Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (iii)



 IV. COMMUNITY SCHOOLS vs. DIST. Nº. 1 DE ESCUELAS DE SEATTLE Y MEREDITH vs. CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE JEFFERSON. 

EL 28 de junio de 2007, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resucitó el debate. Por una mayoría de cinco votos, se declaró inconstitucional un programa de integración racial de las autoridades educativas de Seattle y Louisville. 

La demanda fue interpuesta por un grupo de Padres (Parents Involved in Community Schools), agrupados en una organización creada como respuesta a la proliferación de casos de estudiantes que habían sido rechazados en las escuelas de distrito por causa de su raza. Los demandantes ampararon su acción en la Cláusula de "Igual Protección" (the equal protection clause), contenida en la decimocuarta enmienda de la Constitución.  

La organización presentó sendas demandas contra el Distrito Escolar de Seattle y la Junta Escolar del Condado de Jefferson, en la urbe al noroeste de Washington, basándose que entre los años 1999 y 2001, la raza había sido el único criterio que impidió a 300 adolescentes (200 blancos y 100 negros, hispanos o asiáticos), asistir a la escuela de su elección, que tenía más candidatos que plazas. En Louisville, por ejemplo, un niño no pudo asistir a la guardería más cercana a su domicilio, donde quedaban plazas, porque ya había demasiados blancos. 

Para los padres de los alumnos, estas medidas decididas por los consejos locales de educación eran tan discriminatorias como la política de segregación prohibida por la Corte Suprema en 1954, que dictaminó que era ilegal que los niños negros no pudieran estudiar en las mismas escuelas a las que iban los blancos. Recordemos que en el caso BROWN uno de los alegatos de la demandante fue que "Las distinciones de raza son tan perversas, tan arbitrarias e insidiosas que ni siquiera la defensa de la igualdad ante la ley debe invocarlas en ningún ámbito público". 

El Tribunal Supremo entendió que la raza no podía utilizarse como elemento para determinar si un estudiante debía acudir a una escuela o a otra y anuló los programas adoptados en colegios públicos de Seattle (al noroeste de Washington), Louisville y Kentucky, que pretendían lograr la integración de las minorías a través de la diversidad racial. 

El Juez presidente, John Roberts, defendió la decisión aludiendo que utilizar la raza como factor de discriminación positiva para la admisión en las escuelas públicas no era la manera de luchar contra la marginación racial porque sería buscar una solución al problema en base al concepto "raza" ("Las clasificaciones raciales son, sencillamente, demasiado perniciosas, por lo que se debe exigir una detallada y minuciosa justificación a esta clase de prácticas"). 

Los Jueces asociados Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas se unieron al fallo del Presidente del tribunal y Anthony Kennedy, quién en voto particular concurrente aseguró que "la discriminación positiva en función de la raza, cuando es el Estado el que recurre a ella, puede ser la más decisiva de todas las políticas, conteniendo en sí misma el potencial de destruir la confianza en la Constitución y en la idea de igualdad". Para Clarence Thomas hay que tener cuidado con las élites impacientes de llevar a la Constitución "teorías sociales de moda". 

Desde la disidencia, el Juez asociado Stephen G. Breyer señaló de forma categórica que este fallo contradecía abiertamente el histórico precedente del caso Brown v. Board of Education, que en 1954 eliminó la separación de los estudiantes por motivos raciales («Invalidar los planes que están bajo estudio y amenazar la promesa que se hizo con el caso Brown es un error», advirtió el magistrado). 

Para los cinco magistrados que respaldaron la sentencia, la separación de estudiantes por la raza no es la mejor manera de lograr la plena igualdad de los distintos grupos sociales, ni mucho menos su integración. "Aceptar la búsqueda del equilibrio racial como interés público, significaría justificar la imposición de determinados niveles de proporcionalidad racial en la sociedad americana". Concluyen que "Todo ello contradice el mandato constitucional de la decimocuarta enmienda, que exige tratar a los ciudadanos como individuos, no como meros componentes de una determinada clase racial, religiosa, sexual o nacional".

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