29 marzo 2012

Otra de chapucerías: la “tasa judicial catalana” y la “ilegalidad” de la intervención de los Secretarios Judiciales (i).


Una de las incorrecciones políticas al uso es el intento de análisis de cualquier cosa que publiquen los partidos nacionalistas en los diarios oficiales; no hablemos ya de la crítica, prohibida por razones culturales y de legitimidad histórica y, que no he encontrado en los libros de historia, ni como vecinos de la analogía en el artículo 4 CC; serán principios generales del derecho del Estatuto Catalán – entro ya en materia- que se me han escapado o que quizá encuentre en el manual de la Alianza de las Civilizaciones, otro prodigio del Derecho cercano a las obras de Justiniano, pero en contemporáneo. 

cita:

La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, que se crea al amparo de la letra f del artículo 104 del Estatuto de autonomía de Cataluña, se impone por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, manifestada por la realización de determinados actos, a diferencia de la tasa estatal, cuyo hecho imponible es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, de modo que la coincidencia meramente temporal en la producción de actos que constituyen por disposición legal manifestación de los hechos imponibles respectivos no comporta en ningún caso su identidad. Al contrario, el hecho imponible de la tasa estatal lo constituye el ejercicio de la potestad jurisdiccional stricto sensu, que se identifica con la función de “juzgar y hacer cumplir lo que haya sido juzgado” del artículo 117.3 de la Constitución; mientras que, en la tasa autonómica, el hecho imponible lo constituye el conjunto de actuaciones del personal que apoya a los órganos jurisdiccionales, así como la utilización de los elementos materiales necesarios, siempre y exclusivamente de competencia de la Generalidad.

Dejaré para mejor ocasión el examen del último párrafo, que no sostiene salvo en las Sentencias del Tribunal Constitucional y que rompe la unidad jurisdiccional y, nos centraremos en la gestión del pago, porque ahí la Ley catalana, retuerce el deber de colaboración que tenemos los Secretarios Judiciales con las Comunidades Autónomas y por mor de alguna fórmula mágica que ignoro, lo transforma en obligación, con o sin sanción y en deberes de vigilancia – sin sanción, aclaro- sobre el demandante. 

¿Qué quiero decir?. Dos cosas: no está en la Ley Orgánica del Poder Judicial el deber de colaboración que se refiere por Cataluña (échenle un vistazo luego al artículo 460 LOPJ) y no hay sanción procesal (¡faltaría!) para el demandante que no quiera pagar la Tasa Catalana. A sensu seguido, que no contrario, la Generalidad podrá cobrar lo que quiera y cuando quiera, como también gastó lo que quiso, como quiso y cuando quiso sin que nadie levantara la mano para corregir desmanes, pero no por medio de los Secretarios Judiciales. 

Veamos. La novedad supone la adición del título III bis al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, entre los que encontramos el artículo 3bis.1-7. Gestión
cita:

1. La gestión de la tasa corresponde al departamento competente en materia de justicia. 
2. De acuerdo con el deber de colaboración al que se refiere el artículo 452.3 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, los secretarios judiciales llevan a cabo las siguientes actuaciones: a) Comprueban la incorporación del justificante de autoliquidación a cualquier escrito de los establecidos por el apartado 1 del artículo 3bis.1-1 y cumplimentan, en el ejemplar para el departamento competente en materia de justicia, los datos relativos a la identificación del órgano judicial, el número del expediente, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de interposición, y hacen constar en el mismo, si procede, la concurrencia de la exención subjetiva establecida por la letra a del punto 2 del artículo 3bis.1-3. b) Remiten al departamento competente en materia de justicia, dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, el ejemplar de cada una de las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos dentro del trimestre natural anterior, y ponen en conocimiento del departamento mencionado el incumplimiento, por parte de los sujetos pasivos, de la obligación de presentar los justificantes de la autoliquidación de la tasa, en los supuestos a los que se refiere el artículo 3bis.1-6.

Para mayor claridad expositiva (sic) el artículo 452.3 LOPJ dice esto
cita:

3. Los secretarios judiciales colaborarán con las comunidades autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de Secretarios Judiciales y representantes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales.

Y el artículo 460 LOPJ esto otro:
cita:

Los secretarios judiciales colaborarán con la Administración tributaria en la gestión de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica

No hay que darle muchas vueltas al asunto: 

a) Se colabora en la gestión de los medios personales y materiales (artículo 452.3 LOPJ), no en la gestión tributaria (artículo 460 LOPJ). 

b) No hay obligación legal para el Secretario Judicial de colaborar en la gestión de un tributo autonómico. 

c) Ninguna administración autonómica puede atribuir competencias u obligaciones a los Secretarios Judiciales. 

d) No puede aplicarse por analogía la normativa que regula la tasa judicial. 

e) No hay sanción procesal para el demandante que no aporta el modelo o impreso autonómico. 

 f) No puede incluirse en la tasación de costas.

g) Todo esto es ficción y un ejercicio de interpretación jurídica. Verán bien pronto cual es la realidad. 

27 marzo 2012

LEXNET y el “expediente digital” en la nueva oficina judicial.


El programa “LEXNET” es el sistema informático de comunicaciones que ha diseñado el Ministerio de Justicia para la aplicación en la práctica de los artículos 135.5 y 6 y 162 LEC. Se trata de un sistema de correo electrónico de transmisión segura de información basado en la firma electrónica. 

El sistema permite la comunicación de las oficinas judiciales con Abogados y Procuradores, la realización de actos de comunicación procesal por los órganos judiciales, la presentación de escritos y documentos, y la comunicación con fedatarios públicos, Registros de la Propiedad y Mercantiles, centros administrativos (Administración tributaria, Seguridad Social, etc.) y con los propios ciudadanos. 

Hago aquí una acotación para no perdernos: el principal objetivo de la nueva oficina judicial -creo, pero no lo aseguro- es la definitiva implantación del “expediente digital” y LEXNET ha proporcionado la tecnología necesaria para ello. En otra fase posterior, el derecho de las partes al acceso a su expediente judicial electrónico requeriría un servicio de acceso restringido, donde éstas pudieran consultar la información sobre el registro y el estado de tramitación del procedimiento, salvo las restricciones de la normativa aplicable o las que fueran impuestas por el secretario judicial. 

La información sobre el estado de tramitación del procedimiento debería comprender los actos de trámite realizados y el acceso al contenido del resto de documentos aportados al expediente judicial. 

Pero, sigamos con la realidad, porque ahora que tenemos la máquina, andamos empeñados en que funcione con carbón. Las razones son varias: 

a) La implantación parcial del sistema anula todas sus ventajas. Por citar un ejemplo: en los casos de falta de traslado de copias o cuando se han presentado varios escritos, puede ignorarse qué se está proveyendo (me refiero al habitual “se tienen por hechas las manifestaciones”). 

b) La comunicación en tiempo real (¡hablamos de correo electrónico!) priva de sentido, por ejemplo, a la ampliación del plazo del artículo 135 LEC. Otra cosa es que la implantación del sistema fuera completa – desde la presentación de la demanda- y detectara los vencimientos de los plazos. Evidentemente que la ley conceda las prorrogas de plazo que entienda oportunas, no impide que los profesionales interesados acudan al día siguiente a la Secretaría del Juzgado a pedir aclaraciones, recoger mandamientos, etc. Y, próximos al surrealismo, sería menester denegar cualquiera de estas intervenciones, por la relación entre los artículos 135 y 133.1 LEC (“día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación”) hasta dos días después de la recepción del correo electrónico (LEXNET). 

c) Ninguna oficina judicial dispone de un tablón de anuncios electrónico que permita la publicación de actos y comunicaciones. Hay varios BLOGS creados por Secretarios Judiciales con el contenido que cada interesado ha tenido a bien publicar. Nada más. 

d) Tampoco pueden obtenerse imágenes electrónicas de los documentos en papel aportados por las partes a través de procesos de digitalización. De momento nos conformamos con el escáner de documentos y su incorporación a la aplicación informática en formato PDF. 

Dicho esto y asentada la crítica en la implantación parcial del sistema – lo que, desde luego, se antoja incomprensible tratándose de un programa informático y nos recuerda el uso del “tipex” en las pantallas de los ordenadores- la normativa en vigor regula el “expediente digital” y de hecho, en algunas oficinas judiciales se cerraría el círculo con la presentación del escrito y del traslado de copias, según lo dispuesto en los Anexos del Real Decreto 84/2007

El sistema permite la gestión del traslado de copias, y queda acreditado en las mismas la fecha y hora en que se ha realizado el traslado y que éste se ha efectuado a los restantes procuradores personados. En el mismo sentido el vigente artículo 276 LEC prevé la posibilidad, cuando interviene el procurador, que el traslado de copias pueda hacerse también a través del sistema LEXNET, de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y documentos de que se trate y, que se entenderá efectuado en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. 

Llegamos al final. No nos hace falta la entrada en vigor de la Ley 13/2009 para que el “expediente digital” -o la denominación que prefieran- sea una realidad en nuestros juzgados y tribunales. Hace falta paciencia y presupuesto, vocablos de escaso uso en está Administración porque nunca suelen ir acompañados de un tercero: racionalidad. 

No se me ha olvidado la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, pero entre bostezo y bostezo y tanto "deberá" (mal asunto cuando hay mucho "deberá" o "podrá" en la redacción de una ley)  les hago una apuesta: ¿a ver cuanto dura la coexistencia pacífica de la Transitoria Primera entre los procedimientos escritos y los tramitados electrónicamente?.

23 marzo 2012

Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (ii)



II. LAS CONSECUENCIAS DEL FALLO. 

La reacción contra Brown en los Estados del sur fue inmediata. Todos sus representantes y senadores, con la excepción de tres (Lyndon Johnson, Albert Gore [padre] y Estes Kefauver) firmaron el Manifiesto del Congreso Sureño que censuró al Tribunal Supremo y en varios Estados se crearon agencias gubernamentales dedicadas a combatir la integración. Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia promulgaron leyes que exigían el cierre de las escuelas en el caso de que admitieran niños negros y Arkansas revocó su ley de asistencia escolar obligatoria. 

Téngase en cuenta, por ejemplo, que Delaware, Alabama y Louisiana contaban con solamente un abogado negro, existiendo la prohibición hasta 1950 que obtuvieran títulos de posgrados o profesionales en cualquier parte del sur y hasta muy avanzada la década de los sesenta, había que litigar para que los negros fueran admitidos en las universidades de Mississippi, Georgia, Alabama y Carolina del Sur. 

Al pronunciamiento del Tribunal Supremo siguió la Ley de Derechos Civiles (1964) y toda una infraestructura jurídica basada en el sistema de cuotas y en el principio de discriminación positiva. Se estableció en 1.973 una clasificación de cinco razas: indios norteamericanos o nativos de Alaska, asiáticos o isleños del Pacífico, negros, blancos e hispanos; que comenzó a entrar en crisis en la década de los ochenta cuando se comprobó que el hecho de pertenecer a determinadas categorías traía aparejadas ventajas inmediatas . 

III. LOS TERMINOS DE COMPARACIÓN. 

Los colegios norteamericanos para blancos empezaron a aceptar negros en los años cincuenta y desde entonces se inició una batalla que se prolonga hasta la actualidad. El problema es que si un colegio tiene que instaurar cuotas raciales en nombre de la supuesta igualdad, está discriminando a unas razas en beneficio de otras. 

En 1978, en un caso relativo a la discriminación positiva en las admisiones a las facultades de medicina, el juez Lewis Powell escribió que las instituciones de educación superior tienen un derecho derivado de la Primera Enmienda -la libertad de cátedra- que les permitía utilizar la raza como factor "añadido" a la hora de diseñar su alumnado de modo que éste tuviera diversidad de opiniones. 

Así nació la excepción de las "ventajas educativas" a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley. En el año 2003, el tribunal dio el visto bueno al uso de la raza en las matriculaciones a la facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, porque ese uso implica supuestamente "un examen altamente individualizado" de los aspirantes. 

¿Qué es entonces lo que ha cambiado desde 1954?. Un columnista de The New York Times afirmaba en fechas pasadas que ya no valía echarle la culpa al racismo porque “muchas deterioradas escuelas en las grandes ciudades estaban gestionadas por superintendentes negros y consejos escolares negros”. Lo importante era tomar la decisión de dar una buena educación a todos los niños y olvidarse del caso Brown.

20 marzo 2012

El embargo de bienes patrimoniales de las haciendas locales.


La Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998 de 15 de julio, abrió un debate sobre la embargabilidad de los bienes patrimoniales de las entidades locales que al día de la fecha no suscita interrogantes jurídicos (otra cosa es la mayor o menor dificultad práctica en la ejecución contra entidades locales). Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "y bienes en general" del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en la medida en que no excluía de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 201/1998 de 14 de octubre, 210/1998 y 211/1998 de 27 de octubre y 228/1998 de 1 de diciembre. En estas resoluciones se afirma (o ratifica) que el régimen general de pago previsto en el artículo 154.4 LHL no garantiza, por sí solo, que la Entidad local deudora cumpla con el mandato judicial, ya que puede posponer o diferir la ejecución de la Sentencia, quedando insatisfecho el derecho de crédito del particular acreedor, por lo que la inembargabilidad establecida en el artículo 154.2 LHL, en la medida en que se extendía a "los bienes en general de la Hacienda local" y comprendía los bienes patrimoniales no afectados materialmente a un uso o servicio público, no podía considerarse razonable desde la perspectiva del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el artículo 24.1 CE reconoce y garantiza. 

El artículo 57.2 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó el texto del artículo 154.2 Ley de las Haciendas Locales, para su adaptación al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que quedó redactado como sigue: «Los Tribunales, Jueces y Autoridades Administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público». 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local fue posteriormente derogada (salvo tres disposiciones adicionales) por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En la actualidad la embargabilidad de los bienes patrimoniales se regula en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo que tiene idéntico contenido al derogado artículo 154.2 LHL. La embargabilidad de los bienes patrimoniales no afectos a un servicio público no suscita ningún interrogante ya que la interpretación del artículo 154 LHL, y artículos 605.4 y el 559.3º LEC validan el despacho de ejecución contra la Corporación, pero condicionando la prosecución de la vía de apremio y en efectividad del crédito de la entidad ejecutante, a la adecuada individualización de los bienes del Municipio que fueran efectivamente embargables (Auto AP VALENCIA, Sección 7ª de 21 de marzo de 2.003).

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia descubre el principal problema que deben salvar los Juzgados cuando embargan bienes de las corporaciones locales: su naturaleza e identificación, pues la declaración de afectación que supone la traba no tiene mayor dificultad. Y no solo la Corporación local viene obligada a llevar un inventario actualizado de sus bienes, sino que el acceso de los Juzgados a determinadas bases de datos a través del Punto neutro judicial impide la aplicación del artículo 588 LEC. Otra cosa muy distinta es que la ejecución contra un Ayuntamiento se convierta frecuentemente en una carrera de obstáculos sin sentido, aunque la ley facilita suficientes mecanismos para evitarla (artículos 589, 590 y 591 LEC).

15 marzo 2012

CÓMO PRACTICAR E IMPUGNAR UNA TASACIÓN DE COSTAS EN EL PROCESO CIVIL (Referencia al proceso penal)

Hoy he decidido echarle unas líneas a mi segundo libro (pinchen aquí para ver el índice). Porque, digámoslo ya, es un estupendo estudio dedicado a una de las materias que más nos importan a quienes bregamos en los mostradores judiciales y en los despachos de abogados y procuradores: las costas. 

Es bien sabido que nuestro Legislador suele dedicarse al apasionante debate de la reconvención implícita, la llamada adhesiva al proceso -que evoca al pegamento de la tecnología del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP)- la audiencia previa de lectura de minutas, por abogados que sustituyen a otros abogados y que no traen instrucciones de nada o, la última palabra al acusado; pero detrás de todo eso hay dinero y, una regulación que nos sigue poniendo los pelos de punta, porque abre la puerta a toda suerte de peticiones, dudas, conflictos y broncas que además de subirnos la tensión, bien poco aportan al debate. 

Cuando hablamos de costas, mejor dicho, de la tasación de costas en los ordenes civiles y penales nos metemos en unos caminos farragosos que ya va siendo hora que se asfalten: o bien dejando que cada uno cobre lo que quiera (libre competencia) o, permitiendo que los Secretarios Judiciales determinemos los honorarios y derechos devengados en los procesos. O mejor aún, fijando desde el principio una tarifa de precios como en cualquier otro servicio público, sin perjuicio, claro está del asesoramiento que cada uno quiera recibir o pueda pagarse. 

Espero que ningún lector haya sufrido un sincope a estas alturas del escrito – gracias por llegar a estas líneas y espero que no sea nada-: ¿el Secretario Judicial “metiendo mano en mis honorarios”?. No, querido lector. No quiero, ni pretendo (¡faltaría!) decirle a cada uno lo que tiene derecho a cobrar por su trabajo, solo aspiro a que se ponga cierto orden en el asunto de las costas porque vg. la situación ha llegado a tal límite que el Abogado dedicado a asuntos de mucha importancia o interés puede morirse de hambre y, cenar caviar todas las noches el que reclama monitorios de comunidad de propietarios. No haré la retorica pregunta de la justicia del hecho, me limito a constatar que eso a mi entender es injusto y además, peligroso, porque desmotiva a los mejores Letrados y facilita el pleito fácil. 

Así que después de darle vueltas al asunto y con el inestimable soporte de Foro Jurídico, una Editorial Valenciana, a la que agradezco la confianza que ha depositado en el autor de estas líneas, ve la luz un manual estrictamente práctico dedicado a estudiar y analizar todos los particulares de las tasaciones civiles y penales que nos encontramos en la práctica diaria: los honorarios, las facturas, las normas orientativas, los gastos, los derechos de los procuradores, la indemnización de testigos, los honorarios de peritos y los diferentes trámites de las leyes de enjuiciamiento civil y penal. Evidentemente siempre quedarán cosas el tintero, pero espero que hayan sido pocas y menores. 

A partir de este momento, todo lo demás queda ya a la opinión y a la crítica del lector.

13 marzo 2012

¿Quién paga la “tasa judicial”?. El Tribunal Constitucional deroga “de facto” el apartado 7 del artículo 241.1 LEC.


La reciente Sentencia del Pleno del TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 desestima una cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de La Coruña, en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por la posible vulneración de lo dispuesto en el art. 24.1 CE y reabre el debate de la repercusión del impuesto contra el condenado en costas, que se consiguió en la última reforma parlamentaria del artículo 241 LEC, con una motivación ciertamente mejorable. Y ya adelanto, que si se sigue la doctrina del Tribunal Constitucional, el apartado 7 del artículo 241.1 LEC vulnera claramente la Ley 53/2002. 

Resumo la Sentencia

 1.- El legislador no mencionó expresamente en el preámbulo de la Ley 53/2002 las tasas judiciales, que habían sido introducidas directamente por las Cortes Generales durante la tramitación del proyecto de ley; tampoco dio ninguna explicación de su creación. Por otra parte, poco puede deducirse de la escueta justificación de la enmienda núm. 269 ofrecida por el grupo parlamentario que la propuso. Tampoco nos iluminan los debates parlamentarios que, en lo que aquí interesa, se centraron en si una ley de medidas era o no instrumento adecuado para las abundantes reformas que introducía en medio centenar de leyes vigentes, entre las que se incluía la creación de numerosas tasas, así como en la contraposición genérica de distintos modelos tributarios y sus efectos macroeconómicos. Por ello, para enjuiciar el precepto legal es preciso atenerse a su texto y a su inserción en el conjunto de normas que regulan el sistema tributario y el poder judicial españoles, tal y como han hecho las partes en este proceso constitucional. 

2.- No es inoportuno subrayar las hondas diferencias que separan a las tasas preconstitucionales con las tasas judiciales creadas por la Ley 53/2002, que son las que enjuiciadas. Aquéllas se originaban por la actuación de los Tribunales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y penal. Recaían sobre todas las personas que acudían a la justicia, tanto físicas como jurídicas, con las únicas excepciones del Estado, el Ministerio Fiscal, los simples denunciantes de delitos o querellantes por delitos privados, así como quienes disfrutaran del beneficio de pobreza. La cuantía se fijaba mediante unos aranceles detallados y casuísticos, salvo en materia criminal. La liquidación de aquellas tasas judiciales estaban encomendadas a las Secretarías de los Tribunales y Juzgados y su gestión competía al Ministerio de Justicia, a través de una comisión integrada por Magistrados, Fiscales, Secretarios de la Administración de Justicia y otros funcionarios. Todos estos rasgos son ajenos a las tasas vigentes en la actualidad. 

3. Para enjuiciar adecuadamente el precepto legal cuestionado, es preciso tener en cuenta el contenido, finalidad y efectos de la norma de la que forma parte: el artículo 35 de la Ley de medidas para el año 2003, que es el que ha creado las tasas judiciales vigentes. 

4. No se han suscitado dudas en este proceso acerca de la legitimidad de los fines que persigue la tasa, en cuanto se dirige a financiar el servicio público de la Administración de Justicia con cargo a los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional, disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los ciudadanos. Conviene precisar ese aserto, en el que coinciden el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. La justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio que la justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el Poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes. Aunque resulta evidente que la justicia, en tanto que garantía del Estado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante impuestos conlleva siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los Tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los Juzgados y las Salas de justicia en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Optar por un modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justicia mediante tasas o aranceles, o bien por cualquiera de los posibles modelos mixtos en donde el funcionamiento de los Tribunales del orden civil es financiado parcialmente con cargo a los impuestos y con cargo a tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial, en distintas proporciones, es una decisión que en una democracia, como la que establece la Constitución española, corresponde al legislador. Como ha declarado una consolidada jurisprudencia, el legislador goza de un amplio margen de libertad en la configuración de los impuestos y los demás tributos que sirven para sostener los gastos públicos (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4; 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 5; 96/2002, de 25 de abril, FJ 6; y 7/2010, de 27 de abril, FJ 6). En el ejercicio de su libertad de configuración normativa, el legislador debe tomar en consideración las circunstancias y los datos relevantes, atendida la naturaleza y finalidad de los distintos impuestos, tasas y otras figuras tributarias que puede establecer, dentro de los márgenes constitucionales [STC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 6 a)]. La libertad de configuración del legislador alcanza igualmente a la vertiente del gasto público. Con ocasión de enjuiciar el régimen de justicia gratuita que había establecido la Ley 34/1984, de 6 de agosto, subrayamos que la Constitución no ha proclamado la gratuidad de la administración de justicia, sino «un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma que el legislador determine», tal y como dispone el art. 119 CE. 

5. La tasa judicial vigente desde el 1 de abril de 2003 tiene un ámbito limitado, que viene claramente definido por las numerosas exenciones objetivas y subjetivas que enumera el apartado 3 de dicho art. 35. En todo caso, desde nuestra perspectiva, debemos poner de manifiesto que en principio no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos. 

6.- Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 

7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05). 

 Y, aquí por último, está la razón por la que la mal llamada “tasa judicial” no es una costa del proceso.
cita:

Lo que ha hecho el legislador no es establecer un impuesto que grave a quienes demandan justicia ante los Tribunales del orden civil, impuesto que efectivamente podría ser gestionado por la Administración tributaria mientras aquéllos seguían sustanciando los procesos judiciales. El legislador ha establecido una tasa, que es un tributo que, a diferencia de los impuestos, debe ser satisfecho, total o parcialmente, como requisito imprescindible para iniciar la prestación del servicio o la realización de la actividad que benefician de modo particular al sujeto pasivo, tal y como establece con carácter general la legislación tributaria, reformada para adaptarse a la doctrina constitucional declarada en la Sentencia de Pleno 185/1995, de 14 de diciembre (arts. 6 y 15.1 de la Ley general tributaria de 28 de diciembre de 1963, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, que coincide con las disposiciones vigentes, aprobadas por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos). Aunque tanto los impuestos como las tasas son creados en ejercicio de la potestad tributaria, «el hecho imponible de la tasa se vincula a una actividad o servicio de la Administración pública, mientras que el hecho imponible del impuesto se relaciona con negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo. Ello a su vez conlleva que en las tasas la determinación del sujeto pasivo se realice por referencia a la actividad administrativa y el importe de la cuota se fije esencialmente atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una relación más o menos intensa de contraprestación» (STC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4). Y ello es así sustancialmente en este caso, aunque en él y además del servicio a los ciudadanos, deba reconocerse que el acceso a la jurisdicción no es equivalente a la prestación de un servicio público por la Administración, ya que se trata de la puesta en marcha de un proceso ante un Poder del Estado en ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 
Lo que el legislador ha decidido, en términos que son constitucionalmente irreprochables, es que las sociedades de grandes dimensiones, según la legislación tributaria, sólo puedan obtener la prestación de la actividad jurisdiccional cuando presenten demandas civiles si liquidan y abonan una tasa que permite sufragar parcialmente el coste que implica para la justicia atender y resolver su demanda. La previsión legal de que, si la tasa judicial no es liquidada y abonada, la potestad jurisdiccional civil no debe ser ejercida en beneficio del sujeto pasivo, es una consecuencia ineludible de la regulación legal, que no suscita reparo de constitucionalidad. Es lícito que el legislador adopte medidas para lograr un alto grado espontáneo de la obligación de pagar un tributo legítimo, aun cuando esas medidas incidan en el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, como dijimos en la Sentencia 133/2004, de 22 de julio (FJ 4), al enjuiciar una previsión legal distinta a la cuestionada en este proceso, que disponía que el defecto de timbre de las letras de cambio les privaba de su fuerza ejecutiva.

En conclusión y para terminar:
cita:

Es evidente que las tasas judiciales establecidas por la Ley 53/2002 como condición para que los Tribunales del orden jurisdiccional civil den curso a las demandas presentadas por los justiciables son tributos cuyo hecho imponible no es ajeno a la función jurisdiccional y que imponen una carga económica que persigue un fin vinculado al proceso mismo. Por consiguiente, es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil.

12 marzo 2012

Cuando el TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS eliminó en la EDUCACIÓN EL SISTEMA DE CUOTAS POR RAZA (i)


Ilustración de NORMAN ROCKWELL (“The Problem We All Live With”,1964) 

I.- BROWN vs. JUNTA DE EDUCACIÓN (1954).  

En 1951, Oliver Brown, de Topeka, Kansas, impugnó la doctrina conocida como "separados, pero iguales" cuando presentó una demanda contra la junta escolar de la ciudad en nombre de su hija de ocho años. Brown deseaba que su hija asistiera a una escuela blanca situada a cinco manzanas de su casa, en vez de a la escuela negra, que estaba a veintiuna manzanas de distancia. Un Tribunal federal falló contra Brown. 

En Carolina del Sur, Virginia y Delaware, los padres de otros niños negros entablaron pleitos similares. El tribunal de Delaware resolvió que las escuelas negras eran inferiores a las blancas y ordenó que los niños negros fueran trasladados a escuelas blancas. Las autoridades escolares apelaron la decisión al Tribunal Supremo. 

En 1954 el Tribunal sentenció por unanimidad que la segregación escolar era inconstitucional. La sentencia expuso los efectos perjudiciales de la segregación: la separación de los niños blancos y de color en las escuelas públicas tiene un efecto perjudicial en los niños de color; el impacto es mayor cuando es sancionado por la ley, puesto que la política de separación de las razas es interpretada generalmente como que denota la inferioridad del grupo negro; el sentido de inferioridad afecta la motivación que un niño tiene de aprender. La segregación sancionada por la ley, por lo tanto, tiende a retardar el desarrollo educativo y mental de los niños negros y a privarles de algunos de los beneficios que recibirían en un sistema escolar racialmente integrado. 

Dijo el Tribunal Supremo que la educación es la función más importante de la Administración estatal y local y constituye un elemento fundamental para el desempeño de cargos públicos, una buena ciudadanía, la capacitación profesional y para una normal adaptación al entorno. Reconociéndose el derecho a la educación al que todos han de poder acceder por igual, la política de separar a las razas suele llevar a la conclusión que los negros son inferiores, lo que tiende a retrasar su desarrollo educativo y psicológico y a privarles de las ventajas que les aportaría un sistema educativo en el que las razas estuvieran integradas. 

En resumen el Tribunal Supremo dictaminó, por unanimidad, que en la escuela pública no tenía cabida la doctrina "separados, pero iguales". El caso de "separados pero iguales" de Plessy c. Ferguson, fallado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1896, institucionalizó una sociedad segregada donde la raza determinaba la posición social. En esta resolución se indicó que cuando el gobierno aseguraba a los ciudadanos los mismos derechos, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para la mejora y el progreso, no venía obligado a más y la legislación no podía hacer nada para suprimir las distinciones basadas en las diferencias físicas o raciales. 

En el pronunciamiento del año 1954 se afirma que la existencia de instalaciones educativas separadas entraña “desigualdad”, violando la segregación la Enmienda XIV de la Constitución.

07 marzo 2012

IVA, Abogados y el límite del tercio del art.394 LEC.


La aplicación del límite del artículo 394.3 LEC a la minuta del Abogado plantea, entre otros, el problema de la inclusión del IVA y no estamos ante un asunto pacífico, pues como dice la Sentencia AP CADIZ, Sección 8ª, 26 de marzo de 2007 (LA LEY 334630/2007):


“Esta cuestión ha sido objeto de decisiones contradictorias por los Tribunales. Mientras que una línea incide más en que el IVA es un tributo que no forma parte de los honorarios y que, aunque lo cobra el profesional, lo hace como mero recaudador, de tal modo que se configura como un concepto aparte de ese límite del tercio, otra corriente valora especialmente la dicción del precepto, expresivo de que es la "cantidad total" a satisfacer la que no debe exceder de esa tercera parte, y, por ello, no cabe añadirle otras sumas suplementarias que superen ese límite. Ejemplo de la primera postura son las resoluciones de Barcelona, Sección 14ª, de 10 de octubre de 2003, Córdoba, Sección 2ª, de 11 de septiembre de 2002, Albacete, Sección 1ª, de 21 de mayo de 2001 y Valencia, Sección 7ª, de 16 de septiembre de 2004. De la segunda, las de Sevilla, Sección 5ª, de 27 de septiembre de 2001 y la de la Audiencia de Madrid, Sección 7ª, de 19 de noviembre de 2001 y 15 de febrero y 23 de mayo de 2002”.

Y, bien el límite del tercio del artículo 394.3 LEC no puede aplicarse con exclusión del IVA, ya que una cosa es la inclusión del citado impuesto en la tasación y otra bien distinta que se discuta, en el orden civil, el importe sobre el que se aplica, por cuanto el artículo 394.3 LEC no habla de “minuta de honorarios” sino de la “parte que corresponda al abogado y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel” y, bajo tal consideración debe entenderse ajustada a derecho la aplicación de la tercera parte a la minuta considerada en su conjunto, que es precisamente la parte que corresponde al abogado. 

Otra exégesis nos llevaría a una polémica de imposible solución, pues el citado apartado 3 del artículo 394 LEC no hace ninguna distinción conceptual, sino que fija importes globales “para los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel”, lo que tiene lógica si pensamos que la finalidad del precepto es la de fijar un límite para las costas de cálculo sencillo y no la de calificar la intervención de cada profesional, los vínculos contractuales que puedan tener o, como es el caso, la condición de “recaudador” del IVA. Tesis que por lo demás viene respaldada, entre otras ya citadas, por la Sentencia AP PONTEVEDRA, Sección 1ª, 23 julio 2009 (LA LEY 150692/2009)


Y es que a la interpretación literal de la norma, cuya finalidad parece clara en el sentido de impedir que, por uno y otro concepto, la condena al obligado al pago de las costas supere el límite de la tercera parte de la cuantía del proceso, se añaden otras dos razones, que pueden considerarse decisivas, y que expresa adecuadamente la SAP de Asturias, de fecha 2-3-2006: 1) por un lado, que es reiterada la jurisprudencia que ha venido incluyendo el IVA correspondiente a los honorarios de letrado en las tasaciones de costas, como formando parte integrante de las mismas (sentencias, entre otras muchas, de 18 de abril de 2000, 26 de noviembre de 2003, 5 de julio y 9 de diciembre de 2004); de tal modo que si ese IVA es una parte de las costas "de las que corresponden a los abogados", habrá de sujetarse al referido límite, en virtud del claro mandato legal; y 2) que también es pacífica la jurisprudencia expresiva de que el titular del crédito al pago de las costas es la parte que venció en el pleito y obtuvo a su favor la condena a su abono, y no su letrado. Pues bien, aquél vencedor pagará a su abogado lo que éste le facture de acuerdo con lo que entre ellos tengan pactado y por los conceptos que procedan, de una u otra índole, pero únicamente podrá repercutir al vencido una suma que no exceda de ese tercio, sin que sea admisible que desglose lo abonado por IVA, cuando, como se dice, forma parte de esas costas, para luego aplicarlo a la suma resultante y así superar ese tercio

04 marzo 2012

Lo subasto todo y me quedo con la mitad, por la mitad de su valor (las desventuras del ejecutante hipotecario).


Entre las múltiples innovaciones procesales de los despachos de abogados dedicados a la ejecución hipotecaria, nos encontramos con los procesos dirigidos contra varias fincas en las que el acreedor ejecuta la garantía real, pide la subasta pública de las fincas y una vez desierta, no ejerce la facultad de adjudicación del citado artículo 671 LEC respecto de alguna de ellas, alegando que ese precepto es aplicable supletoriamente en la ejecución hipotecaria. La realidad, como sabemos, no es de supletoriedad, ni de aplicación de la ley: no valen los inmuebles lo que aparece en las escrituras públicas y de alguna forma hay que arreglar los balances. 

¿Puede hacerse esto?. Miren, no. El artículo 671 LEC obliga a la adjudicación del bien o bienes, pero en modo alguno puede dejar transcurrir ese plazo y no hacer nada o, peor aún, solicitar la adjudicación de alguna finca y sin satisfacer la deuda, no ejercer la opción respecto a las demás. 

La ejecución hipotecaria, por la garantía real, le concede al ejecutante una vía privilegiada para la satisfacción de su crédito, que se traduce en la prioridad respecto de otros acreedores (embargos), en la limitación de las causas de oposición del ejecutado y, para terminar, en la continuación de la ejecución sí, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, que proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución y en la que podrá pedir el embargo por la cantidad que falte (artículo 579 LEC). 

Por tanto, el ejecutante que realiza la garantía real en la ejecución hipotecaria puede, en la parte del crédito no satisfecha, embargar en la ejecución dineraria. Satisfacción para la que será necesaria la venta del bien o bienes sujetos a la garantía real, en pública subasta y que finalizará con la adjudicación a un tercero o, al propio ejecutante (artículo 671 LEC). 

Adjudicación que, por último, se traduce en la posterior inscripción y cancelación en el Registro de la Propiedad y en el que se someterá a calificación registral: a) Que lo entregado al acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceden del límite de la respectiva cobertura hipotecaria y b) Que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito del actor, o en caso de haberlo superado, que se consignó el exceso en establecimiento público destinado al efecto a disposición de los acreedores posteriores (artículo 132 LH). 

El supuesto planteado, quiebra ese proceso, vulnera con toda claridad el artículo 579 LEC y además impide la adjudicación de cualquier finca, habida cuenta la imposibilidad de determinar el importe satisfecho y, en su caso, el sobrante. Más aún, ni la Ley Hipotecaria, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil autorizan esta clase de peticiones y buena prueba de ello es que las normas que regulan la ejecución hipotecaria, se limitan al pago del crédito después de la venta (o de cualquier otro medio de realización), pero en modo alguno se permite que después de la subasta ya celebrada, queden las fincas pendientes de un destino que no se aclara, porque la aplicación del tantas veces citado artículo 671 LEC debe relacionarse, en su exégesis, con la ejecución hipotecaria y, del mismo modo que no podrá levantarse ningún embargo, porque no se ha practicado, la ejecutante ha realizado la garantía real con la venta en pública subasta de los bienes, lo que implica la adjudicación. Y para terminar, piénsese que la opinión contraria nos conduce a dos absurdos: es imposible acordar el embargo sobre bienes que garantizan la deuda del ejecutante con hipoteca y, por esa misma garantía, no podría acordarse ninguna mejora de embargo.