/CFSP of 26 February 2009 concerning the Exchange of Letters between the European Union and the Government of Kenya on the conditions and modalities for the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and detained by the European Union-led naval force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment after such transfer. 

Total que la fiscal, solicitó la prisión de los piratas por los delitos de detención ilegal y de robo con violencia y empleo de armas. Pero no solo se pidió la prisión, se hizo el triple salto mortal pedagógico y alguien de la Fiscalía explicó que la petición de prisión se hacía por tales delitos y no por los de piratería porque en el Código Penal de 1995 se habían suprimido. El ministerio público defendió en su escrito la competencia de la entonces Audiencia Mundial (luego volvió a ser la Audiencia Nacional) basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería. Destacaba también que el delito de piratería era perseguible en todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regulaba el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. Evidentemente seguía sin echarse un vistazo a la página web de la Operación Atalanta (¡qué menos, por favor!). 

Haciendo caso a la petición fiscal el juez de la Audiencia decretó el ingreso en prisión provisional de los siete piratas y ordenó su traslado a España para «resolver sobre su situación». 

Que alguien llamó por teléfono a alguien fue evidente, (el correo electrónico no se utiliza en la Justicia de aquí por algo relacionado con el artículo 230 LOPJ y la firma electrónica) porque al día siguiente la Fiscalía de la Audiencia Nacional – tan irresponsable de todo- pidió que los siete piratas (luego catorce) fueran entregados a Kenia. La fiscal, solicitó que se dejara sin efecto la prisión provisional, y que se entregaran los piratas "a las autoridades competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial", según el convenio firmado entre la Unión Europea y el país africano y, el archivo de las diligencias abiertas para investigar los hechos. 

En auto de 8 de mayo de 2.009 el Juzgado Central de Instrucción acordó la libertad de los piratas, pero no la entrega a Kenia, ni el archivo de las diligencias. Según el Magistrado la entrega a Kenia “quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de quienes al mismo se ven sujetos. El artículo 13 de nuestra Constitución, la Ley de Extradición Pasiva, los artículos 824 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Criminal exigen que las autoridades judiciales de España, para la entrega de cualquier persona a otro país en aras a su enjuiciamiento sigan una serie de trámite procesales que en ningún caso pueden obviarse, tal y como pretende el Ministerio Fiscal”. Y, en otro párrafo afirmó: “La Decisión del Consejo de la Unión Europea a que alude el Fiscal no afecta, ni puede afectar, a personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española, a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y respecto de las que se han adoptado medidas cautelares”. (Nota aclaratoria ver si alguno todavía se pregunta la razón por la que Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y algunos otros estados tercermundistas no firman, ni ratifican determinados tratados o convenios internacionales). 

Y, en cuanto al archivo dijo: “Por todo ello, tampoco procede el archivo de las actuaciones, ya que el Estado Mayor de la Defensa ha venido a denunciar, ante este Juzgado, unos hechos que serían constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia, existiendo la ineludible obligación por parte de este Instructor de continuar las investigaciones tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, aunque probablemente, y debido a la resolución que este Juzgado, en ese acto, se ve obligado a adoptar, no pueda, finalmente, terminar con el enjuiciamiento de los inculpados”. 

Más claro. Lo que dijo el Juez es que cuando el “Marques de la Ensenada” tocara tierra se dejara en libertad a los piratas y se les entregara una citación para comparecer un día de estos o, de los otros, en la Calle Génova, sede de la Audiencia Nacional. 

Y, segunda llamada de teléfono. Alguien del Ministerio de Exteriores y alguien del de Defensa llamaron a alguien de la Fiscalía o del Ministerio de Justicia para arreglar no se sabe bien qué, ya que no quedaba nada bien llegar a Kenia y soltar a los piratas cuando el resto de los países estaba cumpliendo a rajatabla lo firmado. Total que la Fiscalía presentó un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional de rechazar la petición de entrega de los piratas a Kenia en virtud de un convenio firmado entre ese país y la Unión Europea. Y debió estimarse porque según consta, así se hizo. 

Y hoy escribo esto porque por resolución del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el 31 de enero de 2012 causó baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el petrolero “Marqués de la Ensenada” (A-11) y, por los “Picoletos” de la Bahía de Algeciras.

21 mayo 2012

¿Qué pinta la Policía en el proceso civil?

En alguna de esas sentencias con las que el Tribunal Constitucional pone a prueba nuestro ritmo cardíaco, he leído que en el proceso civil hay que agotar los medios para localizar al demandado, empleando, cuando sean necesarios a la Policía. ¿Nacional, Local, Autonómica?, eso no se aclara; ¿para qué?, no debe ser materia de enjundia constitucional y queda al buen criterio del órgano de la instancia. Expuesto el conflicto ya adelanto que ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil tienen nada que ver con el proceso civil. En el proceso civil, salvo aquellos llamados en los que el Estado interviene por tener interés, se dirimen los conflictos que tienen las partes ante un Juez. Toda la infraestructura necesaria para ello la pone el Estado a disposición de los litigantes sin repercutir en ellos parte de los costes. 

Los órganos jurisdiccionales civiles no pueden utilizar a la Policía, a la Guardia Civil, a las Policías Autonómicas, ni a las Locales con el fin de averiguar el domicilio del demandado (ni, por supuesto, citar, notificar o emplazar) porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla tal extremo, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículos 11, 12, 38, 39 y 53) nada dice sobre esto y, en tercer lugar, porque estamos ante el empleo anormal de un servicio público de forma gratuita para unos exclusivos fines privados. Se trata, en suma, de una petición contraria a nuestro ordenamiento jurídico, que implica un empleo indebido de los recursos del Estado. 

Recordemos que la Ley de Enjuiciamiento Civil no exige la presencia del demandado para dictar válidamente una sentencia, un auto o un decreto. Basta con que se le dé la posibilidad de personarse para defenderse. Y esta posibilidad se entiende cumplida no sólo con la notificación personal de que existe un juicio contra él, sino con la entrega a cualquier tercero e, incluso, mediante la publicación en un Boletín Oficial (otra cosa es que nadie los lea). 

Por último, si la presencia del demandado no es necesaria durante el juicio, mucho menos lo es en el proceso de ejecución y ordenar a la Policía la búsqueda del demandado en esta fase resulta aún más carente de sentido (a falta de soporte legal, que no lo tiene), sobre todo si se ha utilizado el emplazamiento edictal durante el proceso.

16 mayo 2012

¿Cómo esta el servicio del Secretario Judicial?.


El redactor de este BLOG ni apoya, ni rechaza la famosísima NOJ – madre de todas las reformas y un pozo sin fondo para el dinero público- ni tampoco lo hace con el CGPJ – padre de todos los órganos colegiados- y para el que el Secretario Judicial es un receptor de faxes que no llevan nunca el “por favor”, ni el “gracias” y, estas indiferencias, provoca que nos centremos en el Auto TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA de 16 de febrero de 2012 (Nº de Recurso: 128/2011, Roj: ATSJ CAT 43/2012), pues mientras aquellos y estos se dedican a sus cosas, que no son las mías, nuestro Reglamento (el de los Secretarios Judiciales) se aproxima, en volumen, a una Constitución Soviética y en la práctica, a que cualquier cosa que pase en un Juzgado tenga que ver con los famosísimos fedatarios procesales, algo lógico cuando se conoce que en su redacción (2005) solo participaron “empleados públicos dedicados a la mejora del servicio público de la justicia”. 

El auto recurrido.


El recurso de apelación interpuesto contra el Auto que dispuso no imputar por ausencia de indicios suficientes al Secretario sustituto del Juzgado de Instrucción por los delitos de falsedad documental (art. 390 O 391 CP) y de infidelidad en la custodia de documentos (art. 413 CP).

Los motivos de la apelación.


Los hechos de los que acusaba la querellante al Sr. Secretario son, en esencia, por un lado, haber avalado la veracidad de las fechas consignadas por la Sra. Juez imputada en las tres resoluciones a que se refiere la imputación formulada contra ella, "al no hacer figurar las diferencias existentes entre la fecha que consta en las resoluciones y la fecha en la que se le entregaron para que las firmara y las notificara", infringiendo así el deber de la fe pública judicial, que le compete de forma plena y exclusiva por mor de lo dispuesto en el art. 453.1º LOPJ; y, por otra parte, el haberse producido con su consentimiento y bajo su responsabilidad la desaparición de tres de los escritos presentados en 24/02/09, 31/03/09 y 04/05/09 por la representación de la recurrente en el procedimiento tramitado ante el Juzgado de Instrucción con la finalidad de lograr su impulso procesal, en este caso con infracción del deber de documentación y archivo de las actuaciones judiciales regulado por los arts. 454 y 458 LOPJ.

La primera conclusión de la Sala


Pues bien, al margen de cuáles fueran los "indicios" relativos a la conducta que pretende imputarse al Sr. Secretario, que el recurrente describe en su escrito de recurso para combatir la apreciación de la Ilma. Sra. Instructora de esta Sala según la cual el Sr. Secretario actuó de "buena fe" y sin que conste que conociera ni consintiera las antedataciones presuntamente realizadas por la Sra. Juez imputada o que hubiere tenido alguna vez en su poder los escritos indiciariamente sustraídos, se observa que a los concretos hechos que pretenden imputarse a aquél no puede atribuírseles la calificación jurídico-penal que propone el recurrente ni ninguna otra de esta naturaleza (dejando a salvo la disciplinaria, que no nos compete).

Reconociendo la Sala el despropósito normativo que regula las funciones de los Secretarios Judiciales:


En efecto, por lo pronto, a la vista de lo dispuesto en la variada y dispersa regulación normativa referida a las funciones de los Secretarios judiciales (arts. 452 y ss. LOPJ; arts. 145 y ss. LEC, aplicable subsidiariamente según lo dispuesto en el art. 4 LEC; R.D. 1608/2005 de 30 dic., que aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales ), el deber que se les impone a los mismos de "dejar constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados" en los correspondientes procedimientos no forma parte del contenido de la fe pública registral (art. 453 LOPJ; art. 145 LEC; art. 5 ROCSJ), como pretende le recurrente, sino del de documentación(art. 454.1 LEC; art. 6.a ROCSJ) o, más propiamente, del de formación, custodia y conservación de los autos(art. 148 LEC), de modo y manera que a los Secretarios judiciales no les corresponde la supervisión de ninguno de los aspectos del contenido de las resoluciones judiciales , la fecha de éstas incluidas, sino solo la de su autenticidad, entendida como la procedencia de su autor y la correspondencia con el concreto procedimiento al que se halla destinada, más allá de lo cual no les alcanza ninguna responsabilidad (al menos, penal) por las distorsiones de la realidad que en las resoluciones pudieran contenerse y sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los defectos producidos en su notificación, cuando tuvieren la entidad suficiente, como ocurriría con la alteración de la fecha real -que aquí no consta que se hubieren producido-, pero no con el simple retraso, que a lo sumo daría lugar a la responsabilidad disciplinaria (que no nos compete).

La responsabilidad de la ruleta rusa


Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad por la integridad de las actuaciones judiciales documentales, la misma constituye la materia de un específico deber de custodia y conservación de las actuaciones judiciales que, sin embargo, no es exclusivo de los Secretarios judiciales, puesto que cede durante "el tiempo en que[las actuaciones]estuvieren en poder del juez..." (art. 458.1 LOPJ; art. 148 LEC...), de modo y manera que cuando los indicios apuntaren -como en el presente caso- a que la sustracción o destrucción pudo producirse mientras el deber estaba suspendido y transferido al juez, no será posible hacer responsable al Secretario judicial el delito de infidelidad que se propone por el recurrente.

11 mayo 2012

La venta de créditos en ejecución en Irlanda y Luxemburgo.


Otras de Bancos en los Juzgados. Llevamos años trabajando como agencias de recobro de Bancos y Cajas y poco nos sobresalta, pero las tres últimas semanas nos están inundando con escritos en los que dos Bancos – Santander y Banesto- anuncian que han vendido su crédito a una sociedad irlandesa o luxemburguesa y que se apartan de la ejecución. El problema son las variedades del citado “apartamiento”: 

a) Procurador que se aparta sin más diciendo en un párrafo que el Banco ha vendido el crédito. 

b) Procurador que comunica la venta del crédito y se persona por la sociedad irlandesa aportando copia simple de un poder notarial irlandés. 

c) Procurador que comunica la venta del crédito, se persona por la sociedad irlandesa aportando copia simple de un poder notarial irlandés y aporta otra copia notarial de la venta del crédito. 

La LEC no regula esto, por más que andemos empeñados en la aplicación del artículo 17 y no lo hace porque nadie en el año 1999 (anteproyecto de ley) podría prever que Bancos y Cajas se iban a dedicar a conceder 6.000,00€ al primer fulano que se quedara mirando por los cristales de una sucursal y que el Banco de España tendría al frente a otro economista de dos tardes. Lo que el artículo 17 LEC exige es que se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo y en ese caso, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. 

Pero no hablamos de eso. La inundación de papel afecta a ejecuciones despachadas hace años y se regula en el artículo 540 LEC y a bote pronto, ante las peticiones que he referido deberíamos dictar, sin más, el decreto de fin de ejecución del artículo 570 LEC. El asunto es sencillo: el ejecutante reconoce el pago por tercero y tiene satisfecho su crédito, con lo que nada hay que seguir ejecutando. 

El problema lo tendríamos en el supuesto de la letra c). ¿Qué hacemos si el Procurador – que es el mismo que el del Banco- se persona por la Sociedad compradora del crédito?. Veamos, ¿estamos hablando de un “crédito” o de un “título ejecutivo”? y un título ejecutivo ¿puede venderse?. Salvo mejor opinión, entiendo que no y sino hay venta ni hay sucesión procesal, ni archivo provisional: hay archivo definitivo de la ejecución.

08 mayo 2012

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.


Dice el artículo 454.bis 2. LEC que


 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.
Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia.
Transcurrido el plazo para impugnación, hayanse presentado o no escritos, el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días. 
Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.

Mandato que se completa con la exigencia del artículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente. 

El artículo 454.bis 2 LEC no autoriza una corrección generalizada de las resoluciones que dicte el Secretario Judicial para adaptarlas al criterio de cada recurrente, sino que es un medio de impugnación en el que se valorará la existencia de infracciones legales, con arreglo a los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el momento del dictado del decreto. Y, por lo mismo, será posible hacer aclaraciones, precisiones o alegaciones siempre que tengan que ver con la supuesta infracción cometida, pero en modo alguno, podrán reproducirse cuestiones ya ventiladas en las que no hay infracción alguna, ni menos aún convertir el trámite en una apelación abreviada (art. 458.1 LEC en relación con el art. 454 bis 3 LEC). 

Tampoco es dable que por la vía del recurso de revisión se traigan a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon, porque bajo esa premisa, la afectación desfavorable del art. 448.1 LEC fue provocado por la impugnante y no por el Secretario Judicial. Paradigmático es el caso de la mejora de embargo del art. 612 LEC, pues la defectuosa técnica legislativa permite la interposición de un recurso de revisión sin que el embargo haya agotado sus efectos – de hecho, en el plazo de cinco días ni tan siquiera se habrá practicado, por ejemplo, la anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad- y sin que, evidentemente, sea posible apreciar ningún cambio de circunstancias. 

Por cierto, estas conclusiones ya se encuentran en las más recientes resoluciones del Tribunal Supremo. Se citan en tal sentido los ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012 (Roj: ATS 2332/2012) y 31 de enero de 2012 (Roj: ATS 847/2012) que contienen el siguiente fundamento de derecho:


“A este respecto cabe señalar que el nuevo régimen jurídico, implantado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la LEC que atribuye al Secretario Judicial la resolución de la impugnación del carácter excesivo de los honorarios de Letrado, supone confiar al mismo una función similar a la que tenían los Tribunales, los cuales ejercían la misma con atención a determinadas pautas ponderativas. Contra la resolución judicial -auto- que decidía el incidente no cabía recurso alguno (art. 246.3 LEC). En cambio, en el régimen actual, contra la resolución procesal del Secretario, cabe el recurso de revisión (art. 246.3 LEC en su nueva redacción). Pues bien, aunque el recurso de revisión es un recurso ordinario, y devolutivo, que coloca al órgano que resuelve en segundo lugar en la misma posición procesal del que lo hace en primero, sin embargo, habida cuenta el carácter y circunstancias de la función ponderativa que significa el cálculo de los honorarios, no cabe entender que es posible utilizar el recurso para sustituir la realizada por el Secretario mediante un nuevo juicio de mejor criterio por el Tribunal, porque ello, además de no ajustarse a la propia naturaleza de la actividad procesal realizada, desvirtuaría la "ratio" de la reforma legal, pues, en lugar de simplificar la materia, se produciría el efecto contrario de multiplicar el trabajo de la oficina judicial, y probablemente, sin descargar de forma efectiva la carga del titular del órgano jurisdiccional. Lo anterior no obsta a que mediante el recurso de revisión se pueda someter al control del Tribunal, además de las infracciones de índole procesal, los casos de arbitrariedad o de irrazonabilidad, y dentro de ellos la desproporcionalidad, por cuanto afectan al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”.

05 mayo 2012

O empujar o dejarme las narices en el suelo: he ahí el dilema de mi NOJ.


Hace tiempo un caricaturista hizo las veces de Ministro de Justicia hasta que le mandaron a paseo (o sea, a Europa a ganar dinero como eurodiputado o europarlamentario o lo que sea eso). Ese caricaturista, que en su tiempo de ocio hacia de Ministro de Justica, se sacó del plumín un PDF conjunto de tropecientos folios que no se aplicó nunca y un plan de Transparencia judicial que corrió la misma suerte. No hubo una sola medida práctica, ni una, salvo la congelación de las oposiciones de Secretarios Judiciales y una reducción de las plazas convocadas para Jueces y Fiscales (lógico, son todos de derechas y de clase bien). 

Luego tuvimos a un cazador, que hizo las veces de Ministro de Justicia y que sacó la escopeta a pasear con el resultado conocido por todos. Tampoco hizo nada el cazador y solo el asunto de Sevilla obligó al Ministerio de Justicia a hacer funcionar en tres meses un registro informático centralizado (a costa de los Secretarios Judiciales). No se hizo más. Y entre el caricaturista y el cazador (esa letra “c” da grima) nos avejentamos cinco años y, mientras tanto, las oposiciones seguían congeladas y las “unidades judiciales” nuevas (basta el terrible esfuerzo de mandar un papelito al BOE con la orden de creación) florecían y florecían y volvían a florecer. 

Llegaron los dos años de hacerlo todo con miles de todo: de oposiciones, de redes informáticas, de juzgados y de inversiones y en dos años. ¿Dos años?, ¿miles de todo, en dos años?. Y, a cambio de gastarnos una pasta considerable que no teníamos, resulta que ahora el problema es la falta de personal. ¿La falta de personal?. ¡¡Pero sí el Consejo de Europa tiene estadísticas que afirman que la Justicia española parece el camarote de los Hermanos Marx en lo que a personal se refiere!!. 

O, es que a lo mejor, quizá, no es la falta de personal, sino esa plataforma informática que funciona con carbón y que tiene empujarse con funcionarios para que arranque. 

No sé que NOJ prefiero, empujar una CPU gigantesca o evitar pegarme un tortazo en la Ciudad de Justicia de Valencia, en la que andan algo escasos de fondos para el mantenimiento y partes de las placas del suelo están sueltas. ¿Qué porque no las veo?. Genialidades del diseño interior: suelo, paredes y vuelo son del mismo color gris apagado y han quitado una bombilla de cada dos.

01 mayo 2012

Insisto: no hay costas, de costas.


Al hilo de la siguiente opinión que un lector ha dejado en un comentario anterior y que traigo literal a este comentario:


Por accidente, buscando algo de costasm he entrado en tu blog, que es muy interesante. 
Pero difiero de tu criterio (a) y (b). El (A) creo que es difícilmente explicable en una sentencia absolutoria en la que condena al actor en costas ¿Cómo se ejecuta una sentencia absolutoria?. 
Respecto de la oposición, creo que es oponible cualquier causa que tenga relación con los motivos allí expuestos ¿Qué diferencia habría? Respecto del C y el D tienes toda la razón. 
AAP de Barcelona (Sección 13ª) de 15 de diciembre de 2009 (Rollo de Apelación 38/2009-A) “En este sentido, conviene precisar, como ya indicó esta misma Sección en auto de 30.6.2009 , que, a partir de la profunda reforma procesal introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , la tasación de costas ha dejado de poder considerarse como un mero incidente del proceso principal, que discurre entre la fase declarativa y la fase ejecutiva de un mismo proceso. Por el contrario, a partir de la Ley 1/2000, que distingue claramente entre el proceso declarativo, regulado en el Libro II , y el proceso de ejecución, regulado en el Libro III, la tasación de costas, que se practica después de la terminación del proceso declarativo, o el de ejecución, pertenece a la categoría de aquellas otras clases de tutela jurisdiccional expresamente previstas por la ley, a las que se refiere el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , junto con las clases de tutela que son las del proceso declarativo, el proceso de ejecución, y el proceso cautelar. Por lo tanto la tasación de costas, en cuanto su finalidad es la de crear un título ejecutivo judicial de aquellos a los que se refiere el artículo 517,2,9º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 242,1 del mismo texto procesal, que prevé la tasación de costas como el trámite previo a su exacción por la vía de apremio, luego que sea firme la condena en costas, participa de la naturaleza de las diligencias preparatorias de la ejecución, que aparecían reguladas en los artículos 1430 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , o en la actualidad en el artículo 13 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre , en la redacción de la Ley 21/2007, de 11 de julio , cuando regula la formación del auto ejecutivo de cuantía máxima, de modo que la tasación de costas no es todavía proceso de ejecución, ya que éste no comenzará sino a partir del momento de la presentación de la demanda ejecutiva, con arreglo a lo previsto en los artículos 549 y ss de la Ley de Enjuiciamiento , acompañando el título ejecutivo consistente en el auto aprobatorio de la tasación de costas; y tampoco la tasación de costas es ya parte del proceso declarativo o de ejecución, que terminó con la sentencia o con el auto definitivo, del modo dispuesto en los artículos 206 y 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en este caso el auto acordando el levantamiento de los embargos, que puso término al proceso de ejecución.

Insisto en lo siguiente. 

Primero, le doy las gracias al anónimo por su participación (tampoco cuesta nada identificarse, pero bueno, es lo que tiene el internes).

Y, entrando en materia y dejando de lado cualquier otro razonamiento procesal, vamos a uno de los principios generales del Derecho: cobrar con intereses lo que has pagado. 

Del mismo que para la práctica de la tasación de costas no es necesario presentar los justificantes del cobro de los honorarios y de los derechos –admitimos la proforma, que no es otra cosa que un presupuesto-, para el despacho por el cálculo provisional por intereses y costas será imprescindible que la parte (cliente) justifique que ha satisfecho a su letrado y procurador el importe por el que se aprobó la tasación de costas y que, por ello, interesa la vía de apremio para su reembolso del condenado en las costas. 

Que es, precisamente, lo que se hace en el caso de los laudos arbitrales: la actora presenta un documento que acredita el pago de los gastos del arbitraje, no que le han dado una minuta del arbitro. 

En la ejecución, el titular del crédito (la parte y no el profesional) reclamará lo pagado y habrá derecho al despacho por el cálculo provisional o, reclamará el pago de los honorarios de su abogado y procurador aprobados por el decreto y no habrá derecho al despacho por el cálculo provisional porque no se habrán devengado nuevos honorarios, ni derechos (desaparece de la presunción de la intervención del artículo 242 LEC).

¿Y las sentencias absolutorias?. No se ejecutan, es cierto, pero ello no significa que no haya título ejecutivo: la sentencia condena al pago de costas y cuando se liquidan y no hay pago vamos a la ejecución. La sentencia absolutoria, en lo que nos interesa, es idéntica a una sentencia estimatoria o condenatoria.

Dejo para otro día la oposición a la ejecución.