Una peligrosa cuestión prejudicial sobre el Arancel de Procuradores.




Tenemos serias dudas de que la forma en la que se regulan los honorarios de los procuradores de los tribunales, un colectivo profesional distinto al de los abogados y que, como éstos, tienen funciones de postulación procesal, sean compatibles con el art. 101 TFUE (antes arts. 81-82 del Tratado fundacional de la CE), así como con el art. 56 del propio TJUE (antiguo art. 49 TCE) y con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 28 de diciembre de 2009). 
A ello creemos que debe añadirse la gran trascendencia práctica que la cuestión puede tener en el ámbito interno, pues la representación a través de procurador es un presupuesto, junto con la asistencia de abogado, para poder actuar en la mayor parte de procedimientos judiciales en España. De forma que el pronunciamiento que dictemos en esta cuestión no va a limitar sus efectos exclusivamente a este proceso, sino que va a dejar abierta una sombra de duda que se proyectará sobre nuestro ordenamiento jurídico sembrando una gran inseguridad jurídica.

Y con esta introducción recojo la cuestión prejudicial que se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los siguientes términos:


1) ¿Resultan compatibles el art. 101 TFUE y el art. 4.3 TUE con una regulación como la que establece el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que únicamente pueden alterar en un porcentaje de un 12 % al alza o a la baja y cuando las autoridades del Estado miembro, incluidos sus jueces, no tienen la posibilidad efectiva de apartarse de los límites mínimos fijados en el baremo legal, caso de concurrir circunstancias extraordinarias?



2) A efectos de la aplicación del Arancel referido y no aplicar los límites mínimos que el mismo establece: ¿pueden considerarse como circunstancias extraordinarias que exista una gran desproporción entre los trabajos efectivamente desarrollados y el importe de honorarios a percibir que resulte de la aplicación del baremo o arancel?

La primera de las cuestiones que se plantea se asienta en que el art. 101.1 TFUE establece que serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.

La duda que se formula está relacionada con la aplicación de la doctrina comunitaria que expresa la Sentencia dictada en el asunto Cipolla, (Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Asunto Cipolla, proc. C-94/2004, apartado 53) a la particular regulación que de los honorarios de los Procuradores de los tribunales efectúa nuestra legislación interna. Nuestra legislación interna, particularmente el art. 245.2 LEC (entendido contrario sensu), no permite que los honorarios del procurador, fijados normativamente, como se ha adelantado, puedan ser impugnados por excesivos. Por consiguiente, de aplicarse la norma de derecho interno, el juez nacional español, está impedido para poder juzgar, en cualquier circunstancia, si la cantidad que fija el baremo normativo es razonable, en su aplicación en el caso concreto. Esto es lo que sucede en el supuesto enjuiciado, en el que la cuantía a la que pretende tener derecho el procurador (716.464,42 euros) es tan exorbitada que no guarda relación alguna con la efectiva dificultad del asunto o con la dedicación que el profesional haya podido aplicar a él.


3) ¿Es compatible el art. 56 TFUE (antiguo art. 49) con el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviembre?



4) ¿Cumple esa regulación los requisitos de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE?

El art. 56 TFUE (antiguo art. 49) establece que en el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación. 

Transcurrido el plazo de transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior en fecha 28 de diciembre de 2009, la obligatoriedad para los Estados de haberla transpuesto se ha hecho evidente. Indica la Audiencia de Barcelona al Tribunal Europeo que tiene serias dudas de que la legislación española en la materia respete los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Aunque el procurador de los tribunales ostenta algunas atribuciones de carácter próximo a lo público, y resulta innegable que constituye un excelente colaborador en la gestión de los procesos que se sustancian en los tribunales, de ello no se deriva que exista necesidad alguna de someter su régimen retributivo a reglas imperativas cuando el sistema de elección de este profesional es enteramente libre, salvo en los supuestos en los que el ciudadano tiene reconocido el derecho a justicia gratuita. Tampoco cree que la necesidad de preservar la calidad del servicio exija someter su retribución a un sistema que no les permita competir en precios cuando esa finalidad se cumple de manera mucho más razonable a través de normas de acceso a la profesión, como creemos que de forma efectiva ocurre en nuestro ordenamiento jurídico.


5) ¿Incluye el art. 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, cuando consagra el derecho a un juicio equitativo, el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los derechos del procurador que resulte desproporcionadamente elevada y no se corresponda con el trabajo efectivamente desarrollado?



6) Caso de respuesta afirmativa: ¿Son respetuosas con el art. 6 del Convenio Europeo las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España que impiden a la parte condenada en costas cuestionar el importe de los derechos del procurador porque los considere excesivamente elevados y que no se corresponden con el trabajo efectivamente desarrollado?

Aclara la Sala que la regulación que efectúa la LEC de la tasación de costas no permite impugnar, y por tanto defenderse de forma efectiva, frente a una determinación de los derechos del procurador que resulte excesiva, por desproporcionada o no acorde con el trabajo efectivamente realizado, ya que el Arancel calcula los honorarios de acuerdo con la cuantía o interés discutido en el proceso, pero no con la efectiva dedicación profesional que el procurador haya tenido en el litigio o causa de que se trate. Hasta tal punto es así que el legislador ha introducido recientemente una norma que ponga coto a los abusos que ese sistema propicia, el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, en cuya disposición adicional única se limita la cuantía global que puede percibir un procurador en un mismo asunto a la cuantía de 300.000 euros.

El auto contiene un Voto particular que apuesta decididamente por aplicar de oficio la proporcionalidad a los derechos de los procuradores en los siguientes términos: 

Primero. Tal y como indica la resolución adoptada por el voto mayoritario de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Unión (TJCE) se pronunció en un asunto sobre fijación de honorarios mínimos que resulta muy próximo al presente recurso (Sentencia de 5 de diciembre de 2.006, asuntos acumulados C-94/04 -caso Cipolla- y C-202/04).

Segundo. El Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derecho de los procuradores de los tribunales, introdujo criterios de libre competencia entre estos profesionales, facultándoles para pactar con el cliente un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales sobre las cuantías del arancel. 

Tercero. En este estado de cosas, se reputa relevante el auto de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2011, resolviendo sobre una impugnación, por indebidos, de los derechos de un procurador en una tasación de costas. Esta resolución señaló que la adecuación de los derechos arancelarios de los procuradores al criterio de proporcionalidad ha sido establecida por Real Decreto-Ley 5/2010. 

Cuarto. La referida resolución del TS de 19 de julio de 2011, atendida la finalidad y contenido del Real Decreto-Ley 5/2010, señala que la normativa arancelaria de los Procuradores ha de someterse al inexorable principio de proporcionalidad del que parte el propio Real Decreto-Ley 5/2010, principio que, por otro lado, ya fue la referencia tomada en consideración por la citada sentencia del TJCE, caso Cipolla. De ahí que, continua señalado la resolución del TS, la aplicación de los aranceles de los procuradores solo debe ser automática cuando no interfiera en el principio de proporcionalidad.

La no proporcionalidad vendrá dada, tal y como se apuntaba por el TJCE en su referida sentencia, por la disfunción existente entre el trabajo profesional realmente llevado a cabo y los emolumentos fijados arancelariamente. El control de la proporcionalidad, indica el TJCE, debe necesariamente efectuarse por el órgano judicial dentro del procedimiento.

Y termina diciendo:


Dados los parámetros que fijó la sentencia del TJCE -caso Cipolla-, la promulgación del citado Real Decreto Ley y, sobre todo, la interpretación dada al mismo por la referida resolución del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2011, que acojo plenamente, resulta, a mi entender, innecesario el planteamiento de la cuestión prejudicial inicialmente suscitada, dadas la facultades de moderación que indefectiblemente se conceden al órgano jurisdiccional respecto a la presentación de devengo de derechos del procurador desproporcionados. De ahí que se formule ese voto particular en los referidos términos dejando constancia del plausible sentir del voto mayoritario de agotar todas las dudas suscitadas que en él se exponen pero que, en mi opinión, exceden del supuesto planteado en el caso que nos ocupa.

El auto al que se refiere el VOTO PARTICULAR es el de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sección 3ª) de 19 de julio de 2011 (ROJ: ATS  7800/2011) tratado en este BLOG el 29-9-2011.

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