29 abril 2012

La llamada de asno: ¡Mourinho, Mourinho y Mourinho!.


Me lo contó ayer un entrenador de baloncesto. Partido escolar. Equipos mixtos de chicos y chicas de nueve y diez años. Destaca un chaval jugando de base – bueno, de todo, porque en esas edades se juega de todo- y que cada vez que cogía la pelota terminaba en canasta. Las dos entrenadoras del equipo contrario comienzan a gritar a sus chavales que le quitaran la pelota como fuera y se pusieron a la tarea. Para quien no esté versado en estos asuntos aclararé que el árbitro suele dejar jugar y que suele ser otro chaval, de más edad, pero chaval. Sigo con el relato. Después que el crio acabó tres o cuatro veces en el suelo, su entrenador se dirigió al banquillo rival para reprochar a las entrenadoras su actitud, encontrándose con el grito de ¡Mourinho, Mourinho y Mourinho! que asnaban los papás de los jugadores. 

Alguno de estos papás, indignadísimo por los recortes presupuestarios, acudirá a la llamada a la asnada que propalan los líderes de la izquierda y que a buen seguro solucionará los terribles problemas familiares que está padeciendo España. Así que después de demostrar una incompetencia sancionable por negligencia durante los tres últimos años de la llamada gobernanza social, los brotes verdes y chorradas de idéntico calibre intelectual, que no solo no mejoró, sino que agravó nuestra situación, resulta que ahora la solución está en incendiar las calles y en su desarrollo reglamentario (quemar de coches, romper escaparates, agredir e insultar, etc). 

Izquierda, sea dicho, en el sentido de la circulación, porque los gastos en peluquería, manicura, relojes, trapitos y casoplones iguala y supera a sus compadres de la derecha y a todos los que van de equidistantes. Eso, de momento, es lo que nos salva, el ejemplo de todos esos lideres que llaman a la selva desde el coche oficial. 

¿Y para cuando la llamada al estudio y a la inteligencia?, ¿y al trabajo?, ¿y al respeto al vecino? y a la ¿puñetera cordura?. Quizá esta era la finalidad última de tanta reforma educativa del mismo lado: atender con prontitud a la llamada de la asnada y no hacernos ninguna otra pregunta por si nos duele la cabeza. 

25 abril 2012

¿Puede acabar la ejecución hipotecaria en el Banco de España? (otra lectura del artículo 579 LEC).


Trato con cierta frecuencia el “apasionante” mundo de la ejecución hipotecaria y dejando al margen la opinión que me merecen los directivos de Bancos y Cajas – los que se sientan o lo hacían en los Consejos de Administración, aclaro- es de Juzgado de Guardia que al día de la fecha no se haya retasado todo el fondo de armario inmobiliario que guardamos en ciudades y pueblos. Pero no confundamos los términos del debate, porque la valoración de mercado a la que me refiero tiene que ver con la ejecución hipotecaria, no con el mercado de estas garantías reales. 

¿Podemos conseguir en la ejecución hipotecaria ese valor real de mercado?. No. La ejecución hipotecaria tiene dos normas especiales insalvables para obtenerlo (el domicilio y el tipo de subasta), pero cuando acaba, el Auto AP CORDOBA, Sección 3ª, 1 de febrero de 2012 (Roj: AAP CO 2/2012) nos abre una puerta cuya existencia desconocía y que justifica este comentario. Aconsejo al lector que se lea esa resolución porque a diferencia de otros – los de NAVARRA- hay dos novedades: (a) es una oposición a la ejecución iniciada por mor del artículo 579 LEC y (b) el ejecutado pide una documental al Banco de España para justificar la valoración de mercado. 

La Audiencia de CORDOBA dice en el fundamento de derecho QUINTO


La adquisición del inmueble por el acreedor hipotecario que previene el art. 691 LEC, es una forma de adquirir la propiedad de naturaleza onerosa que encuentra su consumación y reflejo formal en e auto que aprueba la adjudicación. 

La onerosidad de la misma radica en la contraprestación que para adquirir el bien ha de satisfacer el acreedor, la cual consiste en una paralela extinción de su crédito "por cantidad igual o superior al 50 por ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos" (en la actualidad "por cantidad igual o superior al sesenta por ciento del valor de tasación").

Llegados a este punto deben de remarcarse dos extremos:

 - La propia realidad de las cosas pone de manifiesto, y así viene a expresarse el propio legislador en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley de 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios.., que las ejecuciones hipotecarias pueden dar lugar a situaciones abusivas; por ello y en lo relativo a la adjudicación a favor del acreedor se impide que la misma pueda ser inferior e determinado porcentaje, "y ello con el fin de evitar el despojo del deudor".

 - La adjudicación por un importe superior a ese límite inferido legalmente establecido no puede quedar, tal y como parece resultar de una primera lectura del art. 671 LEC a la libre y bondadosa determinación del acreedor, pues a ello se opondrían, en lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de la que surge la deuda, esto es, el contrato de préstamo, y en lo que se refiere a la venta que subyace en el sistema de subastas, los principios, respectivamente extraíbles de los citados arts. 1256 y1449 del C.C.

Se desprende de esto último que el importe de la adjudicación tiene que estar objetivamente relacionado con el valor real del bien adjudicado y sí así no lo fuese, nada impide que el ejecutado, ante el intento de acreedor de actuar ex art. 579 la responsabilidad personal nacida de préstamo, pueda deducir oposición (ya al margen de la celeridad y eficacia que demanda la virtualidad de la inicial garantía hipotecaria) de conformidad con los arts. 557 y 558, aduciendo pago y, en su caso pluspetición. Así lo hemos indicado en el razonamiento jurídico segundo.

Consecuencia de ello en la tesitura del segundo escenario antes indicado (adjudicación del bien al acreedor hipotecario), y en trance de oposición, es que cuando el art. 579 habla de "producto insuficiente para abrir el crédito", dicha expresión debe sistemáticamente interpretarse en el sentido de valor real del bien en el momento de la adjudicación (así como los riesgos de depreciación del mismo en un momento anterior corren a cuenta del propietario hipotecante, a partir de la adjudicador corren por cuenta del acreedor que devino en propietario).

Junto a las razones de derecho material antes apuntadas, también es de tener en cuenta en este sentido, que pudiendo haber utilizado el precepto una terminología linealmente concorde con la del procesalmente antecedente art. 671 ("importe de la adjudicación", o similar) el caso es que no lo ha hecho

Vayamos con la tercera novedad. La Circular 3/2010, de 29 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros tiene estos dos párrafos – incomprensibles a medias para quien suscribe- pero de los que resulta que el valor de la finca que se adjudica el BANCO puede no corresponder con el declarado al BANCO DE ESPAÑA y, en tal caso sucede que cuando se despacha ejecución por la vía del artículo 579 LEC la cantidad adeudada no es la debida. 

Dice así parte de la CIRCULAR


9. Se añade una nueva sección IV, bajo el título ACTIVOS INMOBILIARIOS ADJUDICADOS O RECIBIDOS EN PAGO DE DEUDAS, con el siguiente contenido: 

32. El valor por el que deben ser reconocidos los activos recibidos en pago de deudas, con independencia de la forma jurídica utilizada, será el menor importe entre el valor contable de los activos financieros aplicados, esto es, su coste amortizado, teniendo en cuenta el deterioro estimado con la metodología del apartado III de este anejo, y en todo caso un mínimo del 10 %, y el valor de tasación de mercado del activo recibido en su estado actual menos los costes estimados de venta, que en ningún caso serán inferiores al 10 % del valor de tasación en su estado actual. El importe neto de ambos conceptos será considerado como el coste inicial del activo recibido.

Sentado todo lo anterior, el pequeño problema, que dejo para otra ocasión, se reduciría – además de dedicar un par de tardes a la contabilidad- a incorporar a la ejecución (la del artículo 579 LEC) la valoración que el BANCO haya dado a la finca al BANCO DE ESPAÑA.

22 abril 2012

Diez causas del colapso judicial: la Universidad Pública Española (X).


Aciertan si piensan que aprovecho el aparente recorte financiero a las Universidades Públicas Españolas del sábado, para dedicar unas líneas a esa fuente del saber que nos cuesta lo que no está en los escritos y a cambio de una cultura que no vemos por ninguna parte. Vamos, cuestión de fe, se expide un título, nos creemos lo que está escrito y mientras no se nos caiga la casa hay un Arquitecto detrás. 

Y tiro de la Arquitectura porque el sábado de marras, tomando un café me comentaba un Arquitecto que hace horas de Profesor Asociado, la diferencia entre Catedrático de Universidad (CU), Profesor Titular de la cosa (PT), Doctorado contratado (DC) y Profesor Asociado (PA), aclarando: los puestos de Catedráticos y de Profesores de la cosa tienen nombres y apellidos desde la cuna y solo hay sorpresa cuando aparece un verdadero candidato que puja por la plaza. Digo sorpresa porque la plaza se adjudica al de la cuna y unos años de contencioso-administrativo agotan a cualquiera. 

Mientras los CU y los PT se dedican a lo suyo – la compatibilidad parece ser absoluta y hasta pueden emplear medios del Departamento para eso- son Legión los DC y los PA y estos van a pagar el primer recorte, porque aquellos – supongo- tendrán que trabajar en lo suyo (que no es la compatibilidad para hacer de empresario) y volver a clase. Un sacrificio. 

¿He generalizado?. No creo y aquí enlazo con el colapso judicial. Los dos últimos años (2009-2011) no hemos tenido Gobierno sino un conjunto de genialidades dedicadas a lanzar mensajes con el contenido intelectual de un SMS y a esperar que la tormenta pasara y, evidentemente, todas las reformas legales han ido con esa marca de fábrica. Hago una acotación: para todos esos fenómenos que van por ahí hablando de la tercera República echen un vistazo al último Gobierno del Presidente del talante y elijan un Jefe del Estado y luego lean cómo empezaron y acabaron la Primera y la Segunda. Lo siento, hay que leer, esto no sale en televisión. 

Retomo el hilo que esto queda largo. La Universidad española ha dedicado unos estupendos (y larguísimos) trabajos a la reforma de la NOJ, las funciones del Secretario Judicial, el recurso de revisión del artículo 454 BIS LEC y el terror a que no haya recurso de apelación contra cualquier cosa que se notifique en un Juzgado. Y dejando al margen que todo esto no nos sirve de nada, hay que hacerlo antes o, sea, encabezar la manifestación, porque se supone que la reforma y el progreso nacen en las Universidades. 

Claro que para encabezar algo hay que dejarse en los cajones alguna compatibilidad y alguna politización porque, estimado lector, hemos llegado a empujones a las últimas reformas legales por los Jueces, el CGPJ y el Ministerio de Justicia y como la situación no mejora nos quedan unos cuantos empujones más. A la Universidad ni se la encuentra, ni se la espera.

19 abril 2012

Vendiendo un libro sobre costas procesales.


Hoy le echo unas líneas a mi segundo libro, que ya está a la venta (miren arriba y pinchen en la página para ver el índice). Porque, digámoslo ya, es un buen estudio dedicado a una de las materias que más nos importan a quienes bregamos en los mostradores judiciales y en los despachos de abogados y procuradores: las costas. O mejor dicho, la práctica de la tasación de costas y su impugnación. 

Nuestro Legislador suele dedicarse a apasionantes debates sobre el proceso que nada tienen que ver con la realidad (hay muchos verbigracias pero destaco uno, la supresión del límite de la cuantía del monitorio ya se pidió en el año 2000) y, sin embargo, detrás de todo eso hay dinero y, una regulación que nos sigue poniendo los pelos de punta, porque abre la puerta a toda suerte de peticiones, dudas, conflictos y broncas que además de subirnos la tensión, bien poco aportan al debate. 

Cuando hablamos de costas, mejor dicho, de la tasación de costas en los ordenes civiles y penales nos metemos en unos caminos farragosos que ya va siendo hora que se asfalten: o bien dejando que cada uno cobre lo que quiera (libre competencia) o, permitiendo que los Secretarios Judiciales determinemos los honorarios y derechos devengados en los procesos. O, fijando desde el principio una tarifa de precios como en cualquier otro servicio público, sin perjuicio, claro está del asesoramiento que cada uno quiera recibir o pueda pagarse. 

Espero que ningún lector haya sufrido un sincope a estas alturas del escrito – gracias por llegar a estas líneas y espero que no sea nada-: ¿el Secretario Judicial “metiendo mano en mis honorarios”?. No, querido lector. No quiero, ni pretendo (¡faltaría!) decirle a cada uno lo que tiene derecho a cobrar por su trabajo, solo aspiro a que se ponga cierto orden en el asunto de las costas porque fijémonos la situación ha llegado a tal límite que el Abogado dedicado a asuntos de mucha importancia o interés puede morirse de hambre y, cenar caviar todas las noches el que reclama monitorios de comunidad de propietarios. No haré la retorica pregunta de la justicia del hecho, me limito a constatar que eso a mi entender es injusto y además, peligroso, porque desmotiva a los mejores Letrados y facilita el pleito fácil. 

Así que después de darle vueltas al asunto y con el inestimable soporte de Foro Jurídico, una Editorial Valenciana, a la que agradezco la confianza que ha deposito en el autor de estas líneas, ve la luz un manual estrictamente práctico dedicado a estudiar y analizar todos los particulares de las tasaciones civiles y penales que nos encontramos en la práctica diaria: los honorarios, las facturas, las normas orientativas, los gastos, los derechos de los procuradores, la indemnización de testigos, los honorarios de peritos y los diferentes trámites de las leyes de enjuiciamiento civil y penal. Evidentemente siempre quedarán cosas el tintero, pero espero que hayan sido pocas y menores. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

16 abril 2012

Una peligrosa cuestión prejudicial sobre el Arancel de Procuradores.




Tenemos serias dudas de que la forma en la que se regulan los honorarios de los procuradores de los tribunales, un colectivo profesional distinto al de los abogados y que, como éstos, tienen funciones de postulación procesal, sean compatibles con el art. 101 TFUE (antes arts. 81-82 del Tratado fundacional de la CE), así como con el art. 56 del propio TJUE (antiguo art. 49 TCE) y con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 28 de diciembre de 2009). 
A ello creemos que debe añadirse la gran trascendencia práctica que la cuestión puede tener en el ámbito interno, pues la representación a través de procurador es un presupuesto, junto con la asistencia de abogado, para poder actuar en la mayor parte de procedimientos judiciales en España. De forma que el pronunciamiento que dictemos en esta cuestión no va a limitar sus efectos exclusivamente a este proceso, sino que va a dejar abierta una sombra de duda que se proyectará sobre nuestro ordenamiento jurídico sembrando una gran inseguridad jurídica.

Y con esta introducción recojo la cuestión prejudicial que se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los siguientes términos:


1) ¿Resultan compatibles el art. 101 TFUE y el art. 4.3 TUE con una regulación como la que establece el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviembre, que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que únicamente pueden alterar en un porcentaje de un 12 % al alza o a la baja y cuando las autoridades del Estado miembro, incluidos sus jueces, no tienen la posibilidad efectiva de apartarse de los límites mínimos fijados en el baremo legal, caso de concurrir circunstancias extraordinarias?



2) A efectos de la aplicación del Arancel referido y no aplicar los límites mínimos que el mismo establece: ¿pueden considerarse como circunstancias extraordinarias que exista una gran desproporción entre los trabajos efectivamente desarrollados y el importe de honorarios a percibir que resulte de la aplicación del baremo o arancel?

La primera de las cuestiones que se plantea se asienta en que el art. 101.1 TFUE establece que serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.

La duda que se formula está relacionada con la aplicación de la doctrina comunitaria que expresa la Sentencia dictada en el asunto Cipolla, (Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Asunto Cipolla, proc. C-94/2004, apartado 53) a la particular regulación que de los honorarios de los Procuradores de los tribunales efectúa nuestra legislación interna. Nuestra legislación interna, particularmente el art. 245.2 LEC (entendido contrario sensu), no permite que los honorarios del procurador, fijados normativamente, como se ha adelantado, puedan ser impugnados por excesivos. Por consiguiente, de aplicarse la norma de derecho interno, el juez nacional español, está impedido para poder juzgar, en cualquier circunstancia, si la cantidad que fija el baremo normativo es razonable, en su aplicación en el caso concreto. Esto es lo que sucede en el supuesto enjuiciado, en el que la cuantía a la que pretende tener derecho el procurador (716.464,42 euros) es tan exorbitada que no guarda relación alguna con la efectiva dificultad del asunto o con la dedicación que el profesional haya podido aplicar a él.


3) ¿Es compatible el art. 56 TFUE (antiguo art. 49) con el Reglamento que regula el Arancel de los Procuradores de los Tribunales, esto es, el RD 1373/2003, de 7 de noviembre?



4) ¿Cumple esa regulación los requisitos de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE?

El art. 56 TFUE (antiguo art. 49) establece que en el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación. 

Transcurrido el plazo de transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior en fecha 28 de diciembre de 2009, la obligatoriedad para los Estados de haberla transpuesto se ha hecho evidente. Indica la Audiencia de Barcelona al Tribunal Europeo que tiene serias dudas de que la legislación española en la materia respete los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Aunque el procurador de los tribunales ostenta algunas atribuciones de carácter próximo a lo público, y resulta innegable que constituye un excelente colaborador en la gestión de los procesos que se sustancian en los tribunales, de ello no se deriva que exista necesidad alguna de someter su régimen retributivo a reglas imperativas cuando el sistema de elección de este profesional es enteramente libre, salvo en los supuestos en los que el ciudadano tiene reconocido el derecho a justicia gratuita. Tampoco cree que la necesidad de preservar la calidad del servicio exija someter su retribución a un sistema que no les permita competir en precios cuando esa finalidad se cumple de manera mucho más razonable a través de normas de acceso a la profesión, como creemos que de forma efectiva ocurre en nuestro ordenamiento jurídico.


5) ¿Incluye el art. 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, cuando consagra el derecho a un juicio equitativo, el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los derechos del procurador que resulte desproporcionadamente elevada y no se corresponda con el trabajo efectivamente desarrollado?



6) Caso de respuesta afirmativa: ¿Son respetuosas con el art. 6 del Convenio Europeo las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España que impiden a la parte condenada en costas cuestionar el importe de los derechos del procurador porque los considere excesivamente elevados y que no se corresponden con el trabajo efectivamente desarrollado?

Aclara la Sala que la regulación que efectúa la LEC de la tasación de costas no permite impugnar, y por tanto defenderse de forma efectiva, frente a una determinación de los derechos del procurador que resulte excesiva, por desproporcionada o no acorde con el trabajo efectivamente realizado, ya que el Arancel calcula los honorarios de acuerdo con la cuantía o interés discutido en el proceso, pero no con la efectiva dedicación profesional que el procurador haya tenido en el litigio o causa de que se trate. Hasta tal punto es así que el legislador ha introducido recientemente una norma que ponga coto a los abusos que ese sistema propicia, el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, en cuya disposición adicional única se limita la cuantía global que puede percibir un procurador en un mismo asunto a la cuantía de 300.000 euros.

El auto contiene un Voto particular que apuesta decididamente por aplicar de oficio la proporcionalidad a los derechos de los procuradores en los siguientes términos: 

Primero. Tal y como indica la resolución adoptada por el voto mayoritario de la Sala, el Tribunal de Justicia de la Unión (TJCE) se pronunció en un asunto sobre fijación de honorarios mínimos que resulta muy próximo al presente recurso (Sentencia de 5 de diciembre de 2.006, asuntos acumulados C-94/04 -caso Cipolla- y C-202/04).

Segundo. El Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derecho de los procuradores de los tribunales, introdujo criterios de libre competencia entre estos profesionales, facultándoles para pactar con el cliente un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales sobre las cuantías del arancel. 

Tercero. En este estado de cosas, se reputa relevante el auto de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2011, resolviendo sobre una impugnación, por indebidos, de los derechos de un procurador en una tasación de costas. Esta resolución señaló que la adecuación de los derechos arancelarios de los procuradores al criterio de proporcionalidad ha sido establecida por Real Decreto-Ley 5/2010. 

Cuarto. La referida resolución del TS de 19 de julio de 2011, atendida la finalidad y contenido del Real Decreto-Ley 5/2010, señala que la normativa arancelaria de los Procuradores ha de someterse al inexorable principio de proporcionalidad del que parte el propio Real Decreto-Ley 5/2010, principio que, por otro lado, ya fue la referencia tomada en consideración por la citada sentencia del TJCE, caso Cipolla. De ahí que, continua señalado la resolución del TS, la aplicación de los aranceles de los procuradores solo debe ser automática cuando no interfiera en el principio de proporcionalidad.

La no proporcionalidad vendrá dada, tal y como se apuntaba por el TJCE en su referida sentencia, por la disfunción existente entre el trabajo profesional realmente llevado a cabo y los emolumentos fijados arancelariamente. El control de la proporcionalidad, indica el TJCE, debe necesariamente efectuarse por el órgano judicial dentro del procedimiento.

Y termina diciendo:


Dados los parámetros que fijó la sentencia del TJCE -caso Cipolla-, la promulgación del citado Real Decreto Ley y, sobre todo, la interpretación dada al mismo por la referida resolución del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2011, que acojo plenamente, resulta, a mi entender, innecesario el planteamiento de la cuestión prejudicial inicialmente suscitada, dadas la facultades de moderación que indefectiblemente se conceden al órgano jurisdiccional respecto a la presentación de devengo de derechos del procurador desproporcionados. De ahí que se formule ese voto particular en los referidos términos dejando constancia del plausible sentir del voto mayoritario de agotar todas las dudas suscitadas que en él se exponen pero que, en mi opinión, exceden del supuesto planteado en el caso que nos ocupa.

El auto al que se refiere el VOTO PARTICULAR es el de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sección 3ª) de 19 de julio de 2011 (ROJ: ATS  7800/2011) tratado en este BLOG el 29-9-2011.

10 abril 2012

El CGPJ lidera la reforma de la NOJ (i).


Así que todo era cuestión de dinero. Cuando el Tribunal Constitucional se inventó aquello de la “administración de la administración de la justicia”, no previó el triunfo del plural (ahora tenemos “administraciones de las administraciones de las justicias”), ni la derrota de la “competencia”, que ha perdido todas las carreras que ha disputado con la “foralidad” y la “cultura”. No escribo sobre la “eficacia” porque me da la risa tonta, ni sobre la “gestión racional” porque de tonta, la risa, pasa a floja. 

El pasado 22 de marzo de 2012 el CGPJ aprobó un documento, (que pueden consultar más abajo) que titula LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE NUEVA OFICINA JUDICIAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN que contiene el siguiente párrafo:


CRITERIO DOMINANTE: Sin perjuicio de este reparto de prioridades entre el CGPJ y el MJ, resulta NECESARIAMENTE ineludible adoptar una actuación flexible que consiste en ofrecer de manera inmediata aquellos servicios que puedan ser útiles a los Juzgados por aquella institución que ya pueda disponer de ellos. Más adelante cuando la institución a quien corresponda definitivamente el ofrecimiento del mencionado servicio por razón del reparto descrito esté en condiciones de proporcionarlo, se revisará la situación para su readaptación a las previsiones iniciales. Y ello responde a la voluntad de recortar los tiempos de tramitación, los costes de la misma y de aumentar la calidad del servicio cuanto antes en beneficio de la Administración de Justicia y en último y fundamental de la ciudadanía.

Me asaltan varias cuestiones: ¿nos hemos olvidado de las CCAA en el reparto de prioridades o la omisión es consciente y política?, ¿el ofrecimiento es sinónimo de obligación o, mejor, de imposición, cómo en el caso de la tramitación de exhortos? y, ¿quién es el encargado de aceptar el ofrecimiento/imposición en los Juzgados y de dar las gracias?. 

Como sé que hay bastante lector ajeno a la casa le ilustro sobre la calidad del servicio al ciudadano que se predica. Nadie sabe – o así lo demuestran- que aplicaciones informáticas se han implantado en cada sitio y cuales funcionan y, como nadie tiene a bien informar a nadie (la famosa colaboración institucional) los “cortafuegos” informáticos echan de cada sistema a los sistemas foráneos o los bloquean (vg. la firma electrónica de la FNMT en una Comunidad Autónoma). 

Avanzaríamos mucho si echáramos mano a la Enciclopedia ALVAREZ y comenzáramos diciendo: buenos días, por favor, gracias y de nada.

03 abril 2012

Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (iii)



 IV. COMMUNITY SCHOOLS vs. DIST. Nº. 1 DE ESCUELAS DE SEATTLE Y MEREDITH vs. CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE JEFFERSON. 

EL 28 de junio de 2007, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resucitó el debate. Por una mayoría de cinco votos, se declaró inconstitucional un programa de integración racial de las autoridades educativas de Seattle y Louisville. 

La demanda fue interpuesta por un grupo de Padres (Parents Involved in Community Schools), agrupados en una organización creada como respuesta a la proliferación de casos de estudiantes que habían sido rechazados en las escuelas de distrito por causa de su raza. Los demandantes ampararon su acción en la Cláusula de "Igual Protección" (the equal protection clause), contenida en la decimocuarta enmienda de la Constitución.  

La organización presentó sendas demandas contra el Distrito Escolar de Seattle y la Junta Escolar del Condado de Jefferson, en la urbe al noroeste de Washington, basándose que entre los años 1999 y 2001, la raza había sido el único criterio que impidió a 300 adolescentes (200 blancos y 100 negros, hispanos o asiáticos), asistir a la escuela de su elección, que tenía más candidatos que plazas. En Louisville, por ejemplo, un niño no pudo asistir a la guardería más cercana a su domicilio, donde quedaban plazas, porque ya había demasiados blancos. 

Para los padres de los alumnos, estas medidas decididas por los consejos locales de educación eran tan discriminatorias como la política de segregación prohibida por la Corte Suprema en 1954, que dictaminó que era ilegal que los niños negros no pudieran estudiar en las mismas escuelas a las que iban los blancos. Recordemos que en el caso BROWN uno de los alegatos de la demandante fue que "Las distinciones de raza son tan perversas, tan arbitrarias e insidiosas que ni siquiera la defensa de la igualdad ante la ley debe invocarlas en ningún ámbito público". 

El Tribunal Supremo entendió que la raza no podía utilizarse como elemento para determinar si un estudiante debía acudir a una escuela o a otra y anuló los programas adoptados en colegios públicos de Seattle (al noroeste de Washington), Louisville y Kentucky, que pretendían lograr la integración de las minorías a través de la diversidad racial. 

El Juez presidente, John Roberts, defendió la decisión aludiendo que utilizar la raza como factor de discriminación positiva para la admisión en las escuelas públicas no era la manera de luchar contra la marginación racial porque sería buscar una solución al problema en base al concepto "raza" ("Las clasificaciones raciales son, sencillamente, demasiado perniciosas, por lo que se debe exigir una detallada y minuciosa justificación a esta clase de prácticas"). 

Los Jueces asociados Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas se unieron al fallo del Presidente del tribunal y Anthony Kennedy, quién en voto particular concurrente aseguró que "la discriminación positiva en función de la raza, cuando es el Estado el que recurre a ella, puede ser la más decisiva de todas las políticas, conteniendo en sí misma el potencial de destruir la confianza en la Constitución y en la idea de igualdad". Para Clarence Thomas hay que tener cuidado con las élites impacientes de llevar a la Constitución "teorías sociales de moda". 

Desde la disidencia, el Juez asociado Stephen G. Breyer señaló de forma categórica que este fallo contradecía abiertamente el histórico precedente del caso Brown v. Board of Education, que en 1954 eliminó la separación de los estudiantes por motivos raciales («Invalidar los planes que están bajo estudio y amenazar la promesa que se hizo con el caso Brown es un error», advirtió el magistrado). 

Para los cinco magistrados que respaldaron la sentencia, la separación de estudiantes por la raza no es la mejor manera de lograr la plena igualdad de los distintos grupos sociales, ni mucho menos su integración. "Aceptar la búsqueda del equilibrio racial como interés público, significaría justificar la imposición de determinados niveles de proporcionalidad racial en la sociedad americana". Concluyen que "Todo ello contradice el mandato constitucional de la decimocuarta enmienda, que exige tratar a los ciudadanos como individuos, no como meros componentes de una determinada clase racial, religiosa, sexual o nacional".